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La policía antiterrorista británica detiene a un periodista

Un periodista británico, Kit Klarenberg, fue detenido por la policía antiterrorista al aterrizar en el aeropuerto londinense de Luton e interrogado sobre su trabajo para el sitio web independiente The Grayzone.

Klarenberg llegó a Londres el 17 de mayo procedente de Belgrado, Serbia, donde reside, y fue detenido por seis policías vestidos de paisano.

Los policías se negaron a decirle sus nombres y en su lugar le ofrecieron indicativos.

Klarenberg, autor de múltiples denuncias contra el gobierno y los servicios de inteligencia británicos, fue conducido a una habitación e interrogado durante más de cinco horas sobre sus reportajes, su trabajo en The Grayzone y sus opiniones políticas personales, entre ellas las de los actuales dirigentes británicos y la Guerra de Ucrania.

La policía se incautó de los dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias y tarjetas de memoria de Klarenberg, le tomó las huellas dactilares, tomó muestras de su ADN y le fotografió.

Amenazaron con detenerle si no accedía a ello. Le dijeron que sus publicaciones “podrían ser interesante para el público, pero no de interés público”.

“Su interés abrumador, si no exclusivo, era The Grayzone”. Klarenberg sigue sometido a investigación.

“Me preguntaron para qué publicaciones escribía y les dije que para muchas”, declaró Klarenberg. Publicamos a continuación una relación de algunos de sus reportajes, que hemos traducido y publicado aquí:

— La campaña británica para espiar a los refugiados: el Proyecto Invictus
— Los secuestradores del 11-S fueron reclutados por la CIA
— Una empresa de espionaje vigila a los usuarios de criptomonedas
— La ciberguerra del Pentágono contra Irán
— Kiev 2014: anatomía de un Golpe de Estado de la CIA
— La censura de los medios británicos está a cargo del ejército

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Reino Unido se dispone a calificar a Wagner como ‘organización terrorista’

Reino Unido se dispone a calificar a Wagner como “organización terrorista”, según un reportaje del Times, y hay planes similares en Estados Unidos y la Unión Europea, que situarían al grupo ruso en la misma categoría que Al Qaeda o el Califato Islámico.

Una fuente del gobierno británico afirmó que la decisión era inminente y que probablemente entraría en vigor en las semanas siguientes a la presentación de una demanda judicial.

A veces los medios de comunicación occidentales afirman que el grupo está directamente vinculado al ejército ruso. En tal caso, sería como poner a Rusia entre los países patrocinadores del terrorismo.

Pero otras veces lo califican como una empresa privada de seguridad, de las que hay muchas en los países occidentales. Estados Unidos y Reino Unido son los países que tienen un mayor número de empresas privadas de seguridad y forman parte del complejo militar-industrial tal y como lo conocemos hoy.

Muchos contratistas británicos y estadounidenses operan y han operado en zonas devastadas por guerras en los cinco continentes. Se trata de empresas en expansión con estructuras complejas.

Desde la llamada “guerra contra el terror” iniciada en 2001, las empresas de seguridad privada han ganado miles de millones de dólares en todo el mundo, con Gran Bretaña encabezando esta privatización de la guerra moderna.

“Lo que sí sabemos es que muchas de estas empresas mercenarias, sobre todo las que tienen su sede en Reino Unido y Estados Unidos, han participado intensamente en las campañas militares de Irak y Afganistán. Sabemos que su personal armado puede ganar hasta 10.000 libras al mes, libres de impuestos. Y sabemos que algunas empresas militares privadas han estado directamente implicadas en la muerte de civiles”, señala un informe publicado por Open Democracy en 2018.

Entre las principales empresas británicas de seguridad figuran G4S, Aegis Defense Services, Control Risks, Armorgroup y Olive Group, junto a las empresas estadounidenses Academi, antes conocida como Blackwater, y DynCor y Triple Canopy, que en conjunto obtienen cientos de millones de dólares de beneficios cada año con la venta de armas.

Las empresas armamentísticas estadounidenses poseen una cuota mayoritaria de 224.000 millones de dólares del sector mundial de las empresas privadas de seguridad y se prevé que el valor de sus ventas anuales aumente a más de 80.000 millones de dólares en un futuro próximo (1).

Las empresas privadas de seguridad occidentales, que ofrecen una amplia gama de servicios -que van desde la protección de personas y recintos, misiones de rescate, reconocimiento y evaluación de riesgos hasta la formación y las operaciones de combate- fueron reclutadas principalmente en las zonas de guerra de Irak y Afganistán después de que la coalición dirigida por Estados Unidos invadiera esos países.

