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Autor: Juan Manuel Olarieta (página 17 de 60)

El exceso de mortalidad en España durante la pandemia

Por alguna extraña razón, quienes sustentan la doctrina oficial sobre la pandemia suponen que los críticos minusvaloramos su importancia, o quizá el sufrimiento de los enfermos, o sus familiares, o los trabajadores sanitarios. Es muy común decirnos que si hubiéramos tenido alguna víctima cercana cambiaríamos de opinión.

Incluso hay quien se molesta cuando escucha que los fallecidos no lo han sido por un misterioso “covid” sino por cualquier otra razón.

Este tipo de interlocutores han asumido un punto de vista emocional sobre la pandemia, fundamentado sobre el miedo, y no es sencillo introducir algún argumento racional, sobre todo si se trata de cifras.

No obstante, hay que intentarlo, y creo que habrá un acuerdo bastante amplio si afirmo que en una pandemia deben concurrir al menos dos circunstancias: debe existir un exceso de mortalidad y se debe poder imputar el mismo a una enfermedad, catalogada como contagiosa.

Un planteamiento así deja de lado varios aspectos capitales, con los que podría llenarse un extenso tratado. El primero es que los gobiernos han mentido sistemáticamente sobre todos y cada uno de los aspectos de la pandemia, incluida la cifra de muertes, por lo que no queda otra que recurrir a un concepto indirecto como el “exceso de mortalidad”.

El segundo es que esta pandemia es un fenómeno internacional. El tercero es que involucra aspectos capitales que desbordan a la sanidad, incluida la sanidad pública. El cuarto es comprobar si las medidas represivas aprobadas han tenido por objeto contener un contagio realmente y, en caso afirmativo, si han sido proporcionales al problema que trataban de solucionar.

En cuanto a este punto es necesario tener en cuenta que estamos asistiendo a la más brutal intervención del Estado sobre la sociedad que ha conocido la historia, por lo que el problema sanitario ha tenido que ser de unas dimensiones muy importantes. Si no es así, es porque dicha intervención ha tenido otros objetivos diferentes de los sanitarios.

El primer interrogante deja lugar a pocas dudas, a mi juicio: el año pasado en España hubo un importante exceso de mortalidad, superior al que indican las cifras oficiales y que no van a estar lejos de los 80.000 fallecidos. En los cinco años previos a la pandemia, en España murieron 420.000 personas anualmente, como promedio, y es posible que el año pasado llegaran al medio millón. En términos relativos la mortalidad ha crecido, pues, un 19 por ciento.

Son cifras muy elevadas y, sin embargo, no son las mayores que se han conocido en la historia. Desde luego que son inferiores a la epidemia de “gripe española” de hace cien años, cuando el número de fallecidos se multiplicó por cuatro respecto a los años anteriores.

Podemos continuar exponiendo cifras parecidas para realizar comparaciones, más o menos gráficas. Por ejemplo, han muerto y siguen muriendo más enfermos por dolencias que no tienen que ver con la pandemia y, sin embargo, nunca han merecido una atención pública proporcional. Cualquier clase de comparaciones que podamos imaginar ponen de manifiesto que la pandemia no ha sido un fenómeno sanitario extraordinario y que lo único realmente extraordinario han sido las medidas políticas aprobadas.

El aspecto fundamental de la pandemia es, no obstante, averiguar las causas de los fallecimientos, otro aspecto en el cual las versiones oficiales son falsas. Fueron apuntadas por la revista The Lancet y se resumen en que no todo el exceso de mortalidad habido durante la pandemia se puede atribuir a una única enfermedad. En otras palabras, no todos han muerto por la misma enfermedad y, además, esa enfermedad no es única para cada uno de los muertos, es decir, que la inmensa mayoría de ellos fallecieron por efecto de varias comorbilidades anteriores a la pandemia.

El que no entienda esto nunca entenderá nada, ni de esta pandemia ni de ninguna otra, pasada o futura.

A partir de ahí se pueden ir poniendo encima de la mesa otros aspectos, que también son importantes y de los que voy a destacar algunos.

En primer lugar, con la pandemia no ha aparecido ninguna enfermedad nueva que la medicina no conociera y no fuera capaz de tratar. Como en otras pandemias anteriores, el llamado “covid” es un refrito de enfermedades ya conocidas, que se han agrupado bajo una misma denominación y a las que se les ha cambiado el nombre previo que tenían.

En segundo lugar, a falta de autopsias, el exceso de mortalidad no es suficiente por sí mismo para averiguar las causas de los 80.000 fallecimientos y en el futuro habrá que desglosar dicho exceso por tramos de edad, de tiempo y de lugar porque —insisto— la pandemia no es ese fenómeno uniforme que nos quieren hacer creer.

Por ejemplo, durante la pandemia también ha existido un exceso de mortalidad entre las personas dependientes, con una cifra escalofriante de 55.000 muertos. Pero la causa de estas muertes no ha sido ninguna enfermedad, sino el abandono o, si se prefiere, el aislamiento impuesto por el estado de alarma.

Cuando la histeria haya pasado, se demostrará en qué sectores sociales  ha concurrido el exceso de mortalidad, aunque algunos datos ya son suficientemente conocidos, como la avanzada edad de los fallecidos, especialmente en las primeras fases de la pandemia, cuando en España la edad media de los muertos alcanzó los 84 años, uno por encima de la esperanza de vida.

El factor principal que explica el exceso de 80.000 muertes ha sido, pues, el confinamiento, un caso evidente en el que se cumple el principio de que “es peor el remedio que la enfermedad”. En España y en otros países, el confinamiento no se se impone en marzo del año pasado porque haya ningún exceso de mortalidad, sino al revés: dicho exceso es posterior al confinamiento.

Otro ejemplo es El Salvador, que al principio fue puesto como modelo de comportamiento de un gobierno ante la pandemia. Se impuso un confinamiento estricto, con el ejército, la policía y las maras cuidando de que nadie saliera a la calle cuando no había ni un muerto ni contagiado. Los muertos llegaron después.

Entre otras muchas cosas, el confinamiento ha supuesto un “cierre sanitario” que ha desatendido a los enfermos habituales, como los crónicos. Los estragos de esta política no sólo se han manifestaron a lo largo del año pasado, sino que se seguirán comprobando en el futuro.

