El monopolio sueco del mobiliario para el hogar, varios cabecillas y policías están siendo juzgados por recopilar ilegalmente información policial sobre trabajadores y clientes.
Los directores de las tiendas pasaban información a sus superiores, una práctica que, según reconocen, era “común” y «muy aconsejada”.
Cientos de trabajadores, sindicalistas e incluso clientes eran espiados. Nueve años después de la revelación de los hechos en la prensa, desde esta semana Ikea está sometida a juicio en el tribunal penal de Versalles.
Además de la empresa, quince personas, entre ellas dos directores generales, policías y el director de una empresa de seguridad privada, también se sientan en en banquillo en un caso que arroja luz sobre las prácticas del gigante sueco del mueble.
En una caja fuerte de la sede de Ikea, los investigadores tuvieron en sus manos listas de personas “a examinar” y facturas elaboradas, por más de 600.000 euros al año, a nombre de varias empresas de seguridad. Estas empresas, a menudo creadas por antiguos policías, utilizaban sus redes para obtener, a cambio de un pago (80 euros), la consulta de expedientes judiciales.
Se trataba sobre todo de que Ikea recuperara los antecedentes y el historial de los candidatos a la contratación para evitar, según documentos internos, la contratación de “ladrones” o “potenciales islamistas radicales”. Pero también, para investigar el origen de su estilo de vida, para localizar a sindicalistas, trabajadores demasiado exigentes e incluso clientes en litigio con la empresa. Los documentos incautados revelan numerosos rumores y un clima de paranoia. “A priori gitanos y considerados peligrosos”, “se dedica al tráfico de drogas”, mantiene un “discurso antiglobalización”, se puede leer sobre ciertos trabajadores.
El responsable de esta política, cuyas instrucciones procedían del director general, Jean-François Paris, entonces director del departamento de riesgos, enviaba de forma ilegal listas de nombres, números de la seguridad social y matrículas por docenas, y actuaba como interlocutor con los responsables de las tiendas, que mencionan una práctica “común” y “muy recomendable”.
“La omnipotencia financiera no concede todos los derechos”, Yassine Yakouti, abogado de una cuarentena de acusaciones particulares, entre ellos los sindicatos FO y CGT. Es un caso de espionaje industrial, con la ayuda de policías y empresas privadas de seguridad al servicio de los intereses privados de los grandes monopolios internacionales.
https://www.leparisien.fr/faits-divers/ikea-juge-pour-l-espionnage-de-ses-salaries-et-ses-clients-22-03-2021-8429378.php
La Burgesia francesa echando mierda sobre la sueca. Y ademas, el estado Frances se preocupea por el OBRERO! debe ser que les han to ado Los cojones con alguna multa Al puto Alcampo o a citron.