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En lo que va de año la policía ya ha disparado a cuatro personas en su vehículo tras negarse a cumplir las normas. Desde la ley de 2017, que flexibiliza la noción de autodefensa policial, su número ha aumentado considerablemente.

La imagen es inquietante. Un coche, al otro lado de la carretera, en medio de París, con el parabrisas claramente perforado por al menos dos agujeros de bala, la ventanilla del lado del conductor rota. En el vehículo viajaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que regresaban de una fiesta en la mañana del sábado 4 de junio. Luego, por no llevar el cinturón de seguridad, fueron controlados por una brigada de motos de la policía. El conductor, que conducía sin carné, se negó a detenerse y arrolló a uno de los policías, según las autoridades.

Los agentes dispararon nueve balas de su arma reglamentaria. El pasajero, con un disparo en la cabeza, murió. El conductor, golpeado en el pecho, resultó gravemente herido. En varios testimonios ofrecidos a la prensa, las otras dos personas que viajaban en el vehículo negaron que el coche hubiera chocado con la policía. “Pude ver a dos policías en las ventanas de enfrente. Todo fue muy rápido. Ni siquiera escuché ‘Salga del coche’ o ‘Manos arriba’. Rompieron las ventanas con sus armas. Oímos disparos, el coche se aleja. Todo esto ocurrió al mismo tiempo. El coche no salió primero y luego dispararon, fue todo al mismo tiempo”, dijo Inés desde la parte trasera del vehículo. Se han presentado varias denuncias, incluso contra la policía.

Desde principios de 2022, además de Rayana -la pasajera que recibió un disparo mortal-, otras tres personas han muerto a manos de la policía tras negarse a cumplir las normas. Jean-Paul Benjamin murió en Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) el 26 de marzo, de un disparo en el corazón efectuado por un policía de la brigada anticrimen (BAC) cuando conducía una furgoneta robada. Luego, en la noche de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 24 de abril, dos hermanos, Boubacar y Fadjigui, fueron asesinados en el centro de París, en el Pont-Neuf. Según la policía, estos disparos se produjeron tras la negativa a un control. A continuación, el coche “embistió” a un miembro de la policía que se apartó antes de que su compañero, de 24 años y aún en prácticas, disparara diez tiros de fusil de asalto HK G36.

En los últimos veinte años al menos 38 personas han perdido la vida en estas circunstancias. Aunque no se trata de comparar los casos, ya que cada uno tiene sus propias particularidades, la observación sigue siendo más o menos la misma. Los agentes de policía deciden revisar un vehículo, el conductor se niega a obedecer y acelera: la policía abre fuego y mata al conductor o a uno de los pasajeros. Hace veinte años, el 2 de enero de 2002 en París, por ejemplo, Moussa Bradai, de 17 años, fue alcanzado en la sien por una bala de ametralladora disparada por un agente de la BAC después de que el conductor del coche robado en el que viajaba se negara a someterse a un control. En este caso, el caso fue finalmente desestimado a favor del policía por motivos de defensa propia.

En nombre de la autodefensa, los policías justifican casi sistemáticamente sus disparos mortales, considerando el vehículo como un “arma de oportunidad”. Hasta hace poco, los policías estaban sujetos al derecho común. Sólo podrían atentar contra la vida de los demás en caso de respuesta necesaria y proporcionada a un peligro real inmediato. Al menos en teoría… Sin embargo, el 28 de febrero de 2017 la última ley de seguridad del quinquenio de François Hollande amplió los derechos de los policías a disparar. En particular, la posibilidad de disparar a los ocupantes de los vehículos que huyen, en determinadas condiciones.

“Esta ley ha añadido confusión a unos textos muy claros” sobre la legítima defensa, explica el sociólogo policial Fabien Jobard. “Ha introducido una noción bastante complicada. A partir de ahora, el policía puede utilizar su arma cuando haya una negativa a obedecer y pueda imaginar razonablemente que la persona puede perjudicar la vida de los agentes de policía o de otras personas. Para el investigador, esta ley sigue siendo muy problemática. “El policía puede llegar a calcular que si ha habido una negativa a cumplir o un comportamiento peligroso del conductor hacia él, entonces la persona que acaba de pasar el control, que ya no supone un peligro inmediato para él, puede causar daños a la integridad física de los demás, por lo que dispara.

