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Día: 17 de diciembre de 2025 (página 1 de 1)

En la Guerra de Ucrania el campo de batalla no es lo más importante

Recientemente la directora del servicio de inteligencia exterior británico (MI6), Blaise Metreweli, que aparece en la imagen de portada, saltó a la palestra para expresar su preocupación por el comportamiento de Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. En una declaración pública, afirmó que Moscú está “poniendo a prueba a Occidente” y obstaculizando los esfuerzos para encontrar una solución política al conflicto, en un momento en que las iniciativas diplomáticas tienen dificultades para producir resultados tangibles.

En Londres están rabiosos. La misión de un servicio de inteligencia no es dirigirse directamente a la opinión pública. Cuando un dirigente de la inteligencia habla públicamente sobre una guerra en curso, el mensaje rara vez va más allá de una simple alerta de seguridad.

La guerra ha entrado en una etapa de desgaste prolongado, con un creciente coste económico y político, sobre todo para los países europeos. La guerra en Ucrania hace tiempo que dejó de limitarse a los combates. Las operaciones militares coexisten con la presión diplomática, económica, mediática e informática.

En la jerga de un perssonaje como Metreweli, “poner a prueba a Occidente” significa evaluar su capacidad para mantener un apoyo sostenido a Ucrania, preservar su unidad política y absorber los efectos acumulativos de las sanciones, la tensión económica y las desavenencias internas. Este enfoque prioriza el desgaste sobre la ruptura, basándose en el tiempo como palanca estratégica. La advertencia británica sugiere, por lo tanto, que la guerra ya no se libra únicamente en el campo de batalla, sino también en los equilibrios internos de las sociedades occidentales, expuestas a crecientes tensiones políticas, económicas y sociales.

La declaración de Blaise Metreweli también se produce en un contexto de persistente estancamiento diplomático. A pesar de varios intentos de mediación e iniciativas internacionales, no ha surgido ninguna perspectiva de un acuerdo porque las potenicias occidentales no aceptan su derrota. Las posiciones siguen profundamente divididas, y las concesiones necesarias parecen políticamente costosas, incluso insostenibles, a corto plazo.

Las señales de alerta se están multiplicando en las oficinas europeas que toman las decisiones.

Si bien Rusia se menciona explícitamente en la advertencia, el mensaje de la diretora del MI6 también parece estar dirigido a los socios occidentales de Reino Unido. Tras varios años de guerra, la sostenibilidad del apoyo a Ucrania cobra cada vez mayor relevancia en los debates políticos. Las limitaciones presupuestarias, las prioridades nacionales y los ciclos electorales influyen cada vez más en las decisiones estratégicas.

La advertencia de Blaise Metreweli parece, por lo tanto, menos una advertencia puntual que un indicador del estado caótico dentro de la OTAN y los países europeos. La Guerra de Ucrania ha alcanzado una etapa en la que está en juego bastante más de las concesiones territoriales. Las alianzas que se creían sólidas (OTAN, Unión Europea) se han desvanecido como el humo. Los países europeos no son capaces de gestionar una crisis prolongada.

Las delirantes declaraciones del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Richard Nayton van en la misma línea. “Los hijos e hijas de Gran Bretaña deben estar preparados para luchar contra Rusia” porque “existe el riesgo de un ataque ruso contra Reino Unido y es necesario informar a la población civil del país, a sus familias y hogares, sobre cómo prepararse para “una amplia gama de amenazas físicas reales”.

“La situación es la más peligrosa que he visto en toda mi carrera”, concluyó Nayton. Sólo en la pandemia se alcanzó este grado de histerismo.

Suiza presenta un proyecto de ley para silenciar las redes sociales

Es lógico que los Estados persigan eso que califican como “desinformación”. La prensa convencional se ha hundido y no ha sido sólo por el surgimiento de las nuevas técnicas digitales de edición y difusión. Casi la mitad de los suizos han dado la espalda a los medios de comunicación tradicionales, según el nuevo estudio “Calidad de los medios” de la Universidad de Zúrich.

