Béatrice Le Bon-Vujanovic
En 1995 numerosos habitantes fueron obligados a abandonar Croacia, y sobre todo la región de Krajina, porque eran serbios. Su regreso ha topado con una política de obstrucción por parte de las autoridades croatas. ¿Cómo ha ido evolucionando la situación desde el fin de los años 90, especialmente en el contexto de la integración europea de Croacia?
Hasta los conflictos de los años 90, la Krajina era una región mayoritariamente poblada de serbios, en el interior de la república socialista croata. En 1991 la República Serbia de Krajina proclamó su independencia. El 4 de agosto de 1995 las fuerzas croatas lanzaron la operación “Tempestad” para “reconquistar” la región. Esta ofensiva militar provocó la partida forzada de más de 200.000 serbios hacia Bosnia Herzegovina y Serbia sobre todo. Hasta 2010 solamente una cuarta parte había regresado a Krajina.
La búsqueda de la homogeneidad étnica después de 1995
Con una primera limpieza étnica por parte de los serbios a principios de los años 90, y una segunda por parte de los croatas en 1995, Krajina ha perdido una gran parte de su población. Después de 1995 Croacia promovió la homogeneidad nacional, es decir, étnica, en la región con dos tipos de medidas. Por una parte la repoblación de la región con croatas, especialmente incitando al regreso de croatas desplazados desde 1995 y favoreciendo la llegada de colonos croatas llegados de las antiguas repúblicas yugoslavas. Por otra parte, disuadiendo el regreso de los serbios en la región a través de procedimientos administrativos complejos y con un enfoque discriminatorio en los procedimientos penales por crímenes de guerra.
Al poner en cuestión los derechos de las poblaciones serbias expulsadas, Croacia prima el criterio de la nacionalidad (identidad croata) sobre el de ciudadanía (pertenencia a Croacia). Esta preferencia está marcada en la constitución croata, que señala una ruptura con la República Federativa Socialista de Yugoslavia según la cual los serbios eran un “pueblo constitutivo” de Yugoslavia.
En el centro de los dispositivos instrumentados por el gobierno croata para repoblar Krajina figuran las reformas de los derechos de propiedades inmobiliarias, con tres leyes promulgadas entre 1995 y 1996. Este cuadro legislativo atañe principalmente al parque de propiedad social, dominante en Yugoslavia y que confiere el uso y disfrute al ocupante del alojamiento: las viviendas ocupadas por serbios y “abandonadas” deben ser puestas en alquiler en beneficio de los croatas, llegados de otras repúblicas y receptores de la ciudadanía croata, que les confiere derechos en materia de vivienda; las viviendas se privatizan en beneficio de los ocupantes (desde hace mas de diez años), privando a los serbios, entonces ausentes, de este beneficio.
El fracaso de las políticas de retorno de la población serbia
A partir de 1996, en virtud de los acuerdos de Dayton que pusieron fin al conflicto, La Organización para la Seguridad y la Cooperación y la Unión Europea ejercen presión sobre las autoridades croatas a fin de garantizar el derecho al retorno de las personas refugiadas y desplazadas. Dos años más tarde el gobierno croata enmienda numerosas disposiciones de leyes sobre la propiedad y pone en marcha procedimientos ad hoc de resolución de conflictos entre los nuevos ocupantes (croatas) y los antiguos (serbios).
Las leyes de 1995 legalizan la ocupación por croatas de viviendas antiguamente ocupadas por serbios en el parque de propiedad social, pero no las expulsiones forzadas de los serbios. Además, en el parque de propiedad privada, las viviendas pertenecientes a serbios han sido ocupadas por croatas, pero al margen de todo marco jurídico. En la práctica, numerosos croatas están ocupando viviendas cuya propiedad o disfrute es reivindicada por serbios expulsados, en un contexto jurídico confuso.
En 2000 el nuevo gobierno de centro izquierda decide implantar un programa para favorecer el regreso de los serbios, comprometiéndose a luchar contra la ocupación de las viviendas pertenecientes a la población serbia. La razón de este giro es pragmática; se trata de mejorar las relaciones con la Unión Europea para obtener el estatuto de candidato oficial. En cualquier caso la puesta en marcha de este programa resulta muy parcial, y el gobierno debe enfrentarse a las resistencias de la Iglesia católica, de una gran parte de los políticos locales y de la asociación de veteranos de guerra de Yugoslavia.