Durante la invasión estadounidense de Afganistán e Irak, el número de militares desplegados por la coalición liderada por Estados Unidos fue siendo sustituido cada vez más, y finalmente superado, por empleados de las empresas privadas de seguridad.

En Afganistán, las empresas de seguridad ayudaron al Gobierno estadounidense a mantener el límite previsto de 9.800 soldados estadounidenses, fijado en 2016, pero recortado posteriormente a 5.500 en 2017, y compensado posteriormente por 26.000 mercenarios.

El Gobierno estadounidense mató dos pájaros de un tiro. No sólo llevó a cabo sus operaciones deseadas, sino que también pasó la culpa de los crímenes de guerra cometidos por estas tropas privadas.

Los mercenarios permitieron a los gobiernos estadounidense y británico ocultar los colosales costes humanos de su participación en Afganistán y otros países similares y eludir responsabilidades.

Tras la invasión de Irak, la guerra civil, la agitación política y el auge de la insurgencia proporcionaron una excusa perfecta a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido para mantener su presencia militar en el país, incluidos los mercenarios.

Al inicio de la invasión de Irak había desplegados unos 46.000 soldados británicos. El coste total de la guerra ascendía a 9.240 millones de libras en 2010, cuando el ejército británico se disponía a abandonar el país devastado por la guerra (2).

Aparte de las tropas regulares, las fuerzas secretas británicas y las empresas de seguridad emplearon a más de 20.000 militares privados para llevar a cabo funciones militares que trabajaban en tándem con el ejército británico.

También proporcionaban servicios de seguridad a las figuras estadounidenses que visitaban el país. En aquella época, por ejemplo, Aegis se encargaba de proteger a los altos cargos del ejército estadounidense.

En el momento álgido de la ocupación, alrededor de 60 empresas militares privadas británicas operaban en Irak (3). Aunque Reino Unido puso fin a sus ocho años de presencia militar en Irak en mayo de 2011, nunca abandonó el país devastado por la guerra. Las empresas militares privadas británicas se quedaron para ayudar a la coalición encabezada por Estados Unidos con el pretexto de luchar contra el Califato Islámico o para preparar el terreno para que sus militares regresaran allí.

Según el entonces secretario de Defensa británico, Liam Fox, aunque el acuerdo oficial de entrenamiento y apoyo marítimo entre Reino Unido e Irak concluyó el 22 de mayo de 2011, los grupos no oficiales y secretos reclutados por Reino Unido mantuvieron su presencia ilegal en Irak.

El uso de este tipo de empresas por parte de las naciones occidentales está provocando un aumento de los riesgos mundiales de fraude, corrupción y violencia, según un informe de Transparencia Internacional Defensa y Seguridad (4).

Las empresas de seguridad nunca han estado exentas de escándalos. Han cometido numerosos crímenes de guerra en diferentes etapas y se les atribuyen atrocidades generalizadas en todas las zonas de guerra. Por ejemplo, los mercenarios de Blackwater perpetraron en 2007 una masacre en la plaza Nisour de Bagdad, en la que murieron 14 civiles, entre ellos dos niños, y al menos otros 17 resultaron heridos.

Sus atrocidades no se limitan a Irak y Afganistán. El Departamento de Estado estadounidense aprobó un contrato para el entrenamiento de combate de operativos saudíes por parte de una empresa de seguridad estadounidense llamada Tier One Group. Estos mercenarios participaron posteriormente en el salvaje asesinato del periodista Jamal Jashoggi, según reveló un informe de Transparency International Defense and Security (5).

Afganistán e Irak no son los únicos casos de zona de crímenes y violaciones de derechos humanos por parte de las empresas de mercenarios. En América Latina, las empresas de seguridad privada están implicadas en el tráfico de personas y la extorsión.

En Brasil, una investigación de la policía federal reveló que casi un tercio de todas las armas de fuego en poder de las empresas de seguridad locales de Río de Janeiro se vendían a los delincuentes.

En Libia, Yemen y Siria ocurre lo mismo. La presencia de empresas de seguridad respaldadas por Occidente ha avivado la crisis y la inestabilidad en todas partes.