Como la mitad de los suizos ha dejado de leer la prensa convencional, es como si hubieran dejado de leer por completo. Ahora se los considera como personas “privadas de información”, es decir, como si no consumieran ninguna noticia y, en su caso, sólo vía redes sociales (1).

Esto no es nuevo. Durante muchos años la confianza en los medios tradicionales ha ido disminuyendo, abriendo perspectivas para los nuevos medios emergentes que ven esto como un nicho que explotar. Para los antiguos medios –y más aún para la “clase política” que los utiliza como foro privilegiado–, esta tendencia es, sin embargo, alarmante.

En lugar de preguntarse por qué la confianza se ha estado desmoronando durante años, los viejos medios y políticos prefieren culpar a los demás. A veces son los rusos o los chinos, a veces las redes sociales no reguladas con sus algoritmos opacos. La consigna es entonces: desinformación.

Las noticias falsas siempre las difunden los demás

En junio del año pasado, la Confederación Helvética publicó un informe titulado “Actividades influyentes y desinformación” (2) que advierte de los peligros de supuesta información falsa. Recientemente, Albert Rösti, consejero federal de la UDC y jefe del Departamento Federal de Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicaciones (DETEC), afirmó durante un discurso en el Museo del Transporte de Lucerna que la desinformación es un “crimen” (3).

Si realmente es así, Alain Berset, exjefe del Departamento Federal de Salud Pública, lógicamente debería ser procesado penalmente por sus declaraciones falsas durante la pandemia, en particular por su intervención en el programa de televisión “Arena” del 5 de noviembre de 2021, donde afirmó erróneamente que el certificado “covid” demostraba que el portador “no podía contagiar” (4). Pero eso no sucederá. Al contrario: Berset se convirtió en secretario general de Consejo de Europa (5) e incluso recientemente recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Friburgo (6),

“Las noticias falsas siempre las difunden los demás”. El fundador de Telegram, Pavel Durov, lo tiene claramente formulado (7): los términos como “desinformación” son las “palabras clave de la censura” para eliminar voces no deseadas. Teniendo esto en cuenta, también debemos considerar la reciente iniciativa del Consejo Federal suizo destinada a introducir una nueva ley para regular las redes sociales y los motores de búsqueda.

Crónica de una ley anunciada

Según el Consejo Federal, el proyecto de “Ley Federal sobre Plataformas y Motores de Búsqueda” (8) tiene como objetivo “fortalecer los derechos de los usuarios en el espacio digital y obligar a las grandes plataformas a demostrar mayor equidad y transparencia”. Se inspira en Ley de Servicios Digitales (9) de la Unión Europea. Desde agosto de 2023, ha obligado a las plataformas de internet a luchar no sólo contra los contenidos ilegales, sino también contra la “desinformación” y el “discurso de odio”, términos muy amplios, dejando un gran margen de maniobra para reprimir opiniones políticamente inaceptables.

Suiza emprende ahora un camino similar, aunque de forma más moderada. El patrón es bien conocido: adoptar un enfoque extranjero, con retraso y una versión diluida, pero en esencia siguiendo el mismo modelo. El debate lo inició Jon Pult, miembro del Partido Socialdemócrata (SP) del Consejo Nacional Suizo por el cantón de los Grisones. Presentó una iniciativa parlamentaria en noviembre de 2021 (10), en pleno auge de la pandemia. Ya entonces la exigencia era clara: el “discurso de odio” y la “desinformación” debían combatirse sistemáticamente.

En diciembre de 2022 se publicó una “declaración conjunta sobre la regulación de las plataformas” (11), escrito por AlgorithmWatch, la Sociedad Digital y la Fundación Mercator Suiza. Este documento abogaba por la adopción de elementos centrales de la Ley de Servicios Digitales y se centraba en combatir el discurso de odio y la desinformación. Sin embargo, esta iniciativa encontró resistencia por parte de varias organizaciones participantes. El Partido Pirata y el Chaos Computer Club advirtieron en un declaración separada (12) contra el hecho de que el Estado no debe convertirse en la autoridad de la verdad, de lo contrario abriría el camino a la censura.

