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Autor: Redacción (página 1326 de 1363)

La crisis del capitalismo incrementa los suicidios en Inglaterra

Un análisis publicado en el periódico de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) reveló que los efectos de la crisis del capitalismo, como el desempleo, los desahucios, la precariedad, la explotación laboral y los recortes en ayudas sociales, aumentaron el número de suicidios en Reino Unido durante el año 2013 en un cuatro por ciento más que el año anterior, lo que representa un total de 6.233 personas, la cantidad más alta en la última década.
Desde el año 1981, las tasas de suicidio en el Reino Unido se habían reducido con 15,6 por cada 100.000 personas hasta el 2007 y con 10,6 los años siguientes, hasta registrarse este incremento que se atribuye a la profunda crisis del capitalismo en el país.
La ONS detalló que durante el año 2013, por cada 100.000 muertes registradas en Reino Unido, 11,9 fueron por suicidio. De las personas que se quitaron la vida un 78 por ciento fueron hombres en su mayoría entre 45 y 59 años.
La región más afectada fue el norte de Inglaterra, con 13,8 muertes por cada 100.000 personas, mientras que Londres registró la menor cantidad de suicidios, con 7,9 por cada 100.000.
El informe reseña que los métodos más utilizados por el 56,1 por ciento de los hombres y el 40,2 por ciento de las mujeres, fueron el ahorcamiento, estrangulamiento y asfixia.

Imputados 8 guardias civiles por maltratar a los inmigrantes que saltan la valla

El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla que investiga las devoluciones sumarias de inmigrantes a pie de valla en la ciudad autónoma de Melilla, ha imputado a 8 guardias civiles por los golpes que recibió un migrante el pasado 15 de octubre, hechos documentados en vídeo por la ONG local Prodein.
El auto convoca a estos guardias civiles para dirimir si «pudo haberse producido un empleo de la fuerza desproporcionado y si tal manera de proceder pudiese estar tipificada en el Código Penal, sin perjuicio de mejor y más depurada calificación, al menos como un delito de trato degradante».
El juez indica además en el auto que «en el supuesto de que pudiera determinarse que alguno de los inmigrantes hubiera sufrido alguna lesión» se imputaría «un delito de lesiones» a los guardias civiles.
Los guardias civiles llamados a declarar «en calidad de imputados» lo son «en relación a la acción que ha sido documentada en soporte videográfico de actuaciones», según el cual un inmigrante conocido como Dani «que no ha sido identificado hasta el momento», fue «rodeado y golpeado por un grupo de guardias civiles» cuando bajaba por una escala de la valla de Melilla, «siendo posteriormente trasladado en volandas hasta Marruecos desde España atravesando el perímetro fronterizo».
«Es necesario determinar si tal empleo de la fuerza fue o no contrario a derecho, teniendo en cuenta que en la grabación aportada por la guardia civil el ciudadanos subsahariano parece empuñar un garfio en la mano derecha», añade el magistrado.
Se trata del suceso documentado por la ONG Prodein el pasado 15 de octubre en la valla de Melilla, cuando un inmigrante, que identificó como un camerunés de 23 años llamado Dani, fue rodeado y golpeado por un grupo de agentes de la guardia civil mientras descendía por la escala que los agentes habían colocado para desalojar la valla, a la que se habían encaramado varias personas.
La Asociación Pro Derechos Humanos, la propia Prodein, Andalucía Acoge y la Coordinadora de Barrios presentaron denuncia ante el juzgado tanto por la fuerza que emplearon los guardias civiles como por la devolución sumaria a Marruecos que ejecutaron después de los inmigrantes que fueron interceptados.
La denuncia fue admitida a trámite el pasado mes de enero y acumulada a la causa abierta en este juzgado para investigar las llamadas devoluciones en caliente, la misma en la que fue imputado en septiembre el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Melilla por un posible delito de prevaricación, ya que es el responsable del protocolo contrario a la Ley de Extranjería que rige este proceder en la frontera melillense.
El abogado de la acusación, José Luis Rodríguez Candela, asegura que el garfio que menciona el auto judicial es una herramienta que se fabrican los emigrantes para poder ascender por la malla, diseñada de tal manera que impide introducir los dedos entre los alambres.