En cuanto se adoptó, se aplicó. Unos meses después de su entrada en vigor, la IGPN (Inspección General de la Policía Nacional) y el fiscal se remitieron directamente a ella para justificar el trágico final de Luis Bico en Châlette-sur-Loing (Loiret), en agosto de 2017. Este hombre franco-portugués, que padece trastornos psiquiátricos, estaba en posesión de un cuchillo en su coche cuando seis policías lo rodearon. Tras seguirle durante unos metros, le dispararon en el corazón mientras el conductor intentaba huir. Los vídeos muestran que no corría hacia ellos. El sindicato de la policía de la Alianza justificó entonces la “necesidad de interceptarlo”, debido a los “recientes ataques con carros de asalto”.

Antes de 2017 una persona era asesinada cada año como media

¿Ha provocado esta ley un aumento de las personas que reciben disparos al huir de la policía? En su informe de actividad de 2018 la IGPN ha recordado que los disparos de vehículos por arma de fuego han aumentado un 54 por cien en un año. Lejos de ver esto como una consecuencia de la nueva legislación, la policía lo atribuye al aumento de… las negativas a cumplir. Estos últimos ascendieron a 26.320 según las cifras del Ministerio del Interior, que desde entonces han sido retransmitidas una y otra vez. En su informe de 2021, la IGPN indica que el único objetivo de estos disparos operativos es inmovilizar los vehículos, disparando a los neumáticos, por ejemplo.

Sin embargo, entre la fecha de entrada en vigor de esta ley, el 28 de febrero de 2017, y el día de hoy, 21 personas han sido abatidas por la policía al intentar escapar de un control o de una parada en su vehículo. En cambio, desde 2002 hasta 2017 “solo” 17 personas fueron asesinadas en las mismas circunstancias. Por lo tanto, en cinco años, la policía ha matado a más personas que huían de los uniformes en vehículos que en los quince años anteriores. Mientras que la media anual de personas tiroteadas y muertas por negarse a ser controladas fue de poco más de 1 entre 2002 y 2017, ha aumentado a más de 4 en los últimos cinco años.

“Hoy no podemos seguir negando el peligro de esta ley. ¡No podemos introducir una licencia para matar en un Estado de Derecho”, dijo Amal Bentounsi, fundadora del colectivo Urgence Notre Police Assassine, que lucha contra esta ley desde su introducción. En 2012, su hermano, que no había regresado de un permiso penitenciario, recibió un disparo por la espalda mientras huía a pie. El juicio de su asesino, un policía acusado de homicidio voluntario, tuvo lugar dos meses después de la promulgación de la nueva ley en febrero de 2017. Absuelto en primera instancia, será condenado a 5 años en suspenso en caso de apelación. “Sin esta ley, habría sido condenado a 15 años de prisión”, afirma Amal Benstounsi, que pide su derogación o al menos su modificación.

Desde la ley de 2017 hay un aumento de la proporción de policías en estos dramas

Otro elemento fáctico apunta a una relación causal entre la promulgación de esta ley y el aumento de las muertes por disparos tras la negativa a obedecer. Antes de la ley de 2017, los policías y gendarmes no estaban sujetos a la misma normativa en cuanto al uso de sus armas de fuego.

Los gendarmes tenían desde hace tiempo un régimen jurídico más permisivo. Por ejemplo, estos últimos estaban autorizados a disparar, tras una advertencia, “cuando no puedan defender de otro modo el terreno que ocupan” o contra un fugitivo que se escape de su custodia, debiendo justificar la absoluta necesidad de su acto.

La ley de 2017 ha puesto a la policía más o menos en línea con los gendarmes. Esta alineación ha aumentado significativamente la proporción de policías en los tiroteos mortales tras una negativa a obedecer. De las 17 personas tiroteadas en un vehículo entre 2002 y 2017, la mitad fueron asesinadas por un policía y la otra mitad por un gendarme. Ahora, de las 21 personas muertas desde que se introdujo la ley, tres cuartas partes han sido asesinadas por un policía. Este aumento significativo tiende, por tanto, a mostrar que la ley de seguridad pública de febrero de 2017 puede haber hecho que algunos policías se sientan más cómodos a la hora de utilizar su arma reglamentaria en estos casos de negativa a cumplir.