De ese “cierre” forma parte el colapso hospitalario, cuyo origen no está en el aumento de la carga de trabajo o en los numerosos “casos” aparecidos, sino en los recortes presupuestarios, el cierre de instalaciones, la falta de contrataciones de trabajadores sanitarios y el enorme número de bajas laborales causado por la ola de histerismo, que se triplicaron el año pasado respecto a los anteriores.

Los diré con otras palabras: con la pandemia no hado creció la carga de trabajo hospitalario sino que la misma se repartió entre menos trabajadores.

En suma, el exceso de mortalidad tiene el mismo origen que la pandemia: no es un asunto sanitario sino político y, más en concreto, en España, es responsabilidad del gobierno del PSOE y Podemos y los demás partidos que le han seguido el juego en cada una de las comunidades autónomas.

Es lógico que los medios de comunicación lancen tantas cortinas de humo para tapar ese tipo de responsabilidades y, sobre todo, que el estado de alarma no ha sido la causa del exceso de mortalidad sino todo lo contrario: ha evitado que aumentaran más aún, como se empeña en decir Pedro Sánchez.

El imperialismo ‘verde’ ya está aquí

El 27 de enero Biden aprobó un “Decreto ejecutivo para afrontar la crisis climática en el país y en el extranjero”. Su gobierno pretende “situar la crisis climática en el centro de la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El decreto convierte las emisiones de CO2 en cualquier parte del mundo en una cuestión de seguridad nacional de Estados Unidos. La próxima Estimación Nacional de Inteligencia proporciona la base para que el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos imponga sus políticas climáticas a escala mundial.

Cualquier construcción de una nueva autopista, oleoducto, fábrica o central eléctrica en un país en desarrollo que suponga un aumento de las emisiones de CO2 podría considerarse como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Entonces el gobierno estadounidense queda autorizado a intervenir, o incluso obligado a detener esos proyectos. El imperialismo “verde” se convierte así en un deber del gobierno estadounidense. Merece la pena tener en cuenta la magnitud de las intervenciones y los conflictos que pueden surgir.

Como dijo Obama, Estados Unidos tiene una serie de herramientas a su disposición para imponer sus objetivos climáticos al mundo. Biden ya está hablando del uso de aranceles, impuestos o cuotas sobre los productos intensivos en carbono de los países que no cumplen con sus obligaciones climáticas y medioambientales.

El clima proporcionará a Estados Unidos una excusa para perseguir los objetivos proteccionistas iniciados por Trump con otros pretextos. Como dijo Biden durante su campaña, “no se permitirá que los países que no cumplan con sus responsabilidades climáticas erosionen el progreso mundial con productos de carbono sucios y baratos”. El boicot a los “productos de carbono sucios” es, pues, una forma de “proteger los empleos estadounidenses”.

Los objetivos climáticos justifican ampliamente todas las formas de intervención en la política interna de los países, incluso mediante el apoyo a determinados partidos, movimientos sociales y ONG seudoecologistas.

En nombre de la salvación del planeta, Estados Unidos considera que tiene derecho a dictar a otros países las instalaciones industriales e infraestructuras que pueden o no pueden financiar y construir.

El objetivo es China, una vez más

El decreto ordena a los secretarios de Estado, del Tesoro y de Energía, y a los directores de otros organismos públicos, en consulta con el asistente del presidente para asuntos de seguridad nacional, “identificar medidas mediante las cuales Estados Unidos pueda promover el fin de la financiación internacional de la energía de los combustibles convencionales con alto contenido de carbono”.

China es el objetivo número uno de su política exterior centrada en el clima porque tiene previsto desarrollar más de 250 gigavatios (GW) de energía de carbón, con 97 GW ya en construcción. Este total de 250 GW equivale aproximadamente a toda la capacidad energética de carbón de Estados Unidos, que Biden se ha comprometido a cerrar.

En la campaña electoral, Biden dijo: “Dirigiré un esfuerzo diplomático para conseguir que cada nación vaya más allá de su compromiso original” para reducir las emisiones de CO2. “Esto es especialmente cierto en el caso de China, que es con diferencia el mayor emisor de carbono del mundo. No sólo nos aseguraremos de que sus líderes reduzcan la producción de carbono en casa, en su país, sino que nos aseguraremos de que dejen de financiar miles de millones de dólares en proyectos de combustibles convencionales sucios en toda Asia”.

Muchos de los proyectos patrocinados por China en el marco de su iniciativa “Belt and Road” implican la construcción de centrales eléctricas e infraestructuras con combustibles convencionales.

Los bancos chinos son la principal fuente de financiación de las centrales eléctricas de carbón en todo el mundo. Las finanzas y empresas chinas participan en al menos 240 proyectos de carbón en países del Tercer Mundo, entre ellos en Vietnam, Bangladesh, Pakistán, Kenia, Ghana, Malawi, Zimbabue, Egipto, Tanzania y Zambia.

Mantener el subdesarrollo del Tercer Mundo

Los países en desarrollo necesitan energía y están desarrollando su infraestructura de combustibles convencionales. La construcción de oleoductos y gasoductos es una clara muestra de ello. India tiene más de 21.000 kilómetros de oleoductos previstos o en construcción, los países africanos tienen más de 33.000 kilómetros y América Latina más de 13.000 kilómetros. La longitud total de los oleoductos y gasoductos previstos o en construcción en la región de Asia-Pacífico (incluida China) duplica la longitud del ecuador de la Tierra.

Los oleoductos y gasoductos han desempeñado durante mucho tiempo un papel en las tensiones entre Estados Unidos y Rusia (y antes, la Unión Soviética). El más importante, por supuesto, es el proyecto North Stream 2 que conecta Rusia y Alemania, que Trump y ahora Biden se han comprometido a detener.

Rusia es otro de los grandes perdedores en la reducción de las emisiones de CO2 de sus clientes de petróleo y gas. Los combustibles convencionales representan el 60 por ciento de los ingresos de exportación de Rusia y cerca del 30 por ciento de su PIB.

Al asumir el papel de “ejecutor» de la política climática, Estados Unidos entrará en conflicto con los intereses de muchos países. Casi todos los países de Oriente Medio dependen de las exportaciones de petróleo.