(1) https://www.transparency.org.uk/us-private-military-and-security-companies-fuel-corruption-and-conflict-risk
(2) https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11107739
(3) https://www.bbc.com/news/business-11521579
(4) https://ti-defence.org/publications/hidden-costs-us-private-military-and-security-companies-and-the-risks-of-corruption-and-conflict/
(5) https://www.transparency.org.uk/us-private-military-and-security-companies-fuel-corruption-and-conflict-risk

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Francia reconoce la existencia de un fichero nominativo de manifestantes

El lunes el Ministerio francés de Justicia reconoció la existencia de un fichero nominativo de las personas detenidas durante las movilizaciones contra los recortes de las pensiones en Lille.

En los países de larga trayeectoria fascista, como España, este tipo de ficheros están normalizados y, además, de las fichas, la policía toma las huellas dactilares de los detenidos, e incluso muestras para secuenciar su ADN. Se abren ficheros que no se cierran nunca. En España decir de alguien que está “fichado” por la policía es una mancha negra en el crédito público de una persona que los medios de comunicación suelen airear a veces.

En los países que aún mantienen algunos residuos de los derechos y libertades, como Francia, este tipo de prácticas escandalizan a los juristas porque no están acostumbrados. Pero, poco a poco, en Europa los países cada vez se parecen más a España.

Un tribunal administrativo de la ciudad está examinando dos solicitudes de medidas provisionales presentadas por la Asociación para la Defensa de las Libertades Constitucionales (Adelico) y el Sindicato de Abogados Franceses, así como por la Liga de Derechos Humanos (LDH), después de que la prensa denunciara la existencia del fichero.

Se trata de “una simple herramienta de gestión”, ha dicho el Ministerio. Es una hoja de cálculo Excel, llamada “Seguimiento de los procedimientos penales – movimiento de reforma de las pensiones”, en la que se detallan los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de las personas detenidas durante las manifestaciones, así como las consecuencias penales.

Según el ministerio, el fichero está autorizado por el decreto que regula una base de datos, llamada Casiopea, que reúne los datos de los inculpados, víctimas o testigos en procedimientos judiciales de los últimos diez años.

La hoja de cálculo “se limita a reunir los procedimientos vinculados a un mismo hecho, lo que Casiopea no permite en tiempo real”, y no contiene “ninguna otra información” que la autorizada en ella, explicó en el juicio un representante del Ministerio. Se trata de una “herramienta de gestión local”, aseguró, que permite administrar “un evento concreto” con un alto “volumen de custodia policial”, explicó otro representante, refiriéndose a la existencia de otros ficheros de este tipo en otras ciudades francesas.

Al reunir la información nominativa, los fiscales se tomaron la libertad de añadir un dato importante: “una opinión política”, al haber protestado todas estas personas contra la reforma, objetó Jean-Baptiste Soufron, abogado de Adelico y del SAF. “Esto no está autorizado” y “equivale a fichar a los opositores políticos”, denunció.

“Si el objetivo es puramente estadístico, ¿por qué conservar datos identificativos, y no sólo un número de investigación?”, se preguntó Marion Ogier, abogada de la LDH. “Para este tipo de ficheros sensibles, normalmente se necesita un decreto o una orden que establezca un marco jurídico”. Sin embargo, en este caso concreto se trata de “un fichero clandestino que nunca ha sido autorizado. No hay marco legal ni garantías”, afirmó.

Se han registrado potencialmente unas decenas de personas, y se han producido entre 50 y 100 detenciones en la región de Lille desde el 17 de marzo, fecha en la que se creó el fichero tras el endurecimiento de la movilización contra los recortes en las pensiones.

El juez se pronunciará mañana sobre la legalidad del fichero.

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La policía británica detiene por ‘terrorismo’ a un manifestante francés

El editor francés Ernest Moret fue detenido en la estación de St Pancras de Londres e interrogado por la policía en virtud del anexo 7 de la ley antiterrorista de Reino Unido de 2000.

La policía británica le acusó de terrorismo por participar en las recientes manifestaciones contra los recortes a las pensiones que han sacudido Francia en las últimas semanas, es decir, por un acontecimiento político ocurrido fuera de las fronteras de Reino Unido.

La ley permite a la policía británica detener e interrogar a cualquier persona en un aeropuerto o puerto durante un máximo de seis horas, aunque no tenga sospechas razonables de que la persona haya cometido ningún delilto.

La detención del editor a su llegada a Londres ha vuelto a suscitar críticas sobre el alcance de la legislación antiterrorista y los abusos de la policía.

A diferencia de la ley antiterrorista, las facultades ordinarias de detención y registro exigen que la policía tenga sospechas razonables de haber cometido un delito de terrorismo.

