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Categoría: Represión (página 26 de 66)

Los vagabundos se deberán vacunar este invierno si quieren dormir en el metro de Berlín

Los vagabundos de Berlín deberán cumplir las restricciones sanitarias vigentes en el transporte público para poder dormir en el metro de la capital.

En caso de no poder acreditar un estatus 3G (por las siglas de geimpft, genesen, getestet, que significa en alemán vacunados, sanados o con test negativo), los revisores de la empresa de transportes BVG podrán expulsarles de los andenes.

El miércoles se ampliaron las restricciones sanitarias que impiden el uso del transporte público a quienes no estén inmunizados o cuenten con un test positivo del día. Las prohibiciones se aplican también a los andenes del metro y el tren de cercanías de la capital alemana.

Con temperaturas alrededor de cero durante el día, el metro es uno de los pocos refugios a los que los vagabundos y mendigos pueden acceder hasta la noche.

La novedad desató una oleada de críticas contra el gobierno de Berlín, compuesto por socialdemócratas, verdes y reformistas.

Pese a los sucesivos llamamientos a vacunarse del anterior gobierno de Merkel, como del actual de Scholz, el porcentaje de personas con la pauta completa sigue estando por debajo del 70 por cien, inferior al de otros países europeos.

Tanto el bloque conservador de la antigua canciller como los partidos de la coalición de Scholz habían defendido que la vacuna siempre sería voluntaria en Alemania. Pero “siempre” es mucho tiempo.

Ayer la cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó la vacunación obligatoria para los trabajadores de la sanidad y los asilos, que tendrán hasta marzo del año que viene
para presentar el correspondiente pasaporte.

571 diputados votaron a favor del proyecto de ley impulsado por los partidos de la coalición de gobierno de Olaf Scholz -socialdemócratas, verdes y liberales-, mientras que 80 votaron en contra y 38 se abstuvieron.

El personal que trabaje en centros con “personas vulnerables”, como clínicas, consultorios médicos y residencias de ancianos, dispondrá hasta el 15 de marzo del año próximo para demostrar que están vacunados o que se han curado de una “infección”.

La supervisión de la medida queda en manos del empresario, que en caso de no contar con el correspondiente certificado para la fecha prevista deberá informar a la Oficina de Salud local y prohibir al trabajador en cuestión el acceso al puesto de trabajo.

Por el momento se entiende que la pauta completa de vacunación corresponde a dos dosis, aunque es posible que en el futuro sea necesario haber recibido también la de refuerzo.

El proyecto de ley aprobado hoy por el Bundestag también permitirá que, para acelerar la campaña de vacunación, las dosis puedan ser suministradas en farmacias y también por parte de dentistas y veterinarios que cumplan con determinados requisitos, durante un periodo de tiempo limitado.

Junto a este proyecto, el nuevo gobierno trabaja ya en un marco legal para la introducción de la vacuna obligatoria de modo generalizado, con el objetivo de tenerlo listo para entrar en el trámite parlamentario hacia febrero.

—https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/12/10/techo-berlin-deberan-presentar-pasaporte-covid-dormir-metro/00031639141186803340522.htm

Amenazas y abusos contra los trabajadores australianos a causa de la vacunación obligatoria

El gobierno del Estado de Victoria, en Australia, estudia la posibilidad de suprimir la vacunación debido a las amenazas y los abusos sufridos por los trabajadores del comercio minorista, entre los que se encuentra un trabajador que fue empujado por una escalera mecánica tras pedirle a un hombre desenmascarado su certificado de vacunación.

El controvertido requisito de vacunación contra el coronavirus en Victoria podría ser eliminado en el nuevo año, en medio de la preocupación por el abuso sobre los trabajadores del comercio minorista que son responsables de hacer cumplir las normas a los consumidores.

Según el Herald Sun, el gobierno estatal está estudiando la posibilidad de suprimir la directiva a partir de enero.

En octubre, el Primer Ministro Daniel Andrews sugirió que el mandato podría estar en vigor hasta abril o incluso más tiempo.

Los funcionarios del gobierno dijeron que una serie de incidentes en los que los trabajadores fueron maltratados por hacer cumplir el mandato de vacunación les llevó a reconsiderar su enfoque.