Fútbol, corrupción y crimen organizado

El fútbol no es un deporte sino un negocio mafioso. Según un informe de la OCDE de 2009, ha pasado de ser «un deporte popular» a convertirse en «una industria mundial» desde inicios de los noventa por la inversión en derechos televisivos y publicidad corporativa. Una conversión en puro negocio que se complica aún más con la entrada de las casas de apuestas «más allá del control de las autoridades», dice la OCDE.
En 2007 generó unos 13.800 millones de euros sólo en Europa. De esta cantidad, 7.200 millones pertenecían a las primeras divisiones de las cinco grandes ligas (España, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia).
También es un espejo de la sociedad en la que vivimos: contratos en dinero negro, sobornos, tráfico de drogas, apuestas, evasión fiscal, amaño de partidos… Hasta la fecha se ha salvado de la prohibición porque es la gallina de los huevos de oro.
La relación entre crimen organizado y fútbol es más profunda y compleja de lo que se piensa. En 2013 la Europol, la policía europea, desmanteló una red corrupta de apuestas futbolísticas coordinada desde Singapur. La investigación se llevó a cabo en 13 países y afectó a más de 400 implicados, entre jugadores, directivos, técnicos y árbitros. Unos 380 partidos de fútbol disputados entre 2009 y 2011 fueron amañados.
En 2009 el Grupo de Acción Financiera de la OCDE investigó el blanqueo de dinero en este deporte y llegó a la conclusión de que los delitos son peores de lo que cabría imaginarse: «tráfico de seres humanos, corrupción, drogas, dopaje y delitos fiscales de todo tipo».
Dentro del negocio del fútbol, según la OCDE, es fácil entrar y salir, participan en él numerosos intermediarios, desde las televisiones a los agentes de los futbolistas, que gestionan sus relaciones de forma opaca y compleja; los dirigentes «carecen de la profesionalidad de otras empresas»; y la diversidad de estructuras legales que envuelve a este mundillo, desde sociedades anónimas a fundaciones sin ánimo de lucro.
Ejemplo de ello son las comisiones. En una temporada el antiguo presidente del Real Madrid Ramón Calderón y su directiva invirtieron cerca de 320 millones de euros en fichajes, sin incluir unos 24 millones en comisiones que se llevaron por contratar a futbolistas como Lassana Diarra.
Los agentes FIFA operan con otros agentes sin licencia «formando una comunidad cerrada que hace difícil seguir las transacciones operadas por ellos». No obstante, a ello se suma también el aumento de las capitalistas que poseen una parte de los derechos sobre el futbolista sin tener relación directa con el fútbol, muchas de ellas «con ramificaciones en paraísos fiscales», lo que hacen más difícil desenmarañar la red de pagos.
Un palco de fútbol es una golosina para hacer negocios. «El criminal compra una entrada para entrar en la alta sociedad. El fútbol tiene una larga historia de inversiones de ricos o empresas que tuvieron éxito en otros negocios. También hay casos de personas de dudosa reputación que invirtieron en el fútbol y ganaron aceptación social», explica el informe de la OCDE.
A la falta de profesionalidad y regulación se suman miles de millones de euros en constante movimiento entre países y paraísos fiscales, con fichajes pagados con cifras astronómicas basadas en expectativas a corto plazo imposibles de predecir. «Perder un partido tiene consecuencias financieras masivas», agrega.
El capitalista metido a presidente de club de fútbol se siente como pez en al agua en medio de este oasis mafioso. Muchas inversiones en fútbol no buscan más beneficios que la rentabilidad de ganar estatus social, dice la OCDE al citar una veintena de formas de lavar dinero.
Una es comprar un club de Tercera e invertir en infraestructuras y jugadores dinero del tráfico de drogas. Al subir el valor del club y la publicidad, el margen vale para blanquear dinero. Otra es directamente utilizar el club como plataforma para ampliar contactos en las altas esferas, algo perfectamente visible en muchos palcos de la Primera División española.
Otro ejemplo que cita el informe tiene lugar en «la experimentada» Italia, donde se abrieron procesos judiciales en 2006 por la utilización de clubes que salían a Bolsa para lavar dinero y enriquecerse con falsas ofertas de compra (subiendo así las acciones) que luego no se produjeron (con su consecuente desplome).