Si la policía detiene a una persona en virtud de la ley antiterrorista lo puede someter a un control, que incluye la entrega de documentos y cualquier otra información solicitada. No hacerlo es un delito, que es aparentemente la razón por la que Moret fue detenido. Según un comunicado emitido por el editor, se negó a revelar los códigos de acceso a su teléfono y ordenador.

Aunque la policía puede aprovecharse de la ley antiterrorista sin sospecha razonable contra del detenido, sólo debe utilizarla con el fin de evaluar si “está o ha estado implicada en la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo”. No sería lícito utilizarla para detener a una persona por cualquier otro tipo de delito, por ejemplo posesión de drogas.

Moret fue detenido porque la policía dijo que “tenía derecho a interrogarle sobre las manifestaciones en Francia”, se trata de otro abuso de la policía británica, que considera a cualquier como terrorista y procede a detenciones arbitrarias.

En otras palabras, también en Reino Unido la policía puede aplicar la legislación antiterrorista a cualquiera.

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La policía francesa se prepara contra mil ‘violentos’ para la huelga general prevista para hoy

La policía funciona a base de prejuicios de todo tipo, para lo cual elabora “listas negras” y ficheros en los que pone etiquetas prefabricadas, como la Inquisición ponía capirotes. Unos son terroristas, otros anarquistas, otros vándalos, otros extremistas…

“El movimiento de ultraizquierda y grupos de ‘chalecos amarillos’, sumados a otros sujetos violentos, volverán a estar presentes en las marchas para intentar perturbar el orden público», según una nota informativa de la Dirección de Inteligencia policial de París.

Un total de 400.000 a 600.000 personas saldrán a las calles en toda Francia, mientras que habrá de 40.000 a 70.000 manifestantes en las marchas convocadas en la capital, París, según el diario Le Parisien.

La marcha más multitudinaria en París partirá a las 14.00 horas desde la Plaza de la Ópera hacia la Plaza de la Bastilla y contará además con cerca de 600 ‘chalecos amarillos’, si bien la asistencia se perfila como menor frente a la del pasado 6 de abril.

El Consejo Constitucional de Francia tiene previsto pronunciarse mañana sobre la reforma de las pensiones, que plantea entre otras medidas elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, un día después de la huelga general.

A primera hora de hoy piquetes de manifestantes han arrojado cubos de basura en la calle que bloquea el acceso al Consejo Constitucional.

—https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/francia-cifra-en-hasta-1000-los-sujetos-violentos-durante-la-huelga-general-prevista-para-el-jueves-en-par%C3%ADs/ar-AA19MtxR

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La policía francesa rastrea a los manifestantes gracias a un producto invisible

El 26 de marzo, tras la manifestación de Sainte-Soline, en Francia, la policía detuvo por primera vez a dos personas gracias a “productos de marcaje codificado”, invisibles a simple vista y persistentes en la piel y la ropa.

Lo que llevó a la gendarmería a detener a las dos personas fue una pequeña mancha en la mano, revelada por una lámpara ultravioleta. Entre ellas había un periodista. Los dos detenidos estaban presentes el sábado en la manifestación contra el embalse de Sainte-Soline.

Al parecer, fueron alcanzados durante el acto por una nueva arma de la policía: un producto de marcaje codificado. Los proyectiles que contienen el producto, disparados con un fusil tipo “paintball”, tienen por objeto marcar a los manifestantes a distancia. Invisible a simple vista, inodoro, el producto permanece sobre la piel y la ropa durante mucho tiempo.

Es la primera vez en Francia que estos marcadores justifican la detención durante una manifestación. Para la gendarmería, deberían facilitar la detención de los manifestantes que cometen actos violentos. Pero su uso parece aún experimental por el momento.

“En toda la manifestación, nunca estuve en contacto con la policía, no puedo entender cómo me marcaron”, dice Clément B., a quien todavía le cuesta creer lo que le ocurrió. Periodista independiente de Le Monde y Radio France, Clément B. fue a explorar el terreno para futuros reportajes.

Salía de la fiesta del agua, que se celebraba en Melle (Deux-Sèvres) paralelamente a la manifestación contra el embalse, cuando fue controlado a primera hora de la tarde del domingo. “Registraron el coche, luego me sacaron y me anunciaron que iban a hacer una ‘revelación forense de sustancias’”.

Pasaron una lámpara ultravioleta sobre su ropa, revelando rastros. “Me pidieron que les acompañara a la gendarmería para realizar más pruebas”, prosigue. En una habitación a oscuras, los gendarmes volvieron a utilizar la lámpara ultravioleta. “Vi una marca de rotulador en mi mano. Se entusiasmaron, dijeron ‘es positivo’. Luego vinieron agentes del IRCGN [Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería] a tomar muestras”.

