Se trata de un movimiento geoestratégico de primer orden, que echa tierra sobre las agoreras previsiones que varios países opuestos a la política exterior norteamericana en la región tenían para el Estado Sionista. El acuerdo está firmado a tres bandas entre Estados Unidos, Israel y Emiratos Árabes Unidos, y proporcionará petróleo desde el Mar Rojo al Mediterráneo. Es un balón de oxígeno para varios años más para el Estado Sionista, azotado por una grave crisis de credibilidad.
Ha muerto en Brasil una de las cobayas humanas que participaba en las pruebas de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. Aunque el fallecimiento fue anunciado ayer por la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria (1), se produjo el día 15 de este mes.
La víctima es Joao Pedro Rodrigues Feitosa, un médico de 28 años que trabajaba en las unidades de cuidados intensivos de dos hospitales de Rio de Janeiro. Acabó sus estudios el año pasado en la Universidad Federal de dicha ciudad, que participa en la elaboración de su propia vacuna.
La cotización de las acciones de la empresa farmacéutica ha caído a su nivel más bajo desde el mes de abril.
En agosto la Unión Europea compró 300 millones de dosis de dicha vacuna, a pesar de que aún no ha superado los ensayos clínicos. El gobierno del PSOE y Podemos también tenía comprometidas 31 millones de dosis con AstraZeneca, a la que pagó más de 50 millones de euros.
La empresa británica había obtenido inmunidad de la Unión Europea por cualquier muerte, enfermedad o efecto secundario que la vacuna pudiera producir en la población.
AstraZeneca participa en la Operación Velocidad Punta (Warp Speed) que ha puesto en marcha el gobierno de Trump, del que ha percibido importantes cantidades de dinero para la fabricación de la vacuna.
Paralelamente a las subvenciones, la empresa es objeto de una investigación del Ministerio de Justicia estadounidense por corrupción de funcionarios de salud en Irak.
Los ensayos habían quedado suspendidos desde setiembre ya que otras dos cobayas presentaron importantes efectos secundarios. Una de ellas fue una británica que desarrolló mielitis transversa, una inflamación poco común de la médula espinal causada por infecciones virales.
El New York Times informó de otra cobaya de la vacuna que contrajo la misma enfermedad.
Actualmente hay 18.000 personas que participan en cuatro ensayos en todo el mundo con la misma vacuna: dos en Gran Bretaña, uno en Brasil y otro en Sudáfrica. Una de ellas es el español Joan Pons Laplana, quien reconoció que la vacuna “no impide el contagio del virus, sino que previene el desarrollo de síntomas graves de la enfermedad”.
En Estados Unidos la FDA prohibió a la farmacéutica reanudar las pruebas por razones de seguridad y justamente ayer se anunció que estaban a punto de autorizarlo cuando les ha llegado este nuevo traspiés (2).
Además de AstraZeneca, en Brasil también se experimentan las vacunas de otras empresas, como Johnson & Johnson y el consorcio formado por BioNTech (Alemania) y Wyeth/Pfizer (Estados Unidos), así como la fabricada por la empresa china Sinovac.
La farmacéutica AstraZeneca se fundó en 1913 en Suecia con el nombre de Astra AB. Se enriqueció al introducir la penicilina en Suecia en 1948 con lo que logró grandes beneficios que financiaron su expansión.
En los noventa, con la explosión de las empresas farmacéuticas, Astra AB empezó a buscar socios para seguir creciendo. En 1998 se fusionó con Zeneca Group, una empresa británica del sector químico.
Zeneca nació de una división de Imperial Chemical Industries (ICI), fundada en 1926 en Gran Bretaña. Durante gran parte del siglo pasado, ICI se encargó de fabricar plásticos, polímeros, material electrónico, químicos, fragancias y fármacos.
En 1993 la empresa se escindió para que Zeneca se especializara en el negocio farmacéutico. En pocos años adquirió otras empresas más pequeñas que la llevaron, finalmente, a anunciar su fusión con Astra AB en 1998.
