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Día: 4 de diciembre de 2025 (página 1 de 1)

El gobierno de Meloni suspende su ‘ayuda’ a Ucrania

El gobierno de Meloni ha cambiado su estrategia respecto a Ucrania, en un contexto de agotamiento de los fondos, así como de tensiones dentro de la coalición gobernante.

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha dado una explicación pintoresca. Dice que, a causa de las actuales negociaciones para un acuerdo de paz, es prematuro unirse al programa PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, Lista de Peticiones Prioritarias de Ucrania), mediante el cual los aliados de la OTAN adquieren armamento de Estados Unidos para Ucrania.

“Si alcanzamos un acuerdo y cesan las hostilidades, ya no hará falta armamento”, dijo Tajani. “Se necesitarán otras medidas, como garantías de seguridad”.

Roma promete continuar con su apoyo a Kiev, aunque ha sido el primero en Europa en declarar explícitamente la inconveniencia de proporcionar ayuda militar adicional en este momento, mientras se negocia un alto el fuego.

Tras algunas dudas, Roma manifestó en octubre su disposición a unirse al llamado programa PURL de la OTAN, que se puso en marcha después de que Washington redujera los envíos de armas a Ucrania durante el verano.

Las recientes negociaciones para la paz en Ucrania no han logrado resultados significativos hasta la fecha. Las declaraciones de Tajani contrastan con las del principal grupo de presión de defensa europeo, la Asociación de Industrias Aeroespaciales, de Seguridad y de Defensa de Europa, que el ayer advirtió que el continente debería seguir incrementando su producción de defensa a pesar de la perspectiva de un alto el fuego en Ucrania.

El gobierno ucraniano ha declarado que necesitará 1.000 millones de euros adicionales en envíos de PURL para defenderse durante el invierno. Aproximadamente dos tercios de los aliados de la OTAN participan en el programa, según ha declarado el secretario general de la alianza, Mark Rutte.

El programa PURL es una iniciativa lanzada por la OTAN en julio, dentri el marco de un acuerdo entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Su objetivo principal es coordinar y financiar la adquisición de armamento y equipo militar estadounidense para apoyar a Ucrania en su guerra contra rusa, permitiendo que los países europeos (y Canadá) realicen contribuciones voluntarias de manera regular.

Los países participantes aportan dinero a un fondo común, basado en una lista prioritaria de necesidades definida por Ucrania en coordinación con Estados Unidos y la OTAN. Estos recursos se utilizan para comprar armas y tecnología directamente de proveedores estadounidenses (como misiles Patriot, municiones de artillería o sistemas de defensa aérea), que luego se transfieren a Ucrania.

El objetivo busca agilizar las entregas y evitar duplicidades, sirviendo como alternativa a las donaciones gratuitas directas de Estados Unidos, principal beneficiario del dinero. Estados Unidos pone las armas y Europa el dinero.

Hasta diciembre de este año los aliados europeos han gastado 5.000 millones de dólares en entregas mensuales a Ucrania de alrededor de 1.000 millones de dólares cada una.

Países como Alemania, Polonia, Noruega, Países Bajos, Dinamarca y Suecia han sido los mayores donantes, con paquetes recientes de 500 millones de dólares para misiles Patriot.

—https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-03/italy-slams-brakes-on-nato-program-to-buy-us-weapons-for-ukraine

África está en medio de la batalla mundial por los minerales estratégicos

A medida que el capitalismo acelera su transición hacia las nuevas tecnologías, África se encuentra en el centro de una competencia política de una intensidad sin precedentes. Baterías eléctricas, paneles solares, turbinas eólicas, móviles, ordenadores, satélites: todas estas tecnologías dependen de minerales estratégicos: litio, cobalto, cobre, níquel, manganeso y tierras raras. El continente africano posee una parte considerable de esos recursos, lo que alimenta muchas ambiciones. Atrapada entre la promesa del desarrollo y el riesgo de una renovada dependencia, África desempeña ahora un papel central en una batalla que está redefiniendo la balanza de fuerzas internacionales.