El periodista pensó que el caso acabaría ahí. Pero no. “Me detuvieron por participación en un grupo con vistas a cometer actos de violencia deliberada contra las personas o daños materiales. Me quedé atónito”, recuerda Clément B. Sólo salió 28 horas después. “Estaba atrapado en una maquinaria que iba más allá de los propios gendarmes, todo era lunar”.

Los juguetes nuevos de los gendarmes

Lo mismo le ocurrió al hombre apodado Anti, que había acudido a Sainte-Soline como manifestante. Los gendarmes le parecían a tientas. “El primero con el que traté no parecía conocer la técnica. Recibían instrucciones por teléfono”, recuerda. “Y un gendarme móvil que nos vigilaba me dijo: ‘Ya verás, es su nuevo juguete, no te van a soltar’”.

Al final de su custodia, se enteró de algo más: sólo tiene una pequeña mancha entre el pulgar y el índice, y no habría quedado marcada por el contacto directo con el producto, sino por transferencia. “El oficial de la policía judicial me dijo que el producto tiene un tiempo de secado de cinco minutos, así que en ese tiempo habría estado en contacto con alguien o algo”, explica.

“Han privado de libertad a dos personas durante 24 horas porque les pusieron una luz y tienen un ligero rastro en la mano, es inquietante”, denuncia Chloé Chalot, abogada de Clément B.

Sobre el papel, los productos de marcado codificado parecen precisos y eficaces. La codificación hace que cada marcaje sea único. Ya se utilizan contra el robo y la falsificación, en objetos valiosos, o para rociar a un ladrón durante un allanamiento, por ejemplo.

Como cada disparo está codificado de forma diferente, debería ser posible establecer que un manifestante concreto fue marcado en un momento y lugar determinados. “La idea es marcar a distancia a individuos que cometen delitos cuando no se les puede detener inmediatamente […] La trazabilidad permitiría identificar mejor a los autores de alteraciones del orden público y de infracciones”, explicó Béatrice Brugère, secretaria general del sindicato de magistrados Unité magistrats FO, a la comisión de investigación sobre el mantenimiento del orden en 2020.

Esto permitiría eludir las estrategias de los “alborotadores” para escapar de la policía “encapuchada y con guantes”, señaló el Ministro del Interior, Gérald Darmanin, en RTL el 29 de marzo.

Una precisión cuestionada

La eficacia de esta herramienta reside en su precisión. “Nos dijeron que la persona objetivo era la persona afectada”, afirma Coline Bouillon, abogada de Anti. Sin embargo, esta precisión es cuestionada por la propia gendarmería: “En una manifestación, una persona puede haber sido marcada por ADN químico [los marcadores pueden ser ADN sintético] sin que se le acuse de nada. En efecto, participar en una manifestación no es ilegal, es una libertad fundamental”, declaró a la misma comisión de investigación el director general de la gendarmería nacional, general Christian Rodriguez.

El caso de Sainte-Soline también plantea cuestiones específicas: ¿cómo es posible que sólo se detuviera a dos personas, con rastros tan pequeños, cuando el producto puede penetrar en la ropa y muchos manifestantes pueden haber sido marcados? “Sin embargo, controlaron a mucha gente”, afirma la abogada Chloé Chalot.

Estas limitaciones explican quizás por qué el desarrollo de esta arma no ha sido tan rápido como se esperaba. Su uso había sido anunciado como inminente en marzo de 2019 por Édouard Philippe en el momento de las protestas de los chalecos amarillos. Después, ninguna noticia más hasta… agosto de 2021, dos años y medio más tarde.

En respuesta a un parlamentario, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, nos informó de que “en forma de spray, se siguen probando productos de marcaje codificado […] en el marco del mantenimiento del orden, con el fin de caracterizar hasta 10 metros la participación de individuos en acciones violentas […] También se sigue con interés la utilización de lanzadores de tipo paintball”.

Silencio jurídico

En marzo de este año varios fotógrafos detectaron una primera utilización en una manifestación, en Sainte-Soline, ya, contra los embalses. Más concretamente, observó en varias fotos a gendarmes utilizando un lanzapistolas amarillo.

“Un color que demuestra que aún estaba en fase experimental”, dice Ian B. Esta vez, para el evento de marzo, el lanzador era negro. “Esto significaría que ha superado la fase de certificación”, supone.