Luego el monopolio se asoció a especuladores financieros internacionales y empresas de capital riesgo, entre los que destaca el conocido fondo buitre BlackRock.
No obstante, para edulcorar el verdadero objetivo económico de la empresa, ha asociado el nombre de su vacuna a la Universidad de Oxford.
Más información:
– 6.000 millones de dólares de dinero público en la carrera por las vacunas contra el coronavirus (Operación Velocidad Punta)
– La carrera por la vacuna está en manos de multinacionales condenadas por corrupción y sobornos
– Si las vacunas no son seguras, los platos rotos los pagará la Unión Europea
– La Unión Europea otorga inmunidad a la farmacéutica AstraZeneca por los efectos secundarios de su vacuna contra el coronavirus
– El fondo buitre BlackRock planea sobre la vacuna ‘Oxford’ contra el coronavirus
Clarisse Mendes estaba terminando la clase de ciencias al mediodía cuando se cayó. El hecho ocurrió en la escuela Gonçalo Nunes, en Barcelos. Los compañeros de clase y toda la comunidad escolar están en estado de shock. La joven usaba mascarilla a pesar de tener una cardiopatía.
La decisión del Tribunal Supremo de considerar las hipotecas ligadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), como «no abusivas» supone un reingreso a sus arcas de 33.000 millones de euros que tenían reservados ante el riesgo de que el Supremo aplicara el criterio del Tribunal de Justicia Europeo, cerrando así la puerta a demandas de miles de consumidores.
Estados Unidos y Polonia han cerrado un acuerdo de energía nuclear por valor de 18.000 millones de dólares, con el pretexto polaco de reducir la dependencia del carbón y el gas natural ruso.
Desde el inicio de la pandemia, la izquierdita raquítica ha agotado su repertorio argumental con el dogma de que “la salud está antes que la economía”, por lo cual ambos extremos de la ecuación se separan fraudulentamente.
No hace falta ser una marxista muy leído para comprender que no hay mayor condicionante de la salud que “la economía”, o sea, el capitalismo y las condiciones de vida y trabajo que impone a millones de personas.
Después de siete meses de pandemia tuvo que llegar una revista especializada como The Lancet para recordarnos que esa dicotomía no existe. En particular, las pandemias tienen su raíz en el capitalismo, la explotación, el hambre, la guerra y lacras parecidas, de cuyo origen no caben dudas.
Como es obvio, dichas lacras no se solventan con antivirales, ni con vacunas, ni con confinamientos, ni con hidrogel, ni con toques de queda, ni con estados de alarma, ni con… nada de eso. Prueba de ello es que todas y cada un de las medidas políticas impuestas para “aplanar la curva” han fracasado. “La escalada en el número de contagios por coronavirus registrada en los últimos días indica que las medidas adoptadas hasta ahora para el control de la pandemia no están surtiendo el efecto deseado”, lamentaba ayer El País (1). Sólo los “expertos” que se creen sus propias mentiras podían imaginar otra cosa.
En cualquier especialidad los fracasos se ocultan con un cambio de vocabulario, como el de “pandemia” por “sindemia”. Es el abracadabra que los “expertos” vienen pronunciando desde hace meses y que necesita renovarse periódicamente para estirar la ficción.
Felicia Marie Knaul, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami, ha presentado una ponencia en el Roche Press Day (2), o sea, en un acto seudomédico organizado por una multinacional farmacéutica cuyo tema estrella ha sido ese: no padecemos una pandemia sino una sindemia.
“No se trata solo de cambiar la terminología”, dijo Knaul. Se trata de poner en el primer plano ciertas “complejidades socioeconómicas”, como la pobreza, el hambre, la inequidad, la discriminación… “Llevamos décadas acumulando este riesgo”, dijo Knaul.