“El alto índice de vacunación, la aprobación de proyectos de ley sobre la pandemia que dejan de lado a los funcionarios de salud y los incidentes de violencia de alto perfil han llevado a un cambio de pensamiento”, dijo una fuente.

En un caso, una librería de Melbourne se vio obligada a contratar guardias de seguridad privados, con un coste de 4.000 dólares a la semana, tras las agresiones a los miembros del personal.

La policía de Victoria está investigando un incidente en el que un trabajador de Dymocks fue empujado por una escalera mecánica después de pedir a un cliente que demostrara su estado de vacunación y se registrara en la tienda.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al trabajador tratando de impedir que el hombre, que llevaba una sudadera con capucha de color arco iris, bajando por las escaleras mecánicas de la librería antes de ser empujado, golpeándose la cabeza contra un escalón.

—https://www.skynews.com.au/australia-news/coronavirus/victorian-government-considering-removing-vaccination-mandate-three-months-earlier-due-to-incidents/news-story/a07e37c1866f11269adf4218cb00fde5

¿Cómo es la vida de los reclusos en un campo de concentración sanitario?

Una australiana de 26 años de edad, Hayley Hodgson, que aparece en la foto de portada, ha relatado su encierro durante 14 días en el campo de internamiento de Howard Springs, donde el gobierno recluye a las personas que regresan del extranjero, así como a las que han contraído el “covid”, o son contactos, o simplemente sospechosos.

Hodgson dio negativo en las pruebas de coronavirus, pero eso es lo de menos; la recluyeron igual “por si acaso”.

En un vídeo que hizo público mientras estaba aislada en el campo, los guardias, disfrazados con trajes de astronautas, como si fueran sanitarios, le reprenden por salir al aire libre.

El vídeo muestra a los dos guardias gritándole. Acusan a la apestada de no llevar su mascarilla cuando fue a lavar su ropa, pero sobre todo de querer conversar con otra persona a unos pasos de su habitación, al aire libre.

“No tiene que tener sentido”, le dice uno de los guardias cuando la reclusa le explica que las normas son absurdas. También le indica que el resultado d su prueba de coronavirus era negativa. “El riesgo sigue siendo muy alto”, le responden los guardias.

En la posmodernidad a las personas se les puede encerrar con una acusación de “riesgo” sin que ninguna ONG defensora de los derechos humanos haya alzado la voz.

El vídeo muestra que los guardias vierten continuas amenazas. Le dicen a la reclusa que no puede transpasar una línes trazadas en el suelo y que si insiste puede ser multada con 5.000 dólares.

Al salir del campo de concentración Hodgson ha concedido varias entrevistas para narrar su pesadilla (*). “Te sientes como si estuvieras en la cárcel. Sientes que has hecho algo malo, es inhumano lo que están haciendo”, declaró.

Los guardias “llevan trajes de protección y todo. No quieren acercarse a ti porque creen que eres contagioso. Y te dejan literalmente en tu habitación. Y te dejan. No vienen a decir nada, no comprueban, no hacen nada”.

El centro de Howard Springs, en el Territorio del Norte de Australia, es uno de los campamentos dedicados a los repatriados. También se ha utilizado durante algún tiempo para aislar a las personas infectadas o simplemente a los contactos, incluso si dan negativo, como en el caso de Hodgson.

El 1 de diciembre la cadena de televisión pública australiana ABC informó de unas declaraciones del Ministro Principal del Territorio del Norte, Michael Gunner, diciendo que Howard Springs “no es una prisión, pero tampoco un patio de recreo”.

Los internados “están allí porque son positivos al covid o porque tienen un alto riesgo de ser positivos al covid“, añadió el ministro.

(*) https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/nt-hits-back-at-womans-viral-interview-about-howard-springs-internment-camp/news-story/43a56e8b349fef236d9fd79c3ee8a15c

El ejército patrulla las calles de Holanda para imponer el estado de guerra

Este fin de semana en varias ciudades europeas se han celebrado manifestaciones contra la ley marcial, los confinamientos y el pasaporte de vacunas, sobre todo en Holanda y Austria, pero también en Barcelona, Belgrado, Belfast, Francia, Chipre, Rumanía y Eslovenia.