En febrero de 2023 la comisión competente rechazó la moción parlamentaria de Jon Pult (13), particularmente debido a la presión pública de organizaciones como Chaos Computer Club, Pirate Party e Internet Society.

En enero de este año la Comisión Federal de Medios (COFEM) se expresó (14). Esta comisión extraparlamentaria, varios de cuyos miembros tienen estrechos vínculos con la influyente fundación Mercator, incluida Angela Müller de AlgorithmWatch (15), se inspiró directamente en la declaración conjunta de 2022 y pidió a la Confederación que hiciera avanzar las regulaciones.

A pesar de las presiones, el Consejo Federal tardó inusualmente mucho en presentar su anteproyecto (16). La situación internacional probablemente también influyó: Trump calificó las medidas tomadas contra plataformas como X o Meta discriminación contra empresas estadounidenses. Es posible que el Consejo Federal no hubiera querido perturbar el status quo. A finales de octubre finalmente se tomó la decisión: el gobierno suizo presentó su proyecto y abrió el procedimiento de consultas.

En el futuro el gobierno podría bloquear plataformas incluso sin orden judicial. La ley solo se aplicaría a las plataformas utilizadas al menos una vez al mes por al menos el 10 por cien de la población. Esto incluiría YouTube, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Pinterest, TikTok y varios servicios de mensajería. Entre los motores de búsqueda, Google se vería especialmente afectado.

El artículo 4 del proyecto de ley prevé un procedimiento de denuncia. La mayoría de las principales plataformas ya cuentan con funciones correspondientes; por lo tanto, esta herramienta no es fundamentalmente nueva. En X, ya es posible denunciar contenido, incluso con diferentes categorías de denuncia según la ubicación.

En esencia, el procedimiento de denuncia se centra en los delitos tipificados en el derecho penal suizo: representaciones de violencia, difamación, calumnia, insultos, amenazas, incitación al asesinato, acoso sexual, incitación pública a la delincuencia o la violencia, así como discurso discriminatorio o de odio, tal como se define en el artículo 261 del Código Penal suizo. Un caso reciente ilustra hasta qué punto se interpretan actualmente los delitos de incitación al odio: un artesano de Berna fue condenado a diez días de prisión (17) por atreverse a sugerir que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

El proyecto de ley introduce criterios excesivamente amplios. El artículo 20 se refiere a las “consecuencias negativas para la formación de la opinión pública”. ¿Qué significa esto en concreto? ¿Lemas políticos? ¿Mensajes controvertidos? ¿Opiniones que desagradan al Estado? Formulaciones como “consecuencias negativas para los procesos electorales y de referéndum”, “para la seguridad pública” o “para la salud pública” siguen siendo igualmente vagas. El margen de interpretación es considerable, al igual que el riesgo de abuso.

El mecanismo de resolución extrajudicial de disputas propuesto es aún más problemático. Si bien hoy la policía, la fiscalía y los tribunales tienen jurisdicción, en el futuro el simple pulsado en el botón de denuncia podría bastar para que una contribución desaparezca sin revisión judicial. Se prevé un proceso de apelación, pero las vías de recurso ordinarias se eliminarían de hecho. Las infracciones ya no estarían sujetas a revisión legal, sino que simplemente se eliminarán.

En cuanto a las sanciones, la propuesta también se basa en gran medida en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. La Oficina Federal de Comunicaciones (OFCOM) podría imponer multas cuantiosas sin una sentencia judicial previa. Las empresas solo podrían apelar ante el Tribunal Administrativo Federal después del hecho. Las sanciones son severas: hasta el 6 por cien de la facturación anual, multas adicionales de hasta el 1 por cien (que pueden superar el beneficio anual total) y hasta el 10 por cien por incumplimiento de la obligación de informar. Incluso la denegación de acceso a los datos a determinadas organizaciones de la sociedad civil puede ser sancionada.