Otros países que dependen de los combustibles convencionales para obtener más del 50 por ciento de sus ingresos de exportación son Angola, Argelia, Azerbaiyán, Brunei, Colombia, la República del Congo, Gabón, Nigeria, Sudán, Turkmenistán y Venezuela.

Muchos países en desarrollo obtienen importantes ingresos de la exportación de combustibles convencionales y muchos tienen reservas de combustibles convencionales que se consideran parte de su riqueza nacional.

Estados Unidos intenta detener estos proyectos en nombre del clima. Trata de obligar al Tercer Mundo a renunciar a billones de dólares de infraestructuras de combustibles convencionales en funcionamiento y, al mismo tiempo, a pagar una tasa por nuevas infraestructuras. En definitiva, trata de mantener a buena parte del mundo en un estado de dependencia, a merced de la caridad y las subvenciones de las grandes potencias.

Más información:

El imperialismo verde, El Otro País, 3 de noviembre de 2010

El nuevo negocio de la ‘medicina a distancia’

La mayor parte del exceso de mortalidad habido durante la pandemia ha sido consecuencia del confinamiento. No sólo han matado a los ancianos en los asilos, sino también a los convalecientes en sus domicilios. Se trataba de enfermos crónicos abandonados a su suerte.

El reguero de cadáveres ha abierto un nuevo filón de negocios: la “medicina a distancia”, que extrae beneficios del seguimiento remoto de los enfermos mediante plataformas que gestionan sus datos médicos de forma continua. Ya tiene nombre: lo llaman RPM (“Remote Patient Monitoring”). La nueva “atención médica” es como Amazon comparado con las viejas tiendas de ultramarinos.

La medicina, que siempre ha sido un gasto, ahora se convierte en una inversión lucrativa. A principios del año pasado apareció Medwand en el mercado, un equipo de artilugios médicos conectados para la teleconsulta. Luego le tocó el turno a 100Plus, una nueva empresa emergente dedicada a la “medicina a distancia” que, menos “medicina”, se puede llamar de cualquier manera. Es el primer paso para acabar con la atención médica tal y como se ha practicado desde siempre, la medicina de verdad, la única que existe.

Comienza la era de la “medicina virtual”. En lugar de llevar a los enfermos al médico, se lleva el “médico” a la vivienda. El domicilio de un enfermo se convierte en una clínica con un tensiómetro, un saturómetro para medir los niveles de oxígeno, una báscula, un termómetro o un medidor de azúcar en sangre. Los objetos conectados están programados para informar, mediante herramientas de “inteligencia artificial”, al enfermo y al médico cuando los indicadores superan un cierto rango.

100Plus acaba de ser valorada en 150 millones. Su fundador es un antiguo empresario del mercado de historiales médicos informatizados, aunque su inversor más conocido es el doctor Oz, una estrella de la televisión médica estadounidense. El “show” está por todas partes y el negocio también. La “nueva medicina” ha pasado de las revistas especializadas a las de economía, bolsas y finanzas.

En Estados Unidos los enfermos crónicos generan más del 95 por ciento de los costes de la principal aseguradora pública, Medicare. En 2019 el gobierno decidió reembolsar los servicios de seguimiento a distancia, así como a los médicos que revisan las transmisiones. El asegurado de Medicare no paga nada. Como las condiciones para beneficiarse de la atención se han ampliado desde la pandemia, el mercado se estima en 30.000 millones de dólares.

Medicare paga entre 700 y 2.100 dólares por paciente y año por los servicios de 100Plus, así como 615 dólares por paciente para cubrir los dispositivos médicos. De esta cantidad, la eempresa deduce el coste de sus propios servicios de los honorarios de los profesionales. Sin moverse, el médico gana 720 dólares al año por cada enfermo.

Después de 13 meses de actividad, 100Plus tiene 7 millones de dólares en ingresos y acceso a 100.000 profesionales a través de asociaciones de distribución con AthenaHealth, una aseguradora, AdvancedMd, una plataforma de gestión de consultas, y DrChrono, un suministrador de historiales médicos informatizados. Entre los clientes se encuentran las consultas médicas estadounidenses que son demasiado pequeñas para permitirse el seguimiento a distancia.

Consumiremos lo que ellos quieran que consumamos y votaremos a quien ellos quieran que votemos

La reestructuración del capital que la pandemia ha acelerado tiene distintos componentes, de los que ya he indicado algunos anteriormente. Pero hay otros, como la reconversión de la información privada de las personas en un nuevo mercado. Es un mecanismo de control social y, a la vez, un negocio privado. Es una forma de capitalismo monopolista de Estado, por lo que tiene un aspecto público, de represión política, y al mismo tiempo está impulsada por organismos internacionales, empezando por la ONU.

Desde el punto de vista del mercado, el objetivo es convertir a la humanidad en bases de datos que los fondos de inversión y las multinacionales puedan comercializar para crear nuevas fuentes de rentabilidad económica, para ellos mismos y para sus clientes, entre los que se encuentran instituciones públicas como el fisco, la policía o las aduanas.

No se trata sólo de traficar con los historiales médicos, que hasta ahora eran confidenciales. Tampoco de imponer un pasaporte sanitario que discrimine a las personas que quieran ejercer sus derechos. Realmente pretenden traficar con todos y cada uno de los seres humanos, empezando por tabular su código genético, que comenzó antes de la pandemia.

El fondo buitre Blackstone es un ejemplo: no sólo especula en la bolsa sino que es dueño de la mayor base de datos privada de ADN del planeta.

Hasta ahora sólo la fuerza de trabajo era un mercancía; ahora toda la humanidad está en venta. No sólo somos trabajadores, no sólo somos consumidores: también somos la mercancía. Es una liquidación pura y simple de los más elementales derechos de las personas, el fin de las conquistas logradas hace 200 años por las revoluciones burguesas. En aras a la dominación, la burguesía ha renegado de sí misma y de sus tradiciones.

En uno de sus libros la profesora de la Universidad de Harvard Shoshana Zuboff lo ha calificado como un “capitalismo de vigilancia” (1) en el que no sólo participan las empresas tecnológicas más conocidas, sino los fondos de inversión y las instituciones públicas.

