Golpe al crimen organizado incrustado en el poder político de México

Javier Buenrostro

La mañana del martes 10 de diciembre, la noticia empezó a correr como pólvora en mesas de redacción, redes sociales y oficinas de gobierno. En Texas había sido arrestado Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), e iba a ser trasladado a Nueva York (a la misma Corte Federal que enjuició al Chapo) por delitos de conspiración de tráfico de cocaína, falsedad de declaraciones y recibir sobornos del narcotráfico.

Las primeras acusaciones importantes contra García Luna datan del ya lejano 2001, cuando en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) era el titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Su relación con el Cártel de Sinaloa era tema constante en las notas de reporteros especializados en narcotráfico. No obstante estos antecedentes, Felipe Calderón decidió nombrarlo Secretario de Seguridad Pública, que a la postre resultó ser el puesto más relevante de su gabinete, convirtiendo a García Luna en el hombre más poderoso de su sexenio detrás de él. Una especie de vicepresidente.

Es en este sentido que la detención de García Luna es más relevante que la del ‘Chapo’ Guzmán, porque el primero representa al crimen organizado y el segundo solamente al narcotráfico. ¿Qué quiero decir con esto? En México (y en otras partes del mundo, como Colombia) se ha construido una «mitología del narcotraficante», como lo ha señalado el sociólogo Luis Astorga. Las narrativas oficiales han creado la imagen de un ente maligno (el narcotraficante) que ataca con todos sus medios la pureza del Estado, corrompiendo a alguna manzana podrida, a alguna autoridad que, a pesar de su naturaleza bondadosa, cae en el pecado de la avaricia y acepta el dinero.

Esta narrativa hace parecer que el mundo del narcotraficante es uno, mientras que el mundo de la política y la economía son otros, que nada tienen que ver o que solo entran en contacto de manera anómala. La mentira de esta narrativa, repetida mil veces por los medios de comunicación, se cae ante las evidencias más básicas. México lleva mucho tiempo siendo un productor de drogas (mariguana, opio) y, en ese sentido, hace mucho que hay una relación entre autoridades locales en un principio, y luego federales y narcotraficantes. Pero quizá la primera gran relación no provenga de la droga, sino del alcohol, cuando era ilegal en Estados Unidos y había un gran tráfico desde México, que junto a las carreras de caballos hicieron del casino de Agua Caliente (1928), en Tijuana, un lugar de reunión para estrellas de cine, empresarios, mafiosos y políticos estadounidenses. El accionista principal era el gobernador de Baja California y quien se convertiría en presidente de México, Abelardo Rodríguez.

Al nombre de Rodríguez se pueden sumar otros políticos de primer nivel como Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Pero donde siempre hubo más tela que cortar fue en las oficinas de la policía, principalmente en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fundada por Miguel Alemán en 1946. Por ahí pasó gente que no solo se dedicó a la represión política y de grupos guerrilleros, sino que fueron vinculados con el narcotráfico como Fernando Gutiérrez Barrios (Gobernador de Veracruz y Secretario de Gobernación) o Mario Acosta Chaparro y Fernando Quirós Hermosillo, quienes además de participar en la Guerra Sucia de los años setenta, estuvieron vinculados con el Cártel de Juárez. Miguel Nazar Haro, otro miembro de la DFS y fundador de la Brigada Blanca, que desapareció a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue acusado de proteger al Cártel de Guadalajara, además de traficar con autos robados.

También director de la DFS fue Javier García Paniagua, hijo de Marcelino García Barragán, encargado de la Secretaria de la Defensa Nacional durante la matanza de 1968 y gobernador de Jalisco. Es Guadalajara (Jalisco) un bastión histórico de la derecha y el panismo, donde se asentaron los narcos a principios de los 80 y se hicieron empresarios para poder lavar su dinero. Se ha señalado a Guadalajara como cuna del ‘Pacto de Impunidad’, ya que el Departamento del Tesoro de los EE.UU. ha sancionado a una gran cantidad de empresas y establecimientos comerciales por lavado de dinero.

Ninguno de los personajes arriba mencionado fue condenado por delito alguno. Es por eso tan importante la detención de García Luna y porque el crimen organizado es mucho más grande que el narcotráfico. Como vemos son claves los puestos directivos de seguridad y justicia. Incluye lavado de dinero. Las drogas no son el único campo de acción: están el robo de autos, tráfico de armas, extorsiones y secuestros, venta de otros productos prohibidos como en su momento el alcohol o especies de flora y fauna en extinción. El sexenio de Calderón, que es el de García Luna, eman  de un fraude electoral e impuso una militarización bajo el pretexto de combate al narcotráfico, pero que involucra regiones que cuentan con importantes recursos naturales que anhelan las trasnacionales como el agua, el gas, petróleo y por supuesto varios productos de la minería. Este es uno de los argumentos principales de Oswaldo Zavala en su libro ‘Los cárteles no existen’. Sin ir más lejos, por casualidad o causalidad, la matanza de la familia LeBarón se realizó en una zona fronteriza con importantes yacimientos de litio.

