Esta semana se celebró por segunda vez un juicio contra una empresa de mercenarios presentado por tres irakíes detenidos en la prisión de Abu Ghraib en 2003. Los demandantes acusan a Caci, una empresa con sede en Virginia, que fue contratada por el gobierno de Estados Unidos para interrogar a los detenidos, de contribuir a la tortura de los detenidos en la prisión irakí. Se espera que el juicio dure entre cuatro y cinco días.
Tras 16 años de disputas legales -y más de 20 intentos de la empresa de mercanarios de cerrar el caso- el nuevo juicio comenzó el miércoles ante un Tribunal de Virginia, retomando el caso que un juez declaró nulo en abril. El jurado quedó en un punto muerto tras más de una semana de deliberaciones.
Las imágenes perturbadoras de soldados estadounidenses sonrientes posando junto a detenidos maltratados en Abu Ghraib conmocionaron al mundo a mediados de la década de 2000, pero los procedimientos de abril marcaron la primera vez que un jurado estadounidense escuchó directamente las denuncias presentadas por personas detenidas en el centro de torturas.
Los tres irakíes —un periodista, un director de escuela secundaria y un vendedor de frutas— hablaron ante el tribunal por videoconferencia a principios de este año sobre su experiencia de ser amenazados con perros, sometidos a descargas eléctricas y despojados de sus ropas. Asaad Hamza Hanfoosh Al Zubae, que estuvo preso en Abu Ghraib desde 2003 hasta 2004, dijo que creía que las personas que lo desnudaron y le tocaron los genitales eran oficiales civiles basándose en su vestimenta. “Me sentí muy avergonzado. Estaba llorando, gritando”, dijo al jurado. Al Zubae también acusó a los torturadores de amenazar con violar a su esposa.
Es raro que las personas que demandaron al gobierno de Estados Unidos por violaciones de derechos humanos vinculadas a la Guerra de Irak obtengan un juicio, ya que el Tribunal Supremo ha sentado un precedente que facilita el archivo las causas por motivos de seguridad nacional. “Caci ha planteado todos los desafíos legales imaginables”, dice Shirin Sinnar, profesora de derecho en la Universidad de Stanford. “Los obstáculos procesales son a menudo los que matan los casos. La mayoría de las personas que tienen reclamaciones poderosas por haber sufrido torturas nunca llegan al tribunal”.
Los demandantes, representados por el Centro de Derechos Constitucionales, presentaron una demanda en 2008 bajo la Ley de Agravios Extranjeros. Esta ley permite a los no ciudadanos presentar casos que involucran violaciones claras del derecho internacional, como la tortura, ante un tribunal federal estadounidense cuando existe una conexión sustancial con Estados Unidos. A pesar de que el Tribunal Supremo ha reducido el alcance de la ley varias veces, el caso contra Caci ha sobrevivido.
En 2018 la jueza Leonie Brinkema encontró que los demandantes tenían pruebas suficientes para abrir un juicio oral. Brinkema no siempre se pone del lado de los demandantes en este tipo de casos, pero también ha fallado en contra del gobierno cuando plantea la excusa de la seguridad nacional.
—https://theintercept.com/2024/10/31/abu-ghraib-torture-trial-caci/