En el año siguiente a la promulgación de esta nueva legislación, seis hombres fueron asesinados en estas circunstancias. Cinco de ellos por un policía. Es más que durante todo el quinquenio de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy juntos… Es, por ejemplo, el caso de Mickael Simon en mayo de 2017, en Toulouse. Este joven de Pau intentó huir de un control en un coche robado, conduciendo con todas las luces apagadas. Según la versión de las autoridades, cargó entonces contra los policías de la BAC, que dispararon doce balas y le alcanzaron mortalmente en la cabeza y el pecho. La policía alegó defensa propia. El caso, aún en curso, se alarga.

De los 38 casos, sólo tres se han saldado con una condena del policía implicado

¿Qué acciones legales deben emprenderse contra los funcionarios públicos implicados en este tipo de casos? Aunque hasta ahora era bastante raro, recientemente se han emitido varias acusaciones por homicidio voluntario. Es el caso del miembro de la CAV que mató a Olivio Gomes que volvía de una fiesta con amigos en octubre de 2020. Al igual que el policía que acabó con la vida de Natalie Flores el año pasado cuando evadió un control en Bayona desierto por el toque de queda.

Lo mismo ocurrió recientemente, tras la muerte de Boubacar y Fadjigui en el Pont-Neuf el pasado mes de abril. En esta fase, la autodefensa no fue retenida por los jueces de instrucción. Tal decisión fue calificada de “inadmisible” por Alliance, uno de los sindicatos policiales mayoritarios, que inmediatamente organizó una manifestación a raíz de la decisión. ¿Su principal demanda? La aplicación de una “presunción de legítima defensa” a favor de la policía nacional. En otras palabras, un policía o gendarme tendría derecho a abrir fuego contra un sospechoso, sea cual sea la situación. A partir de ese momento, correspondería a la víctima de un disparo -o a sus familiares en caso de fallecimiento- y a la fiscalía aportar pruebas que contradigan al autor del disparo.

Este viejo reclamo implica que la justicia sería demasiado dura con los uniformados y les impediría defenderse o proteger a la población. Como hemos demostrado, esta idea no se corresponde con la realidad.

De las 38 personas muertas por resistencia a la autoridad, 8 casos han sido desestimados, 4 casos han sido sobreseídos y un caso ha acabado en absolución. En cuanto al resto, 15 casos están aún en fase de investigación y no tenemos constancia de ningún procedimiento judicial en otros 5. Sólo en tres casos se condenó a los funcionarios implicados en este tipo de muertes: dos con penas suspendidas y uno con cinco años de prisión (tres de ellos suspendidos). Se trata del gendarme que mató a Yannick Locatelli el 11 de marzo de 2018 en Guadalupe. Este último intentaba huir de los gendarmes que querían detenerlo, debido a una matrícula falsa en su coche. El gendarme apeló.

En estos casos, las versiones policiales suelen estar salpicadas de contradicciones, zonas grises o incoherencias. Recientemente, una investigación de Médiapart demostró que, en la muerte de Jean-Paul Benjamin en Aulnay-sous-Bois a principios de año, la teoría de la autodefensa esgrimida por el acusado quedó desvirtuada por la investigación.

Si nos remontamos al pasado, tampoco faltan ejemplos. En Nantes, el CRS que disparó a Aboubakar Fofana a principios de julio de 2018, confesó haber mentido mientras estaba detenido. En un principio, alegó haber actuado para proteger a los niños que estaban cerca del coche, así como a su colega, que resultó herido al dar marcha atrás a gran velocidad. Tras los vídeos de la escena, el autor del disparo mortal evocó finalmente un disparo por accidente. Se le ha acusado de agresión y lesiones y el caso sigue en curso. Los primeros elementos de la investigación sobre la muerte de Olivio Gomes socavan el relato policial de una negativa a obedecer. La tripulación cambió su versión cuando el juez observó que el BAC no había señalado a los pasajeros.