Sin embargo, en España los intoxicadores dicen todo lo contrario: que el colapso hospitalario es consecuencia de la pandemia. Basta leer la prensa de comienzos de este año para enterarse de que en enero los hospitales ya estaban saturados como consecuencia de la gripe estacional, con fotografías elecuentes de los enfermos tirados por los pasillos. Los hospitales españoles se colapsan “una vez tras otra, un año sí y otro también”, decían los medios hace sólo diez meses (3), antes de la ola de histerismo.
La sindemia destaca la política económica, o sea, los recortes presupuestarios, las privatizaciones y el desmantelamiento de la atención primaria. La respuesta política a la pandemia no sólo no ha paliado ese déficit sino que lo ha acrecentado, por la atención exclusiva a una única enfermedad, con descuido de todas las demás. “Hay un exceso de muertes por la interrupción de los tratamientos médicos”, admitió Knaul.
En un sistema de salud pública, la sanidad es consecuencia de la política sanitaria que, a su vez, forma parte de la política económica. Lo que ha creado y sigue creando un problema de salud pública son medidas políticas como el confinamiento, como reconoce Knaul, porque la falta de ejercicio físico, por ejemplo, causa enfermedades crónicas, como las cardiovasculares.
Tanto The Lancet como Knaul dan un paso atrás muy significativo. Empiezan a admitir dos errores típicos en las pandemias. El primero es que se trata de una enfermedad uniforme, igual en todo el mundo. El segundo es que esa enfermedad circula sucesivamente de una persona a otra porque, en definitiva, las personas son clones unas de otras, independientemente de las circunstancias subjetivas y, por supuesto, de los factores ambientales, locales, sociales y políticos de cada país.
En esta pandemia, como en otras, no todos han muerto por los mismos motivos en todo el mundo. Muchos han muerto, precisamente, por la política sanitaria implementada para subsanarla, una situación que se reproducirá en el futuro por algo que en su ponencia Knaul preconiza como remedio: la “telemedicina”. Un sanitario que recurre al teléfono o la videconferencia para atender a un enfermo sólo merece el calificativo de matasanos.
La medicina es presencial. Por eso se inventaron las ambulancias.
En agosto dos enviados de Estados Unidos visitaron Damasco, la capital siria, para negociar la liberación de los presos estadounidenses.
Varios medios de comunicación de Estados Unidos han informado del viaje a Damasco y la reunión con dirigentes sirios, así como el periódico sirio Al-Watan.
Roger Carstens, enviado especial de Trump para los secuestrados, y Kesh Patel, otro asistente de Trump en materia antiterrorista, visitaron Damasco en agosto y se reunieron en Damasco con el general Ali Mamlouk, que es el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional.
Los enviados de Estados Unidos discutieron una amplia gama de temas e hicieron varias ofertas y solicitudes.
Según Al-Watan, “no es la primera visita de altos funcionarios de Estados Unidos, ya que ha estado precedida por tres visitas similares a Damasco en los últimos meses y años”.
Los dos enviados estadounidenses trataron de ganar la cooperación de Damasco con Washington en el caso del “periodista” estadounidense Austin Tice (en la imagen de portada), que desapareció cerca de la capital siria en 2012.
En realidad, Tice no era periodista, sino un marine retirado que los servicios de inteligencia de Estados Unidos contrataron como mercenario para desatar la guerra en Siria. Entró clandestinamente en territorio sirio en 2012. Visitó las zonas que entonces estaban fuera del control del ejército sirio y llegó a la región de Guta oriental con la tarea de preparar a los yihadistas para luchar contra el ejército sirio.
Además de Tice, Estados Unidos se interesa por la suerte de Majd Kamalmaz, que desapareció en 2017 y, según el Wall Street Journal, hay al menos otros cuatro estadounidenses más bajo custodia del gobierno sirio.
Trump quiere llegar a las elecciones con el golpe de efecto que supondría poner delante de las cámaras de televisión a los desaparecidos. En marzo le escribió una carta privada a Bashar Al-Asad proponiendo un diálogo directo sobre Tice. Enviados de Washington han tratado de abrir canales para negociar un acuerdo.
