La poca dependencia española del gas ruso podría hacer pensar que las restricciones y el racionamiento que varios países europeos preparan para el otoño no afectará al consumo nacional. Nada más lejos de la realidad: los compromisos de España con la UE obligan a ceder energía en caso de caída del suministro.
Según datos de la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores de Energía, hasta 14 países europeos tienen una dependencia del gas ruso superior al 50%. También la Comisión Europea señala que el 45,3% del gas natural que se consume en el bloque procede de Rusia.
Sin embargo, el «racionamiento coordinado» aparece en el Plan REPowerEU, del que ya hemos hablado aquí anteriormente, que es el nombre del plan de racionamiento energético de la Unión Europea para responder al «chantaje» de Vladimir Putin. El documento habla, a grandes rasgos, de dejar atrás la dependencia a los combustibles fósiles rusos utilizando viejos clichés pseudoecologistas, como el «ahorro de energía», la «diversificación» del suministro de energía y el despliegue acelerado de las energías renovables; materias en las que el plan carece de concreción.
Dónde el plan sí hace un pormenorizado análisis y se detiene profusamente es ante la supuesta amenaza de un corte total del suministro ruso. El texto traza «medidas en caso de interrupción repentina del suministro de gas ruso»: planes nacionales de emergencia, medidas regionales, cooperación regional reforzada y racionamiento coordinado bajo el principio de solidaridad.
Este último punto es el más inquietante para países como España, con supuesta autosuficiencia energética para sortear el otoño y el invierno. Los racionamientos, por solidaridad, afectarán a todo el bloque, cuyo plan es de obligado cumplimiento para todos los países miembros, algo que el propio Ministerio de Transición Ecológica ya ha admitido, y que revela que la posición diplomática de España en la guerra de Ucrania no podría ser otra cosa que un auténtico desastre para los intereses que le son propios.
Además la Unión Europea, quiere prohibir , todos los tratamientos de aplicación de toda clase de fitosanitarios en el Delta del Ebro, en comarcas del sur de Tarragona, en Cataluña, si se consuma este hecho, llevara así abandono del cultivo de arroz, con la consecuente ruina de agricultores y territorio(luego según se ve mundialmente, compraran terrenos improductivos a precio de saldo, y revertirán medidas de fitosanitarios o puede ser la presión de la España del Trasvase, para posterior privatización del AGUA).