El Continente Negro alberga algunas de las mayores reservas mundiales de minerales esenciales. Solo la República Democrática del Congo posee más del 76 por cien de la producción mundial de cobalto, un metal esencial para las baterías de iones de litio. Zimbabue alberga 480.000 toneladas de reservas de litio y produjo 22.000 toneladas el año pasado, lo que lo convierte en el cuarto mayor productor mundial. Mali también posee importantes reservas de litio, en particular a través del proyecto Goulamina, que se proyecta que producirá 142,3 millones de toneladas de óxido de litio. Gabón es uno de los principales productores mundiales de manganeso. Sudáfrica domina los mercados del platino y el cromo. Madagascar, Malawi y Tanzania son ricos en tierras raras.

Esta concentración de recursos convierte al continente en un actor clave de las nuevas tecnologías. Los compromisos de China con África en el marco de la Ruta de la Seda alcanzaron los 29.200 millones de dólares el año pasado, un aumento del 34 por cien en comparación con el año anterior, con el 17,6 por cien de las inversiones concentradas en el sector minero. China, la Unión Europea, Estados Unidos, India y varios países del Golfo buscan asegurar sus suministros, cada uno con una estrategia diferente.

Para los africanos, la situación podría representar una oportunidad sin precedentes. La competencia entre grandes potencias puede representar una oportunidad para negociar mejores condiciones, salvo que la corrupción cause estragos, como ocurre frecuentemente. Un enfoque integrado —por ejemplo, una alianza de países productores de cobalto o litio— fortalecería el poder de negociación del continente.

A pesar de su considerable riqueza mineral, las poblaciones africanas a menudo han obtenido escasos beneficios de la explotación de los recursos naturales. El riesgo de repetir errores pasados ​​(extracción sin procesamiento local, corrupción, contaminación y guerras) es real.

China es actualmente el actor dominante en el sector de minerales estratégicos de África. Pekín ha invertido mucho en la extracción, especialmente en el refinado, transporte y procesamiento, segmentos de alto valor añadido. Las empresas chinas procesan el 90 por cien de las tierras raras y el grafito, y entre el 60 por cien y el 70 por cien del litio y el cobalto. Controlan el 46 por cien del suministro mundial de cobalto extraído y tienen una presencia especialmente fuerte en la República Democrática del Congo en el caso del cobalto, en Zimbabue en el caso del litio y en Zambia en el caso del cobre.

Los capitales chinos han invertido aproximadamente 4.500 millones de dólares en proyectos relacionados con el litio en Zimbabue, la República Democrática del Congo, Mali y Namibia. En Zimbabue, varios proyectos importantes están controlados por empresas chinas, como Sinomine Resource Group, que adquirió la mina Bikita por 180 millones de dólares, y Zhejiang Huayou Cobalt, que adquirió la mina Arcadia, cerca de Harare.

La fortaleza de la estrategia china reside en su enfoque integrado: infraestructura, financiación, asociaciones público-privadas, industrialización y diplomacia económica. Esta presencia genera importantes inversiones e ingresos fiscales para los países africanos.

Conscientes de su retraso, Estados Unidos y la Unión Europea han puesto en marcha varias iniciativas para reducir su dependencia de China. El gobierno estadounidense ha comprometido más de 4.000 millones de dólares en inversiones para el Corredor de Lobito, un proyecto estratégico de infraestructura ferroviaria que une Angola, la República Democrática del Congo y Zambia para facilitar la exportación de minerales al Atlántico. Biden anunció 560 millones de dólares adicionales durante su visita a Angola en diciembre del año pasado, lo que eleva el total de compromisos internacionales a más de 6.000 millones de dólares.

La Unión Europea, por su parte, ha puesto en marcha la estrategia Global Gateway, que movilizará 150.000 millones de euros para África de aquí a 2030, así como la Ley de Materias Primas Críticas, que entró en vigor el 23 de mayo del año pasado. Esta legislación se propone garantizar que, de aquí a 2030, al menos el 10 por cien del consumo anual de la Unión Europea proceda de la extracción europea, el 40 por cien del procesamiento y el 25 por cien del reciclado, garantizando al mismo tiempo que no más del 65 por cien del suministro de materias primas estratégicas proceda de un solo tercer país.