En Holanda tropas del ejército recorren las calles en auxilio de la policía para imponer el toque de queda y exigir el pasaporte de vacunas. Se han producido algunos enfrentamientos, tanto con la policía como con los soldados.

El gobierno dice que sólo era “un ejercicio militar”, es decir, que se entrenan para imponer el estado de guerra.

El viernes, Bélgica anunció el cierre de las escuelas infantiles y primarias durante las vacaciones de Navidad una semana antes de lo previsto. También ha impuesto las mascarillas en las aulas para los niños a partir de seis años.

Ayer los manifestantes se enfrentaron a la policía en la capital belga durante una manifestación contra el pasaporte de vacunas que contó con la asistencia de más de 25.000 personas.

La policía trató de disolver la manifestación lanzando gases lacrimógenos y chorros de agua. Los manifestantes respondieron con latas, petardos y fuegos artificiales, al grito de “libertad, libertad”. También quemaron papeleras y destruyeron varios vehículos policiales.

Cuatro manifestantes y dos policías resultaron heridos y fueron trasladados al hospital, y 20 personas fueron detenidas, dijo la policía.

Unidades de policía antidisturbios con escudos y cascos se desplegaron en los alrededores del barrio europeo, que alberga las instituciones de la Unión Europea. Varias carreteras estaban bloqueadas con barreras y alambre de espinos.

Además de los cañones de agua apostados en la ciudad, un helicóptero y drones sobrevolaban la zona.

Los manifestantes denunciaron las restricciones impuestas a la población desde el inicio de la pandemia, como la tarjeta sanitaria obligatoria para acceder a determinados lugares. También criticaron la cobertura de la crisis que han realizado los medios de comunicación.

Hace quince días, la policía se vio sorprendida por la magnitud de la movilización contra el pasaporte de vacunas, que reunió a 35.000 personas en la capital belga y provocó escenas de disturbios.

Vídeo de la batalla campal en Bruselas entre los antidisturbios y los manifestantes:

71 detenidos durante las manifestaciones en Francia contra el pasaporte de vacunas

71 personas fueron detenidas, 24 de ellas en París, durante las manifestaciones del sábado contra el pasaporte sanitario y la vacunación obligatoria.

Durante las manifestaciones, que reunieron a 161.000 personas, de las cuales 11.000 en la capital, resultaron heridos 29 miembros de la policía.

En París, 21 manifestantes fueron detenidos. “27 policías y dos gendarmes resultaron heridos. Ningún manifestante resultó herido”, afirma el Ministerio del Interior.

Estas manifestaciones, que se producen una semana después de las movilizaciones del pasado sábado, que reunieron a cerca de 114.000 personas, se vieron empañadas por incidentes entre la policía y los manifestantes en varias ciudades, como Lyon, Nantes, Toulouse y París.

El 12 de julio Macron anunció nuevas medidas restrictivas, entre ellas la obligación de vacunarse para los trabajadores en contacto con personas vulnerables bajo pena de sanciones a partir del 15 de septiembre y la ampliación del pasaporte sanitario a partir del 21 de julio para que todos los franceses mayores de 12 años puedan acceder en particular a los lugares de cultura y a los recintos deportivos.

Varios departamentos, especialmente en el sur del país, han restablecido la mascarilla exterior obligatoria, así como el toque de queda a partir de las 11 de la noche.

—https://www.2m.ma/fr/news/francecovid-71-interpellations-lors-des-manifestations-de-samedi-contre-le-pass-sanitaire-20210725/

Un ‘pequeño y miserable gusano’ como Assange no puede esperar nada bueno de los jueces

El destino de Julian Assange está en manos de un juez de apelación que es un amigo cercano de Alan Duncan, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores que llamó a Assange “pequeño y miserable gusano” en el Parlamento.

El Lord Chief Justice Ian Burnett, el juez que pronto decidirá el destino de Assange, es un amigo personal de Duncan, que como ministro de Asuntos Exteriores organizó la expulsión de Assange de la embajada de Ecuador en Londres.

Los dos hombres se conocen desde su época de estudiantes en Oxford en los años setenta. En 2017 Burnett y su esposa asistieron a la cena de cumpleaños de Duncan en un club londinense solo para miembros, cuando Burnett era juez del Tribunal de Apelación.