El uso de estos marcadores en Sainte-Soline se mantiene en silencio, incluso en los dos informes sobre las operaciones del 25 de marzo, tanto el de la prefectura de Deux-Sèvres como el de la gendarmería, que sin embargo hace un inventario de las armas utilizadas in situ.

La discreción está a la orden del día, incluso en el plano jurídico. “No conocemos el marco jurídico de la utilización de esta arma”, deplora la abogada Chloé Chalot. “No hemos encontrado ningún decreto, ningún reglamento, que indique cómo se puede utilizar”.

Sin embargo, para los manifestantes de Sainte-Soline, el riesgo sigue ahí. Según los gendarmes, el producto permanece en la piel varias semanas. Para encontrar a otras personas marcadas, “¿van a intentar citarlas o presentarse a las seis de la mañana en sus domicilios para detenerlas? Eso sería otra grave violación de las libertades individuales”.

—https://reporterre.net/Sainte-Soline-les-autorites-pistent-les-manifestants-grace-a-un-produit-invisible

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Comunicado de los padres del manifestante francés que ha quedado en coma

Nuestro hijo Serge [Duteuil-Graziani] se encuentra actualmente hospitalizado con un “pronóstico vital comprometido”, tras la lesión causada por una granada GM2L, durante la manifestación del 25 de marzo de 2023 organizada en Sainte-Soline contra el proyecto de construir un embalse para el riego.

Presentamos una denuncia por tentativa de homicidio, obstruyendo intencionadamente la llegada de ayuda; y por violación del secreto profesional en el marco de una investigación policial, y sustracción de información contenida en un expediente en su contra.

A raíz de los diversos artículos aparecidos en la prensa, muchos de los cuales son inexactos o engañosos, queremos hacer saber que:

  • Sí, Serge [Duteuil-Graziani] está en el archivo “S”, como miles de militantes en Francia hoy (*).

  • Sí, Serge [Duteuil-Graziani] tuvo problemas legales, como la mayoría de las personas que luchan contra el orden establecido.

– Sí, Serge [Duteuil-Graziani] ha participado en muchas manifestaciones anticapitalistas, como millones de jóvenes en todo el mundo que piensan que una buena revolución no sería demasiado, y como los millones de trabajadores que actualmente luchan contra la reforma de las pensiones en Francia.

Consideramos que estos no son en modo alguno actos criminales que difamarían a nuestro hijo, sino que, por el contrario, están todos en su haber.

Los padres de Serge Duteuil-Graziani, 29 de marzo de 2023

(*) El archivo S de la policía francesa se creó con el pretexto de identificar a los “terroristas” pero incluye a todo tipo de personas, incluídos menores de edad. Su nombre oficial es “Archivo de Personas Investigadas” y comprende a 620.000 personas.

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Comienzan los juicios contra los manifestantes franceses

Ayer un manifestante de 54 años fue condenado a 6 meses de prisión por herir a dos policías durante una concentración en los alrededores de la autopista A20, en Limoges. La acusación fue por “actos de violencia y rebelión”.

La detención tuvo lugar el jueves 23 de marzo, durante la novena jornada de movilizaciones contra los recortes de las pensiones.

La policía informó del incidente en un comunicado de prensa. Según ellos, al margen de la manifestación principal que avanzaba por el centro de la ciudad, un grupo de entre 300 y 400 personas abandonó el cortejo principal. Los manifestantes intentaron acceder a la autopista A20: “El grupo se encontró entonces con un cordón de seguridad formado por la policía de Limoges, que les prohibió acercarse a la autopista por razones obvias de seguridad”.

El comunicado de la policía describe una situación muy tensa: “Una lluvia de piedras, botellas y otros proyectiles cayó sobre los agentes de policía con su equipo de orden público”.

Los policías intentaron capturar a un individuo considerado especialmente virulento. Mientras lo sometían, otro hombre muy alto y corpulento entró en la pelea y golpeó a los policías por la espalda antes de agarrar a otro por el cuello.

Según la policía el manifestante era difícil de controlar y propinó una patada en la cara a otro policía. Finalmente resultó herido y fue trasladado al hospital para recibir tratamiento antes de ser puesto bajo custodia.

El manifestante, de 54 años, estaba en paro. Explicó que “estaba enfadado por su situación social y económica” y que reaccionó mal ante la detención de un joven.

Durante su declaración también admitió haber recogido 2 ó 3 botes de gas lacrimógeno del suelo y haberlos lanzado de nuevo contra la policía.

