Como si estuviéramos leyendo un cuento de hadas para críos, o viendo una película de dibujos animados, nos encontramos ante una pandilla de demócratas que están alarmados, dicen, por el motivo de un espionaje por medio de una aplicación informática dentro de sus teléfonos.
Claman al cielo algunas señorías, diciendo que se está vulnerando el estado de derecho, que se debe crear una comisión de investigación parlamentaria, que se tienen que pedir responsabilidades, que… y después de unas declaraciones con mucho deleite y poco provecho, sentados en sus sillas parlamentarias, cobrando cada mes un buen sueldo, esperan que el temporal esparza y sin más consideraciones que las derivadas de la sacrosanta Constitución y los famosos derechos escritos en ella, esperan que el agua vuelva a su cauce.
Y los llamados “activistas sociales”, nombre estrafalario si hay que definirlo de alguna manera, también se desgarran las vestiduras porque los han espiado.
Es auténticamente pueril pensar que el Estado no hará uso de todos sus instrumentos, tanto legales como ilegales para saber que dicen y hacen sus amigos y enemigos, pues una de las premisas para mantener el estatus de poder es disponer de los más mínimos detalles de las personas que de una forma u otro pueden ayudar a mantenerlo. Y si en algún momento se desvela lo que hacen los servicios secretos, es debido a que otros intereses contrapuestos en esta lucha por el poder, abren la caja de Pandora y esparcen unas pequeñas migajas para tener entretenido al personal televidente.
Es una competencia asignada a los servicios secretos espiar, controlar, seguir, chantajear, amenazar y si conviene matar. Aquí y en cualquier lugar del mundo. Y si esto no lo tienen en cuenta las persones u organizaciones que dicen querer cambiar el estado de las cosas, pero hacen el mismo papel que los pavos cuando se acerca la Navidad. Enchufados permanentemente al móvil, explicando venturas, aventuras y desventuras, almacenando centenares de datos de otras personas, teléfonos, correos, etc., no hacen sino facilitar el trabajo de los servicios secretos.
Una de las premisas básicas, de cualquiera que pretenda formar parte de una organización más o menos enfrentada con el poder establecido es la discrecionalidad, es tener cuidado que nadie pueda saber lo que se tiene entre manos, es lo que años atrás se llamaba “vigilancia revolucionaria” que gracias a la cual los sistemas represores no pudieron realizar más estragos.
Pero, parece ser que se ha puesto toda la fe en un catecismo llamado Estado de Derecho, y que los administradores de turno de este Estado se deben a los ciudadanos. Bien es verdad que desde la escuela ya se llenan las cabezas con estas mentiras y después las armas de destrucción informativa van haciendo el resto.
Carlos Barrachina, en una impresionante investigación sobre el papel de los militares en la transición española (1), hace un análisis exhaustivo sobre los servicios secretos españoles, desde el CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional), posteriormente el SECED (Servicio Central de Documentación) dedicado a controlar la “subversión interna”, el CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) y después CNI (Centro nacional de Inteligencia).
El SECED nace a partir del movimientos estudiantil de 1968, y organiza un servicio de información dentro de las universidades (posteriormente recibe el nombre de “Organización Contrasubversiva Nacional” (OCN) que inicialmente disponía de unos cinco mil colaboradores en doce delegaciones regionales, y que a partir de 1972 intensifica las relaciones, -al mismo tiempo que espía y controla-, con grupos políticos clandestinos, grupos económicos y sociales y con todo tipos de personas que con el paso de los años serían los que conformarían la nueva clase política.
Nos habla del archivo Jano (por el nombre del dios romano de las dos caras), en el cual bajo la cobertura de defensa contra la subversión y el terrorismo, tenía espiados, archivados, controlados con pelos y señales, no a supuestos terroristas, sino a empresarios, políticos, sindicalistas, clérigos, profesionales, etc., que una vez conocidas sus virtudes y debilidades, serían necesarios para una tranquila transición mediante la operación “Promesa”. Asimismo, por medio de la operación “Lucero” los servicios secretos prepararon con tiempo la muerte de Franco. Y por medio de la operación “Alborada” movieron todos los resortes para organizar la coronación del Rey. Como también organizaron la vuelta de Tarradellas, así como en su momento ayudaron a organizar el golpe de estado interno del PSOE en su XXVI Congreso realizado en Suresnes (Francia) en octubre de 1974.
