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El Real Decreto 926/2020 que será convalidado el próximo jueves establece en su art. 7 una amplia potestad de la Administración de prohibir manifestaciones y reuniones, en lugares públicos y privados, bajo pretexto sanitario, para a continuación aclarar que esta medida «no afecta a actividades laborales» Leer más
Una manifestación contra el toque de queda por las calles de Pino Montano ha terminado la noche de este martes en disturbios. la intervención de los antidisturbios de la Policía Nacional no se hizo esperar. Leer más
La alarma sobre el orden público vuelve a Italia después del toque de queda y las restricciones impuestas en ciertas regiones. En la noche del sábado al domingo se vivieron horas de enfrentamientos violentos con la policía en los alrededores de la céntrica Plaza del Pueblo, en Roma, en protesta contra el toque de queda, impuesto en el Lazio a medianoche.
Los manifestantes marchaban con la cara tapada con capuchas y cascos y lanzaron cócteles molotov, petardos y otros artefactos explosivos. También quemaron coches y mantuvieron violentos choques con la policía. Varias cadenas de televisión, como Sky News, calificaron las movilizaciones como “guerrilla urbana” (*).
Algo parecido se vivió en la noche del viernes al sábado en Nápoles, con duros enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que protestaban contra el toque de queda. El presidente de Campania, Vincenzo De Luca, había amenazado con un confinamiento general, pero ha tenido que dar marcha atrás, ante las violentas protestas y el riesgo de que continúen los desórdenes públicos.
El malestar y las tensiones sociales a causa de la pandemia son cada día más evidentes. “Lo ocurrido en Nápoles es la señal de lo que podría suceder en el resto de Italia y en toda Europa. Nápoles prosigue teniendo este extraño destino de ser un territorio que se anticipa a las tendencias, exactamente de la misma forma que un laboratorio en el que se experimenta lo cual continuará en otros lugares”, resalta este domingo en “La Repubblica” el escritor napolitano Roberto Saviano, en un artículo en el que asegura que “no es solo la Camorra la que está detrás de los actos violentos, sino más bien la desesperación del sur la que está explotando”.
Aunque algunos “expertos” han planteado medidas todavía más restrictivas, sin descartar un nuevo confinamiento general como el que tuvo lugar durante la primera ola, el primer ministro, Giuseppe Conte, ni siquiera quiere que se hable de ello.
El temor a los actos de violencia en la calle si el gobierno ordena un confinamiento general ha sido expresado por el profesor Ranieri Guerra, representante de la Organización Mundial de la Salud en el comité científico que asesora al gobierno italiano: “Debemos evitar el confinamiento ya que provocaría disturbios armados. La gente está exhausta por el encierro de tres meses”.
Aparte del temor a la guerrilla urbana en caso de confinamiento general, que ha quedado descartado, el gobierno considera que un toque de queda general en todo el país no es eficaz, según el profesor Walter Ricciardi, asesor del ministro de Sanidad, Roberto Speranza: “¿Qué nos salió mal? Muchas zonas no han hecho lo que tenían que hacer este verano para adaptar su sistema sanitario. Hoy estamos pagando las consecuencias. Tenemos pocas semanas para intervenir. Se necesitan cierres locales, incluso regionales, mientras que el toque de queda general no funciona. Lo hemos visto con los malos resultados de Francia”.
El gobierno teme que las protestas de los ciudadanos por las medidas restrictivas desemboquen en actos de violencia. La ministra del Interior, Luciana Lamorgese, ha destacado que “detrás de las manifestaciones violentas y agresiones hay un plan previamente organizado que tiene poco que ver con la crisis económica”.
La posibilidad de un escenario de violencia fue previsto por el ministerio del Interior. Los servicios secretos alertaron de la posibilidad de una guerrilla urbana en varias ciudades. El director general de la policía, Franco Gabrielli, en contacto con todos los jefes de policía de las regiones de Italia, ha planificado controles en previsión de que se produzcan desórdenes públicos.
El malestar y las tensiones sociales también preocupan al Presidente de la República, Sergio Mattarella, que el próximo martes presidirá el Consejo Supremo de la Defensa. Uno de los puntos del orden del día será “Las consecuencias de la urgencia sanitaria sobre los equilibrios estratégicos y de seguridad mundiales, con particular referencia a la OTAN y a la Unión Europea”.