“Las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley han dado un Golpe de Estado contra la humanidad”, dijo en una entrevista (2). La pandemia ha acelerado un proceso que ya estaba en marcha y lo ha implantado a escala internacional. El imperialismo recurre a los monopolios tecnológicos para sostener la hegemonía de Estados Unidos, que hace aguas por los cuatro costados.

En una reciente entrevista un profesor de la Universidad de Alberta, Andy Knight, que dirige una empresa de bases de datos financiada por el Fondo de Desarrollo de la Investigación de la Red Universitaria Mundial, sostuvo que la vacunación no debe tratarse como una cuestión puramente “nacional”, porque la seguridad mundial “ya no son amenazas militares, sino de amenazas sanitarias”, advirtiendo contra una “ruptura de la cooperación internacional”, que, según él, debería ser proporcionada por “una intersección entre los sectores público y privado”.

Hay quien reduce el negocio de las bases de datos a la comercialización de la información personal. También hay quien cree que se trata de algo más: de predecir el comportamiento de las personas. Pero, como dice Zuboff, este mercado emergente va más allá: es un proyecto de ingeniería social en el que la humanidad debe hacer aquello para lo que se la programe (3).

El capital aspira a modificar la conducta humana a gran escala, asegura Zuboff. Consumiremos lo que ellos quieran que consumamos y votaremos a quien ellos quieran que votemos. La pandemia ha demostrado que ya no se trata de planes y proyectos, sino que se han puesto en marcha con los confinamientos, los toques de queda, los bozales, la distancia seguridad y demás medidas aprobadas en el último año.

La vieja política del palo y la zanahoria se ha quedado muy desfasada. Hay ahora formas más poderosas de dominación política. Lo mismo que en el mercado siempre cabe una mercancía más, en la dominación siempre son posibles nuevas formas de apretar las tuercas. En el Código Penal siempre cabe inventar un nuevo delito. En la tortura siempre cabe propinar un nuevo golpe.

(1) The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, PublicAffairs, 2019
(2) https://www.xlsemanal.com/conocer/tecnologia/20210106/capitalismo-de-vigilancia-shoshana-zuboff-seguridad-datos-internet-redes-sociales.html
(3) https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/ZUBOFF/59443

Más información:
– La reestructuración de las fuerzas productivas aprovechando la pandemia
– Teletrabajo más dinero virtual: el capitalismo inicia el Gran Reajuste
– El teletrabajo es una contrarrevolución que convierte el hogar en una tortura
– El modelo del capitalismo pandémico: Amazon, teletrabajo y la tienda en casa
– Los fondos buitre se benefician del gran festín económico derivado del confinamiento

Las cartillas sanitarias son las nuevas minas de oro del capital

En un artículo anterior ya informamos de la carrera de las multinacionales por apoderarse de las cartillas de vacunación y de una organización llamada Commons Project, que tiene vínculos con los CDC y con operaciones encubiertas de espionaje en todo el mundo (1).

Uno de los fundadores de dicha organización es el doctor Bradley A. Perkins, que aparece en la foto de portada. Perkins dirigió la investigación de los CDC sobre los ataques con ántrax de 2001 como jefe de la unidad de patógenos especiales. Era uno de los principales expertos de los CDC en guerra biológica.

Después Perkins fue nombrado subdirector de la Oficina de Estrategia e Innovación de los CDC, y acabó dirigiendo la división, que tiene un presupuesto de 11.200 millones de dólares y más de 50 sucursales en todo el mundo. Perkins había ascendido en el escalafón tras supervisar en 1989 un equipo del Servicio de Inteligencia de Epidemias (EIS) de los CDC, una unidad especial creada originalmente para “atrapar a los comunistas si empezaban a propagar la peste en la península de Corea”.

Perkins era jefe de la unidad de bioterrorismo de los CDC cuando fue elegido, junto con cinco de sus colegas, para dirigir la investigación sobre el ántrax.

En ese momento estaba en la cima de su carrera, trabajando estrechamente con la entonces directora de los CDC, Julie Gerberding, con un presupuesto de 2.000 millones de dólares para responder al brote de gripe aviar H5N1.

Siempre fue uno de los personajes más influyentes en los planes de prevención de enfermedades de Estados Unidos. Luego le nombraron director médico de Human Longevity, una empresa de secuenciación de ADN fundada por Craig Venter, el primer científico que secuenció el genoma humano.

En 2017, justo antes de que dejara de ser director médico de Human Longevity, hizo una presentación bastante esclarecedora en una conferencia del Instituto Aspen, celebrada en la Universidad de Nueva York (2). La genómica era el próximo desafío de la medicina.

Como tantos otros, Perkins cree, además, que la genómica está estrechamente vinculada a la informática y a las bases de datos alojadas “en la nube”, así como a la inteligencia artificial. La automatización de la genómica está abaratando el coste de la secuenciación de los genomas. Por ejemplo, la plataforma bioinformática de Human Longevity está almacenada en los servidores en la nube de Amazon.

Naturalmente que la clave estuvo cuando Perkins habló de otro salto: el de una “asistencia sanitaria basada en el volumen a otra basada en el valor”. La genómica “dará lugar a avances significativos en los seguros de vida y de salud [así como] a avances significativos en la prestación de la asistencia sanitaria al alimentar una nueva generación de modelos de asistencia sanitaria y de salud”.

“Lo que estamos a punto de emprender”, dijo Perkins, consiste en “hackear el software de la vida”, la vieja utopía de la biología convertido en negocio. “Por primera vez, intentar comprender todas las instrucciones que nos construyen, nos hacen funcionar y nos reproducen como humanos”. En esta empresa hay unos más incautos que otros. Por ejemplo, el pionero de la genómica, Venter, “se sentó delante de un ordenador con la idea de que podía diseñar realmente un genoma, una secuencia de letras de ADN; producir ese genoma artificialmente; insertarlo en una membrana y empezar la vida desde cero”.

No hay palabras para calificar este tipo de imbecilidades que llevan 10 años proliferando y son propias de las seudociencias más ridículas y de los negocios más peligrosos, porque están tratando de rentabilizar sus tonteorías, en las que llevan mucho dinero invertido. Lo que quieren imponer es una “profunda alteración de nuestro formato actual para la práctica de la medicina”.