Según el general Peñaranda, organizador de este archivo, la filosofía no era controlar la gente “peligrosa”, sino todo lo contrario, la prueba es que de unas ocho mil fichas de personas, tan solo unas doscientas eran calificadas como de “no deseables”. El objetivo era saber más que nadie de las personas que podían tener la posibilidad de ocupar algún cargo en el futuro.
El control y espionaje sobre las personas es más viejo que andar descalzo y los servicios secretos españoles no son diferentes de cualquier otro, y también como cualquier otro, está en riesgo de que algunas migajas de sus actividades se hagan públicas como ocurrió el 12 de Junio de 1995 cuando el diario El Mundo publicaba a primera página: “El CESID lleva más de 10 años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas”.
Aquella información supuso la dimisión del Vicepresidente del Gobierno, Narciso Serra, del Ministro de Defensa, Julián García Vargas y del director del CESID, Emilio Alonso Manglano. Y se inició una etapa de reorganización de los servicios secretos que culminó con la aprobación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional del Inteligencia (CNI) (2).
El 23 de mayo de 1984 el CESID creó el proyecto “Gabinete de Escuchas” que recogía la forma de “pinchar” los teléfonos móviles por medio del “Centro de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico”. La declaración ante la fiscalía del director del CESID Emilio Alonso Manglano en fecha 19 de junio de 1995, dice así: “En 1984 se adquirió un equipo profesional que podía cubrir el 30% del área de Madrid. Este sistema estaba compuesto por un receptor de la marca Rohde Schwarz capaz de recibir emisiones entre 20 y 500 MHz. Dicho receptor se completaba con una grabadora para obtener registros de las emisiones detectadas”.
Y en el mes de septiembre de 1995, el diario El Mundo publicaba documentos que relacionaban el Gobierno con la guerra sucia contra lo que denominaban terrorismo. Entre estos documentos estaba el acta fundacional de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y la afirmación del conocimiento que tenía desde 1983 el CESID así como habían informado de ello a Felipe González.
Todo ello acabó con un arresto de cuatro meses para el coronel Juan Alberto Perote, y aquí paz y allá gloria (3).
Han pasado los años y parece una antigüedad de museo las cámaras fotográficas, los micrófonos escondidos, las antenas y las cintas magnetofónicas, pues ahora los instrumentos utilizados son mucho más sofisticados, vía satélite, dotados de algoritmos, de reconocimientos de voz, de cara, de ubicación, de escucha permanente…, y para hacerlo funcionar centenares o miles de especialistas informáticos reclutados en todas las universidades.
Pero da la impresión que el estado mental mayoritario no es consciente que vivimos efectivamente en una parodia del Mundo Feliz de Huxley y que una obsesión de la clase y casta dominante es obtener el control total y permanente de la población para recoger en cada momento inquietudes, desalientos, euforias, enfados, desafecciones, obediencias… y poder actuar en consonancia, al tiempo que se imparten las órdenes oportunas en los espacios propagandísticos escritos y audiovisuales para modular comportamientos y maneras de pensar.
Así pues, no es ninguna novedad que los servicios secretos espíen a quién crean conveniente. Es su función. De lo que se trata es de no facilitarles la tarea por parte de aquellas personas que dicen querer pensar en otra manera de vivir y otro tipo de sociedad.
Pero es todavía más preocupante que “amplios sectores sociales” a todos niveles imploren que se pongan cámaras de reconocimiento en las calles, en las escuelas, en los mercados, en los espacios deportivos, de ocio… para “nuestra seguridad”. Así pues no hay que lamentarse de lo que hacen los servicios secretos, puesto que pronto mucha gente, como ha pasado durante la proclamada pandemia que se convirtieron en “policías de balcón” denunciando al vecino o vecina que salía a la calle, ahora harán de espías para velar quién echa la basura al contenedor equivocado, son los aprendices sin sueldo de los servicios secretos españoles.
Tenemos que pensar una utopía si no queremos vivir una distopía.
(1) Carlos Barrachina, El regreso a los cuarteles: militares y cambio político en España 1976-1981
(2) Antonio Díaz Fernández. Universidad de Burgos. El servicio de inteligencia español a la luz de la teoría de la organización https://www.resdal.org/producciones-miembros/art-diaz-05.pdf
(3) https://www.elmundo.es/espana/2017/05/10/59119d72268e3e85668b459d.html