Una oportunidad para industrializar el continente

La pregunta es: ¿Se verá África relegada de nuevo al papel de proveedor de materias primas o logrará un mayor control sobre la cadena de valor? En África la gestión de los contratos mineros sigue siendo un tema delicado. En algunos países, la debilidad de las instituciones y los acuerdos negociados en secreto resultan en la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos potenciales.

La mayoría de los países africanos aún se limitan a la exportación de minerales en bruto. Sin embargo, el verdadero valor reside en el procesado: baterías, componentes electrónicos y aleaciones industriales. Sin el desarrollo de habilidades, África seguirá dependiendo de las fluctuaciones de los precios mundiales y continuará exportando su riqueza a bajo costo.

Sin embargo, el contexto actual ofrece una oportunidad histórica. Se prevé que la demanda mundial de minerales estratégicos se dispare en los próximos veinte años. Si los países africanos adoptan estrategias coherentes, pueden convertirse en importantes centros industriales en varios sectores, como la fabricación de baterías y almacenamiento de energía.

En 2021 la República Democrática del Congo y Zambia anunciaron un proyecto conjunto para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, que se ubicará en una zona de libre comercio de 2.000 hectáreas en la frontera entre ambos países. Marruecos y Sudáfrica también podrían atraer inversiones para producir baterías para vehículos eléctricos.

En lugar de enviar litio o cobalto en bruto a Asia, varios países estudian desarrollar sus propias plantas de procesamiento. Zimbabue no otorgará nuevos permisos para explotar minas de litio sin un plan de procesamiento local aprobado.

La República Democrática del Congo ha establecido una zona económica especial piloto en las Molucas, que abarca 244 hectáreas y ofrece incentivos fiscales a los inversores, con una exención de cinco a diez años. Se espera que estas zonas atraigan a empresas tecnológicas, creen empleo e impulsen las exportaciones.

La guerra de Occidente contra Rusia se extiende más allá de los campos de batalla de Ucrania

El 17 de noviembre la policía francesa detuvo a Anna Novikova, fundadora y vicepresidenta de la asociación SOS Donbas, y a otras tres personas más. Excepto uno de ellos, los detenidos han acabado en la cárccel.

Desde 2014 SOS Donbas denuncia los miles de crímenes cometidos por los nazis ucranianos contra la población civil, castigada por haberse opuesto al Golpe de Estado.

Novikova, de 40 años de edad, nació en Rusia, pero reside en Francia desde 2010. Desde 2022 organiza regularmente manifestaciones en diversas ciudades francesas en solidaridad con la población del Donbass y contra el envío de armas a Ucrania. La manifestación más reciente tuvo lugar en París el 17 de febrero y estuvo dedicada a la memoria de los niños fallecidos durante la guerra.

La asociación se registró legalmente en septiembre de 2022 y su cuenta de Facebook tiene 8.000 seguidores. “Nuestro apoyo va directamente a los pueblos y no a sus gobiernos corruptos y a las milicias nazis de la OTAN”, se lee en sus redes sociales, junto con la “prueba en imágenes” de la existencia de “nazis en Ucrania”.

Es una actividad que merecería ser galardonada, de no ser por la complicidad del gobierno francés con los nazis ucranianos. Las líneas del frente de la guerra entre Occidente y Rusia “se extienden mucho más allá de los campos de batalla de Ucrania”, comenta una web (*).

Ahora veamos un poco más de cerca la rocambolesca historia que cuentan la policía, los fiscales y los jueces para justificar la represión política.

La fiscalía de París ha descubierto carteles “prorrusos” pegados en el Arco del Triunfo, lo cual es ya muy grave de por sí.

Como la solidaridad y la lucha contra el fascismo se han convertido en un crimen muy grave en Europa, los sospechosos estaban bajo la vigilancia de la DGSI, el espionaje interior francés, que envió un informe a la fiscalía sobre Novikova a comienzos de este año.

