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Día: 24 de septiembre de 2021 (página 1 de 1)

Mali: el gobierno de los coroneles se acerca a Moscú

Ayer se celebró en Bamako, la capital de Malí, una manifestación a favor de Rusia y en contra de la CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Miles de malienses estuvieron presentes para apoyar al gobierno de transición frente a la presiones internacionales.

Desde que se filtró la firma de un contrato con la empresa rusa de seguridad Wagner, el gobierno de Assimi Goita se ha visto amenazado, especialmente por Francia y la CEDEAO, que instan al país a celebrar elecciones el próximo febrero y a renunciar a la cooperación con Wagner.

Cuando Malí celebraba su 61 año de independencia, el pueblo de Mali se reunió para expresar su deseo de divorciarse de nuevo de Francia y denunciar las decisiones de la CEDEAO. “Francia y la comunidad internacional han hecho nueve años sin resultados”, dijo Siriki Kouyaté, portavoz de Yerewolo, en referencia a la Operación Barjan, el despliegue de tropas francesas en el Sahel, que comenzó en 2013.

La concentración fue organizada por el movimiento Yerewolo y contó con la participación de la ONG Urgences Panafricanistes, dirigida por la activista Kemi Seba, que aprovechó la ocasión para pronunciarse a favor del panafricanismo y contra la presencia francesa en África.

La multitud enarboló banderas de Malí y Rusia. Algunos manifestantes llevaban pancartas de apoyo al gobierno de Assimi.

La presidenta del Grupo de Patriotas de Malí, Keita Fatoumata Kouyaté, dijo que una petición lanzada por su movimiento en 2016 para pedir a Rusia que intervenga en Malí había reunido casi 8 millones de firmas, de los 19 millones de habitantes.

En agosto del año pasado, los coroneles del ejército dieron un Golpe de Estado en Mali. Poco después, Francia anunció su fracaso en el Sahel y la retirada de sus tropas. Entonces, los coroneles de la Junta negociaron con Wagner la llegada de 1.000 instructores militares.

A Francia no le ha gustado el acuerdo con la empresa rusa de mercenarios, a pesar de que estas negociaciones ya existieron durante el régimen anterior. El anterior Jefe de Estado, Ibrahim Boubacar Keita, firmó un acuerdo de cooperación militar con Moscú en junio de 2019. Este acuerdo preveía la cooperación para apoyar técnicamente a los ejércitos locales y mantener el equipamiento.

En octubre de ese mismo año, durante la cumbre de Sochi, el Ministro de Defensa de Malí, Ibrahim Dahirou Dembélé, y su homólogo ruso, Serguei Shoigu, ratificaron el acuerdo.

Unos meses más tarde, en diciembre, se vieron consultores de Wagner en Bamako.

En aquel momento París no protestó porque controlaba al gobierno de Ibrahim Boubacar Keita. Si ahora ha levantado la voz es porque los coroneles no son tan sumisos,

El nuevo gobierno asegura que no ha firmado nada con Wagner. A lo máximo, afirman que si las topas francesas se largan, necesitan un sustituto.

El contrato con Wagner abarcaría dos puntos: la formación del ejército y la protección de altos cargos. Dado que la formación de los soldados malienses ya corre a cargo de la Unión Europea, es obviamente el último aspecto el que más atrae a los coroneles: tratan de contratar guardaespaldas para impedir que los franceses den un Golpe de Estado, que sería el tercero en muy poco tiempo.

Prigozhin, el jefe de Wagner, ha creado una fundación en Francia cuya misión es ayudar a las víctimas a luchar contra la violencia policial cuyas siglas son… FBI. Definitivamente, en Moscú se burlan del gobierno francés

El ministro maliense de Defensa, Sadio Camara, es un militar formado en Rusia, un país que ha visitado varias veces desde el Golpe de Estado del año pasado. Es la cabeza visible de quienes creen que, después de 60 años de neocolonialismo, Francia no ha llevado nada bueno a Mali.

China prohíbe las transacciones en criptodivisas

En un momento de intensa crisis financiera, el Banco Central chino acaba de prohibir las transacciones en criptodivisas, que en apenas unas horas han visto caer sus cotizaciones, especialmente el bitcoin.

El aumento de la circulación de las criptomonedas ha provocado el blanqueo de capitales, la recaudación ilegal de fondos, el fraude, las estafas piramidales y otras actividades ilegales y delictivas, dice el comunicado oficial.

En mayo el gobierno chino prometió tomar medidas enérgicas contra la minería y el comercio de bitcoins como parte de los esfuerzos para frenar la crisis financiera, lo que provocó una importante venta de criptodivisas. El bitcoin, la mayor criptodivisa del mundo, cayó más de un 6 por ciento, hasta los 42.2167 dólares. Las monedas más pequeñas, que normalmente suben y bajan junto con el bitcoin, también cayeron.

La prohibición afectó a las acciones relacionadas con las criptomonedas y el “blockchain”. Los mineros que cotizan en Estados Unidos, Riot Blockchain, Marathon Digital y Bit Digital, cayeron entre un 6,3 por ciento y un 7,5 por ciento respectivamente en las operaciones previas al mercado.

Para tapar la verdadera situación económica, el máximo organismo de planificación, la NDRC, ha publicado un comunicado asegurando que el objetivo de la prohibición es lograr la “neutralidad” en las emisiones de carbono de China, ya que la minería de criptomonedas consume una gran cantidad de electricidad.