Las facultades de la OFCOM alcanzan su máximo alcance en lo que respecta al bloqueo de redes. El gobierno puede imponer medidas administrativas sin orden judicial. El artículo 32 es particularmente controvertido: la OFCOM puede ordenar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones que restrinjan el acceso a una plataforma si las medidas son ineficaces o si existen motivos para creer que podrían serlo. En la práctica, esto significa que OFCOM podría bloquear plataformas como X, Telegram, Facebook o YouTube para los usuarios suizos. Técnicamente, estos bloqueos podrían eludirse mediante una VPN, pero seguirían siendo bloqueos de red, una herramienta asociada principalmente a estados represivos.

Además, la decisión no la toma un tribunal, sino una autoridad federal. OFCOM podría decidir por iniciativa propia que una plataforma no cumple con los requisitos y ordenar su bloqueo. Los proveedores de servicios de internet suizos, como Swisscom, estarían entonces obligados a implementar la orden. Si bien el artículo 33 limita estos bloqueos a 30 días, pueden extenderse, lo que podría resultar en bloqueos más prolongados.

El riesgo de que impongan medidas más estrictas

El trabajo realizado durante años por organizaciones estrechamente vinculadas a la Fundación Mercator está dando sus frutos: el Consejo Federal ha adoptado los elementos centrales de sus demandas. El borrador no llega tan lejos como algunos desearían, pero hay un punto que salta a la vista: carece de disposiciones destinadas a combatir la desinformación.

Queda por ver si esto se mantendrá. Durante el proceso de consulta, se espera que el Partido Socialdemócrata (SP), el Partido Verde y el Partido Liberal (FDP) impulsen medidas más estrictas. En un comunicado de prensa, el Partido Verde ya criticó que el borrador no contenga medidas contra las campañas de desinformación. Por lo tanto, es muy posible que el borrador termine pareciendo menos una “Ley de Servicios Digitales Light” y mucho más parecido al original.

El hecho de que la ley habilite a un organismo a bloquear plataformas enteras en caso de emergencia demuestra el alcance de las facultades que se conferirían y el carácter autoritario de ciertos elementos del proyecto de ley. Por lo tanto, no es exagerado llamarla una ley de censura. Una cosa está clara: esta ley restringiría aún más el espacio para el debate público, que se ha ido reduciendo constantemente en Suiza durante años. El proceso de consulta continuará hasta el 16 de febrero del año que iene. Queda por ver hasta dónde llegarán finalmente los políticos.

1) https://www.foeg.uzh.ch/dam/jcr:45cd9fc3-5be2-4ef0-8bec-bdf427d1a51b/JB_2025_Gesamtpublikation_final.pdf
2) https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=101494
3) https://www.blick.ch/politik/roesti-und-wille-im-verkehrshaus-desinformation-ist-ein-verbrechen-id21319908.html
4) https://schweizermonat.ch/verbale-entgleisungen-und-falschaussagen
5) https://www.coe.int/de/web/portal/-/alain-berset-new-secretary-general
6) https://www.swissinfo.ch/ger/universit por cienC3 por cienA4t-freiburg-verleiht-alain-berset-ehrendoktorw por cienC3 por cienBCrde/90338636
7) https://x.com/durov/status/1976577486692753837
8) https://www.news.admin.ch/de/newnsb/6TmEAde4htulaWG9CWYtK
9) https://apollo-news.net/ab-freitag-greift-das-neue-zensurgesetz-der-eu-irrefuehrende-beitraege-sollen-umgehend-geloescht-werden
10) https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210532
11) https://www.digitale-gesellschaft.ch/2022/12/01/joint-statement-zur-plattformregulierung-stellungnahme-und-debatte
12) https://www.piratenpartei.ch/2022/12/02/distanzierung-vom-positionspapier-plattformregulierung-in-der-schweiz
13) https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-n-2023-02-03.aspx
14) https://www.emek.admin.ch/de/markt-und-meinungsmacht-von-plattformen
15) https://algorithmwatch.ch/de/foerderpartnerschaft-stiftung-mercator-schweiz
16) https://www.nzz.ch/schweiz/der-bund-will-x-facebook-und-co-regulieren-doch-das-projekt-stockt-ld.1858394
17) https://insideparadeplatz.ch/2025/09/22/berner-kommentiert-auf-facebook-schon-hagelts-klagen
18) https://gruene.ch/medienmitteilungen/plattformregulierung-demokratie-muss-vor-tech-oligarchen-geschuetzt-werden

