El campesinado ha bloqueado las carreteras estratégicas que recorren India

Las protestas campesinas en India crecen cada día. Después de Punjab y Haryana, se han extendido a Uttar Pradesh, donde se celebran reuniones gigantescas casi a diario para protestar contra la reforma gubernamental que liberaliza los mercados agrícolas.

Ayer más de 10.000 campesinos se reunieron en la ciudad de Shamli, en el corazón de una región productora de caña de azúcar, para asistir a una reunión, desafiando la prohibición de concentraciones impuesta por el gobierno regional con el pretexto sanitario.

Miles de campesinos de Uttar Pradesh también se sumaron al emplazamiento de Ghazipur, a las puertas de Nueva Delhi, al igual que los campesinos de Punjab y Haryana instalados desde el 26 de noviembre en otros dos puestos fronterizos, la frontera de Singhu y Tikrit.

Para protestar contra los cortes del acceso a internet impuestos por el gobierno en los campamentos y para mantener la presión, los sindicatos agrarios han convocado para hoy un bloqueo de las carreteras estratégicas de todo el país, en Punjab, Haryana, Uttarakhand y el Sur.

La operación, denominada “Chakka Jam”, durará tres horas, entre las 12 y las 15 horas. Se trata de la primera gran manifestación desde los incidentes que marcaron el desfile de tractores en Nueva Delhi el día de la Fiesta Nacional, el 26 de enero.

La policía de Delhi dijo que había prohibido a todos los manifestantes la entrada a la ciudad bajo amenaza de represalias. Cavaron trincheras, levantaron barricadas de hormigón, alambre de espino, colocaron tablones con clavos, para impedir que los campesinos entraran en Delhi. Pero no lo lograron. Los campesinos invadieron el centro de Delhi y el Fuerte Rojo, edificio emblemático de la capital, donde izaron la bandera sij. Los enfrentamientos con la policía dejaron un muerto y 400 heridos.

La revuelta de los campesinos ha escapado por completo al control del gobierno, que ha ido acumulando desatinos desde el inicio de la crisis. El ejecutivo, que se niega a retirar su reforma, como piden los campesinos, quería que el movimiento se agotara tras los incidentes del Día de la República. Contó con la deslegitimación de los sindicatos, acusados de no haber sabido controlar a sus afiliados. La policía se preparaba para evacuar los distintos campamentos. El gobierno, una vez más, subestimó la determinación de los campesinos en lucha.

‘Ahora esta carretera es mi casa y decidirá mi futuro’

“Esta carretera es mi casa ahora y decidirá mi futuro”, dice Sukhvinder Singh, un campesino de 27 años del distrito de Moga, en el estado de Punjab, quien forma parte de los cientos de miles que desde noviembre se concentran en Singhu, una localidad de la periferia de Nueva Delhi, para exigir la derogación de las tres nuevas leyes agrarias.

Desde que llegó vive en una tienda de campaña que comparte con otros cinco campesinos. “Es como pasar otra noche en el campo, cuidando mis cultivos de trigo”, dice. Actualmente hay 300.000 agricultores manifestándose en Singhu, que se ha convertido en una ciudad de tiendas de campaña contra la política agraria del gobierno, que apoya a los grandes monopolios agroalimentarios.

Aunque movilizados por 32 organizaciones diferentes, los campesinos tienen una misma reivindicación: la derogación total de las tres leyes, aprobadas por el parlamento en septiembre.

La protesta de los campesinos en las afueras de Nueva Delhi comenzó el 26 de noviembre, aunque es un movimiento cuya irrupción se ha estado gestando durante años.

Los precios inciertos y erráticos, la falta de acceso al mercado, los bajos rendimientos, las pérdidas recurrentes y la carga de la deuda han sido parte de la vida de los campesinos en todo el país durante mucho tiempo.

Las intervenciones del gobierno han incluido, hasta ahora, Precios Mínimos de Apoyo (MSP), un sistema en el que los 28 estados indios anunciaron MSP para 22 cultivos antes de sus temporadas de siembra.

