Autor: Redacción (página 40 de 1360)

En un principio la asistencia de la Unión Europea a la Guerra de Ucrania era en especie, como tanques, misiles y obuses, pero al vaciarse los arsenales, los países europeos ya sólo son capaces de aportar dinero que, por lo demás, no es suyo. Luego Ucrania compra las armas en los mercados internacionales y, últimamente, está intentando fabricar una parte en su propio suelo, aunque a medida que construye las instalaciones, los rusos se las destruyen.

En el marco de un programa lanzado por Dinamarca, los países europeos han prometido más de 1.600 millones de dólares a Ucrania para la compra de armas de su propio sector industrial.

Trump ha recortado drásticamente las fuentes de financiación y la Unión Europea hace cálculos del dinero que tendrá que gastar en los próximos dos años para seguir sosteniendo la guerra, según Handelsblatt (1).

La suma asciende a cientos de miles de millones de euros, que Bruselas pretende proporcionar utilizando activos rusos robados, a pesar de los posibles riesgos, que el banco depositario de los fondos, Euroclear, ha vuelto a destacar hace pocos días.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima la necesidad de apoyo presupuestario para el mantenimiento del Estado ucraniano en 2026 y 2027 en 60.000 millones de dólares. La cifra se complementará con al menos 80.000 millones de euros para armas y municiones, teniendo en cuenta que la guerra podría no durar dos años completos en su forma actual.

El canciller Friedrich Merz y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planean conceder a Ucrania un préstamo de 140.000 millones de euros y justifican la utilización de los fondos rusos porque no tienen ni una cosa (armas) ni otra (dinero).

El ganador se lo lleva todo

En el colmo de la estulticia, los dirigentes europeos dicen que Rusia solo podrá recuperar su dinero si paga las reparaciones, una vez finalizada la guerra. Quieren dar la impresión de que van a imponer sus condiciones en una guerra que han perdido, lo cual sería un caso sin precedentes en la historia de todas las guerras, donde el ganador siempre se lo lleva todo.

En cualquier caso, tanto el banco Euroclear como Bélgica pronostican importantes riesgos judiciales.

El plan se volverá a debatir en la cumbre de la Unión Europea de la penúltima semana de octubre. La Comisión Europea espera que para entonces se hayan logrado avances, lo que permitirá el desembolso de los primeros fondos a Ucrania en el segundo trimestre del próximo año.

Un alto dirigente de la Unión Europea advirtió que suspender el apoyo a Ucrania probablemente provocará el colapso del país y que ya no se puede contar con el apoyo económico de Estados Unidos.

Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, la asistencia de la Unión Europea a Ucrania se calcula en 178.000 millones de euros. Incluso en caso de un alto el fuego, sotener al ejército ucraniano requeriría aproximadamente 25.000 millones de dólares al año.

¿En qué bolsillos cae la ayuda a Ucrania?

La corrupción en Ucrania sigue siendo endémica. “Ha desarrollado una industria de defensa capaz de producir miles de proyectiles de artillería, vehículos blindados y drones, en una impresionante gama de modelos y prestaciones. Este éxito se considera ampliamente un activo importante en la lucha contra la invasión rusa, pero mientras miles de millones de dólares fluyen del ejército ucraniano a los fabricantes de armas nacionales, con la ayuda financiera de donantes europeos, gran parte de este gasto está rodeado de secreto militar”, señala el New York Times (2).

Reiteradamente, de manera injustificada, el gobierno de Kiev adjudica contratos a parte a empresas que presentaron ofertas más altas que sus competidores. Las auditorías internas documentan docenas de contratos similares firmados en poco más de un año, así como casos de entregas tardías o incompletas y pagos anticipados por armas que nunca llegaron.

Ucrania paga demasiado sin razón aparente y sin justificación. Los auditores que han revisado las compras realizadas por la Agencia Ucraniana de Adquisiciones de Defensa entre principios de 2024 y marzo pasado, no formularon acusaciones de robo o malversación de fondos, aunque remitieron algunos contratos a sus superiores para su evaluación.

El informe de 465 páginas revela que docenas de contratos para proyectiles de artillería, drones y otras armas fueron no se adjudicaron al mejor postor. La diferencia entre las ofertas más bajas y los contratos efectivamente adjudicados por la central de compras ascendió a de 129 millones de dólares, como mínimo.

La Agencia ucraniana de Adquisiciones de Defensa

En un comunicado, el director de la Agencia de Adquisiciones de Defensa, Arsen Zhumadilov, afirmó que las ofertas más bajas en ocasiones se rechazan porque no podían cumplir con los niveles de calidad, plazos de entrega, condiciones de pago u otros criterios esenciales.