El punto de llegada de este cúmulo de imbecilidades de los expertos, como Venter y Perkins, es la transformación de la medicina en una sección de la informática: “La medicina pasará de ser una ciencia clínica apoyada en los datos a una ciencia de los datos apoyada por los clínicos”, dijo Perkins.

Igual que otras, esta maquinación se apoya en el negocio y la especulación bursátil. Los fondos buitre ya son uno de los mayores inversores en las empresas de biotecnología y transgénicos, y aguardan a que sus inversiones empiecen a llevarles retornos a los bolsillos. No sólo medicina es ya capitalismo a gran escala, sino también la agricultura, la ganadería y la alimentación. Es “probablemente la mayor empresa a gran escala jamás emprendida” de “traducir el lenguaje de la biología al lenguaje de la salud y la enfermedad en forma de código lineal de ADN”, dijo Perkins en su conferencia.

Las bases de datos médicas son las nuevas minas de oro. “El genoma aislado no es muy útil”, añadió Perkins. La genómica consiste esencialmente en “construir historias clínicas integradas” para poder correlacionar “datos clínicos de alta calidad” con la secuencia completa del genoma. “Estamos creando una gran base de datos”, admitió Perkins. Por eso es necesario acabar con el derecho al secreto profesional de los enfermos e imponer las cartillas biométricas.

(1) https://mpr21.info/la-carrera-de-las-multinacionales-por-apoderarse-de-las-cartillas-de-vacunacion/
(2) https://www.youtube.com/watch?v=3h0t5wgUdJk

‘La política hace a pequeña escala lo que la medicina hace a lo grande’

Uno de los errores más comunes en torno a la ciencia es la de aquellos que la reducen a su dimensión cognoscitiva y de ella sólo tienen en cuenta los conocimientos. La ciencia es un saber “neutral”, desprovisto de connotaciones ideológicas, políticas, religiosas, morales o filosóficas. Sus practicantes son personas de la misma factura: están por encima de las clases y de la lucha de clases. La conclusión evidente es que hay que dejar la ciencia en manos de los científicos. Si los demás queremos acertar en nuestras decisiones, debemos aceptar el consejo de los que saben, de los expertos

Pero, como dice un refrán, saber es poder y a la inversa. La burguesía supone que puede perpetuar su dominación transformando los problemas políticos en problemas técnicos, que eso asegura su gobernabilidad, hoy y en el futuro. Los políticos se entrometen en la ciencia tanto, por lo menos, como los científicos en la política. Lo reconoció el creador de la moderna teoría celular, el alemán Virchow con su equiparación entre la medicina y la política: “Die Politik ist weiter nichts, als die Medizin im Großen” (La política hace a pequeña escala lo que la medicina hace a lo grande).

La ciencia es una fuerza productiva y un instrumento de hegemonía política. Hoy en día ningún ejército es capaz de vencer sin los científicos. La ciencia (y la tecnología) han pasado a formar parte de la maquinaria militar y, por consiguiente, deben ser estudiados como tales, escribe Latour (1). Entre un 20 y un 30 por ciento de los científicos trabajan en proyectos militares, porcentaje que sube al 40 por ciento en Estados Unidos. El 70 por ciento de la inversión en ciencia se destina a la guerra. La militarización de la ciencia asegura una provisión de mano de obra a su imagen y semejanza: disciplinada y amaestrada. Ni en un cuartel de artillería ni en un observatorio astronómico caben las singularidades.

En la Segunda Guerra Mundial, el “Proyecto Manhattan” para fabricar la primera bomba atómica, selló el destino de la ciencia para el futuro. El Proyecto invirtió 2.000 millones de dólares de la época, empleando a 125.000 científicos en más de diez centros de investigación distintos bajo una misma dirección militar y política. La ciencia estadounidense -y por extensión la sometida a su influencia- nunca volvió a recuperarse de aquella faraónica movilización de recursos. Fue la primera organización civil puesta al servicio del ejército estadounidense. Nació la “big science”, las gigantescas industrias científicas.

Como consecuencia de esa situación, una parte cada vez más importante de lo que se considera como “ciencia” tiene poco que ver con ella y, en cualquier caso, tiene que ver también con intereses espurios, que la mayor parte de las veces son bastante turbios, empezando por el transplante de médula o la creación del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Cuando en la posguerra el propio Eisenhower denunció los peligros del complejo militar-industrial, también puso a la ciencia en el mismo punto de mira.

Eisenhower se refería a dos riesgos simultáneos que concernían a su propio país: primero, la sumisión de los científicos “con el poder del dinero” y, segundo, que la democracia se convierta en un rehén de los tecnócratas, de quienes pretenden acaparar para sí el monopolio del conocimiento y que los demás adapten a ellos sus decisiones (2).

Además de militarizada la ciencia está industrializada. A la ciencia como fuerza productiva, esto es, a la aplicación de la ciencia a la producción capitalista, hay que añadir la aplicación del capitalismo a la ciencia. La megaciencia necesita una movilización tal de recursos que sólo se puede lograr mediante una militarización de los medios puestos a su disposición, entre ellos, los propios científicos. El acelerador de partículas de Ginebra reúne a unos 8.000 físicos cuyas condiciones de trabajo son las de cualquier cadena de montaje. La EMBO (Organización Europea de Biología Molecular) creada en 1964, reúne a más de 1.100 científicos, la mayor parte de los cuales no son más que emisarios de la industria del ramo.

Tras el programa “Átomos para la Paz”, Estados Unidos entró en una era de economía de guerra permanente. El informe Paley demostró que la economía había pasado a estar fundada en criterios militaristas.

El Plan Bolonia, del que ya nadie se acuerda, selló la industrialización y militarización de la ciencia en Europa, la transformación de la universidad en una fábrica (3), un paso necesario porque los laboratorios y centros de investigación ya lo estaban. El 75 por ciento de la investigación se lleva a cabo en empresas privadas con dinero público. Los científicos son funcionarios públicos y empleados privados. Como en el ejército o en cualquier sector económico, no cabe ninguna posibilidad de discusión de las órdenes. Como cualquier peón fabril, el científico tiene que ser sometido y, además, debe aceptar e interiorizar su propia condición gregaria como un estado natural.