Michael Straumann https://www.straumedia.ch/p/sowjetisierung-der-debatte

La cooperacion económica entre China y Etiopía

La cooperación chino-etíope se ha convertido en uno de los laboratorios más interesantes de la reconfiguración del mundo contemporáneo. En este país fundamental del Cuerno de África, China no solo ha construido carreteras, líneas ferroviarias y fábricas, sino que ha dado forma a las condiciones materiales de la renovada soberanía. Etiopía, impulsada por una historia imperial de tres mil años y una feroz voluntad de emerger, ha encontrado en Pekín un socio que no busca ni la conversión ideológica ni la alineación estratégica, sino un pacto de modernización basado en la interdependencia productiva. Esta dinámica preocupa a las potencias occidentales porque escapa a sus mecanismos tradicionales de influencia.

Desde la integración de Addis Abeba en la iniciativa Nueva Ruta de laa Seda en 2013, China ha invertido en este país energía política y capital de infraestructura de una magnitud rara vez observada en África. Este proceso no es solo económico.

No es de extrañar que la finalización de la línea ferroviaria Addis Abeba-Djibouti, inaugurada oficialmente en 2018 y financiada en más del 70 por cien por el Exim Bank de China, se haya convertido en el símbolo de esta mutación. Al vincular un país sin salida al mar con su salida marítima a más de 752 kilómetros, China no solo ha construido una infraestructura logística. Ha transformado la geografía política del Cuerno de África. Los informes del Banco Mundial (2018) y la Comisión Económica para África (ECA, 2019) confirman que la línea ha reducido el tiempo de transporte de carga de tres días a menos de doce horas, al tiempo que duplica la capacidad de exportación manufacturera del país, que es uno de los principales catalizadores para el nuevo enfoque económico etíope.

La proliferación de zonas industriales, incluida la Zona Industrial Oriental (de 2007) y el Parque Industrial Hawassa (inaugurado en 2016), refleja el interés chino por construir en Etiopía lo que la profesora Deborah Brautigam, especialista en relaciones entre China y África, califica como una “plataforma africana para la industrialización transferida”. El gobierno etíope, apoyado por el Banco de Desarrollo de China y empresas chinas como Huajian Group, ha sido capaz de crear decenas de miles de empleos industriales, introducir tecnologías de producción modernas e iniciar una cultura de gestión previamente inexistente. Esto demuestra que China no ha exportado un modelo de dependencia, sino un modelo productivo, cuyos beneficios estructurales superan con creces los flujos financieros iniciales.

Sin embargo, para comprender el alcance de esta cooperación, hay que recordar que Etiopía nunca ha tratado de reproducir el modelo occidental de desarrollo, a menudo condicionado por requisitos políticos intrusivos. Como señala el informe de 2020 del Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS), las asociaciones chinas, a diferencia de los programas occidentales, se basan en la materialidad de la infraestructura en lugar de la ingeniería normativa. Es precisamente este “pragmatismo material” el que confiere a esta alianza su significado: el de colocar la soberanía en el corazón del desarrollo, a través de capacidades concretas –la energía, el transporte, la industria, la conectividad– y no a través de reformas institucionales impuestas desde el exterior.