Fútbol y drogas
El informe de la OCDE también dice que los futbolistas son «personas socialmente vulnerables». «Si son mal aconsejados, pueden ser fácilmente protagonistas de negocios oscuros», denuncia. José Luis Pérez Caminero, jugador en los años noventa del Atlético de Madrid, Valladolid y selección, está imputado por su implicación en una red de blanqueo de dinero obtenido del tráfico de drogas.
El año pasado el jugador del Granada Dani Benítez dio positivo por cocaína en un control antidopaje realizado tras el partido Granada-Betis.
El jugador del Chelsea Adrian Mutu cumplió siete meses de sanción después de que admitiera su responsabilidad y probara que consumió una droga recreativa y no para mejorar su rendimiento físico.
El problema del tráfico de jóvenes jugadores comenzó a ser preocupante en algunos países europeos a inicios de los noventa, según el informe. «Las condiciones al reclutar a los jugadores no son nada claras», denunció la OCDE al destacar en especial los fichajes de jóvenes promesas de América Latina y África.
Ejemplo de ello fue la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre cuatro fichajes del Atlético de Madrid, Maxi, Bernardo Matías, Limamou Mbengue y Muyiwa Lawal, por los que el entonces presidente Jesús Gil pagó 3.100 millones de pesetas. Una «barbaridad», reconoció Matías.
«La liberalización de los mercados televisivos y la expansión de los canales de pago han contribuido a incrementar el patrimonio de los clubes, los salarios de los jugadores y, en consecuencia, la internacionalización del mercado de jugadores», decía el informe de la OCDE.
«Los factores fiscales también han tenido su parte», agrega la OCDE. «En los últimos años, para un club importante de Reino Unido o España es más barato fichar a un jugador extranjero porque tienen un tratamiento fiscal diferente que el de los residentes temporales», apunta.
España es de las ligas europeas el país con menores costes fiscales para los futbolistas extranjeros. Gracias a la «Ley Beckham», un jugador de otro país, aunque sea comunitario, paga un 24 por ciento en impuestos frente al 43 por ciento de los futbolistas nacionales.
Los amaños de partidos
La Liga de Fútbol Profesional vigila los amaños de partidos y la Fiscalía Anticorrupción investiga el partido Levante-Zaragoza de la temporada 2010-11. La Fiscalía ya ha citado a 33 jugadores y directivos a declarar.
La clave de esta investigación está en las llamativas transferencias simultáneas, y retiradas de dinero en bloque por parte de los maños. Ingresos en cuentas que se retiraron de forma sospechosamente coordinada.
Si son hallados culpables, los jugadores se enfrentan hasta a cuatro años de prisión.
El partido Málaga-Elche de la antepenúltima jornada de la temporada pasada que dio la permanencia al equipo alicantino está bajo sospecha. Terminó con un 0-1: Rodrigues marcó desde muy lejos a los 10 minutos y el choque dejó de tener historia, el Elche mató el encuentro. Los indicios apuntan a una gran cantidad de dinero, cercana a los 500.000 euros, que el conjunto ilicitano derivó de sus arcas.
Una de las pistas que lleva a investigar este encuentro son los mensajes que un jugador del Málaga recibió desde Alicante, tanteando de forma más o menos cauta el amaño.
La investigación del Girona-Xerez de la temporada 2012-2013 sigue su curso y el jugador José Vega, ya está imputado.
El fútbol es un lavado de cerebro
El artículo 1 del decreto de 1995 sobre Sociedades Anónimas Deportivas exigía que todos los clubes de fútbol estuvieran al corriente de sus obligaciones tributarias. El Sevilla y el Celta no pudieron pagarlas, por lo que debían descender de categoría.
Las aficiones se movilizaron y convocaron multitudinarias manifestaciones, llegando a convocar 25.000 personas en Sevilla una semana después, para pedir que sus clubes mantuvieran la categoría. La reacción del gobierno, siempre atento a las necesidades de las masas, no se hizo esperar. Rubalcaba tras un consejo de ministros dijo: “El gobierno espera encontrar una solución a los descensos del Sevilla y el Celta a la segunda B, que no se sancione a las aficiones”.
Lo mismo que el Museo del Prado, el fútbol también es de interés nacional. Pero, ¿por qué tanto interés?, ¿por qué interesarse por algo tan corrupto?