Duncan fue ministro de Asuntos Exteriores para Europa y las Américas entre 2016 y 2019, y fue quien orquestó la campaña del gobierno británico para forzar la salida de Assange de la embajada ecuatoriana. Como ministro, Duncan no ocultó su animadversión hacia Julian Assange, al que n marzo de 2018 calificó de “pequeño y miserable gusano” en el parlamento.

En sus diarios recientemente publicados, “In The Thick of It”, Duncan admite haber organizado un reportaje del Daily Mail sobre Assange que se publicó al día siguiente de la detención del periodista en abril de 2019.

Duncan vio cómo la policía británica sacaba al editor de WikiLeaks de la embajada ecuatoriana a través de una transmisión en directo en la sala de operaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo celebraron con champán.

Luego Duncan viajó a Ecuador para reunirse con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno para agradecerle la entrega de Assange. Dijo que había regalado a Moreno “un hermoso plato de porcelana de la tienda de regalos del Palacio de Buckingham”.

“Tarea cumplida”, añadió.

Por su parte, Burnett, que ahora es el juez más poderoso de Inglaterra y Gales, se pronunciará pronto sobre la extradición de Assange a Estados Unidos, donde el fundador de WikiLeaks se enfrenta a una cadena perpetua.

Duncan escribe que en mayo de 2019, siendo ministro de Asuntos Exteriores mantuvo una conversación privada con Burnett, que no quedó registrada en los archivos del gobierno. Burnett le informó de una cena que había tenido con la entonces primera ministra Theresa May dos días antes.

Según Duncan y Burnett, no se discutió nada en relación con sus funciones como ministros o jueces.

Los diarios de Duncan destacan una cena de cumpleaños en junio de 2017 a la que asistieron Burnett y su esposa. La cena, celebrada en el club privado Beefsteak de Londres en vísperas de las elecciones generales, fue un “generoso regalo de David Ross”.

Ross, empresario y cofundador de Carphone Warehouse, ha financiado a una serie de diputados conservadores, entre ellos Duncan, y dio al Partido Conservador 250.000 libras para las elecciones de 2019.

Otros invitados fueron el multimillonario sirio-saudí Wafic Said. Desde hace mucho tiempo cercano a la familia real saudí, Said ayudó a negociar el enorme acuerdo de armas británico-saudí conocido como Al-Yamamah en la década de los ochenta.

La esposa de Said, Rosemary, que también estaba en la fiesta. Es otra de las principales donantes del Partido Conservador y ha financiado a Boris Johnson. Ha sido invitada a las reuniones del Grupo de Dirigentes de David Cameron, que reúne a los principales donantes del partido.

Otros asistentes a la cena fueron su colega y amigo íntimo William Hague, que era ministro de Asuntos Exteriores cuando Reino Unido decidió no reconocer el asilo de Assange del gobierno ecuatoriano.

También estuvo presente Salma Shah, asesora de Sajid Javid cuando, como ministro del Interior, certificó de forma controvertida la solicitud original de Estados Unidos para la extradición de Assange.

—https://declassifieduk.org/assange-judge-is-40-year-good-friend-of-minister-who-orchestrated-his-arrest/

Un tribunal de Singapur encarcela a un vagabundo por incumplir la orden de confinarse en su casa

El jueves un tribunal de Singapur condenó a un Rozman Abdul Rahman, de 40 años, a siete semanas de cárcel por incumplir la orden de confinarse en su casa, a pesar de que no tiene casa.

Cientos de personas han sido encarceladas o multadas en Singapur por infringir las restricciones sanitarias.

El condenado regresó de Indonesia el 20 de marzo del año pasado. Un funcionario de inmigración le hizo firmar un aviso de que debía permanecer en su vivienda e indicó la casa de su hermanastra como lugar de cuarentena, pero en realidad carecía de hogar.

Durante el tiempo que debía confinarse, vivió en la calle, durmiendo en un aparcamiento, y luego se trasladó a un albergue para personas sin vivienda. También siguió trabajando como guarda de seguridad en una empresa de logística alimentaria. Su gerente afirmó que no tenía conocimiento de que Rahman no tuviera domicilio.