La semana pasada, el jefe de la Seguridad General libanesa, el general Abás Ibrahim, que ejerce de mediador entre Washington y Damasco, se reunió en la Casa Blanca con Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional de Trump, para hablar sobre los presos estadounidenses en las cárceles de Siria.
El gobierno de Damasco no confía en este tipo de visitas por la influencia de los grupos de presión estadounidenses en el Presidente de Estados Unidos.
La posición siria se basa en el principio de que no habrá ninguna discusión con Washington antes de la retirada de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos del este de Siria y la aparición de signos reales de esta retirada sobre el terreno, y que Damasco se ha negado a discutir las sanciones de Estados Unidos, asegura Al-Watan.
Tras siete meses de fracasos continuos, las comunidades autónomas lanzan nuevas medidas con el pretexto de la pandemia, a cada cual más contraproducente.
La Comunidad de Madrid se plantea solicitar un toque de queda al gobierno central aplicable a toda España y aboga por los confinamientos selectivos desde el sábado cuando finalice el estado de alarma.
Esta mañana el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confesado que han estado hablando de esa posibilidad tras el planteamiento que les han hecho los colegios profesionales del ámbito sanitario.
Escudero ha confesado también que el estado de alarma en la Comunidad de Madrid no ha servido para nada.
Algunos países europeos como Francia y Bélgica ya han impuesto el toque de queda. “Todo lo que vaya en el sentido de restringir la movilidad hay que estudiarlo”, ha añadido Escudero.
El gobierno regional estudia pedir ese toque de queda en el próximo Consejo interterritorial de Sanidad que se celebrará el jueves.
Si el estado de alarma no se prorroga, a partir del sábado el ejecutivo regional impondrá otro “confinamiento selectivo” contra los barrios populares de la capital y municipios de la Comunidad.
La militarización de la sociedad y de la sanidad sigue su marcha. Ayer los legionarios de la Brigada Rey Alfonso XIII empezaron a realizar las funciones de rastreo dentro de la denominada Misión Baluarte, en la Base Álvarez de Sotomayor que tiene el Tercio en Almería
El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha la Misión Baluarte con el pretexto de la “lucha” contra el coronavirus, que sucede a la Operación Balmis que puso en marcha durante la “primera ola”.
El Cuartel General de Fuerza Terrestre, en Sevilla, ha sido designado por el Ejercito de Tierra como autoridad de coordinación para encabezar la Misión Baluarte, en la Península y en la Comunidad Autónoma de Andalucía por estar en esta demarcación, y es responsable de la integración de las denominadas Unidades de Vigilancia Epidemiológicas (UVE, que actúan por zonas geográficas de actuación) en los sistemas Sanitarios de las Comunidades.
La Unidad de Vigilancia Epidemiológica a su vez se divide en Secciones de Vigilancia Epidemiológica que actúan a escala provincial. En el caso de Almería le ha correspondido a la Brigada de La Legión, e inicialmente contará con un oficial, tres suboficiales y 28 legionarios. Estarán activos de 08:00h a 20:00h en turnos de 6 horas.
Más información:
– El gobierno del PSOE y Podemos envía tropas del ejército para imponer el confinamiento a los temporeros de Huesca
– El ejército amenaza con volver a salir a la calle con el pretexto de un rebrote de coronavirus
– El ejército ha ejecutado 20.000 actuaciones con el pretexto del estado de alarma
En tiempos del gobierno laborista de Harold Wilson (1964-1970) el IRD, una unidad secreta del Ministerio británico de Asuntos Exteriores, lanzó una ofensiva propagandística en Chile para evitar que Allende ganara las elecciones presidenciales de 1964 y 1970.
Los documentos desclasificados por el Ministerio británico de Asuntos Exteriores muestran la complicidad de los laboristas en la desestabilización de Chile.
El IRD reunió información destinada a perjudicar a Allende y a dar legitimidad a sus oponentes políticos, y distribuyó documentos a figuras influyentes de la sociedad chilena.