El juez les acusa de “colaboración con una potencia extranjera”, de “obtener información sobre los intereses de la nación para una potencia extranjera”, así como de “asociación ilícita para delinquir”.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia del Arco del Triunfo identificaron a Viacheslav Prudchenko, un ruso de 40 años, miembro de SOS Donbass, como el autor de la pegada de unos carteles que mostraban a un soldado ruso y la consigna “Den las gracias al victorioso soldado soviético”.

Le acusan de “degradación de bienes clasificados o inscritos en reunión para servir a los intereses de una potencia extranjera” y “participación en una asociación de malhechores para delinquir”. Le han metido en prisión preventiva y se enfrenta, al igual que Novikova, a quince años de reclusión por pegar carteles.

La libertad de expresión es un delito grave en Francia y si, además, va en apoyo de la población del Donbas los inquisidores lo reinterpretan como una forma de apoyo a Rusia y, en definitiva, de espionaje. Por eso interviene la DGSI y no la policía municipal, como debería ser el caso.

Ya ven: los espías rusos no se esconden y salen a la calle a pegar carteles como cualquier otro agitador de barrio.

También está implicado un miembro de la Asociación de Cosacos de Francia, Bernard F., acusado de “colaboración con una potencia extranjera” y “participación en una asociación ilícita para delinquir”, delitos castigados con diez años de prisión.

A diferencia de los otros tres, este hombre de 58 años ha evitado la prisión preventiva, pero ha tenido que entregar sus documentos de identidad y debe presentarse una vez a la semana en la comisaría. También le prohíben cualquier actividad asociativa relacionada con “la política internacional de Francia, la política de Rusia o la ayuda a las personas afectadas por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania”, ha comentado la fiscalía.

Pero hay muchas más ficciones entre los inquisidores franceses, típicas de picapleitos, como la de “prestar apoyo a grupos armados”, en referencia a la población del Donbas que se negó a someterse al Golpe de Estado fascista de 2014.

La guerra de Occidente contra Rusia se extiende más allá de los campos de batalla de Ucrania. Por Juanma Olarieta.

YouTube ha eliminado más de 700 videos que documentaban los crímenes israelíes

Cediendo a las sanciones de Trump, YouTube ha eliminado las cuentas de tres colectivos palestinos de derechos humanos. Entre ellos se encontraban un documental que mostraba a madres que sobrevivieron al genocidio perpetrado por Israel en Gaza; un video de investigación que revelaba el papel de Israel en el asesinato de un periodista palestino-estadounidense; y otro video que exponía la destrucción de hogares palestinos por parte de Israel en la Cisjordania ocupada.

YouTube borró esos videos a principios de octubre, censurando las cuentas que los habían publicado en su sitio web, así como los archivos de sus canales. Estas cuentas pertenecían a tres organizaciones palestinas de derechos humanos: Al Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos.

Esta decisión surge tras una campaña del gobierno estadounidense para silenciar los procedimientos legales relacionados con los crímenes de guerra cometidos por Israel contra los palestinos en Gaza y Cisjordania.

Los canales de YouTube de colectivos palestinos albergaron horas de material que documentaba y denunciaba las violaciones del derecho internacional por parte del gobierno israelí en Gaza y Cisjordania, incluyendo el asesinato de civiles palestinos. “Estoy realmente consternada por la falta de valentía que YouTube muestra”, declaró Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de Democracy for the Arab World Now.

“Es realmente difícil imaginar una razón creíble por la que compartir información de estas organizaciones palestinas de derechos humanos violaría de alguna manera las sanciones. Es decepcionante y muy sorprendente que YouTube ceda ante la denuncia arbitraria de estas organizaciones palestinas y ahora opte por censurarlas”. Tras la emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (Tribunal Penal Internacional) y la imputación de crímenes de guerra en Gaza por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el gobierno de Trump intensificó su defensa de las acciones de Israel sancionando a funcionarios de la Tribunal Penal Internacional y atacando a personas y organizaciones que colaboran con la Corte.