Se destapa otro caso de espionaje masivo en internet

El martes la empresa rusa especializada en seguridad informática Kaspersky anunció el descubrimiento de una gigantesca red de espionaje informático que está en el origen de los ataques de una complejidad sin precedentes con los que se ha logrado infectar discos duros de ordenadores de gobiernos, instituciones públicas y empresas estratégicas.

Kapersky ha bautizado esa red como The Equation Group. La empresa rusa asegura que esos piratas informáticos “han infectado desde el 2001 a miles o incluso decenas de miles de víctimas en más de 30 países de todo el mundo”. Según la empresa de seguridad informática, The Equation Group es una red “que supera todo lo que se conoce en términos de complejidad y sofisticación de la técnica”.

En el informe, Kaspersky asegura que The Equation Group “utiliza un muy complicado y costoso desarrollador para infectar a las víctimas acceder a sus datos. Además, ocultan su actividad con gran profesionalidad”. En cuanto a los autores de estos ataques, la compañía de seguridad informática no quiso acusar directamente a Estados Unidos, aunque lo ha dejado entrever pues ha señalado que el mecanismo de espionaje empleado por el grupo tiene “fuertes vínculos” con Stuxnet, el virus con el que la Agencia de Securidad Nacional atacó los ordenadores del programa nuclear iraní.

Así, Fanny, uno de los troyanos empleados por The Equation Group, continene elementos que indican que sus desarrolladores son o los mismos o muy parecidos a los de Stuxnet. Los países más afectados por esos ataques son Irán, Rusia, Pakistán, Afganistán, India, China, Siria y Mali. Los objetivos seleccionados con “precisión quirúrgica” son oficinas diplomáticas, ejércitos, medios de comunicación, las organizaciones islámicas o de telecomunicaciones, petróleo, nuclear, la nanotecnología, las finanzas…

Algunas de las víctimas fueron científicos que habían participado en un congreso y que recibieron en un CD un resumen de las ponencias. A medio camino, el paquete del cedé fue interceptado por estos piratas que introdujeron el virus en los CD y los volvieron a enviar. En otros casos, el virus estaba en el icono que se enciende cuando en un ordenador se conecta una memoria USB.