Como consecuencia de ello, la ciencia atraviesa un profundo declive, sólo comparable al de la Edad Media. Se investiga, se publica y se lee aquello que se financia y subvenciona a golpe de talonario. Lo demás no existe, no es ciencia. No es necesario recordar que quien paga manda, ni tampoco que quien paga y manda nada tiene que ver con la ciencia, es decir, que quien la dirige es ajeno a ella.

La ciencia fue la gran coartada que justificó el incremento de los gastos militares durante la Guerra Fría, que dejaron de parecer improductivos para convertirse en una inversión, es decir, rentables. Inmediatamente después de que en 1957 los soviéticos colocaran en órbita el Sputnik, el primer satélite artificial, el general Eisenhower organizó ARPA, de donde nacieron la NASA, la Comisión de Energía Atómica e internet. Actualmente dispone de un presupuesto anual de unos 2.000 millones de dólares y es una primeras fábricas científicas del mundo.

Por iniciativa de la Union of Concerned Scientists, en febrero de 2004 un grupo de más de 60 científicos, 20 de ellos galardonados con el Premio Nóbel, dirigieron una carta colectiva al presidente Bush protestando por la injerencia política de su gobierno en la investigación científica. El documento es un texto incendiario en el que los firmantes protestan por la manipulación que lleva a cabo el gobierno de los resultados de las investigaciones, la imposición de políticos de confianza en los comités consultivos y la asfixia de aquellos conocimientos científicos que no concuerdan con sus planteamientos políticos.

(1) Bruno Latour: La ciencia en acción. Cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad, Labor, Barcelona, 1992, pgs.164 a 166.
(2) Eisenhower’s Farewell Address to the Nation, 17 de enero de 1961, http://mcadams.posc.mu.edu/ike.htm
(3) Cfr.Carlos Sevilla Alonso: La fábrica del conocimiento. La universidad-empresa en la producción flexible, El Viejo Topo, Barcelona, 2010.

Cómo fabricar un virus con un ordenador para volver loco al mundo entero

Dicen algunos negacionistas que el coronavirus no existe. Es bastante peor que eso: no se conoce su genoma. Hay varios artículos publicados en revistas científicas que aparentan lo contrario, pero no aportan nada de lo que cabía esperar, empezando por el que los “expertos” toman como canon, que es del de Na Zhu publicado el año pasado en el New England Journal of Medicine (1).

Es el núcleo de cualquier debate sobre el coronavirus y la pandemia. Si no se conoce la composición genómica del coronavirus, no tiene sentido hablar de la prueba PCR, ni de “positivos”, ni “casos”, ni “brotes”. Tampoco tiene sentido hablar de cepas o mutaciones, por más que desde el inicio de la histeria proliferan los estudios seudocientíficos sobre dichas variantes.

En las bases de datos de coronavirus aparecen casi medio millón de secuencias genéticas diferentes que dicen representar a otras tantas cepas del mismo virus. Esas secuenciaciones tienen una cosa en común: no se han obtenido de un tejido orgánico. Lo que los científicos consideran como tal es un ensamblaje que realizan los programas informáticos a partir de las bases de datos de genomas de virus.

En un estudio publicado en junio del año pasado (2), los investigadores de los CDC (Centros de Control de Enfermedades) admitieron que sólo habían tomado 37 pares de bases de un genoma, que tiene un total de unos 30.000 nucléotidos. Eso significa que sólo el 0,001 por ciento de la secuencia genómica del coronavirus procede del mundo real, de muestras de tejido orgánico. El resto ha salido de un ordenador.

Si alguien está preocupado porque el virus de haya “escapado” de algún laboratorio misterioso, debería preocuparse mucho más al saber que se ha “escapado” de un ordenador.

La misma preocupación debería mostrar si le dicen que hay medio millón de variantes distintas de perros o gatos.

Lo que los “expertos” consideran como genoma del coronavirus deriva del mismo vicio que sacude a grandes sectores de la ciencia moderna: la informática. Las secuencias no se han extraído de la realidad sino de un ordenador o, al menos, se completan gracias a él. Se trata, pues, de modelos informáticos en los que hay un poco de todo. Incluso es posible encontrar secuencias que forman parte del genoma humano o que los virus comparten con los seres humanos.

Desde su descubrimiento por June Almeida en 1964, se han obtenido numerosas micrografías del coronavirus. Las imágenes revelan que su tamaño es extremadamente variable. Según Zhu, el ancho de banda oscila de 60 a 140 nanómetros, más del doble. Es como encontrar un ser humano de 1,70 de altura y otro de 4 metros. Pero incluso se han encontrado coronavirus, reales o supuestos, con tamaños inferiores o superiores a los límites establecidos por Zhu.

Es más que evidente que, tanto por el genoma como por el tamaño, cuando muchos científicos hablan de coronavirus aluden, en realidad, a partículas orgánicas de muy diferente tipo que, en ocasiones, ni siquieran son virus.

(1) https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2001017
(2) https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article

En las manifestaciones los disturbios los provocan los antidisturbios

Cuando las personas salen a la calle a manifestarse ejercen un derecho fundamental.

Los policías que acuden a ellas no sólo no ejercen ningún derecho sino que tratan de impedir u obstaculizar que lo ejerzan los demás.

La presencia de la policía durante una manifestación no se justifica en nigún caso. La policía acude a las manifestaciones porque es su profesión: cobra un dinero todos los meses y se entrena para impedir las manifestaciones y el ejercicio de los demás derechos por la fuerza y la violencia.

La mayor parte de las veces la policía llega al lugar de la convocatoria antes que nadie, pide la documentación y registra las pertenencias personales, lo cual tiene un carácter disuasorio: tratan de impedir que las personas acudan y logran que quienes lo hacen tengan miedo.

De esa manera, las manifestaciones se han convertido en una acción de riesgo personal que la mayoría de las personas no puede soportar, aunque quisiera.

Si en una jornada de votaciones la policía estuviera presente en los colegios electorales de la misma manera en que está presente en las manifestaciones, no votaría nadie.

