A finales de noviembre el gobierno ruso presentó dos proyectos de ley relativos a la generalización de los códigos QR, sobre todo en los transportes. Estos códigos ya existen de facto, sin ninguna base legal, en todos los territorios federados.
Como en otros países, la sanidad en Rusia es competencia de los órganos regionales y locales, que han fracasado en su intento por vacunar a la población voluntariamente. Hasta la fecha las declaraciones del gobierno federal se oponían a la vacunación obligatoria, como hemos expuesto en entradas anteriores.
El truco ha consistido en utilizar los transportes, que son competencia del gobierno central, exigiendo el pasaporte de vacunas para poder viajar.
Los proyectos de ley presentados al Parlamento no son otra cosa que la vacunación obligatoria, además de la vigilancia generalizada de la población. No cuentan con el apoyo de los médicos ni de la población.
Cuando el presidente de la Duma abrió un debate al respecto en su cuenta de Telegram y pidió opiniones, hubo casi 720.000 comentarios, casi todos negativos. El gobierno no esperaban un rechazo tan general.
La reacción fue tan agresiva que algunos llegaron a pedir que la policía controlara a los críticos por “extremismo” y por “difundir noticias falsas”.
El debate provocó un enfrentamiento y una nueva ola de descontento popular.
Los pasaportes de vacunas cuentan con el apoyo de menos del 20 por ciento de la población, según las encuestas. Los médicos también acaban de ser encuestados por la agencia de información económica RBK y el resultado es el mismo: sólo una cuarta parte apoya los pasaportes sanitarios y su posición sobre la vacunación obligatoria es parecida.
El director del Instituto Gamaleya, Alexander Gintsburg, que fabrica la vacuna Sputnik, no se cansa de propugnar la aprobación de las dos leyes. Es lógico porque, a pesar de su nombre, en el accionariado de Gamaleya han entrado varios fondos buitre occidentales y empresas de capital riesgo.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha anunciado que sólo hay que resolver algunos detalles técnicos para que se aprueben las leyes y que la votación se está alargando debido a algunas dificultades técnicas, sociales y digitales.
La primera lectura parlamentaria estaba prevista para el 16 de diciembre y el bloque seudoprogre es, como en otros países, su máximo defensor. Quieren que todo se resuelva antes de fin de año, para que puedan entrar en vigor el 1 de febrero, como estaba previsto.