Tras no poder localizarlo, la policía acabó encontrando a Rahman a través de su empresario y lo detuvo. El jueves fue condenado a siete semanas de prisión tras declararse culpable a principios de este año.

“En medio de una crisis mundial, Rozman se encontró con una crisis personal: la falta de hogar. No tenía un lugar donde vivir. Tuvo que valerse por sí mismo en las calles”, dijo su abogado, Azri Imran Tan, añadiendo que su sentencia era una “cruel ironía del destino”.

Argumentó que “debe haber una distinción entre los que violan frívolamente la ley de confinamiento y los que no tienen otra opción”.

Mientras que su abogado pedía una detención breve y una multa, los fiscales acusaron a Rahman de poner deliberadamente a otros en riesgo de contagiarse, lo que podría haberle llevado a una pena de prisión de hasta seis meses.

El fiscal adjunto Lai Yan calificó la infracción de 13 días como algo “casi sin precedentes”. Se espera que Rahman recurra la decisión.

—https://www.rt.com/news/542134-homeless-man-jail-covid-rules/

La policía australiana detiene a tres adolescentes fugados de un campo de internamiento para apestados

Tres adolescentes que se fugaron de un campo de internamiento para apestados en el norte de Australia, han sido detenidos por la policía.

Los tres adolescentes dieron resultado negativo en las pruebas de coronavirus, pero fueron internados en aislamiento en Howard Springs por ser “contactos cercanos de casos positivos”.

Los tres adolescentes eran de Binjari, cerca de Katherine, y tenían 15, 16 y 17 años. Escalaron una valla y se escaparon a las 4.30 horas del miércoles. Su huida desencadenó una persecución policial, con controles en las carreteras.

“No hay absolutamente ninguna excusa para las acciones de estas tres personas esta mañana”, afirma el comisario de policía, Jamie Chalker. La libertad no le parece una excusa suficiente.

El comisario dijo que los policías encontraron a los fugados en las afueras de Palmerston y los detuvieron tras una persecución a pie. Añadió que los jóvenes seguían siendo interrogados, pero los primeros indicios apuntan a que no entraron en contacto con miembros de la población cercana y que el riesgo para la salud era muy bajo

El centro de internamiento alberga a las personas apestadas y a sus contactos de la zona de Katherine, así como a los viajeros que regresan de los vuelos de repatriación, incluido un hombre que dio positivo en la variante ómicron el lunes.

Cada uno de los adolescentes se enfrenta a una multa de hasta 5.024 dólares. Chalker dijo que la policía aumentará la vigilancia por vídeo en el centro y considerará la posibilidad de establecer más contacto con los reclusos, cuyo aislamiento “puede haber sido un factor desencadenante” de la fuga.

“También me gustaría destacar el excelente índice de cumplimiento que hemos logrado, ya que varios cientos de personas han sido internados en el Centro Nacional de Resiliencia vinculado a los grupos de Robinson River, Katherine, Binjari y Rockhole”, añadió el comisario.

Por las redes sociales australianas está circulando una grabación realizada con cámara oculta que muestra una discusión entre una apestada y los guardas del campo de internamiento, vestidos como si estuvieran en un quirófano.

La pesadilla sigue en su pleno apogeo…

—https://www.abc.net.au/news/2021-12-01/multiple-people-escape-howard-springs-quarantine-facility-darwin/100663994

El gobierno británico pretende criminalizar las manifestaciones

Las enmiendas de última hora introducidas por el gobierno de Boris Johnson en el proyecto de ley sobre policía, delitos, sentencias y tribunales son un intento descarado de reprimir las protestas. Priti Patel, la ministra del Interior, insertó 18 páginas adicionales en el proyecto de ley después de su paso por la Cámara de los Comunes y tras la segunda lectura en la Cámara de los Lores. Esto parece una táctica deliberada para evitar el control parlamentario efectivo. Sin embargo, hay un silencio ensordecedor en gran parte de los medios de comunicación británicos.

Entre las nuevas enmiendas hay medidas que prohibirían a los manifestantes encadenarse o sujetarse a otra persona, objeto o elemento en el suelo. Estas medidas están redactadas de forma tan vaga que podrían aplicarse a cualquier persona que se encadene en cualquier lugar, con el riesgo de una condena de 51 semanas de prisión.