Lumpenburgueses

N.B.
Seguro que me llaman exagerado por decir que la mangancia y corrupción que asola la piel de toro viene de un estado de ánimo de los corruptos que les dice que «para algo ganamos la guerra», o sea, para hacer de España un cortijo donde robar a nuestro libre capricho, que es lo que siempre hemos hecho los lumpenburgueses, los quinquis de la burguesía que antes teníamos estudios y ahora ni falta que hace, como los antiguos marqueses y barones y condes castellanos que se vanagloriaban de no saber leer ni escribir, que para esos menesteres profanos estaban los escribanos y leguleyos y lo nuestro es la guerra y la caza del ciervo (el zorro en Inglaterra).
Estoy por decir -otra exageración mía- que esta gentuza chorimanga y afana ¡¡sin tener conciencia de estar haciendo algo malo, algo incorrecto, algo ilegal!! Y ello porque están acostumbrados al aquí te pillo, aquí te mato, como el medieval derecho de pernada que, aunque no era tanto como se dice, era algo… natural, la costumbre de toda la vida desde Platón, o sea, unos guerrean, otros rezan y otros, la mayoría, laboran. Nosotros somos los que guerreamos y ya ni falta que hace teniendo mercenarios y lansquenetes.
Un patán como Arturo Fernández, empresario, dicen, que se gastaba el dinero de las tarjetas «black» en sus propios restaurantes, como los de las Cortes, para que todo quede en casa pero con dinero ajeno, cuando le pregunta el juez que cómo es eso, te responde con la llaneza de un patán con ínfulas que, joder, «que eso lo sabía todo el mundo». Todo «su» mundo, quería decir, en realidad. O sea, toda la «casta», ahora sí vale este término, acostumbrada a pensar que el país es un batzoki en Euskadi para el PNV, una masía para la burguesía catalana o un chaparral para la oligarquía terrateniente-industrial-financiera. A la que hay que añadir, en el reparto del botín, a los nuevos zánganos del PsoE o IU, muchos de ellos hijos de falangistas (Griñán, por ejemplo) o franquistas o militares. Nosotros sólo hacemos lo que hemos visto hacer y se nos ha enseñado desde críos, ¿dónde está el delito, qué mal hemos hecho? El país es nuestro. ¿Por qué? Porque hemos ganado la guerra. Y si nos va mal, porque la gente empieza a estar hasta los cojones, algo inventaremos para hipnotizarlos -no quiero señalar, que está feo- y tiramos otros treinta años con el invento este de la «democracia», jajajajá…
Señora, a sus pies, que luego dicen de mí que soy un zarrapastroso lumpenburgués, que ni sé que significa ese palabro…

El Partido Comunista de Ucrania sigue ilegalizado

En mayo del año pasado el dirigente del Partido Comunista de Ucrania, Piotr Simonenko, declaró que si fuera jefe de Estado “retiraría inmediatamente todas las tropas” de las regiones orientales del país y calificó la “operación especial” en el este como una “guerra contra el pueblo”.
En respuesta, el entonces presidente en funciones, Alexandr Turchinov, pidió al Ministerio de Justicia inspeccionar la actividad de la organización comunista e insinuó la posibilidad de prohibirla.
Inmediatamente después el Ministerio de Justicia llegó a la conclusión de que el Partido Comunista realizaba una actividad anticonstitucional al apoyar a las milicias de Lugansk y Donetsk.
El 22 de julio los diputados ucranianos autorizaron al presidente del Legislativo a disolver el grupo parlamentario comunista.
El Partido Comunista de Ucrania recurrió ante el Tribunal Administrativo de Kiev que, después de una reunión mantenida ayer se negó a revisar la prohibición de la actividad de los comunistas.
El juez del Tribunal Administrativo, Valeri Kuzmenko, ha justificado su inhibición afirmando que no puede seguir investigando la demanda presentada por el Ministerio de Justicia ucraniano debido a la presión por parte de la Fiscalía General.
El lunes la fiscalía ucraniana informó que la policía había registrado el edificio del Tribunal Administrativo debido a las falsificaciones en las que ha incurrido el Tribunal desde 2012.
“El juez del Tribunal Administrativo de Kiev, Valeri Kuzmenko, se negó a examinar el caso sobre la prohibición del Partido Comunista de Ucrania y lo entregó a otro tribunal”, señala un comunicado del Partido Comunista publicado ayer en su página web.