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Un manifestante francés se encuentra entre la vida y la muerte

Comunicado de prensa sobre la situación de S., que se encuentra entre la vida y la muerte tras la represión en Sainte-Soline:

El sábado 26 de marzo nuestro compañero S. fue alcanzado en la cabeza por una granada explosiva durante la manifestación contra los embalses. A pesar de su estado crítico, la prefectura impidió intencionadamente que los servicios de urgencias intervinieran en primer lugar y que le trasladaran a una unidad de cuidados adecuada en segundo lugar.

Actualmente se encuentra en reanimación neuroquirúrgica. Su pronóstico vital sigue estando comprometido.

El estallido de violencia represiva que sufrieron los manifestantes se saldó con centenares de heridos, varios de ellos con lesiones físicas graves, tal y como recogen los diversos informes disponibles. Los 30.000 manifestantes habían acudido con el objetivo de bloquear la construcción del megaembalse de Sainte-Soline, un proyecto que pretende monopolizar la gestión del agua en manos de una minoría que se beneficia de un sistema capitalista que no tiene nada más que defender salvo la muerte. La violencia del brazo armado del Estado democrático es la expresión más clara de esto.

En la etapa actual abierta por el movimiento contra la reforma de las pensiones, la policía mutila e intenta asesinar para impedir el levantamiento, y defender a la burguesía y su mundo. Pero nada debilitará nuestra determinación de poner fin a su dominio. El martes 28 de marzo y los días siguientes, reforcemos las huelgas y los bloqueos.

Salgamos a la calle, por S. y por todos los heridos y encarcelados de nuestros movimientos
Viva la revolución

Camaradas de S.

P.D.: Si tienes alguna información sobre las circunstancias en las que hirieron a S., ponte en contacto con nosotros en: s.informations@proton.me


Tras la concentración 7 manifestantes fueron atendidos por los servicios de emergencia, tres de ellos de urgencia absoluta: el hombre de 30 años al que se refiere el comunicado, que tiene una herida en la cabeza, cuyo pronóstico vital sigue siendo reservado; una mujer de 19 años con una herida en la cara y un hombre de 27 años con una fractura en el pie.

Según los organizadores, al menos 200 manifestantes resultaron heridos, 40 de ellos de gravedad, durante los violentos enfrentamientos que estallaron en los alrededores del embalse de Sainte-Soline.

El sábado el fiscal abrió una investigación para determinar las circunstancias de las lesiones. El balance de la fiscalía sólo incluye a las personas que fueron atendidas por los servicios de emergencia.

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Alemania criminaliza al movimiento por la paz en Ucrania

El pasado 22 de junio el movimiento pacifista alemán convocó un mitin en Berlín por el aniversario de la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941. Entre otros, tomó la palabra Heinrich Bücker para pedir que Alemania mantuviera buenas relaciones con Rusia.

En plena Guerra de Ucrania, no era el mejor momento para ese tipo de reivindicaciones. Un tribunal le ha condenado por “aprobar el crimen de invasión de Rusia”.

Ningún alemán tuvo nunca que sentarse en el banquillo de los acusados por aprobar las invasiones estadounidenses de Vietnam, Irak o Afganistán, y mucho menos el bombardeo de Serbia en 1999, en el que el gobierno alemán participó con entusiasmo.

El 25 de febrero 50.000 personas se congregaron otra vez en Berlín en el “Levantamiento por la paz” (Aufstand für Frieden), convocado por iniciativa de dos mujeres, la antigua dirigente del partido Die Linke Sara Wagenknecht y la veterana escritora y editora feminista Alice Schwartzer.

Más de medio millón de personas firmaron el “Manifiesto por la Paz” pidiendo al Canciller Scholz que detenga las entregas de armas a Ucrania, trabaje por un alto el fuego e inicie negociaciones entre ambas partes. Los organizadores pidieron la reconstrucción del movimiento alemán por la paz, siguiendo el modelo del movimiento antinuclear de los años ochenta.

Putin quiere restaurar la URSS (según dice la policía alemana)

Según la policía, “la seguridad pública estaba en peligro inminente” a causa de la manifestación. “La aprobación de la guerra de agresión contra el derecho internacional, que la Federación Rusa está llevando a cabo actualmente contra Ucrania” era un delito. Esa aprobación se puede expresar de muchas maneras, no sólo con palabras, sino también con signos y símbolos, en particular, la exhibición de la letra “Z” era delito.