“Es indignante que YouTube apoye los esfuerzos del gobierno de Trump por eliminar del conocimiento público pruebas de abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra”, declaró Katherine Gallagher, abogada sénior del Centro de Derechos Constitucionales. “El Congreso no pretendía permitir que el presidente cortara el flujo de información al público estadounidense ni al mundo. Al contrario, la información, incluidos documentos y vídeos, está específicamente protegida por la ley que el presidente ha invocado para justificar las sanciones contra la Tribunal Penal Internacional”. Un retroceso alarmante

YouTube, propiedad de Google, confirmó que eliminó las cuentas de los grupos tras una investigación, en respuesta directa a las sanciones impuestas por el Departamento de Estado. La administración Trump impuso estas sanciones en septiembre por la cooperación de las organizaciones con el Tribunal Penal Internacional en casos que acusaban a dirigentes israelíes de crímenes de guerra.

Según la política de cumplimiento de sanciones de Google, “los productos de Google para editores no están disponibles para entidades o personas sujetas a sanciones comerciales o leyes de cumplimiento de exportaciones”, declaró el portavoz de YouTube, Boot Bullwinkle, en un comunicado.

Al Mezan, una organización de derechos humanos de Gaza, informó que su canal de YouTube fue cerrado abruptamente el 7 de octubre sin previo aviso. “El cierre del canal nos impide alcanzar nuestro objetivo de transmitir nuestro mensaje y cumplir nuestra misión”, declaró un portavoz del grupo. “Nos impide alcanzar nuestros objetivos y limita nuestra capacidad de llegar a la audiencia con la que queremos compartir nuestro mensaje”.

El canal de Al Haq, con sede en Cisjordania, fue eliminado el 3 de octubre, según un portavoz del grupo. YouTube justificó la decisión con un mensaje que afirmaba que su “contenido violaba sus términos de servicio”.

“La eliminación por parte de YouTube de la plataforma de una organización de derechos humanos sin previo aviso constituye una grave violación de principios y un retroceso alarmante para los derechos humanos y la libertad de expresión”, declaró el portavoz de Al Haq en un comunicado. “Las sanciones estadounidenses se están utilizando para obstaculizar los esfuerzos por establecer la rendición de cuentas en Palestina y silenciar las voces y las víctimas palestinas, lo que tiene un efecto dominó en las plataformas que también actúan en el marco de estas medidas para silenciar aún más las voces palestinas”.

El Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), la organización de derechos humanos más antigua de Gaza, declaró en un comunicado que la decisión de YouTube “permite a los autores de estos actos eludir la responsabilidad”.

“La decisión de YouTube de cerrar la cuenta del Centro Palestino para los Derechos Humanos es solo una de las muchas consecuencias que nuestra organización ha enfrentado desde que el gobierno estadounidense decidió imponer sanciones a nuestro legítimo trabajo”, declaró Basel Al Surani, responsable de defensa internacional y asesor legal del grupo.

“YouTube alegó que no cumplíamos con su política de Normas de la Comunidad, a pesar de que nuestro trabajo ha consistido esencialmente en presentar informes fácticos y basados ​​en pruebas sobre los crímenes cometidos contra el pueblo palestino, especialmente desde el 7 de octubre, fecha del inicio del genocidio en curso”. “Al hacerlo, YouTube es cómplice del silencio impuesto a las víctimas palestinas”, añadió Al Surani.

En Estados Unidos y más allá

Según un recuento, la eliminación de las cuentas de tres organizaciones de derechos humanos provocó la desaparición de más de 700 vídeos, que abarcan diversos temas, desde reportajes de investigación, como un análisis del asesinato israelí de la periodista estadounidense Shireen Abu Akleh, hasta testimonios de palestinos torturados por las fuerzas israelíes y documentales como “The Beach”, que narra la historia de niños jugando en una playa y muertos en un ataque aéreo israelí.

Algunos de los vídeos aún están disponibles gracias a copias almacenadas en Internet Archive o en otras plataformas, como Facebook y Vimeo. La eliminación solo afectó a los canales oficiales del grupo. Los vídeos producidos por las organizaciones sin ánimo de lucro, pero alojados en canales alternativos, siguen activos. Sin embargo, no existe un índice acumulativo de los vídeos eliminados por YouTube, y muchos parecen ya no estar disponibles en otros sitios web.