En 2003, tras la victoria del partido nacionalista HDZ (Unión Democrática croata) en las elecciones legislativas, el gobierno decidió continuar este programa. Ese mismo año la Unión Europea inicia negociaciones relativas a la adhesión de Croacia, y reconoce pues que Croacia posee instituciones estables que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, el respeto y la protección de las minorías. Pese a la divergencia de opiniones en cuanto a la política croata relativa a la vuelta de los refugiados desde el principio de las conversaciones, este punto fue únicamente objeto de una mención en el discurso de aceptación de la candidatura de Croacia en 2003. Concretamente, el elemento “Derecho y Protección de las Minorías” no ha constituido un asunto determinante de la adhesión de Croacia a la Unión Europea.
El desarrollo de los procesos de los generales del ejército croata que dirigieron la operación
“Tempestad” ha hecho nacer un sentimiento de incomprensión y de injusticia entre la minoría serbia de Croacia: la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se presenta como insuficiente, y dos generales han sido exonerados en 2012 tras un juicio en primera instancia. Pese a la opinión favorable de la Comisión Europea expresada en 2010 sobre estos procedimientos, y de la tendencia a la minimización de la violencia de la operación
“Tempestad” por parte del Consejo de Europa, las ONG son críticas. A finales de 2011, Amnistía Internacional estima en un informe que
Croacia ha tenido muy poca voluntad política para perseguir los crímenes cometidos por las fuerzas armadas croatas durante la ofensiva de agosto de 1995.
La persistencia de las lógicas étnicas en el seno de la Croacia europea
Desde el fin de los años 2000 se observa en Croacia un recrudecimiento de las violencias hacia la minoría serbia, especialmente en Krajina, en donde la minoría serbia representa alrededor del 11% de la población (contra un 4% a nivel nacional). Un informe del Consejo Nacional Serbio de 2015 constata un aumento de los actos criminales y las infracciones respecto a los serbios en Croacia en 2014, y una cierta indiferencia por parte de la policía local. Esta constatación se ve acompañada por el uso creciente de la retórica nacionalista que contiene una “histeria antiserbia” en el discurso de los políticos, ilustrado por la celebración del vigésimo aniversario de la operación “Tempestad”, entre la indiferencia de Unión Europea de la cual Croacia es miembro desde 2014.
Con el ejemplo de Krajina, el análisis concreto de las poblaciones desplazadas permite comprobar que diferentes obstáculos (institucionales, políticos y legales) han disuadido a los candidatos al retorno. Únicamente al principio de las negociaciones para la adhesión de Croacia a la Unión Europea se hicieron verdaderos esfuerzos a favor del retorno de las poblaciones serbias. Desde la adhesión de Croacia en 2013 se ha dado una auténtica disminución en la ejecución de las políticas de retorno. Aunque apreciar la presión ejercida sobre Croacia por la Unión Europea en materia de derechos y de protección de las minorías sea complejo y sus progresos difícilmente evaluables, los informes divergentes de ciertas ONG dejan perplejos.
Respecto al regreso de la minoría serbia, Croacia habría destinado muchos menos medios, atenciones y presiones diplomáticas que Bosnia Herzegovina. Esto podría ser uno de los factores explicativos del escaso número de retornos. En 2010, solamente un 25% de los serbios que huyeron de Croacia han vuelto a instalarse. Según al Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) de los 132.707 retornos contabilizados en Krajina, alrededor de 70.000 se han reinstalado de manera permanente. Los demás han vuelto y están domiciliados en Croacia, pero viven en su mayor parte en Bosnia Herzegovina o en Serbia. La mayoría de las personas que han vuelto a vivir en Krajina son personas de edad. Este doble dato plantea la cuestión del regreso permanente. Este exige la reintegración social y económica, el acceso a los servicios sociales, a la vivienda, al empleo, a la seguridad, etc. Aunque se hayan hecho progresos considerables desde finales de los años 90, las discriminaciones basadas en cuestiones étnicas (en el plano del acceso al empleo principalmente) así como el recrudecimiento de las violencias contra la minoría serbia estos últimos años ponen en peligro estas perspectivas.
Estas dificultades se acompañan en el paisaje político-mediático croata del creciente empleo de la retórica nacionalista antiserbia. La clase política croata parece hoy tener dificultades en deshacerse de la lógica de la “etnicidad” que dominó el último conflicto. Los discursos provocadores, reflejo de una gran parte de la opinión pública croata, suponen un gran paso atrás en las reformas emprendidas a favor de la minoría serbia.
Fuente: http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1643&PHPSESSID=3f9ec027740cd7ecf7d11e49802bdbae