Si la policía no tiene una presencia intimidante en los colegios electorales, a diferencia de las manifestaciones, es porque el Estado quiere una sociedad castrada, de tal manera que la única participación política de las personas sea de tipo electoral.

La presencia de la policía en las manifestaciones es terrorismo de Estado y no se puede admitir como un hecho normal y corriente, sobre todo cuando la misma se rodea de una parafernalia violenta que el equipamiento represivo denota: cascos, porras, escudos…

La policía desata los episodios de violencia típicos de algunas manifestaciones para crear una cortina de humo sobre las reivindicaciones y los motivos de las mismas. Al día siguiente la noticia no es la protesta sino los adoquines, las barricadas y los incendios.

Los medios de comunicación, que son una prolongación de la policía, nunca analizan las causas de las manifestaciones y de los disturbios sino sólo las consecuencias. El objetivo es arrojar a la población contra los manifestantes y sus legítimas reivindicaciones.

A la prensa las manifestaciones no le interesan en absoluto, prueba de lo cual es que la mayor parte de ellas no son noticia. Los reporteros sólo salen a la calle con las barricadas y los incendios, de manera que quienes quieren airear sus reivindicaciones están obligados a dar un paso al frente y pasar de las procesiones festivas a las medidas de fuerza.

Las personas convocan manifestaciones cuando han agotado las demás formas de protesta. Una manifestación no es más que una oleada de personas indignadas y vilipendiadas que la presencia intimidante de los antidisturbios no contribuye a apaciguar, sino todo lo contrario.

Por eso, si los gobiernos no quieren violencia en las manifestaciones, es mejor que no envíen a unos policías armados hasta los dientes, y si no quieren manifestaciones en las calles es mejor que atiendan las reivindicaciones en los despachos oficiales.

La libertad de expresión es para algunos, los límites son para todos los demás

No hay ningún pedante al que le falte en la boca esa conocida frase de que el arte es “transgresor” por antonomasia. Basta que a un artista le pongas algún límite para que trate de saltar por encima.

“El rap es una modalidad musical provocadora”, dice el diccionario de la Academia de la Lengua y, como estamos comprobando, en ningún otro país como en España ha conseguido un éxito tan arrollador: un rapero preso, otro exiliado y 12 más condenados a penas de cárcel.

A pesar de ello, todo el discurso oficialista, empezando por el jurídico y el periodístico, se preocupa por lo contrario: por los límites de la libertad de expresión. ¿Dónde están los límites a la libertad de expresión?

En 2018 la Plataforma en Defensa del Derecho a la Libertad de Información publicó una “Guía de emergencia sobre los límites a la libertad de expresión” (1).

Al año siguiente una crónica de “Cuarto Poder” sobre un acto celebrado en Madrid comenzaba así: “Más de una veintena de colectivos, que van desde los Encausados por la Operación Araña hasta Anticapitalistas Madrid, han llenado la sala del Teatro del Barrio para charlar sobre una cuestión que levanta preocupación social: los límites a la libertad de expresión” (2).

¿Realmente lo que nos preocupa son los límites a la libertad de expresión o la libertad de expresión misma?

La impresión que transmiten es la un “buffet libre”: nos pasamos con la comida, comemos en exceso porque es gratis. Abusamos de nuestros de derechos porque el ejercicio de los mismos no tiene consecuencias.

Uno de los límites que los ignorantes quieren imponer al arte es “el buen gusto”, aunque en realidad hay muchos más límites. Cuando en 2018 retiraron las fotos de Santiago Sierra sobre los presos políticos de la exposición Arco, el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, confesó en los desayunos de RTVE que le gusta la libertad de expresión, pero que hay que “hacer crítica política sin ofender” (3).

La necesidad de límites es imprescindible en un país -como el nuestro- que es excesivamente democrático; hay demasiada libertad y, en consecuencia, hay que poner límites porque esto “se nos va de las manos”.

Este tipo de planteamientos, que han calado en ciertos medios, ignoran la memoria histórica de los 40 años posteriores a la Constitución de 1978.

De cualquier manera, es interesante analizar los famosos “límites a la libertad de expresión” porque es dialéctica pura, como mirar el anverso y el reverso de la realidad, al estilo de los antiguos negativos de las fotografías.

Veamos: en el franquismo un ejemplo de límite a la libertad de expresión fue el artículo 12 del Fuero de los Españoles: “Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”.

La conclusón es obvia para los que hablan de límites: desde 1945 en España siempre hemos disfrutado de libertad de expresión, naturalmente limitada. ¿Es eso lo que hay que explicar?, ¿así es como hay que entender un derecho fundamental?

Si es así, la conclusión es que en el franquismo también había libertad de expresión, como ahora, a pesar de que miles de personas fueron detenidas y condenadas por propaganda ilegal, un delito donde lo importante no era la propaganda sino su ilegalidad, es decir, el mismo pretexto que ahora: bajo el franquismo quien iba a la cárcel no era por sus opiniones políticas sino por infringir el Código Penal.

Así ocurrió exactamente en el franquismo y así ocurre ahora: la libertad de expresión es para algunos; los límites son para todos los demás.

Pero hay límites y limites. Por ejemplo, el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que la propaganda de guerra es un límite a la libertad de expresión y si volvemos la vista atrás, al Trío de las Azores, a las guerras de Irak, Afganistán, Libia y Siria, nadie se acordó entonces de que ahí había un límite.

Los políticos, los periodistas y los tertulianos franquearon abiertamente los límites a ls libertad de expresión para justificar unas guerras que aún no se han acabado, pero nadie les detuvo, ni les juzgó, ni les condenó. Entonces nadie se acordó de los límites.

En 2018 el Ministerio de Defensa destinó 200.000 euros para subvencionar la propaganda de guerra, artículos en la prensa y charlas en los institutos que justificaran el incremento de los presupuestos para gastos militares, en los que no hay recortes.

Lo mismo podemos decir del racismo y la xenofobia, que tampoco están amparados por la libertad de expresión.

La doctrina de los límites da lugar a la de las restricciones: hay libertad de expresión, pero está restringida. Es una doctrina que procede del franquismo, donde también había libertad de expresión, pero demasiadas restricciones. Hay que ampliarlas. Por ejemplo, en 1966 la ley de prensa eliminó la censura previa que se había impuesto en 1938; entonces en el franquismo hubo más libertad, se amplió su radio de acción.