Mientras los manifestantes se concentraban para iniciar la marcha, uno de los convocantes subió a la tribuna de oradores para leer una larga lista de prohibiciones policíales. Incluía numerosos símbolos o signos relacionados con la Unión Soviética, Rusia, Bielorrusia o el Donbas, y también canciones militares soviéticas. Estaba prohibido, en suma, el apoyo a Rusia en la guerra que estaba librando contra Ucrania.

La exhibición de la bandera de la URSS también era delito porque, según la policía, “la bandera de la URSS simboliza a una Rusia dentro de las fronteras de la antigua Unión Soviética”. Los expertos cren que ese es el objetivo de Putin que explica su ataque a Ucrania, añadía la advertencia de la policía alemana.

Luego se excusaba de una manera tópica e hipócrita: la policía alemana no pretende impedir el derecho de manifestación, sino sólo “la forma en la que se lleva a cabo”, porque puede transmitir violencia, herir la sensibilidad del ciudadano medio e incluso sus “opiniones éticas”.

Las manifestaciones prudentes no sirven para nada

Al final, la policía no intervino, ni tampoco hubo detenciones. No hizo falta. La mayoría de las banderas representaban a la paloma de la paz y los oradores tuvieron que morderse la lengua para evitar referencias a las provocaciones de Estados Unidos y la OTAN que han conducido a la Guerra de Ucrania.

Sólo Jeffrey Sachs se atrevió a ello. Aludió al Golpe de Estado de 2014, el armamento estadounidense a Ucrania, la oposición de Estados Unidos a las negociaciones de paz, la voladura de los gasoductos Nord Stream por Estados Unidos y otros hechos susceptibles de herir la sensibilidad del “ciudadano medio”.

Pero no había ninguna posibilidad de que la policía detuviera a Sachs, que en ese momento se encontraba fuera de Alemania y hablaba por videoconferencia.

En fin, el acto no podía haber sido más correcto. Pero cuando un movimiento retrocede el primero paso, luego llegan todos los demás, porque la voracidad represiva no conoce límites. Los periodistas se lanzaron a degüello contra los convocantes.

Un periodista calificó a Wagenknecht como la enemiga más influyente de Alemania. “Es la personificación de lo que los funcionarios de inteligencia llevan años advirtiendo: la difuminación de los límites entre los márgenes políticos y los extremos” (*).

En Alemania hablar de “extremos” es convocar a la persecución policial. La antigua dirigente de Die Linke no solo es enemiga de Alemania sino de la democracia, un calificativo que pronto se va a convertir en la piedra de toque de la represión.

Cuando los periodistas alemanes hablan de que los márgenes políticos se “difuminan”, se refieren a la confusión entre “unos y otros”, la extrema derecha y la extrema izquierda. Ambos son iguales.

Es una construcción ideológica que ya se llevó a cabo en la pendemia. Como ya explicamos en una entrada, en Alemania a los que sostuvieron un pensamiento crítico, alternativo, los llamaron “Querdenker”, una expresión que fue asumida por el propio movimiento, que abrió una página web con esa denominación, que no es fácil de interpretar.

Hoy la expresión ha hecho fortuna y la utilizan los políticos, los periodistas e incluso el Tribunal Constitucional para la Guerrra de Ucrania: quien sostiene un criterio diferente del oficial (equiparado a mayoritario) es un “extremista” y da lo mismo que lo sea de un costado (izquierda) que del otro (derecha). Ese tipo de opiniones no forman parte de las luchas políticas sino de la delincuencia común.

Durante la pandemia los negacionistas eran fascistas y los antivacunas también. Así opera la coartada que están elaborando policías y periodistas, en colaboración con académicos y universitarios. En lo que a la izquierda domesticada concierne, la única opción válida es el reformismo, que sólo se mantiene alarmando a sus votantes con los mil y un peligros de la “extrema derecha” para esconder que el peligro son ellos mismos.

La cacería ya empezado y, como suele ocurrir, los más ingenuos creen que no va con ellos. El mes pasado, la ministra de Interior, Nancy Faeser, presentó una nueva ley que permite despedir de la función pública a los “enemigos de la Constitución” mediante un simple acto administrativo. “No permitiremos que nuestro Estado constitucional democrático sea saboteado desde dentro por extremistas”, declaró Faeser.

Eso ya lo hizo Alemania en la posguerra, aunque entonces no se hablaba de “extremistas” sino de “comunistas”.

(*) https://www.rnd.de/politik/warum-sahra-wagenknecht-eine-gefahr-fuer-die-demokratie-in-deutschland-ist-X6HYR7QBSNBEXOUXFOLYDU63TI.html