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Día: 17 de noviembre de 2025 (página 1 de 1)

‘El mundo está harto de las políticas climáticas’

La 30 Conferencia Mundial sobre el Clima convocada en Belén, Brasil, pasará a la historia de los jolgorios climáticos como un punto de inflexión. Ningún jefe de Estado de los cuatro países a los que acusan de las mayores emisiones de CO2 (China, Estados Unidos, India y Rusia) se presentó a la cita.

Durante décadas han saturado al mundo con cataclismos y falsas alarmas. Antes de la reunión, el New York Times tituló: “El mundo está harto de las políticas climáticas”. Pocos días antes, Bill Gates, uno de los mayores promotores de las alarmas climáticas, advirtió explícitamente de que el pánico ya no conmueve a los espectadores.

Un presentador de la televisión estadounidense, Glenn Beck, explicó el cambio de opinión de Bill Gates: “No se trata de ciencia, se trata de Trump”. Dicho de otro modo, se trata de minimizar los daños para sus propias empresas, que planean realizar inversiones multimillonarias en centros de datos en Estados Unidos y a escala mundial.

Los centros dependen de la electricidad generada por nuevas centrales de gas a corto plazo, ya que la reactivación de las antiguas centrales nucleares no será suficiente, y la construcción de otras nuevas aún tardará varios años. A Gates le dieron a elegir entre el clima y el negocio, y no lo dudó ni un minuto. El clima le pertenece al mundo y el negocio sólo a él.

En la Conferencia cada país debía informar sobre sus planes futuros para la reducción del consumo de “combustibles fósiles”. Pero solo un tercio de los gobiernos del mundo se tomó esa molestia. El drama se ha acabado; ningún país hace ya planes de reducción de emisiones sino todo lo contrario.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) esperaba reducir las emisiones mundiales de CO2 en un 45 por cien para 2030, en comparación con 2015, pero van a seguir aumentado como siempre. El consumo mundial de carbón aumentará un 30 por cien, el de petróleo un 25 por cien y el de gas un 40 por cien, en comparación con 2015.

Solo la Comisión Europea sigue haciendo el ridículo y hablando de cero emisiones netas para 2050. Alemania, el antiguo motor industrial de Europa, es aún más ambiciosa y pretende ser climáticamente neutra para 2045. La reducción de emisiones en Alemania se verá inevitablemente compensada por el aumento de las emisiones en otros países de la Unión Europea y de mundo. El Sistema Europeo de Comercio de Emisiones permite que los derechos de emisión no utilizados por Alemania los consuman otros países europeos.

Cada vez está más claro a lo que se refería el Wall Street Journal cuando calificó la política energética alemana como “la más absurda del mundo”.

Unos días antes de la reunión, los europeos acordaron un objetivo común: lograr una reducción del 90 por cien de las emisiones de CO2 para 2040 con respecto a 1990. El 5 por cien de este compromiso podría provenir de reducciones de emisiones en el extranjero, lo que, por supuesto, también implicaría un alto coste. El ministro alemán de Medio Ambiente celebró el acuerdo. como “buenas noticias para la economía alemana, ya que ahora todos tendrían las mismas condiciones competitivas”.

El gobierno alemán ha perdido el norte por completo. La industria alemana no solo exporta a los países europeos. La mitad va fuera del continente, y tiene que soportar la carga de los impuestos sobre las amisiones, además de los altos precios de la energía.

El ridículo empeño alemán por la descarbonización no le importa a nadie en el mundo, y por eso cuando canciller Merz habló en Belén, la sala estaba casi totalmente vacía.

El dinero público garantiza la rentabilidad de los buitres

Probablemente, el único resultado de la conferencia de Belén será la creación de un fondo de inversión, propuesto por Lula, para financiar la protección de los bosques tropicales.

El proyecto es totalmente especulativo: los países aportan 25.000 millones de dólares y los fondos buitre (inversores privados) otros 100.000 millones. Los países reciben una rentabilidad entre el 4 por cien y el 4,8, que corresponde a la rentabilidad de sus bonos gubernamentales, ya que generalmente deben obtener el dinero mediante deuda pública. Para los buitres privados la rentabilidad estará entre el 5,8 y el 7,2 por cien.

El dinero se invertirá en bonos gubernamentales de mercados emergentes, que ofrecen un interés relativamente alto debido al mayor riesgo. Por ejemplo, los bonos del gobierno brasileño actualmente ofrecen un 12,25 por cien. Los buitres privados tienen prioridad, seguidos de los países donantes. Si queda algún remanente después de la distribución de las beneficios entre los los países y los buitres, se destinará a 74 países con bosques tropicales. De esa manera esperan distribuir entre 3 y 4.000 millones de dólares anuales a los países con bosques tropicales.

Para atraer a los buitres a la carroña, les dan preferencia en el orden de pago, por delante de los países que, además, deben garantizar la solvencia del fondo. Un impago por parte de un mercado emergente podría llevar rápidamente a la insolvencia del fondo. En tal caso, los países serían responsables y, en el peor de los casos, perderían el dinero.