El gobierno ucraniano creó la Agencia de Adquisiciones de Defensa como una rama independiente del Ministerio de Defensa en 2023, después de que los medios ucranianos informaran sobre una ola de “gastos cuestionables”, incluyendo enormes sobrepagos por huevos para las raciones de los soldados y abrigos de invierno.

Sin embargo, la Agencia es otro pozo negro. Dos directores han sido despedidos por “gestión ineficaz”. Este año la mayor parte de su presupuesto, unos 10.000 millones de dólares, se financia con los ingresos fiscales ucranianos, aunque ha comenzado a recibir subvenciones europeas.

Al menos hasta el año pasado, las compras se realizaban en el mercado negro y la mayoría de ellas recibían un sobrecoste del 3 por cien. La Agencia utilizó a los traficantes de armas en el 83 por cien de sus contratos en lugar de comprar directamente a los proveedores, según la auditoría.

Durante años los traficantes habían estado vendiendo armas ucranianas a países devastados por la guerra en África y Oriente Medio. En 2022 se centraron en las importaciones procedentes de esos países y posteriormente empezaron a negociar contratos para la Agencia con fabricantes ucranianos.

Las auditorías identificaron numerosos contratos que resultaron en entregas tardías o incompletas, así como casos en los que se realizaron pagos anticipados sin que las empresas entregaran las armas. Se identificaron contratos firmados con empresas sin verificar previamente la presencia de los adjudicatarios en los centros de producción, como talleres subterráneos adecuados.

La Agencia está experimentando con nuevos modelos de contratación. Ha creado un mercado en línea que permite a los comandantes del ejército comprar armas para drones directamente a los proveedores mediante un ordenador o un móvil, saltando por encima de la burocracia militar.

(1) https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-eu-schaetzt-ukraine-hilfsbedarf-auf-riesige-milliardensumme/100160339.html
(2) https://www.nytimes.com/2025/10/06/world/europe/ukraine-war-weapons-defense-contracts-payments.html

El Convenio Europeo de Derechos Humanos sigue el ritual característico de las declaraciones solemnes: las personas tienen derecho a la vida, a la propiedad, a un juicio justo, al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio, a la prohibición de la discriminación y los tratos inhumanos o degradantes…

Quien examina la vigencia de esos derechos tan solemnes es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también conocido como Tribunal de Estrasburgo, al que se dirigieron algunos residentes del Donbas, reclamando por los bombardeos de Ucrania contra la población civil.

Es el caso llamado Ryashentseva y otros, cuyas viviendas resultaron dañadas o destruidas como consecuencia de los bombardeos ucranianos entre 2015 y 2020. En uno de los casos, un demandante denunció que su hija había resultado herida durante dichos bombardeos.

El Tribunal se burla de los vecinos del Donbas y no entra a examinar el fondo del asunto por no haberse agotado los recursos internos. Los demandantes debieron reclamar previamente a los mismos ucranianos que les estaban bombardeando.

Dice el Tribunal que Ucrania creó procedimientos específicos para los casos relacionados con la guerra del Donbas, que reubicó los tribunales, que admitió los procedimientos en rebeldía y el envío de citaciones y asistencia jurídica gratuita.

Para demostrar que los recursos eran accesibles desde el Donbas, el Tribunal se basa en la ONU y el Tribunal Penal Internacional, según los cuales Ucrania había iniciado investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos en la zona de guerra, incluso contra su propio personal militar.

Naturalmente, era un paripé. Jamás prosperó ninguna reclamación por los crímenes cometidos por el ejército ucraniano en el Donbas. Pero el Tribunal dice que la ausencia de condenas no invalida por sí sola los procedimientos establecidos, porque la obligación de Ucrania era “poner los medios, no garantizar el resultado”.

Es el colmo de la imbecilidad. Durante la guerra desatada en 2014, la población del Donbas fue acusada de “terrorismo” y a ningún “terrorista” se le ocurre ir a los juzgados para buscar un abogado, interponer una demanda y empezar a litigar… en plena guerra. No era tan complicado. Los demandantes sólo tenían que cruzar la línea del frente para acudir al juzgado y luego volver a la casa que les habían destruido.

Ya nadie se acuerda de aquel bulo que circuló por los medios de comunicación del mundo entero a finales de diciembre del año pasado: el petrolero Eagle S fue incautado por la guardia costera finlandesa por romper el cable Estlink 2, ubicado entre Finlandia y Estonia.