La Audiencia Provincial de Madrid pierde los papeles

Los discos duros de los ordenadores del Partido Popular fueron borrados para obstruir la investigación sobre su financiación ilegal. La manipulación de los ordenadores posibilitó que, por primera vez desde que arrancó el caso Gürtel, el Partido Popular figurase como querellado en una causa criminal.
El artículo 264 del Código Penal impone penas de cárcel de seis meses a dos años a quien sin autorización borre, dañe o haga “inaccesible” datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos. Ese delito es atribuible a una persona jurídica, en este caso el Partido Popular porque presentó el borrado de datos “como algo habitual y que forma parte de la rutina y actividad diaria en la gestión administrativa del propio partido”. Naturalmente que no guardan copia de los contenidos.
Ante esta situación las acusaciones del caso de los papeles de Bárcenas, entre ellas la Asociación Libre de Abogados, presentaron una querella contra el Partido Popular por la “destrucción u ocultación” de pruebas en octubre de 2013. Ante la denuncia, el juez Pablo Ruz hizo lo de siempre: para quitarse trabajo de enmedio la rechazó.
El asunto empezó a pasar de unas manos a otras hasta que llegó al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid al que los denunciantes le piden lo imposible: que identifique a los responsables del departamento de informática que llevaron a cabo el formateado del disco duro del ordendor y a los responsables del partido que destruyeron el registro de visitas, donde deberían haber quedado reflejados los encuentros de los donantes con los jefecillos del Partido Popular.
Como la titular del Juzgado de Instrucción número 32 tampoco quiere trabajar, o sea, investigar nada, los denunciantes tienen que recurrir a la Audiencia Provincial de Madrid y al enviar allá los papeles, de tanto mareo resulta que los han debido tirar a la papelera, o mejor dicho, no saben ni a dónde los han tirado porque no aparecen. Ayer el Juzgado número 32 les dice a los denunciantes que «se han perdido» por el camino, aunque debería haberles dicho más bien que alguien los ha hecho desaparecer.
El caso es que 14 meses después del recurso, no hay papeles, que es lo que el Partido Popular ha dicho siempre. Ni siquiera hay discos duros, que están completamente en blanco. Todo está tan limpio porque se ha limpiado dos veces. Una limpieza detrás de otra.
En sus intentos de explicar lo inexplicable las fuentes oficiales dicen que no hay explicación, pero a nosotros se nos ocurren dos hipótesis:
a) hay mala fe, una mano negra al servicio del PP, la misma que borró los discos duros para ocultar las pruebas
b) no hay mala fe pero los tribunales son un desastre, lo cual es aún peor: ¿cómo permiten que alguien tan chapucero pueda condenar a una persona?, ¿no serán sus condenas otra chapuza?
Cuando el asunto de los GAL apuntaba a la cabeza del PSOE, ya lo dijo Felipe González: «No hay pruebas ni las habrá». Ahora Rajoy puede decir lo mismo. Funcionan exactamente igual que la mafia. Lo llaman de otra manera: Estado de Derecho.

El negro que cagó en el calabozo y el policía que cogió la fregona para limpiar la mierda