¿Es así la libertad?, ¿un asunto de más o menos?, ¿la botella está medio llena o medio vacía?

Entre los periodistas y los jueces, nos obligan a vivir en un país realmente patético…

(1) http://libertadinformacion.cc/wp-content/uploads/2018/05/Gu%C3%ADa-de-emergencia-Valtonyc-LIBERTAD-DE-EXPRESI%C3%93N-240518.pdf
(2) https://www.cuartopoder.es/espana/2018/03/19/el-rapero-valtonyc-en-un-acto-sobre-la-libertad-de-expresion-solo-los-pobres-entramos-en-la-carcel/
(3) http://www.elmundo.es/cultura/2018/02/22/5a8e8bb4e5fdea3e2c8b4639.html

La reestructuración de las fuerzas productivas aprovechando la pandemia

“Este año hemos vivido el mayor experimento de cambio de comportamiento global en la historia de la humanidad”, dice el diario económico Expansión (1). La burguesía lo tiene muy claro: la pandemia ha sido pura ingeniería social, pero la intoxicación mediática ha logrado que el mundo mire hacia otro lado.

En septiembre el gobierno del PSOE y Podemos reguló el teletrabajo o “trabajo a distancia”, como lo llama el real decreto-ley 28/20. Como es algo que tiene que ver con internet y la informática, parece posmoderno o, como diría uno de esos “marxistas” de pacotilla, “un desarrollo de las fuerzas productivas”. Los más despistados hablan de la “cuarta revolución industrial”.

Los fondos que la Unión Europea habilitó -también en setiembre- con el pretexto de la pandemia, no son a fondo perdido, sino que tienen destinos muy concretos, entre ellos el teletrabajo, el incremento de la precariedad laboral y la reducción de las pensiones (2).

El teletrabajo es un retorno a los orígenes del capitalismo del siglo XIX, a la producción doméstica, que se está generalizando, sobre todo en el trabajo de oficina, administrativo, en lo que llaman “sector terciario”, publicidad, comunicación, servicios y otros parecidos.

El capitalismo convierte el hogar en un centro de producción, un microtaller donde acaba trabajando toda una familia las 24 horas del día, como en los viejos gremios.

En los siglos XVII y XVIII la producción se llevaba a cabo en la casa, sobre todo en el textil. Este “régimen de producción”, como lo llamaba Marx, fue predominante en su época y complementaba la actividad agrícola.

El trabajo a domicilio también fue característico de las mujeres, que compraban máquinas para coser en sus propias viviendas hasta hace bien poco tiempo. Ahora el ordenador ha sustituido a las viejas máquinas de coser “Singer”. Ahora la crisis vuelve a poner el trabajo a domicilio en el primer plano con el fin de destruir el modelo industrial clásico, el régimen de relaciones laborales y, en definitiva, todas y cada una de las conquistas de la clase obrera.

Como en la época de los talleres del capitalismo primitivo, el patrón vigila a distancia, beneficiándose de los nuevos mecanismos informáticos. Los asalariados quedan reducidos a trabajar aislados unos de otros, cada uno encerrado en su nicho doméstico.

Los toques de queda han introducido esta nueva forma de producción de una manera brutal. En Francia más de 8 millones de trabajadores, es decir, el 30 por ciento de la población activa, ya tiene su puesto de trabajo en casa, pegado a la pantalla del ordenador.

No es más que un primer paso. El siguiente es el modelo de plataforma, al estilo de los trabajadores de reparto, es decir, el autónomo, la ruptura de la relación laboral y la constelación de “miniempresarios” que, además de trabajar, cumplen la función de extender el modelo.

Dentro de poco la intoxicación comenzará a presentar el teletrabajo como sinónimo de “libertad”, de horarios flexibles, de ahorro de tiempo de desplazamiento, ropa, gastos de guardería, etc.

El teletrabajo reduce los gastos de capital constantes (edificio, oficinas, salas, internet, ordenadores, dispositivos de comunicación, equipos de reprografía, papelería, servicios de secretaría, servicios de conserjería, etc.) y la reducción de los gastos de servicios para los trabajadores (transporte, vales de comida, seguros en el trabajo, etc.).

También retorna el trabajo a destajo, los salarios por unidad de servicio y los contratos de duración determinada o, en definitiva, la consagración de la precariedad como canon laboral.

El trabajo alcanza su máxima flexibilidad. No hay jornada, no hay horarios, no hay descansos, ni se pagan las horas extras o, mejor dicho, todo son horas extras. Se reduce el capital variable y aumenta la plusvalía.

El patrono no tiene cargas sociales, no hay seguro de desempleo, no hay pensiones, no hay vacaciones… Todo el día y toda la vida es tiempo de trabajo a explotar.

Aunque el trabajador parece autónomo, sigue bajo el control de la empresa que, mediante tecnologías de rastreo, pueden vigilar, incluyendo la obligación de compartir la pantalla, el registro de las páginas visitadas y las pulsaciones de cada tecla por minuto, e incluso la activación de las cámaras web a lo largo del día. Es un control total. El empresario vigila al trabajador, vigila su vivienda y cada una de las actividades que en ella desarrolla en compañís de sus familia, sus amigos o sus vecinos.

La burguesía lo ha entendido a la primera. Hay sectores, como la banca, en los que el teletrabajo se viene imponiendo desde hace tiempo. Una parte del comercio al por menor se lleva a cabo a través de plataformas digitales y lo mismo se ha comenzado a hacer ya con la atención sanitaria, para desmantelar los centros de atención primaria.

El teletrabajo lleva la deslocalización de las unidades productivas al paroxismo. Ha creado un mercado laboral internacional, donde los salarios se unificarán “por abajo”, en función de las remuneraciones que cobran los países del Tercer Mundo, que harán la competencia los de las metrópolis.

(1) https://www.expansion.com/blogs/quemada/2020/11/06/el-covid-dejara-10-cambios-que-te.html
(2) https://www.elboletin.com/espana-no-empezara-a-recibir-las-cantidades-del-fondo-de-recuperacion-hasta-el-verano/

Más información:
– Teletrabajo: al servicio de la acumulación, la explotación y la exclusión

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