Esto también incluyó la adquisición de granos y legumbres de los campesinos por parte del gobierno para ejecutar su distribución subsidiada de alimentos a los pobres (PDS), la regulación del comercio mayorista con los campesinos, el control de las existencias con los comerciantes y el control de las exportaciones e importaciones.

Sin embargo, las nuevas políticas agrícolas se han alineado con los defensores de la política monopolista y han adoptado exactamente lo contrario de lo que quieren los campesinos: aplicación estricta de los MSP y una mayor intervención del gobierno en las compras y el comercio mayorista.

“Los campesinos indios han estado protestando durante años, pero el país no se dio cuenta” cuenta Kavitha Kuruganti, de la Alianza para la Agricultura Sostenible y Holística, una red nacional de organizaciones que trabajan por la alimentación y la defensa del campesinado.

“En los últimos años, hemos visto a los productores de leche vertiendo cubos de leche en las calles y los productores de verduras aplastando sus productos frescos con excavadoras, todo en una forma de protestar por los precios volátiles y erráticos que los obligaron a sufrir enormes pérdidas”.

“Pero cada vez la protesta terminaba con una promesa verbal del gobierno o con un papel que decía que se examinarían sus quejas”, señala Kuruganti.

Desde 2003 la compra al por mayor de productos agrícolas a los campesinos está regulada por la Ley del Comité de Comercialización de Productos Agrícolas (APMC). Las transacciones al por mayor entre agricultores y comerciantes deben realizarse en un “mandi”, una especie de mercado mayorista regulado. Hay cientos de mandis de este tipo en todo el país, que están gobernados por un organismo con una autoridad electa, establecida por la APMC.

Con el tiempo esos mercados se han convertido en centros de corrupción generalizada donde un pequeño grupo de agentes de ventas ha tomado el control e influido en los funcionarios de la APMC con su poder económico y vínculos con los principales partidos políticos.

Incapaces de hacer frente a estos fijadores de precios, los campesinos no han tenido otra opción que seguirles el juego y soportar las pérdidas.

El gobierno reconoce la monopolización y, como solución, está permitiendo canales alternativos, como los mercados de gestión privada, que pueden competir con los mandis regulados de la APMC por los productos agrícolas.

Además, los agricultores podrán vender directamente a los consumidores. Los grandes compradores, como las empresas dedicadas al procesamiento de alimentos, la venta minorista a gran escala o las exportaciones, también pueden pasar por alto los mercados mayoristas y comprar directamente a los campesinos, que a partir de ahora se verán obligados a aceptar cualquier precio que ofrezcan las grandes empresas comercializadoras.

Los productores agrícolas también argumentan que ni siquiera pueden transportar sus productos al mercado más cercano sin incurrir en pérdidas. Y se preguntan cómo pueden llegar y vender en mercados lejanos.

El susto ante el gran jugador

En diciembre del año pasado, dentro de las acciones de la protesta que fue alcanzando paulatina fuerza, los campesinos de Punjab derribaron 1.500 torres móviles pertenecientes a Reliance Jio Infocomm, la red de telefonía celular más grande de India.

Los manifestantes atacaron la red después de que se rumoró que grandes corporaciones como Reliance Industries, junto con el grupo Adani, entrarían en el negocio de la agricultura comercial, lo que podría privar a los pequeños campesinos de sus medios de vida.

Después de que más de 1.500 torres de telecomunicaciones de Jio fueran dañadas, la empresa finalmente se acercó a un tribunal para demandar los ataques y también aclaró en un comunicado que no tenía planes comerciales agrícolas. Pero Harmandeep Singh, un campesino de Tarn Tarn, también de Punjab, dice: “Hoy dicen que no hay planes. Pero mañana puede cambiar. Estas empresas son tan ricas que pueden comprar cualquier cantidad de terreno y sacarnos del negocio. ¿Quién los detendrá?”