Aunque los hechos no han trascendido hasta ahora, el pasado día 16 de enero un senegalés detenido en la Comisaría de Delicias, en Valladiolid, denunció que un policía le arrojó encima seis garrafas de agua a través de los barrotes de la celda. El Juzgado de Instrucción número 2 de la capital pucelana «investiga» los hechos (o al menos eso es lo que dice).
Los sindicatos de la policía han reaccionado como siempre: cerrando filas al estilo corporativista, o sea, fascista. Luego se quejan de que siempre metemos a toda la policía en el mismo saco. Dicen que en la policía, como en todas partes, hay buenos y malos, pero según ellos, los policías siempre son buenos y por eso salen en defensa de su colega. En un comunicado el Sindicato Unificado de Policía y la Confederación Española de Policía aseguran que los hechos no son constitutivos de delito.
Pero veamos, señores policías: ¿por qué se meten Ustedes en camisa de once varas? Si tirar seis garrafas de agua encima de un detenido es o no delito, eso le corresponde decidirlo a un juez, para lo cual primero tendrá que ponerse a investigar y a Ustedes les pagan para ayudarle en esa tarea. Lo que Ustedes nos quieren decir es que si no hay delito no hay nada que investigar, o sea, que Ustedes disponen de alguna ciencia infusa que, de antemano, les lleva a investigar unas cosas, mientras que otras las dejan de lado. ¿Acaso se consideran Ustedes juez y parte?, ¿creen que el más capacitado para juzgar a un policía es otro policía o que el más capacitado para juzgar a un corrupto es otro corrupto?
En su comunicado los mencionados sindicatos muestran su «total y absoluto apoyo» a la actuación del policía, a la que habría que calificar -incluso- de «higiénica» ya que, en palabras de Jorge Morante, responsable provincial del SUP, se limitó «a limpiar con agua la celda después de que el detenido hiciera en ella sus necesidades».
El sindicalista no aclara si la limpieza de la celda se hizo con el negro dentro o fuera de la celda, es decir, si el policía se dispuso a limpiar ambas cosas a la vez, o si sólo trataba de limpiarle el culo al sucio negro, o si le mojó por descuido mientras se afanaba en pasar la fregona a la celda, o si… Hay varias hipótesis.
La escena que ha quedado grabada por las cámaras de seguridad de la comisaría debe ser maravillosa: ¿se imaginan Ustedes a un policía limpiando la cagada de un negro dentro del calabozo?, ¿le imaginan llenando el cubo de agua, añadiéndole luego un poco de lejía, echando ambientador con olor a pino y pasando la fregona a las baldosas?
Cuando los hechos han trascendido, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, ha apelado a la presunción de inocencia y a la prudencia hasta que las investigaciones queden esclarecidas. El subdelegado también ha aprovechado los micrófonos para asegurar que se trata de algo aislado.
En efecto, tiene razón el subdelegado; es un hecho muy aislado. Nunca hubiéramos imaginado a un policía limpiando la cagada de un negro en el calabozo, salvo que los recortes presupuestarios estén alcanzando tales extremos.
Estamos impacientes por ver las grabaciones de vídeo.

Rajoy lleva de nuevo a la División Azul al Báltico

El ministro de la Guerra, Pedro Morenés, ha salido de viaje esta mañana para visitar a la Nueva División Azul que el gobierno del PP ha enviado a la frontera de Rusia. Desde finales de diciembre un contingente de más de un centenar de militares españoles forma parte de la misión de acoso de la OTAN contra Rusia en la base aérea de Amari, en Estonia.
La Nueva División Azul está formada por cuatro cazas Eurofighter y unos 115 efectivos, entre los que hay pilotos, personal de mantenimiento, un médico, un equipo de rescate, controladores aéreos y un equipo de protección.
Pero desde 1939 los colores han desteñido. Ahora la Nueva División Azul vende la moto de otra manera para seguir haciendo lo mismo que en 1939. Las directrices de la OTAN han impuesto al gabinete de imagen del Ministerio de la Guerra otra manera muy distinta de presentar oficialmente el ataque. Ya no se trata de combatir la expansión del comunismo sino de «vigilar el espacio aéreo ante la presencia constante de aeronaves militares rusas, que se ha incrementado notablemente a raíz del estallido del conflicto en el este de Ucrania».
Otra manera de contar la misma farsa en las notas de prensa es la siguiente: la misión española quiere dejar claro a los rusos que vuelan desde el norte de su territorio, en San Petersburgo, hacia Kaliningrado, al sur de Lituania, que los países bálticos son miembros de la alianza militar imperialista.
El radio de acción de esta misión aérea ocupa alrededor de 60.000 kilómetros cuadrados en el Mar Báltico y junto con España también están desplegadas tropas de Polonia e Italia, en una base de Lituania, y Bélgica, en otra base polaca.
Aunque esta misión se puso en marcha hace diez años y los países imperialistas se van rotando en turnos de cuatro meses, sus efectivos se han incrementado en el último año debido a la intensificación de la presión contra Rusia iniciada con el golpe de Estado en Ucrania. La rotación que le correspondía a España en esta misión no empezaba hasta 2016, pero la guerra ha obligado a que los imperialistas intensifiquen su presencia en la zona e incorporar una base más, la de Estonia, para albergar a otro contingente adicional.
El Ejército del Aire estonio ha reconocido que se han producido lo que califica como «incidentes» con aviones rusos que vuelan hacia Kaliningrado que en ningún caso son «actos hostiles» por parte de Rusia. Lo que no dice es que ni siquiera se podrían calificar como «incidentes» si Estonia no hubiese cometido la provocación de llevar la OTAN a las puertas mismas de una ciudad con una enorme densidad de tráfico aéreo, como San Petersburgo.