La explicación es inverosímil, aunque es cierto que China alberga la mayor concentración de mineros de criptomonedas del mundo, junto a otros países, como Abjasia, donde el precio de la electricidad es muy reducido. Además del freno a la especulación, el objetivo de China es reducir el consumo eléctrico y, por lo tanto, la dependencia del exterior.

Hasta abril China tenía una cuota del 46 por ciento de la tasa de extracción mundial, una medida de la potencia de cálculo utilizada en la minería y el procesamiento.

Los gobiernos locales deben tomar medidas drásticas contra las actividades de minería y prescribe su eliminación gradual. La minería se considera una industria “obsoleta”. No se permitirán nuevos proyectos y a los existentes se les dará tiempo para cerrar.

Los antivacunas rusas del Consejo de Europa

Hay varias corrientes entre los antivacunas. Una de ellas es la que se opone sólo a la vacuna rusa porque es rusa, como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa o la OMS. En consecuencia, no hay opción: no sólo las vacunas contra el coronavirus son obligatorias en la práctica sino que, además, la obligación llega hasta la imposibilidad de elegir la vacuna con la que alguien se puede incular.

Los que se han vacunado con la vacuna rusa es como si no se hubieran vacunado. Por lo tanto, no pueden obtener su pasaporte sanitario y, en consecuencia, no pueden trar a nigún local. Para conseguir su pasaporte deberán vacunarse por segunda vez, con consecuencias médicas insospechadas.

Hace unos días les comunicaron a los miembros de la delegación rusa del Consejo de Europa que no pueden viajar por Francia. Se les ha negado el acceso a la sesión que se ha inaugurado esta semana. Tampoco pueden caminar libremente por Estrasburgo. No pueden ir y venir del hotel a la sede del edificio. A los empresarios rusos les ocurrirá lo mismo, y a los deportistas rusos, etc. En resumen, se trata de hacer la vida imposible en Europa para los rusos.

Por lo tanto, Rusia se tendrá que replantear su pertenencia al Consejo de Europa y a otras instituciones internacionales que tengan su sede en los paíes miembros. El presidente de la cámara baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, ya lo ha dejado caer.

El Consejo de Europa es el típico organismo creado por Estados Unidos durante la Guerra Fría para estrechar el bloqueo en torno a la URSS, y nunca ha sabido suavizar su marchamo originario. Hoy es el foro por antonomasia de la rusofobia en Europa.

¿Qué pinta Rusia en un circo de ese tipo? Algunos proponen que la delegación rusa participe a distancia. Incluso podrían quedarse en Moscú y seguir desde allá las sesiones… De esa manera se consolida la discriminación: unos actúan presencialmente, mientras los rusos a través de una pantalla de plasma.

Rusia se ha visto sorprendida en sus propias trampas. No ha querido mantener una postura independiente, ni en cuanto a su participación en el Consejo de Europa, ni en cuanto a la pandemia.

La Unión Europea se dispone a legalizar el reconocimiento facial policial masivo

En abril la Comisión Europea presentó un proyecto de reglamento sobre inteligencia artificial con el pretexto de proponer “un marco jurídico para una inteligencia artificial de confianza”, aunque lo que pretende es autorizar algunas prácticas hasta ahora prohibidas, entre las que destaca el reconocimiento facial policial masivo.

Desde 2016 la normativa europea prohíbe a los Estados miembros analizar los datos biométricos con fines policiales, excepto “en casos de absoluta necesidad”, es decir, cuando la policía no tiene otros medios para esclarecer un delito. Sin embargo, la policía nunca ha demostrado esa “necesidad absoluta”. Aunque a veces sea útil, el reconocimiento facial nunca es “esencial” para el trabajo policial.

El artículo 5 del reglamento que quiere aprobar la Comisión Europea legaliza determinados usos de la inteligencia artificial, incluidos los “sistemas de identificación biométrica a distancia” en tiempo real “en zonas de acceso público con fines policiales”.

La antigua condición de “necesidad absoluta” desaparece y concede manga ancha a la policía. Llega una nueva “patada en la puerta”. Hasta ahora la carga de la prueba recaía en la policía. Tenía que demostrar, caso por caso, que le resultaba materialmente imposible trabajar sin el reconocimiento facial.

Por otro lado, las personas vigiladas se beneficiaban de una presunción legal. No tenían que demostrar que la vigilancia les causaba un daño concreto, porque dicha vigilancia se consideraba intrínsecamente contraria a las libertades fundamentales.

Es lo que recordaron las agencias europeas de protección de datos cuando se reunieron en diciembre del año pasado: “La identificación biométrica a distancia llevada a cabo en el contexto de las manifestaciones políticas puede tener un importante efecto disuasorio sobre el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, como las libertades de reunión y asociación y, más generalmente, el principio fundador de la democracia […] Sus efectos graves e irreversibles sobre las expectativas (razonables) de la población de ser anónima en el espacio público socavarían directamente el ejercicio de la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación”.

El futuro reglamento sobre inteligencia artificial elimina esta presunción y hay que prepararse para que la policía lance sus acostumbradas alarmas sobre crímenes y criminales para que el reconocimiento facial sea plenamente legal.

En lo sucesivo se invertirá la carga de la prueba y las afirmciones de la policía ganarán otra vez presunción de veracidad, como en la ley mordaza española. El funcionamieto policial siempre es correcto. Si alguien considera que un reconocimiento facial masivo vulnera los derechos fundamentales, deberá demostrarlo.

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