Dicho organismo también compartió información con el gobierno de Estados Unidos sobre las actividades de la izquierda en el país latinoamericano. La embajada británica en Santiago ayudó a una organización mediática financiada por la CIA que formaba parte de un esfuerzo encubierto de Estados Unidos para derrocar a Allende, que culminó con el golpe de estado de 1973.
Un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de 1964 señala que América Latina era “una zona vital de la Guerra Fría y que la lucha contra una toma de posesión comunista aquí es un interés nacional británico, al menos tan importante como la negociación del comercio y el aumento de las exportaciones”.
El informe añadía que a Estados Unidos “le preocupaba que el Reino Unido actuara en la mayor medida posible en el ámbito de la propaganda” en América Latina.
Varios meses antes de las elecciones presidenciales de Chile de 1964, una unidad de la Oficina del Gabinete Británico denominada Grupo de Trabajo sobre América Latina del Comité Antisubversivo aconsejó al IRD que era “importante impedir que la extrema izquierda obtuviera logros significativos” en Chile, “ahora y en el futuro”.
En aquel momento, Salvador Allende se presentaba a la presidencia como dirigente del Frente de Acción Popular contra el demócrata cristiano Eduardo Frei, quien finalmente ganó con el 56 por ciento de los votos contra el 39 por ciento de Allende.
El IRD lanzó su ofensiva propagandística en Chile apoyando secretamente a Frei en los meses previos a las elecciones. Como escribió Elizabeth Allott, funcionaria del IRD durante mucho tiempo, poco después de la victoria de Frei, la unidad se centró en “distribuir nuestra producción más seria a contactos fiables y asegurar la publicación de ciertos artículos de prensa” críticos con Allende y favorables a Frei.
Allott también propuso “una acción política especial con el apoyo de Estados Unidos” para dividir el voto de la izquierda.
Para los británicos las elecciones de 1964 fueron un éxito histórico. “En Chile, ciertamente tuvimos una rara oportunidad”, escribió Allot. “Si pensamos que nuestro trabajo en América Latina es importante, entonces ciertamente hay pocos lugares que requieran tantos recursos y donde haya tanta libertad de acción para nosotros en nuestros roles negativos y constructivos”.
Leslie Glass, Subsecretario de Estado Adjunto de Asuntos Exteriores y ex Director General de los Servicios de Información Británicos, escribió unos días después de las elecciones que era “una victoria sobre los comunistas para presionar al país”, añadiendo que ahora había “un gobierno de apoyo cuya política, si se lleva a cabo de manera eficaz, ofrece lo que probablemente sea la mejor oportunidad que hemos tenido en el continente de privar a los comunistas de su razón de ser”.
Frei gobernó Chile durante los siguientes seis años hasta que el país volvió a las urnas en 1970. En ese momento, Allende encabezó una coalición llamada Unidad Popular, comprometida con la realización de ciertas reformas en Chile.
Las políticas de nacionalización de Allende planteaban una amenaza considerable para los intereses británicos y estadounidenses, en particular en la principal industria de Chile, el cobre, cuyas minas eran en gran parte propiedad de empresas estadounidenses.
Como Allende parecía cada vez más probable que ganara las eleccioines, la propaganda británica se intensificó. “Chile está en la primera línea del comunismo en Sudamérica”, señaló un planificador del IRD en 1969.
A finales de los años 60 el IRD desplegó un oficial de campo especializado en Santiago, cuyas operaciones estaban dirigidas directamente a frustrar la victoria electoral de Allende.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió un agregado laboral a Chile para supervisar la actividad sindical, aunque el agregado fue retirado antes de las elecciones de 1970.
El 13 de julio de 1970, unas semanas antes de las elecciones, Allott informó al embajador británico David Hildyard que “la operación del IRD… se había centrado en impedir la llegada al poder de una alianza de extrema izquierda en las elecciones presidenciales de 1970, y en ayudar a las organizaciones adecuadas que probablemente seguirían existiendo independientemente de lo que ocurriera en las elecciones”.