Explicado de otra manera, el dinero público garantiza la rentabilidad de los buitres privados, como BlackRock. El cambio climático sirve de pretexto para lograr este tipo de grandes pelotazos internacionales.

Es lógico que este tipo de chanchullos tengan dificultades. El fondo sólo se pondrá en marcha si los Estados aportan 10.000 millones de dólares. Hasta el momento (salvo Alemania), sólo han recaudado 5.600 millones.

Si el fondo se crea, los fondos de inversión serán los primeros en beneficiarse, con altas rentabilidades garantizadas por los Estados, y luego los mercados emergentes, que podrán vender sus bonos gubernamentales de alto riesgo.

¿Alguien cree en serio que las selvas tropicales se beneficiarán de esta trama financiera?

En Francia se cierran más empresas de las que se abren cada año

En los países europeos se habla mucho de reindustrialización, pero el número de empresas que cierran es mayor que las que abren. Es el caso de Francia, que ha implementado políticas de rendustrialización, aunque nadie habla de los motivos por los que se desindustrializó.

Este año, el segundo consecutivo, el número de cierres de fábricas supera al de aperturas. Entre enero y mediados de noviembre se abrieron 80 polígonos industriales y se ampliaron 57 fábricas. Durante el mismo periodo, 108 fábricas cerraron o están en riesgo de cierre (en liquidación o concurso de acreedores). Esto representa una pérdida neta de 28 fábricas.

Otra manera de decirlo es que hay más desinversión que inversión, una cifras negativas que son mayores teniendo en cuenta que una parte de esa inversión tiene su origen en el extranjero.

El pasado mes de octubre, el barómetro industrial del Ministerio de Economía señaló una “disminución significativa” en el balance entre aperturas y cierres de fábricas durante el primer semestre del año.

La Dirección General de Empresas (DGE), un departamento del Ministerio de Economía, registró 44 nuevas aperturas de plantas y 86 ampliaciones significativas durante el período, frente a 82 cierres de fábricas y 39 reducciones significativas. Esto arrojó un saldo neto positivo de +9, que, sin embargo, sería negativo si solo se consideraran las aperturas y los cierres.

El año pasado se produjo una ralentización en los propósitos de reindustrialización. En el primer semestre de este año, Francia continúa abriendo y ampliando más fábricas de las que cierra o reduce, pero la desaceleración persiste con un aumento neto de 9 aperturas y ampliaciones, una disminución significativa respecto al segundo semestre del año paado (+48).

Este indicador registró una disminución neta de 6 fábricas, cifra que se tornó positiva al incluir las transformaciones significativas de polígonos industriales existentes, alcanzando los +89 polígonos. No obstante, este último indicador representó la mitad del registrado en 2023.

“Francia trabaja para fortalecer las estrategias europeas comunes con el fin de preservar nuestros intereses industriales, nuestra independencia y nuestros empleos”, declaró el Ministerio de Economía, añadiendo que “el gobierno tiene la intención de continuar el esfuerzo nacional para promover la competitividad de nuestras empresas”.

Las promesas de reindustrialización, sin embargo, son más que dudosas. Solo el 32 por cien de los franceses cree que la recuperación va por buen camino, según una reciente encuesta. Los ingenieros son aún más pesimistas: solo el 16 por cien confía en la capacidad de Francia para reindustrializarse.

Reactivar la actividad industrial en Francia ha sido una prioridad durante los dos mandatos de Macron tras décadas de declive. La actividad industrial actualmente ronda el 10 por cien del producto interno bruto (PIB), frente al 17 por cien en 1995.

Este desplome también se observa en otras partes de Europa.

Bruselas sigue desarrollando su maquinaria de censura a escala continental

A la Unión Europea se le llena la boca con palabras como democracia o libertad. Uno de sus últimos comunicados de prensa anuncia el lanzamiento de un “escudo europeo para la democracia”, que promete preservar desde las “libertades individuales” hasta las “elecciones democráticas”.

No bastaba con un escudro antidrones, ni con un escudo espacial. Hacía falta otro, el más importante, para acabar defintivamente con la libertad de expresión con el pretexto de luchar contra la “desinformación” y las “noticias falsas”.

Bruselas se propone crear un centro de seguimiento encargado de identificar y eliminar la “desinformación” en línea. Según Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Seguridad y Democracia, el “escudo” permitirá a Europa “responder con mayor rapidez y eficacia a la manipulación informativa y las amenazas híbridas”.

Kaja Kallas no ha ocultado el carácter antirruso de la iniciativa: “Estamos presenciando maniobras, especialmente por parte de Rusia, diseñadas específicamente para dividir a nuestros ciudadanos, minar la confianza en nuestras instituciones y envenenar la vida política en nuestros países”.

La Comisión Europea vende de la moto de una manera poco sutil: se establecerá una nueva “red europea independiente de verificación de datos” en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea.

El Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), la principal red de verificación de datos de la Unión Europea, financiada con casi 30 millones de euros, recibirá nuevas competencias analíticas “independientes” para supervisar elecciones y situaciones de crisis.

En el diccionario particular de Bruselas la palabra “independencia“ se utiliza para hablar de los tinglados que ellos financian, y “quien paga manda”. Para garantizar esa “independencia”, la Comisión promete una financiación generosa a las ONG y a los medios de comunicación “independientes”.

El “escudo” se basa en la reciente Ley de Servicios Digitales (LSD), la regulación de internet más radical jamás implementada en Europa. Su objetivo es controlar los contenidos en un momento en que la burocracia europea se enfrenta a un nivel de desconfianza pública sin precedentes.

Para lograrlo, pretenden centralizar el control del flujo informativo e imponer su catecismo. En otra palabras, la Comisión Europea sigue desarrollando un aparato de censura a escala continental.

Hace unas semanas, Ursula von der Leyen afirmó que el sistema GPS de su avión había sido interferido por Rusia, una acusación que era falsa. Por su parte, la BBC manipuló recientemente un vídeo de un discurso de Trump.

Sólo les falta empezar a quemar libros. La Comisión Europea y sus tinglados “independientes” no son el “ministerio de la verdad”, no tienen ninguna capacidad para delimitar la información verdadera de la falsa, sobre todo teniendo en cuenta que recurre habitualmente al embuste y la intoxicación.

La red de propagandistas de la Unión Europea

La Unión Europea ha creado una vasta red de propaganda y censura que afecta a todos los niveles de la sociedad civil: ONG, centros de estudios, medios de comunicación e incluso el ámbito académico. La piedra angular de este sistema son los programas que financia, en particular Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV), Europa Creativa y la Iniciativa Jean Monnet, que en conjunto inyectan miles de millones de euros en chiringuitos estrechamente vinculados a la maquinaria burocática de Bruselas.

En el marco del programa CERV, por ejemplo, con un presupuesto de casi 2.000 millones de euros para el período 2021-2027, más de 3.000 ONG han recibido financiación para llevar a cabo más de 1.000 proyectos. Oficialmente, esos fondos se utilizan para promover los “valores europeos”. En la práctica, son la caja de resonancia de la propia Comisión Europea.

Muchos proyectos están diseñados explícitamente para luchar contra los “euroescépticos”, “restaurar la confianza en la Unión Europea” o “contrarrestar la retórica antieuropea”. Es publicidad encubierta.

El resultado es una entramado que parece surgido de la sociedad civil pero que, en realidad, son correas de transmisión de la Comisión para crear la ilusión de un apoyo popular a sus políticos y a sus políticas.

La Unión Europea paga al menos 80 millones de euros anuales directamente a medios de comunicación, emisoras, agencias de noticias y “asociaciones periodísticas”, lo que supone casi 1.000 millones de euros en la última década. Programas como IMREG (Medidas de Información para la Política de Cohesión) han financiado a medios de comunicación para que publiquen artículos que elogian los fondos de cohesión de la Unión Europea, a veces sin revelar que el contenido está financiado por la Unión Europea.

Los tentáculos de Bruselas en el mundillo académico

En Europa el mundillo académico y universitario se ha convertido en una herramienta ideológica. A través del Programa Jean Monnet, la Comisión Europea destina aproximadamente 25 millones de euros anuales a universidades e institutos de investigación de todo el mundo para financiar más de 1.500 Cátedras Jean Monnet en 700 instituciones. El objetivo no es apoyar la investigación independiente, sino afianzar la ideología “europeísta” en la educación superior. Los documentos oficiales establecen explícitamente que se espera que los beneficiarios actúen como “embajadores de la Unión Europea” y “sensibilizadores”, en colaboración con los medios de comunicación y las ONG.

Con el nuevo “escudo”, la Comisión pretende ampliar estos mecanismos de propaganda y, sobre todo, de injerencia en los procesos electorales, como se ha visto recientemente en Rumania y Moldavia. El fantasma de la “injerencia rusa” justifica la manipulación propia.

En Rumania anularon las elecciones e impidieron que uno de los candidatos se presentara de nuevo. En Moldavia invocaron “razones de seguridad” para impedir que los expatriados prorrusos votaran.

El “escudo” se propone fortalecer la Red Europea de Cooperación Electoral y, lo que es aún más preocupante, promover “intercambios sistemáticos sobre la integridad de los procesos electorales”.

A todo ello hay que unir, como ya hemos explicado, la creación de una nueva unidad de inteligencia bajo el mando directo de la Comisión Europea. Según el Financial Times, el objetivo es “reforzar la capacidad de la Unión Europea para detectar y responder a las amenazas”. El plan prevé la creación de central supranacional que funcionaría como una filial de la OTAN y, por extensión, de la CIA, sobre todo porque la iniciativa aboga explícitamente por “reforzar la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN”.

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