Sin embargo, esta trayectoria no está exenta de obstáculos. En primer lugar, las crisis políticas internas a veces han obstaculizado el impulso industrial. La Guerra Tigray, que estalló en noviembre de 2020, causó grandes interrupciones en las áreas industriales del norte, como lo confirman los informes del Diálogo Humanitario (2022) y el International Crisis Group (2021). Algunas empresas chinas han tenido que suspender sus operaciones o reevaluar sus planes de expansión. Al mismo tiempo, la capacidad administrativa etíope, que sigue siendo limitada, a veces ha obstaculizado la aplicación óptima de los acuerdos de inversión, en particular en la esfera de la transferencia de tecnología, la gestión aduanera y la eficiencia fiscal.

Las tensiones regionales añaden una capa de incertidumbre. La disputa sobre la Gran Presa del Renacimiento de Etiopía (GERD), cuyas fases de llenado desde 2020 han generado preocupación sobre Egipto y Sudán, ilustra que la integración energética de China, a través de Sinohydro, el Grupo Gezhouba de China o PowerChina, está expuesta a rivalidades políticas que van más allá de Etiopía. Del mismo modo, las relaciones fluctuantes con Somalia o la inestabilidad en el Mar Rojo están pesando en asegurar los corredores estratégicos financiados por Pekín.

Pero los obstáculos más agudos no son domésticos: son políticos. El gobierno estadounidense retiró el acceso preferencial de Etiopía a AGOA en enero de 2022, citando preocupaciones humanitarias. Sin embargo, los análisis consistentes, especialmente los de la Brookings Institution (2022), muestran que esta decisión forma parte del plan de frenar el auge industrial de Etiopía, que se ha vuelto competitivo gracias a la inversión china. Por su parte, desde 2021 la Unión Europea ha impuesto nuevas condiciones para la ayuda que han tenido principalmente el efecto de reducir el margen de maniobra de Addis Abeba en el mismo momento en que sus planes industriales estaban empezando a dar frutos.

Por lo tanto, la cooperación chino-etiopia está en el corazón de un choque silencioso entre dos cosmovisiones: por un lado, un modelo occidental basado en normas, condicionalidades y una jerarquía de relaciones; por el otro, un modelo chino basado en infraestructura, no interferencia y la creación de polos productivos independientes. Esta tensión explica que Washington, Bruselas, Londres y algunas capitales de la OTAN ven la expansión de China en Etiopía no como una simple asociación económica, sino como una fisura en la arquitectura construida después de la Guerra Fría.

Lo que preocupa a las potencias occidentales no es solo China: es la capacidad de un país africano, en este caso Etiopía, para emerger como un importante actor industrial y logístico, sin pasar por las instituciones occidentales tradicionales. Sin embargo, como señala el informe de 2023 del TCE, Etiopía es ahora uno de los pocos estados africanos que ha desarrollado una base de fabricación de exportaciones, una red ferroviaria moderna, una infraestructura energética colosal y una administración industrial de aprendizaje acelerado. Por lo tanto, es lógico que Pekín vea a Etiopía como un pivote de su anclaje en el Cuerno de África, mientras que Addis Abeba ve a Pekín como el único socio capaz de apoyar sus pretensiones de desarrollo.

En última instancia, la cooperación económica entre China y Etiopía no se trata solo de proyectos de infraestructura. Representa una transformación de las relaciones internacionales, donde la materialidad productiva sustituye a la hegemonía normativa. Por lo tanto, participa directamente en el advenimiento de un nuevo orden, caracterizado por la coexistencia de varios centros de toma de decisiones económicas, lo que altera profundamente los equilibrios que Washington y sus aliados dieron por sentados. Por lo tanto, lejos de ser una asociación bilateral simple, la alianza chino-etíope es el puesto avanzado africano de una nueva era mundial, en la que África ya no experimenta dinámica global, sino que participa como un tema estratégico.

Mohamed Lamine Kaba https://chinabeyondthewall.org/china-ethiopia-economic-cooperation-the-matrix-of-an-african-and-global-shift/

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