Hay quien todavía se pregunta los motivos por los que las dos grandes centrales sindicales, a pesar de todo lo que ha llovido, no han empleado ninguna medida de fuerza desde hace más de una década. El Ministerio de Trabajo se niega a eliminar «de oficio» hasta 80.000 delegados fantasma que sirven a las dos grandes centrales sindicales para ejercer en exclusiva la portavocía de la clase trabajadora ante el gobierno y la patronal.
La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha revelado en una reciente denuncia que a los efectos de cobrar subvenciones y también a la hora de la representación en el llamado «diálogo social» CCOO y UGT tienen en nómina un gran número de delegados inexistentes.
Se trata de aquellos que aún ostentan la condición de representantes de trabajadores en empresas que han cerrado o ya no trabajan en ellas, y que entre otras cosas condicionan la cuantía de las subvenciones que reciben las organizaciones sindicales a las que pertenecen. El truco de esta sobrerepresentación se obtiene mediante los registros de representantes sindicales, que como se actualizan cada cuatro años, consigue una horquilla suficiente para manipular los datos de representatividad.
Cada año, el Ministerio de Trabajo autoriza la convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales «en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas, por la realización de actividades de carácter sindical». Este año, la partida es de 17 millones de euros.
Según el reparto de 2023, cuando se autorizó una subvención idéntica, CCOO recibió 6,4 millones de euros frente a los 5,8 de UGT, prácticamente el 72 % del total. USO, por su parte, apenas obtuvo 735.000 euros, seguido de CSIF (684.000 euros) y ELA (553.000).