El 30 de marzo el gobierno francés aprobó un decreto prohibiendo el Grupo Antifascista de Lyon y Alrededores (GALE). En plena campaña electoral, se trata de un muy mal presagio, toda una señal de que corren malos tiempos para los restos de libertades públicas aún vigentes. El proceso de fascistización de los Estados europeos no puede ser más evidente: mientras apoyan a los nazis ucranianos, persiguen a los antifascistas en sus propios países.
Unas semanas antes de disolver el GALE, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, inició un procedimiento de disolución contra un medio de comunicación alternativo, “Nantes Révoltée”, que tiene más de 300.000 seguidores en las redes sociales.
Por si eso no bastara, el gobierno ha disuelto el GALE en un contexto de violencia creciente de las hordas fascistas de Lyon. Históricamente esa ciudad ha sido el laboratorio de los fascistas franceses, un bastión de los movimientos más reaccionarios y racistas. Los repetidos ataques contra la librería autogestionaria “La Plume Noire” son un ejemplo.
Los fascistas tienen carta blanca. Han provocado 14 agresiones violentas en Lyon que no han dado lugar a ninguna persecución policial ni judicial, a pesar de las denuncias presentadas ante la fiscalía.
La disolución del GALE es una novedad en Francia. Es la primera vez en varias décadas que un gobierno decide disolver un colectivo antifascista. También es la primera vez que la prohibición administrativa de una organización política y social se basa exclusivamente en la “ley contra el separatismo”, aprobada originalmente tras las manifestaciones fascistas de 1934 en Francia. Desde entonces ha sido modificada por la “ley contra el separatismo”, que amplía su ámbito de aplicación para incluir los actos violentos contra la propiedad privada y las personas.
En otras palabras, Francia prohíbe una organización antifascista con leyes aprobadas contra los fascistas.
En estas cinco páginas se enumeran los distintos hechos de los que se acusa al GALE y que, para el Gobierno, justifican la disolución. La presunta participación en acciones violentas durante las manifestaciones y los mensajes catalogados como “de odio” en las redes sociales contra las fuerzas del orden y la extrema derecha se enumeran así en orden cronológico. En general, no son más que consignas clásicas del movimiento antifascista, contra la institución policial, la extrema derecha y toda forma de discriminación.
El decreto del gobierno francés enumera unos fundamentos trucados y manipulados. Acusa al GALE de “convocar manifestaciones armadas en la calle o actos violentos contra personas o bienes”. Dice que los días 4 y 5 de febrero de 2017, el GALE organizó una cadena de protestas contra una conferencia del Frente Nacional, durante el cual se cometieron daños contra las inmobiliarias y los bancos.
Sin embargo, las movilizaciones antifascistas no fueron convocadas por el GALE, sino por diversos colectivos y sindicatos. El miembro designado por el gobierno como “jefe” del GALE no participó en ellas, ya que se encontraba fuera de Lyon.
El gobierno francés se siente más cercano a los nazis ucranianos que a sus propios antifascistas. Lo que se condena en Europa es la lucha contra el fascismo, la defensa de la clase obrera y de la cultura progresista. “Nunca dejaremos que esto ocurra. Para nosotros es una batalla más contra lo que denunciamos, la fascistización de la sociedad”, dicen los miembros del GALE.
La criminalización de los movimientos antifascistas en Europa es un aviso para navegantes. “Somos los primeros afectados por esta medida. Como activistas, también es nuestro deber llegar hasta el final por los próximos afectados, porque está claro que puede afectar a mucha gente”, apunta el GALE.
El colectivo se creó en 2013 tras el asesinato del antifascista francés Clément Méric y la instalación en Lyon de fascistas y racistas de la peor calaña.