En el caso de Gaye Camara, que murió por siete balas disparadas por un agente de la BAC en Épinay en enero de 2018, hubo que esperar a una reconstrucción en 3D realizada por los medios independientes Index y Disclose para establecer la trayectoria de la bala mortal. También para demostrar que el conductor no corría hacia el agente cuando vació su cargador sin previo aviso. ¿El veredicto? El caso fue desestimado.

En el caso de la muerte de Rayana el pasado sábado en el distrito 18 de París, los pasajeros de la parte trasera del coche aseguran que el conductor no arrancó con prisa, en contra de lo que había afirmado inicialmente el policía. En este momento, los tres policías que efectuaron los disparos fueron puestos en libertad el 7 de junio. Al mismo tiempo, se abrió una investigación judicial que se encomendó a un juez de instrucción. “El sábado, nada justificaba el uso de armas de fuego por parte de la policía en el contexto que conocemos”, dijo el abogado del conductor herido, Ibrahim Shalabi. “No es el primer caso de este tipo que he visto. Siempre encontramos los mismos escenarios, los mismos patrones”, concluyó.

Pierre Jequier-Zalc y Ludovic Simbille https://basta.media/refus-d-obtemperer-quatre-fois-plus-de-personnes-tuees-par-des-policiers-depuis-cinq-ans

La semana pasada, un editorial del periódico británico The Guardian contó una de sus típicas falsedades: que Assange había buscado asilo en la embajada de Ecuador en Londres para huir de una acusación de violación en Suecia (*).

Sin embargo, Assange nunca se ha enfrentado a ninguna acusación en Suecia, y menos aún por violación. El único país del mundo que quiere atrapar a Assange es Estados Unidos y la acusación formal es de “espionaje”.

El caso Assange expone en toda su crudeza la ausencia absoluta de libertades en Europa y, en particular del derecho a la libre expresión, y es vergonzoso que sean los periodistas quien participen en esa cacería y, además, inventen acusaciones inexistentes. Es otro indicador de la sumisión de la prensa europea a sus amos de Washington.

Ningún Estado del mundo concede asilo político a nadie acusado de violación. Ecuador lo hizo por motivos políticos, opuestos a los motivos por los que es perseguido en Estados Unidos, que también son políticos.

Si Assange no hubiera creado la plataforma Wikileaks, nunca hubiera sido perseguido y, desde luego, nunca nos hubiéramos enterado de muchos de los crimenes cometidos por Estados Unidos en sus guerras de agresión.

Cuando declararon ante la policía, ninguna de las dos mujeres suecas alegó que Assange la hubiera violado. Una de ellas se negó a firmar la declaración policial cuando se dio cuenta de que pretendían acusar de ello a Assange. La otra aseguró que mantuvo relaciones sexuales consentidas con Assange sin utilizar condón.

Ningún juez sueco dictó ninguna medida preventiva en su contra. La fiscal jefe de Estocolmo, Eva Finne, cerró rápidamente la investigación: “No creo que haya ninguna razón para sospechar que haya cometido una violación”. Más tarde concluyó taxativamente: “No hay sospecha de ningún delito”.

Otra fiscal, Marianne Ny, intentó reactivar el caso, aunque nunca llegó a interrogar a Assange en Suecia. Entonces le comunicaron que era libre de marcharse a Reino Unido. Sin embargo, poco después la Interpol emitió una alerta roja y comenzó el calvario de montajes.

En 2010 el Tribunal Supremo de Londres aprobó la extradición a Suecia sobre la base de una orden de detención europea que no estaba firmada por ningún juez. El asunto fue tan escandaloso que poco después el gobierno británico modificó la legislación para evitar que ese tipo de chapuzas se pudieran reproducir.

El Tribunal Supremo del Reino Unido también aprobó la extradición, a pesar de que Suecia se negó a ofrecer garantías de que no sería extraditado a Estados Unidos, donde un gran jurado ya estaba elaborando en secreto una acusación de espionaje en su contra. Estados Unidos también se negó a dar garantías de que no solicitaría su extradición.

Australia no sólo le negó a Assange, ciudadano australiano, cualquier tipo de ayuda durante su pesadilla, sino que la Primera Ministra Julia Gillard llegó a amenazar con quitarle la nacionalidad, lo cual es ilegal.

La fiscal sueca, Marianne Ny, bloqueó la posibilidad de que Assange recurriera al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en tales circunstancias, en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres.

El ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague, tampoco se mordió la lengua: amenazó con entrar a la fuerza en la embajada de Ecuador para detener a Assange, violando la inmunidad diplomática y la Convención de Viena.

A través de una empresa española de mercenarios, el FBI colocó escuchas para interceptar las conversaciones de Assange dentro de la embajada, otra chapuza que muestra la inquina de Estados Unidos y su absoluta falta de escrúpulos de ninguna clase.

En 2016 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, que revisa el cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos, dictaminó que Assange había sido detenido ilegalmente por Gran Bretaña y Suecia. Ambos países se burlaron de la decisión de la ONU y un editorial de The Guardian lo calificó de mero “truco publicitario”.

La documentación desclasificada muestra que la fiscalía británica presionó a la sueca para que no se trasladara a Londres a interrogar a Assange mientras permanecía en libertad entre 2010 y 2011. Una vez refugiado en la embajada, la fiscalía sueca tampoco se molestó en interrogarle. Cuando finalmente en 2016 tuvo que hacerlo, no autorizó la intervención del abogado defensor. Para tapar la cadena de chapuzas, al año siguiente un juez de Estocolmo cerró la investigación contra Assange.

En la legislación sueca, a diferencia de la española, es posible seguir un juicio “en rebeldía”, es decir, aunque el acusado no esté presente. Por lo tanto, Suecia podía haberle juzgado por algún delito. No lo hizo porque nunca hubo nada de nada.

La fiscalía destruyó la mayor parte de la correspondencia para eludir las solicitudes de información pública. Los correos electrónicos que salieron a la luz sólo lo hicieron porque algunas copias se salvaron accidentalmente. Los mensajes recatados muestran que en 2013 Suecia quería abandonar la acusación contra Assange, pero recibió presiones británicas (o sea, de Estados Unidos) para aparentar que persistía en lograr su extradición. “No te atrevas” a abandonar la acusación, decía la ficalía británica a la sueca.

La fiscal sueca Marianne Ny también borró un correo electrónico que había recibido del FBI.

Poco a poco fue quedando claro que Suecia era un recadero de Estados Unidos (no es casualidad que ahora vaya a entrar en la OTAN) y que Assange era perseguido por ejercer su derecho a la libertad de información.

Con el cambio de gobierno, Ecuador comenzó a convertirse en cómplice de Estados Unidos, cuyos fiscales se apoderaron de las pertenencias personales de Assange en la embajada durante un registro.

Mientras, en Estados Unidos los picapleitos preparan el montaje. Encarcelan en repetidas ocasiones a Chelsea Manning y le amenazan con multas ruinosas por cada día que se niegue a testificar contra Assange.

En 2008 un documento secreto del Pentágono preparado por la Subdivisión de Evaluación de Contrainteligencia Cibernética esbozó un plan detallado para desacreditar a WikiLeaks y desprestigiar a Assange personalmente. Se trataba de silenciar, criminalizar y destruir la confianza en una fuente de información.

Según los cables diplomáticos australianos, el intento de Washington de atrapar a Assange no tenía precedentes.

La ley de espionaje que pretende aplicar la fiscalía de Estados Unidos a Assange se aprobó durante la Primera Guerra Mundial para imponer la cadena perpetua y la pena de muerte a los pacifistas y objetores de conciencia.

En 2015 un tribunal federal de Washington bloqueó la publicación de cualquier información relacionada con Assange por motivos de seguridad nacional. La jueza, Barbara J. Rothstein, dijo que en asuntos de seguridad nacional era necesario actuar con “deferencia” hacia el gobierno.

(*) https://www.dumptheguardian.com/commentisfree/2019/may/24/the-guardian-view-on-julian-assange-send-him-to-sweden

La libertad de prensa es una especie en vías de extinción, y no sólo por el caso Assange, o el de Pablo Hassel, o el cierre de los medios de comunicación rusos en Europa. A medida que no hay una respuesta popular contra tamañas agresiones, la insolencia de los Estados europeos se hace cada vez mayor. Unas veces el pretexto es la pandemia, otras es Rusia, y a veces las noticias falsas.