(*)https://twitter.com/SkyTG24/status/1319914282637795328
Ante el “peligro de guerra civil” en Francia, el antiguo jefe del Estado Mayor del ejército, Pierre de Villiers, pidió el miércoles que se tomaran medidas.
El general comentó en la cadena RTL el asesinato del profesor Samuel Paty, que se suma a la lista de atentados que han golpeado a Francia en los últimos años.
Villiers habló del problema del islamismo radical. “Después de la serie de atentados y en el contexto de la debilidad actual de nuestro pueblo, que sufre la crisis sanitaria, la crisis social y la crisis económica, somos vulnerables y existe el peligro de una guerra civil”, dijo.
El oficial no entiende que “podamos confinar al pueblo francés durante ocho semanas y que no podamos despedir a un imán que predica contra Francia todo el día”.
En consecuencia, pide medidas que deberían ser más fáciles de poner en práctica. “La guerra contra el Islam radical es una guerra real. Hay gente que lo está llevando a cabo con una barbarie erigida. Es su doctrina erradicar nuestra sociedad y reemplazarla con un modelo en el que la ley Sharia sea el centro. Así que creo que tenemos que ser conscientes de este estado de cosas y tomar medidas, finalmente tomar medidas”.
Menos de una semana después del degollamiento de Samuel Paty, el gran imán de Burdeos, Tareq Oubrou, denunció el 20 de octubre en franceinfo “una verdadera anarquía religiosa musulmana en Francia que debe ser controlada”.
Según él, “la ley debe ser aplicada. No podemos permitirnos en territorio francés hablar, hacer cosas, actuar y llamar al odio sin castigarlos”.
La policía británica se ha dirigido a los propietarios de comercios, bares y restaurantes de Londres para que espíen a sus clientes y se aseguren de que cumplen con las nuevas normas de distanciamiento social.
En su mensaje dicen a los comerciantes que deben pedir a los clientes los nombres, direcciones e incluso una identificación con foto. “Los comercios deben tomar medidas para asegurarse de que el grupo [máximo de seis personas] es sólo de un mismo hogar o parte de una burbuja de apoyo. Esto podría incluir la solicitud de una identificación fotográfica con nombres y direcciones”, dice el mensaje de la policía.
Justifica su petición con el apartheid sanitario: se trata de evitar que las personas se mezclen, de acuerdo con las restricciones de “nivel dos” introducidas el fin de semana pasado por el gobierno de Boris Johnson.
En Inglaterra y Gales las personas que viven en las áreas calificadas de “nivel dos” pueden ir a un bar o a un restaurante, pero en el interior sólo se pueden sentar con las que convivan bajo el mismo techo. Hasta seis personas de diferentes hogares pueden reunirse afuera siempre y cuando permanezcan sentados.
Los comerciantes afirman que son peticiones “completamente inaceptables” y que si los clientes no pueden probar que cumplen con las restricciones de movilidad, perderían volumen de ventas.
La Asociación de Empresas de Ocio Nocturno ha pedido asesoramiento jurídico sobre una exigencia policial que califican de “engañosa”. Su director, Mike Kill, dijo: “Hemos buscado asesoramiento jurídico en relación con la comunicación de la Policía Metropolitana. Creemos que es una petición potencialmente ilegal y engañosa. Exigir de repente una identificación con foto y una prueba de domicilio podría diezmar los negocios”.
Emma McClarkin, de la Asociación Británica de Cervecerías y Bares, dijo: “Esperar que los bares exijan a todos los clientes una identificación fotográfica con nombres y direcciones sería fundamentalmente inapropiado y completamente inaceptable”.
Los locales de hostelería, turismo y ocio ya están obligados a registrar los datos de contacto de los clientes, visitantes y personal para las aplicaciones del rastreo informático del sistema de salud.
A los clientes de los bares que sean sorprendidos quebrantando las normas de distanciamiento social les pueden imponer multas de 200 libras, mientras los bares y restaurantes arriesgan sanciones de 1.000 libras.