Estados Unidos ya está suministrando armas a Ucrania

Ayer Putin anunció que después de haber insistido en resolver la crisis a través de medidas políticas y no militares, Estados Unidos está suministrando armas a Ucrania: «Según nuestras informaciones, esas armas [estadounidenses] ya están en Ucrania. Su uso puede aumentar el número de víctimas, pero no va a cambiar la situación», aseguró el Presidente ruso en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en Budapest, la capital húngara.
También expresó su esperanza sobre una rápida aplicación del nuevo acuerdo de Minsk de manera completa, en especial, la realización de una reforma constitucional que prometió Kiev para dar la autonomía a las regiones orientales de Donetsk y Lugansk.
Asimismo, exhortó a las fuerzas gubernamentales sitiadas en Debaltsevo a deponer las armas mientras que urgió a las autoridades ucranianas a no obstaculizar el proceso. Por otra parte, pidió a los independistas que permitan a las tropas ucranianas abandonar la localidad.
El 6 de febrero Estados Unidos declaró que estaba estudiando la posibilidad de prestar ayuda militar directa a Ucrania. Sobre el caso, ayer el primer vicepresidente del partido “Rusia Justa”, Mijail Yemelianov, aseguró que la medida convertirá a Kiev en un “terrorista internacional”.
“Dentro de cierto tiempo estas armas llegarán a Ucrania y el país se irá transformando en un terrorista internacional dispuesto a combatir a Rusia, un terrorista pobre, hambriento, pero listo para ir a la guerra”, dijo el parlamentario ruso.
En reiteradas ocasiones, Moscú ha advertido a Washington sobre el suministro de armas a Ucrania, ya que cree este paso solo conducirá a una escalada del conflicto.
Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos empeoraron a raíz de las crisis de Crimea. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales han impuesto sanciones económicas contra Rusia, tanto contra individuos y organizaciones, como contra los sectores bancarios, energéticos y de defensa, ya que acusan a Moscú de expansionismo.
En Estados Unidos las declaraciones públicas de altos dirigentes de la Casa Blanca aseguran que la guerra de Ucrania no es más una excusa: las sanciones económicas no se van a levantar nunca, ni con los acuerdos de Minsk-2 ni con ninguna otra medida que Rusia pueda adoptar para relajar la tensión. Lo mismo que Cuba, Rusia está abocada al bloqueo económico, que es siempre una medida de guerra, un «casus belli», lo cual indica que en la guerra de Ucrania el objetivo de los imperialistas sigue siendo Rusia.
A un lado y otro de las trincheras los discursos cambian de tono radicalmente. En Rusia los medios no hablan de otra cosa que no sea una guerra inminente. Incluso en las redes sociales, entrevistas y tertulias, la preocupación primordial es la escalada bélica, envuelta en rabia y en una fuerte carga emocional: «Rusia no capitulará», decía ayer un tuit.

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