La última crisis, a pesar de estar estrechamente ligada al derrotero que el país vive desde hace tiempo, es quizás de las más complejas. De ella participan sectores muy diferentes, con diversas reivindicaciones y múltiples objetivos, pero que expresan la degradación del sistema político hondureño.
La chispa de la nueva revuelta la prendieron los docentes y los médicos. En abril pasado, ambos gremios comenzaron las protestas contra las reformas promovidas por el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), sosteniendo que promovían la reestructuración de los sistemas de salud y educación, y permitirían recortes y despidos masivos.
A las manifestaciones se unieron los estudiantes, y en pocas semanas sectores muy diversos confluyeron detrás de la consigna que aún encabeza las protestas: #FueraJOH. A principios de mayo se dieron las primeras represiones. Una de las marchas concluyó frente a la embajada de los Estados Unidos, y prendió fuego la entrada. El gobierno desató una represión feroz en las calles, al mismo tiempo que se vio obligado a derogar las reformas en salud y educación. Sin embargo, el movimiento en las calles no se extinguió.
Luego de los docentes y de los efectores de salud, entraron en huelga los mismos efectivos de la policía nacional lanzados a las calles de Honduras para reprimirlos. Según los representantes de las fuerzas de seguridad, los antidisturbios sufrieron todo tipo de presiones y abusos por parte de los directivos, que los obligaban a jornadas de trabajo sin descanso para reprimir las manifestaciones.
La inestabilidad generalizada del país provocó a fines de mayo el encarecimiento de los precios de combustible, frente al cual los transportistas también se lanzaron a la huelga. En fin, una sucesión de eventos que sumieron a Honduras en una inestabilidad constante desde hace un mes.
El 19 de junio las protestas alcanzaron su pico más alto. Durante las represiones se registraron tres muertos y decenas de heridos. El líder del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, llamó al pueblo a mantenerse en las calles hasta lograr la renuncia del presidente, sobre el cual pesa la responsabilidad de la represión y el caos en que se ha convertido el país.
Efectivamente, este segundo mandato de Hernández ha sido, cuanto menos, polémico desde su comienzo. Llegó al gobierno en 2014, sucediendo a su padrino político, Porfirio Lobo, primer presidente electo luego del golpe de 2009. Desde un comienzo, JOH mantuvo la estructura de poder implantada tras el golpe, que se basa en el trípode constituido por las Fuerzas Armadas, que controlan buena parte de la vida civil del país, incluyendo sectores energéticos y viales -particularmente aquellos privatizados luego del golpe-; las elites empresariales, ligadas en la mayoría de los casos a sectores de poder extranjeros; y las élites políticas locales, de las cuales Lobo y Hernández siguen siendo fieles representantes.
Buena parte de ese entramado quedó al descubierto durante las investigaciones por el asesinato de Berta Cáceres, la militante que se oponía a la construcción de la represa de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y por cuyo asesinato han sido imputados un mayor del Ejército, el presidente de la empresa y su gerente ambiental, vinculado a la política local.
En 2015 la Sala Constitucional, en una bochornosa decisión, declaró inválido para JOH el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial. Y en las elecciones del 26 de noviembre de 2017, el mandatario resultó vencedor por solo 50.000 votos frente a la coalición Alianza de Oposición contra la Dictadura, que reunía a casi todo el arco opositor, que denunció fraude. Las protestas que siguieron a esos eventos fueron brutalmente reprimidas, con un saldo de 22 muertos, y marcaron el comienzo de la enésima etapa de declino institucional que vive Honduras en la actualidad.
La popularidad de JOH cayó estrepitosamente tras la victoria manchada por las sospechas de fraude y, sobre todo, la violencia policial. A esto se le sumó, en octubre de 2018, una denuncia de la justicia norteamericana contra el hermano del presidente, Juan Antonio Hernández, acusado de traficar “toneladas de cocaína a través de Honduras” con destino a los Estados Unidos. El presidente también está bajo sospecha de la misma DEA, aunque la embajada norteamericana aún no le suelta la mano.
La situación actual, sin embargo, no solo es causada por los manejos oscuros de la clase política local y sus aliados foráneos. El país tiene serios déficits estructurales que se ponen de manifiesto en estas coyunturas. Honduras es el país con el índice de pobreza más alto de América. Según el último informe de la Cepal, el 53,2 por ciento de la población es pobre y el 18,8 por ciento no logra tener lo suficiente para garantizar su subsistencia diaria. Es el segundo país con el mayor índice de homicidios del mundo, detrás de El Salvador.
Desde el golpe de Estado hasta 2017, última fecha con datos consolidados, han sido registrados 120 asesinatos de activistas y defensores del medio ambiente, y casi 300 asesinatos de personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Solamente en el bienio 2016-2017, Naciones Unidas denunció 1.200 ataques violentos contra defensores de derechos humanos. En los últimos cuatro años, han sido asesinados 32 periodistas en Honduras, la mayoría de ellos que se encontraban investigando las tramas que unen a sectores empresariales, políticos y militares. Y todo esto a pesar de la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Protección por parte del Congreso hondureño en 2015.
A pesar de haber llegado a un acuerdo con policías y transportistas, el gobierno sigue fuertemente hostigado por dentro y por fuera. Porfirio Lobo decidió soltarle la mano al presidente y lanzar su agrupación interna al Partido Nacional, para competir contra él en elecciones internas. En las calles siguen las protestas que prometen no culminar hasta la celebración de nuevas elecciones.
https://ombelico.com.ar/2019/06/21/honduras-en-crisis-diez-anos-despues/