Además, la policía británica está revisando las cuentas de Facebook y otras redes sociales para comprobar fotográficamente si los propietarios de los establecimientos consienten que los clientes rompan las normas de distanciamiento social.
La batalla comenzó cuando Boris Johnson se enfrentó a una revuelta después de ordenar a Manchester el nivel más duro de restricciones de cierre de establecimientos públicos. Estalló un cruce de acusaciones sobre la responsabilidad del colapso de las conversaciones para el rescate de Manchester.
Después de 11 días de conversaciones, el Primer Ministro rompió las negociaciones con los dirigentes municipales y confirmó que la región será clasificada como zona de “muy alto riesgo”. La decisión enfureció al alcalde de la ciudad, Andy Burnham, y a los políticos de la región.
Un diputado conservador describió la medida como una “locura” y otro advirtió que es “perjudicial para nuestra comunidad”.
El viernes pasado el Secretario de Salud, Matt Hancock, amenazó con calificar a Londres como una zona de “alto riesgo”. Por su parte, el alcalde de Londres exige que se levante el toque de queda a partir de las 10 de la noche en la capital británica.
El martes por la noche la policía nigeriana reprimió a tiros las protestas contra el terrorismo policial. Desde el inicio de las manifestaciones hace dos semanas, un total de 56 personas han muerto en todo el país.
El miércoles los manifestantes quemaron la sede de la Autoridad de Puertos de Nigeria, donde los bomberos tuvieron que esforzarse para contener las llamas. Varias comisarías, la sede de una cadena de televisión y una terminal de autobuses también han sido incendiadas.
En Lagos, una ciudad con de 20 millones de habitantes, grupos de manifestantes tomaron el control de casi todas las carreteras de acceso. También estallaron enfrentamientos en la capital, Abuya, donde decenas de vehículos y edificios fueron incendiados.
El gobernador de Lagos ha impuesto el toque de queda y el ejército patrulla las calles. En Benin City, la capital del estado de Edo, al sur del país, también han impuesto el toque de queda.
Las manifestaciones se reprodujeron horas después de que el gobernador de Lagos anunciara la imposición del toque de queda. Ante la decisión de los manifestantes de seguir protestando, la policía respondió disparando con munición real contra la multitud.
Las promesas del gobierno de disolver una unidad antirobos no ha frenado las movilizaciones, que suman ya 14 jornadas consecutivas de protestas.
Ayer se escucharon varios disparos y una espesa humareda negra emanaba del techo de la prisión central de Lagos. “Están atacando la prisión” declararon policías ubicados cerca del centro penitenciario.
Más información:
– Gigantesca movilización popular contra los desmanes de la policía en Nigeria
El Centro Nacional de Inteligencia, a través del Centro Criptológico Nacional, ha incluido a mpr21.info entre 150 portales analizados que constituyen un riesgo para la seguridad nacional por su intencionalidad de «erosionar la credibilidad de las instituciones públicas», según un informe de su unidad de cibervigilancia, conocido como ELISA. Leer más
Ayer la policía checa tuvo que utilizar gases lacrimógenos y cañones de agua para disolver una manifestación multitudinaria en Praga contra las medidas impuestas por el gobierno con el pretexto de la pandemia.
Antes de la concentración la policía detuvo a 50 personas y confiscó material pirotécnico, palos, puños y armas.
Al cabo de una hora de manifestación la policía comenzó a cargar y, tras la intervención policial, se produjeron altercados y disturbios en las calles. Los servicios de emergencia informaron que habían tratado a nueve personas e ingresado a 20 heridos en el hospital.
Las concentraciones multitudinarias en la calle han sido prohibidas por el gobierno por motivos terapéuticos. El máximo es de 500 personas por grupos de 20, con mascarilla y con una distancia mínima de dos metros entre cada uno.
Los manifestantes exigieron la dimisión del ministro de Sanidad Roman Prymula, al que responsabilizan de las draconianas medidas aprobadas.
La manifestación fue convocada por HON (Movimiento de Ciudadanos Descontentos). El ministro de Salud “no admite oposición. ¿Cómo se atreve? ¿Con quién cree que está hablando? No somos ovejas, somos gente normal”, dijo Vlasta Ciencialova, una manifestante que llegó a Praga desde el este del país.