Cualquier negocio está formado por distintas ramas o cadenas. La de producción, la logística, la de ventas, mercadotecnia, contabilidad, finanzas, jurídicos, nuevos productos, etc. En el caso del crimen organizado y el narcotráfico es igual. De la mariguana y opio de los años 40 a la cocaína de los 70 y 80 a la producción de drogas de diseño en la actualidad hay un abismo de diferencia. No son el mismo negocio por decirlo de alguna manera. Nadie duda de la relevancia de la efedrina o del fentanilo en el mercado de las drogas actuales, lo que involucra por su volumen a la industria farmacéutica. Como fue el caso de Zhenli Ye Gon, empresario farmacéutico chino nacionalizado por el gobierno de Vicente Fox y aprehendido en 2007. El narcotraficante estilo el Chapo es apenas, en el mejor de los casos, el gerente de producción de un negocio mucho mayor que involucra muchos actores políticos y económicos.

La mayoría de los periodistas de a pie o que reporteaban para diarios locales daban cuenta de la vinculación y complicidad de los gobiernos de la derecha con el ‘Chapo’ Guzmán y el Cártel de Sinaloa. Mientras, a nivel nacional, los principales medios de comunicación bailaban al ritmo de la música de García Luna y lo complacían en todo. Por ejemplo, el periodista Carlos Loret de Mola, que tenía a su cargo el noticiario matutino más visto, se prestó a difundir un montaje que simulaba que víctimas de secuestro eran liberadas por elementos de la AFI. Otros escribían en periódicos sobre los logros en materia de seguridad de García Luna, quien desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destinaba importantes cantidades de dinero en contratos de publicidad.

Igualmente, es lógico pensar que los servicios de inteligencia de Estados Unidos hacen perfiles de funcionarios importantes, especialmente de los relacionados con cuestiones de seguridad y narcotráfico, que son los temas que más les importan a los estadounidenses de su relación con México. Entonces, si era un secreto a voces su vínculo con el Cártel de Sinaloa ¿por qué no se actuó contra él? Desde 2012 que terminó el gobierno de Calderón, García Luna decidió residir a todo lujo en Miami, donde adquirió varias propiedades de valor millonario y donde estableció una consultoría de seguridad pública y gestión de riesgos. Para hacer todo esto contó con la venia temporal del gobierno de Estados Unidos, que le otorgó la residencia permanente y parece que pasó por alto la procedencia de los recursos con los que se estableció en Miami y donde no tenía la mínima intención de pasar desapercibido.

García Luna es el primer personaje de una larga estirpe policial en ser llevado a la justicia estadounidense. Fue además, el segundo hombre en importancia en el sexenio de Calderón y artífice de sus principales acciones de gobierno. No es un hombre que recibió un soborno, fue parte medular de las políticas públicas de México y de la relación con Estados Unidos. Es un hombre que fue aplaudido por populares periodistas y por asociaciones civiles que «luchan» contra la violencia. No es como el Chapo, un outsider. Es una figura principal del sistema cuyos vínculos se tejen en toda su extensión: con los presidentes Fox y Calderón, con otros integrantes del PAN, con los principales medios de comunicación, con empresarios, con gente del sistema de justicia como Eduardo Medina Mora o el hoy abogado preso Javier Collado. Y hasta con autoridades de los Estados Unidos y organismos como la DEA, que ignoraron todas la información que tenían por años.

Dicen que el pez grande se come al chico, pero esta vez está resultando que un pez chico entrega uno cada vez más grande. Primero aprehendieron al hermano e hijo del ‘Mayo’ Zambada. Luego al ‘Chapo’ Guzmán. Esas operaciones y la información derivada los llevaron a García Luna. ¿Qué hará éste para reducir su condena? ¿Entregará a sus superiores? ¿A sus compañeros de gabinete? ¿A los empresarios e informadores de los medios de comunicación? ¿A los jueces y policías que lo ayudaban? ¿A asociaciones civiles corruptas que lo apoyaban? ¿A autoridades de los Estados Unidos que también están involucradas? ¿A unos pocos de todos?

Con la aprehensión de García Luna se va a reescribir la historia del México contemporáneo, especialmente la de los gobiernos de la derecha panista, y en particular el sexenio de Calderón, quien debería terminar en una Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad.

http://www.radiolaprimerisima.com/articulos/8629/golpe-al-crimen-organizado-incrustado-en-el-poder-politico-de-mexico/

Más información:
“El traidor” es un libro de Anabel Hernández que documenta cómo los narcos se han apoderado de México
https://youtu.be/QxMFgflUXbA

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