Los colectivos temen que los vídeos publicados en otros sitios web pronto sean eliminados también, dado que la mayoría de las plataformas que los alojan también tienen su sede en Estados Unidos. El Tribunal Penal Internacional ha comenzado a explorar la posibilidad de utilizar proveedores fuera de Estados Unidos y Al Haq afirma que están buscando alternativas a las empresas estadounidenses para alojar sus publicaciones.

YouTube no es la única empresa tecnológica estadounidense que impide a los colectivos de derechos palestinos utilizar sus servicios. El portavoz de Al Haq afirmó que Mailchimp, el servidor de listas de correo, también eliminó la cuenta del grupo en septiembre.

Concesiones a las exigencias de Trump

Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Israel han eludido durante mucho tiempo al Tribunal Penal Internacional y cualquier responsabilidad por los crímenes de guerra que se les acusa de cometer. Ninguno de los dos países es signatario del Estatuto de Roma, el tratado internacional que creó el Tribunal.

En noviembre del año pasado, los fiscales de la Tribunal Penal Internacional emitieron órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, acusándolos de causar hambre intencionalmente a civiles al bloquear la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Tanto el gobierno de Biden como el de Trump rechazaron la legitimidad de esas órdenes.

Desde su reelección, Trump ha adoptado una postura más agresiva para negar cualquier responsabilidad de Israel. Al comienzo de su segundo mandato, renovó las sanciones contra la Tribunal Penal Internacional y adoptó medidas nuevas y más severas contra los funcionarios de la Corte y cualquier persona acusada de colaborar con ellos en sus esfuerzos. En septiembre, en una nueva orden ejecutiva, sancionó específicamente a los tres grupos palestinos.

Las medidas adoptadas por Estados Unidos se producen tras la designación de Al Haq como “organización terrorista” por parte de Israel en 2021 y una campaña de desprestigio en línea por parte de lacayos proisraelíes que intentan vincular al Centro Palestino para los Derechos Humanos con grupos terroristas. Las sanciones consisten en congelar los activos de las organizaciones en Estados Unidos y prohibir la entrada al país a las personas sancionadas. Los jueces federales ya han emitido medidas cautelares a favor de los demandantes en dos casos, argumentando que las sanciones violan los derechos amparados por la Primera Enmienda.

“El gobierno de Trump pretende contribuir a la censura de la información relacionada con las atrocidades cometidas por Israel en Palestina, y las sanciones contra estas organizaciones están diseñadas deliberadamente para disuadir a los estadounidenses que podrían estar preocupados por las leyes de apoyo material de asociarse con ellas”, declaró Whitson, que en septiembre se unió a una coalición de organizaciones que piden al gobierno de Trump que levante las sanciones.

Al igual que muchas empresas tecnológicas, YouTube se ha mostrado dispuesta a cumplir con las exigencias tanto del gobierno de Trump como del de Israel. La plataforma colaboró ​​en una campaña organizada por trabajadores tecnológicos israelíes para eliminar de las redes sociales contenido considerado crítico con Israel. En Estados Unidos, Google, la empresa matriz de YouTube, proporcionó en secreto información personal de cuentas de Gmail al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos para facilitar la detención de un militante estudiantil propalestino.

Mucho antes de la campaña genocida de Israel en Gaza, YouTube ya había sido acusado de no aplicar equitativamente sus normas comunitarias, censurando las voces palestinas y absteniéndose de ejercer un control similar sobre el contenido proisraelí. Según un informe de Wired, esta práctica continuó durante la guerra.

A principios de este año, YouTube cerró la cuenta oficial de la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos de Addameer. Esta decisión se produjo tras la presión de Abogados por Israel de Reino Unido, que informó a YouTube por escrito de que la organización había sido sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Whitson advirtió que la capitulación de YouTube podría sentar un precedente y animar a otras empresas tecnológicas a someterse a la censura. “Están permitiendo que la administración Trump dicte la información que comparte con el público mundial”, dijo. “Esto no se detendrá en Palestina”.

Nikita Mazurov y Jonah Valdez https://theintercept.com/2025/11/04/youtube-google-israel-palestine-human-rights-censorship/

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