Obstaculizar de cualquier manera las grandes obras de transporte también será delito, con una pena que puede llegar a las 51 semanas de cárcel. Es un intento de detener las grandes protestas contra la construcción de carreteras y la ampliación del aeropuerto.

Otras enmiendas amplían en gran medida las facultades de detención y registro de la policía. La policía tendrá derecho a detener y registrar a personas o vehículos si sospecha que llevan un instrumento que se pueda utilizar en las protestas prohibidas, lo que presumiblemente incluye pancartas, folletos y carteles.

Otras nuevas facultades darían a la policía el derecho a detener y registrar a las personas sin necesidad de sospechas, si creen que se va a celebrar una manifestación en esa zona. Cualquiera que se resista a la búsqueda podría ser encarcelado hasta 51 semanas.

Las actuales facultades de detención y registro se utilizan de forma desproporcionada contra los negros y mulatos, que tienen seis veces más probabilidades de ser detenidas que los blancos. Estas nuevos facultades disuadirían aún más a las minorías a protestar. Los medios de comunicación pueden seguir culpando a los movimientos de protesta por ser predominantemente blancos y poco representativos.

A partir de ahora será difícil participar en una manifestación sin cometer un delito. A una persona se le puede prohibir manifestarse si participa o contribuye a una manifestación que sea “susceptible de causar graves disturbios”.

No se puede manifestar quien ha cometido previamente “delitos relacionados con la protesta”. Quien publique algo en las redes sociales que anime a las personas a manifestarse también puede entrar en la lista negra.

Cualquiera que entre en uno de estos apartados de la ley -como un preso en libertad condicional- podría estar obligado a presentarse ante las autoridades a “determinadas horas y en determinados días”. También se le puede prohibir relacionarse con determinadas personas o “utilizar internet para facilitar o fomentar” un “delito relacionado con las protestas”.

Estas enmiendas se suman a otros ataques del gobierno de Boris Johnson a las libertades fundamentales, como las “órdenes civiles”, que podrían hacer que los periodistas sean tratados como espías y se les prohíba reunirse con ciertas personas y visitar ciertos lugares.

Los extranjeros no podrán salir de Canadá sin estar ‘adecuadamente vacunados’

A partir del 28 de febrero, los extranjeros en Canadá no podrán salir del país por vía aérea si no están “adecuadamente vacunados”. En los barcos, trenes y autobuses las vacunas importan mucho menos.

A principios de octubre el gobierno federal confirmó que sus aeropuertos estarían cerrados a las personas no vacunadas a partir del 30 de noviembre. Unos días antes el plazo se amplió hasta el 28 de febrero para los extranjeros.

Durante la última campaña electoral previa a su reelección, el primer ministro, Justin Trudeau, sugirió que la medida solo se aplicaría a los viajes en tren o en avión dentro del país, pero su alcance se amplió a principios de octubre.

“Ya no se aceptará una prueba molecular válida para el covid-19 como alternativa a la vacunación, a menos que pueda acogerse a una de las exenciones limitadas”, afirma ahora el gobierno canadiense en su sitio web oficial.

En cuanto a los ciudadanos canadienses, ahora ninguno puede subir a un avión, ni siquiera a un tren, si no se ha inyectado las dos dosis de una vacuna homologada. Ottawa acaba de ampliar la lista de vacunas aceptadas para las personas que entran en el país para incluir las inyecciones de Sinopharm, Sinovac (ambas chinos) y Covaxin (india). La Sputnik rusa aún no ha sido aprobada.

El 29 de enero Trudeau aseguró que menos del 2 por ciento de los “casos de covid” estaban relacionados con canadienses que regresan del extranjero, pero eso no le impidió afirmar que “incluso un caso es demasiado”.

El pretexto de Canadá de proteger a la población es legítimo en tiempos de pandemia, pero la violación de la libertad de circulación debe estar respaldada por justificaciones sólidas y excepcionales que no concuerren en este caso. La medida viola el principio de proporcionalidad establecido por la legislación canadiense. Los derechos y libertades sólo pueden restringirse dentro de límites razonables en circunstancias excepcionales.

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