La entrada de los grandes monopolios en el campo ocurrió mucho antes de que llegara al poder un gobierno Modi, que se considera especialmente favorable a las grandes empresas. “En 2011, el entonces gobierno del partido de Congreso había permitido el 100 por ciento de inversión extranjera en varios sectores de la agricultura, por lo que las corporaciones ya llevan mucho tiempo ahí”, dice Subramaniam Kannaiyan, secretario general del Comité de Coordinación de Movimientos Agrícolas del Sur de la India (SICCFM).

“Desde que nos unimos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la apertura de los mercados se ha vuelto inevitable”, añade el dirigente campesino. Pero “debe haber un equilibrio y formas de apoyar y proteger a los pequeños agricultores locales y, para eso, la APMC debe desempeñar un papel más importante, no ser eliminado”, dijo Kannaiyan, quien también es miembro de Vía Campesina, el movimiento mundial de los pequeños agricultores.

Rechazo a terceros

El 12 de enero el Tribunal Supremo de India formó un comité de cuatro integrantes para abrir un diálogo entre el gobierno y los campesinos a fin de resolver las protestas por las leyes agrarias. Pero los campesinos se apresuraron a rechazar el comité y se negaron a formar parte de él por considerarlo una iniciativa, para comenzar, innecesaria.

“Cuando ya hay un diálogo en curso entre el gobierno y los agricultores que protestan, no hay absolutamente ninguna necesidad de que el Tribunal Supremo asuma un papel mediador dado que ni el gobierno ni los dirigentes sindicales se han acercado al Tribunal Supremo y le han dicho ‘por favor resuelva esto’ para que esa instancia decida intervenir”, dijo Kuruganti, de la Alianza de Agricultura Sostenible.

Hasta ahora ha habido 11 rondas de diálogos que se centran no solo en cuestiones técnico legales”, sino también en direcciones e implicaciones políticas, “áreas en las que el Tribunal Supremo no tiene ningún papel que desempeñar”, dice Kuruganti, explicando por qué los campesinos no ven ningún mérito en formar parte de ese comité creado por el Tribunal.

“El problema actual es que, excepto en Punjab y Haryana, no existe un gran sindicato de agricultores en ningún otro lugar de este país”, sostuvo Kannaiyan de SICCFM. “Es por eso que un movimiento de esta magnitud solo puede ser encabezado por agricultores de esos estados. Pero los apoyamos firmemente en solidaridad”, indicó.

Cada vez más decididos

A finales de enero, los manifestantes mostraron su fuerza con una concentración de tractores  de 100 kilómetros de largo. El gobierno trató de prevenir la manifestación obteniendo una orden judicial en contra de la movilización y algunos estados también prohibieron la venta de combustible a los tractores, pero esto no logró disuadir a los campesinos que estaban decididos a realizar esa “concentración de tractores” como muestra de fuerza.

Muchos de los conductores de los tractores prometieron regresar a sus hogares solo después de la derogación de las tres leyes agrarias.

En otra movilización  surgida desde el campamento, el 28 de enero miles de agricultores marcharon hacia el histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi. Hubo enfrentamientos entre la policía y un pequeño número de manifestantes. Finalmente la policía dispersó a la multitud con gases lacrimógenos y un manifestante murió después de que un tractor volcara y cayera sobre él.

“El gobierno está tratando de mostrar al mundo que ha hecho un gran trabajo construyendo armas. Ahora queremos decirle al mundo que un país no se hace grande fabricando armas sino respetando a sus agricultores y restaurando su línea de vida económica, la agricultura que no está teniendo lugar en este momento”, dice la campesina Mandeep Kaur, que explota un pequeño terreno en Ludhiana, en Punjab.

En los últimos dos meses ha viajado varias veces a Singhu para participar en la protesta general.

El 22 de enero, después de la undécima ronda de discusiones, el gobierno ofreció retrasar la implementación de las leyes agrarias de 12 a 18 meses, lo que les da a los agricultores tiempo adicional para prepararse para el futuro. Sin embargo, como los agricultores se negaron a conformarse con algo menos que una derogación total de la legislación, el gobierno se negó a anunciar fechas para seguir las conversaciones.

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