El proyecto de ley Chis recién aprobado por el Parlamento británico tiene por objeto modificar la ley que regula las facultades de investigación de 2000 para permitir que la policía los espías lleven a cabo determinados actos criminales.
La Parte A1 del proyecto de ley define a las autoridades competentes e incluye entre ellas a la policía, los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas, las autoridades fiscales y aduaneras y determinados departamentos gubernamentales.
Se redactó en respuesta a un fallo judicial de diciembre del año pasado que permitió cometer delitos graves a los espías del MI5 y a otros organismos de seguridad.
El Partido Laborista ordenó a sus diputados que se abstuvieran en la votación del proyecto de ley, pero el grupo de campaña se rebeló y votó en contra del proyecto en segunda lectura.
El proyecto fue aprobado en segunda lectura en la Cámara de los Comunes el 5 de este mes por 182 votos contra 20, de los cuales 17 estaban a favor de los laboristas, 2 a favor de Plaid Cymru y 1 para SDLP.
En la tercera lectura del proyecto de ley, 34 diputados laboristas se rebelaron contra la orden de abstención, incluyendo dos ministros en la sombra y cinco secretarios parlamentarios privados.
El diario del Partido Comunista Británico, Morning Star, ha publicado un editorial contra el proyecto de ley, afirmando que “incluso la legislación equivalente en Estados Unidos excluye la tortura y el asesinato, pero nada está excluido en este proyecto de ley”.
El viernes Moncef Slaoui, el jefe de la Operación Velocidad Punta (Warp Speed), dijo al Wall Street Journal que los 300 millones de estadounidenses que reciban la vacuna del coronavirus serán vigilados por “un sistema de rastreo increíblemente preciso” que “garantizará que los pacientes reciban cada uno dos dosis de la misma vacuna y los supervisará para detectar efectos adversos en la salud” (1).
El “zar de las vacunas” de Trump también señaló que los gigantes tecnológicos Google y Oracle participan en este sistema de rastreo para “recopilar y rastrear datos de vacunas” durante dos años.
En la entrevista Slaoui resumió el funcionamiento de la Operación Velocidad Punta, la “asociación público-privada” del gobierno de Trump para inyectar la vacuna del coronavirus a 300 millones de estadounidenses en enero.
El día anterior a la publicación de la entrevista, el New York Times publicó otra entrevista separada con Slaoui (2) en la que describía este “sistema de seguimiento” como un “sistema de vigilancia farmacológica muy activo”.
En una entrevista anterior con Science a principios de septiembre, Slaoui sólo describió el sistema como un “sistema de farmacovigilancia muy activo” que “garantizaría que cuando se introduzcan las vacunas, seguiremos evaluando su seguridad” (3). Sólo recientemente, Slaoui añadió las palabras “rastreo” y “vigilancia” a su descripción del panóptico.
Los documentos de Velocidad Punta indican que los sistemas informáticos existentes servirán de base para el nuevo sistema de rastreo. Lo más probable es que se refieran a Sentinel, un dispositivo de la FDA que se puso en marcha en 2009 durante la pandemia de gripe porcina H1N1 (4).
Al igual que la Operación Velocidad Punta, Sentinel es una asociación público-privada de vigilancia y control de la población que involucra a la FDA, empresas privadas y universidades con pretextos de salud pública.
La censura impuesta por Google a cualquier información alternativa sobre la pandemia no se debe, pues, sólo a sus intereses en biomedicina a través de su filial Verily. Es una apuesta de futuro y alcanza a marcas comerciales tan significadas como YouTube.
Ahora Google ha dado un paso más al incorporarse a la Operación Velocidad Punta. Por lo tanto, en el futuro cualquier información sobre los efectos secundarios de las vacunas van a ser eliminadas, tanto del buscador como de YouTube.
Por lo demás, Google participa en la Operación Velocidad Punta junto con la Agencia de Seguridad Nacional y ambos comparten simultáneamente el proyecto Prism, otra plataforma de vigilancia y control con pretextos sanitarios (5).
Más información:
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