En Reino Unido los principales partidos parlamentarios piden la aprobación inmediata de nuevas medidas represivas para hacer frente a las “amenazas contra el Estado”, que anulan la libertad de prensa y amenazan las libertades civiles. El 11 de mayo se presentó un primer proyecto de ley.

Los partidos parlamentarios afirman que son necesarias para evitar la influencia de Rusia y China, cuyos tentáculos aparecen en sus peores pesadillas. En enero de este año el MI5 envió una alerta a todos los miembros del Parlamento acusando a Christine Lee, una abogada que trabaja en Birmingham, de hacer donaciones a los parlamentarios en nombre del gobierno chino, es decir, de hacer lo mismo que hacen todos los grupos de presión todos los días.

Ese mismo día el nombre de Lee se difundió en todos los canales de televisión y los periódicos, que no cuestionaron nada, a pesar de la absoluta falta de pruebas. Cuando los agentes no son chinos o rusos, no hacen falta pruebas de nada; basta con que lo digan oscuros aparatos políticos, como el MI5.

Sin embargo, gran parte del proyecto de ley no tiene nada que ver con la injerencia extranjera. En 2015 el gobierno pidió una revisión de la Ley de Secretos Oficiales de 1911, que se aplica a la divulgación no autorizada de información clasificada. El Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ) expresó su preocupación, señalando el historial de persecución de periodistas por parte del gobierno.

No se puede matar al mensajero; el manejo de información clasificada no se puede criminalizar. “El NUJ cree firmemente que los denunciantes y los periodistas que actúan en interés público no deben ser sometidos a penas de prisión más duras por delitos de divulgación no autorizada”, dijo el sindicato. “Nos preocupa especialmente que el Ministerio del Interior parezca recomendar reformas que facilitan la persecución de los periodistas”.

En 2020 una comisión parlamentaria publicó un delirante “informe sobre Rusia” que analizaba las acusaciones de injerencia extranjera en Reino Unido. Recomendó al gobierno la creación de un “registro de influencias extranjeras” del que formarían parte los individuos que realizan determinadas acciones en favor de una potencia extranjera. La policía puede encarcelar a una persona que actúa como “agente” y no ha pasado por la ventanilla del gobierno.

No es necesario aclarar que cuando hablan de “extranjeros”, se refieren a Rusia y China y a ningún otro país, como Tanzania, Honduras o Andorra. Sin embargo, la posibilidad de detener a los “agentes rusos” se propuso a pesar de que el informe sobre Rusia no encontró ninguna interferencia significativa. De hecho, se limitó a decir que el MI5 no había investigado el asunto.

El proyecto de ley crea una especie de catálogo oficial de “agentes extranjeros” de tal manera que cualquiera que no se registre pueda ser detenido, si su “actividad” en las redes sociales, por ejemplo, no gusta al MI5. El castigo puede llegar a la cadena perpetua para los periodistas y las fuentes que les suministran información clasificada, si se descubre que trabajan para una potencia extranjera.

El proyecto de ley establece que la policía no necesita demostrar que una persona trabaja para una determinada potencia extranjera. Alguien que habla bien de Rusia está al servicio de Rusia. Las medidas también pueden aplicarse extraterritorialmente a personas fuera de Reino Unido.

El caso de Julian Assange creó el patrón de este tipo de montajes judiciales. Le detuvieron y le acusaron falsamente de colaborar con el gobierno ruso y en Estados Unidos le aplican la Ley de Espionaje.

En 2018 hubo una campaña de intoxicación parecida en Australia. Los medios de comunicación y los políticos advirtieron contra los diputados que reciben donaciones de personas afiliadas al Partido Comunista Chino. Una legislación similar fue aprobada en su parlamento. Se vendió como una medida contra la injerencia extranjera, pero contenía las mismas amenazas contra los periodistas.

En una nota informativa preparada para los diputados se reconoce que la vigente Ley de Secretos Oficiales de 1911, que ilegaliza la publicación de documentos gubernamentales por parte de cualquier persona, fue aprobada por la Cámara de los Comunes en un solo día, cuando la mayoría de los diputados se habían marchado de vacaciones.

Hace un siglo los pretextos eran los mismos, pero hay que cambiar Alemania por Rusia. Hoy los historiadores reconocen que el MI5 exageró la injerencia alemana, lo mismo que hacen hoy con la rusa.