Fue un caso claro de piratería, un anticipo de la ópera bufa que ahora ha orquestado la Unión Europea con los drones para cerrar el paso por el Mar Báltico a Rusia. El barco ostentaba pabellón de las Islas Cook y era propiedad de la empresa emiratí Caravella LLCFZ. El capitán y el primer oficial eran georgianos y el segundo oficial era indio.

Pero esos pequeños detalles no importaron nada porque los reportajes estaban escritos de antemano. Los medios aseguraron que el barco formaba parte de la “flota fantasma” rusa que se dedica a eludir las sanciones impuestas por varios países países occidentales para seguir exportando hidrocarburos.

Tras zarpar de Ust-Luga (Rusia) con destino a Puerto Said (Egipto), el Eagle S fue acusado de arrastrar el ancla deliberadamente durante 90 kilómetros para arrancar los cables en cuestión. No era un caso único, dijeron. Otras infraestructuras críticas de la región habían sufrido daños similares causados ​​por otros buques, como los cargueros chinos Yi Peng 3 y Newnew Polar Bear.

Por si no fuera suficiente, la revista británica Lloyd’s List acusó al buque de espionaje. El equipo de transmisión y recepción utilizado para registrar “todas las frecuencias de radio” fue transferido a Rusia para su análisis.

Tras aquella fantasmada, la OTAN lanzó la Operación Baltic Sentry para frustrar cualquier posible acción que Rusia pudiera intentar llevar a cabo en la región como parte de sus operaciones de “guerra híbrida”. Traducido al román paladino eso significa: estamos llevando a cabo un montaje para justificar el bloqueo del Mar Báltico a Rusia, algo que contradice de plano el derecho internacional.

El gobierno finlandés dijo que había reunido pruebas suficientes para llevar al comandante del Eagle S y a sus dos segundos al mando ante los tribunales por “daños criminales agravados y obstrucción agravada de las comunicaciones”.

“Los propietarios del cable sufrieron un total de al menos 60 millones de euros en daños directos solo en costes de reparación, y la interrupción de los cables de transmisión eléctrica y telecomunicaciones […] también es sospechosa de haber causado un grave riesgo para el suministro energético y las comunicaciones en Finlandia, a pesar de que los servicios podrían haberse prestado a través de conexiones alternativas”, dijo la fiscalía finlandesa el pasado mes de agosto.

Pues bien, el montaje se ha desplomado como un castillo de naipes. El viernes de la semana pasada, el Tribunal de Distrito de Helsinki los absolvió e incluso ordenó al gobierno finlandés el reembolso de sus costas legales, que asaciende a casi 200.000 euros.

El caso es que la ruptura de los cables submarinos es algo bastante frecuente en la navegación marítima, o sea, que no había nada extraño en el suceso. El armados del buque paga los daños y no hay nada más que discutir.

En el juicio quedó claro que el ancla del Eagle S arrastró durante decenas de kilómetros el cable sin darse cuenta, como sostuvieron los tres acusados y la pérdida de velocidad del buque se debió a un problema en el motor. El tribunal sanciona que el incidente se debió a un fallo mecánico en el molinete y se declara incompetente, explicando que el derecho penal finlandés no podía aplicarse en este caso, al considerarlo un “incidente de navegación” amparado por la Convención de la ONU sobre el Derecho Marítimo.

“Los tribunales del Estado del pabellón del buque o del estado de residencia de los acusados ​​tienen jurisdicción penal en este asunto”, argumenta el tribunal, dando la razón a los acusados. Los cables se habían roto fuera de las aguas territoriales finlandesas.

Además, el tribunal también determina que el incidente no causó daños lo suficientemente significativos como para calificarlo como “daños contra la propiedad o daños contra la propiedad agravados”.

En cuanto a la participación de Rusia y la “flota fantasma”, durante el juicio no se escuchó nada de eso. En enero el Washington Post ya anticipó que no existían pruebas de que las roturas de cables observadas en el Mar Báltico fueran resultado de la famosa “guerra híbrida” de Rusia y que probablemente se debieran a “tripulaciones inexpertas que prestaban servicio a bordo de buques en mal estado”.

En fin, como siempre: mucho ruido y pocas nueces. La Unión Europea ha vuelto a hacer el ridículo. Como sabían que el montaje de la “flota fantasma” no iba a salir bien, han recurrido a otra fantasmada: los drones rusos que sobre vuelan los países escandinavos, Francia, Alemania, Reino Unido…