“El oficial de campo del IRD… tiene contactos muy estrechos con funcionarios especializados del Ministerio [chileno] de Asuntos Exteriores [censurado] y algunas organizaciones estudiantiles. Como en cualquier otra parte de América Latina, podemos cubrir áreas que están fuera del alcance de los estadonidenses”.
Allott también propuso al jefe del IRD, Kenneth Crook, que Gran Bretaña entrenara al ejército chileno en “contrasubversión”. Se refirió en particular a la formación previa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la dictadura brasileña, que incluía técnicas de tortura.
Los esfuerzos británicos para detener a Allende fracasaron y las elecciones presidenciales chilenas de septiembre de 1970 llevaron al poder al primer socialista declarado del país.
La acción encubierta británica en Chile se llevó a cabo en colaboración con Estados Unidos, cuyo papel en la desestabilización del país se hizo evidente en los decenios siguientes. Entre 1962 y 1970, la CIA “emprendió diversas actividades de propaganda”, entre ellas “emisiones” de información “en la radio y los medios de comunicación” a favor de Frei y en contra de Allende.
También organizó operaciones de sabotaje contra Allende y realizó una campaña de tres años entre 1970 y 1973 para asesinarlo, canalizando millones de dólares para fortalecer los partidos políticos de la oposición, según un informe del Senado de Estados Unidos.
Los archivos del IRD muestran que a finales de los años 60 los británicos compartieron asesoramiento estratégico e inteligencia con los estadounidenses. Aunque los planificadores del IRD advirtieron a Estados Unidos de que no adoptaran una “línea demasiado extrema” en su propaganda anticomunista, proporcionaron a los estadounidenses una lista de periodistas chilenos que podían difundir contenidos.
Reino Unido y Estados Unidos también intercambiaron información sobre las actividades de la izquierda en Chile, acuerdo que continuó al menos hasta marzo de 1973, como lo demuestran los archivos británicos desclasificados.
El 11 de septiembre de 1973, Allende fue derrocado en un golpe militar dirigido por Pinochet, lo que suscitó una amplia condena internacional. Su régimen se convirtió rápidamente en uno de los más represivos de América Latina en la historia moderna, con miles de opositores políticos encerrados en el estadio nacional de fútbol o en centros de detención secretos.
Junto con la acción encubierta de Estados Unidos, los funcionarios británicos desempeñaron su papel en la preparación del terreno para la toma de posesión de Pinochet en alianza con Estados Unidos.
En octubre de 1970 la embajada británica en Santiago de Chile ayudó en secreto a una agencia de noticias financiada por la CIA, Forum World Features (FWF), a organizar “una cobertura especial de la situación chilena”. Un mes después de la elección de Allende, el Secretario británico de Asuntos Exteriores, Alec Douglas-Home, pidió a la embajada en Santiago que “respondiera a cualquier acercamiento” del FWF después de que su jefe, Brian Crozier, pidiera ayuda con una serie de historias “entre bastidores” sobre el programa de Allende.
La agencia FWF jugó un papel importante en el ataque propagandístico contra Allende. En diciembre de 1973, tres meses después del golpe de Pinochet, el periodista de la FWF Robert Moss publicó “El Experimento Marxista de Chile”, un libro encargado por la CIA que negaba el papel de Washington en el golpe y culpaba a Allende.
El gobierno de Pinochet compró 10.000 ejemplares del libro para distribuirlos dentro de una campaña de propaganda y Crozier recordó más tarde que la obra de Moss “jugó su papel en la necesaria desestabilización del régimen de Allende”.
Hugh Carless, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, se mostró de acuerdo, escribiendo en diciembre de 1973 que el libro “nos ayudó a encontrar un equilibrio” sobre Chile.
Rory Cormac, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Nottingham, asegura que los documentos desclasificados revelan que, a medida que la capacidad material de Gran Bretaña ha ido disminuyendo, ha recurrido a la acción clandestina para ayudar a mantener su papel en el mundo.