Los capitalistas y los policías locales a su servicio forman una mafia en Mallorca

La investigación judicial sobre la corrupción en la Policía Local de Palma ha destapado una auténtica “organización criminal” de policías y funcionarios municipales a sueldo de los capitalistas de negocios nocturnos que amenazaban y extorsionaban a dueños de locales de la competencia. El juez que instruye este caso, ha enviado a prisión al magnate del ocio nocturno de Mallorca, Bartolomé Cursach, dueño de las discotecas más grandes y más importantes de la isla.

El juez acusa al empresario y a más de una decena de policías de formar una organización criminal dedicada a proteger los negocios de Cursach, hundir a sus competidores e incumplimir sistemáticamente las normas municipales. El juez justifica el envío a prisión de Bartolomé Cursach por su alto poder adquisitivo y por “el riesgo de fuga” y de que intente “atemorizar” a los testigos de la causa al más puro estilo mafioso.

Cursach es el empresario de ocio nocturno más importante de la isla, poseedor de un imperio que aglutina históricas discotecas de Mallorca, locales de restauración, hoteles y gimnasios. Un hombre que lleva más de 40 años en el mundo de la noche y que llegó a ser el máximo accionista del Real Mallorca.

El juez le sitúa en la cúspide de una organización criminal, en la que contaba con policías a su servicio, algunos durante más de 30 años, que hacían desaparecer los expedientes y sanciones sobre sus locales y amedrentaban mediante las amenazas y las extorsiones a los empresarios de la competencia. Mientras las discotecas de su grupo sólo recibían un 12 por ciento de las actas levantadas sobre los locales de ocio nocturno de Palma, sus competidores contaban con índices del 60 por ciento o el 100 por ciento. Sus sanciones apenas representaban un 7 por ciento del total y en 2014 sumaron apenas 6.000 euros. Sin embargo, esas sanciones se incrementaron hasta los 17.000 en 2015 y se dispararon a los 184.000 euros en multas cuando se levantó el secreto de sumario sobre la causa el año pasado.

El juez revela en ese auto numerosos testimonios: testigos protegidos, extrabajadores de Cursach y empresarios de la competencia que narran los episodios de amenazas y el trato de favor que recibía por parte de la Policía. Habla el magistrado de una práctica de “extorsión sistematizada”.

El juez apunta que la táctica del empresario está basada en “machacar” a sus competidores valiéndose de policías comprados que trabajan a su servicio. Unas andanzas que empezaron en los años 80, según algunos testigos, y que le llevaron a hacerse con uno de los mejores locales de la isla, la discoteca Pachá que obtuvo “a muy bajo precio” tras acosar a los anteriores dueños. Cursach, según el juez, tenía mandos a sueldo que le avisaban de las inspecciones, destruían las denuncias, guiaban a la clientela para entrar en sus locales e incluso trasladaban a los carteristas y trileros que podían manchar la imagen de sus locales. También hacían la vista gorda con los aforos, como en la conocida discoteca Tito’s que no ha recibido sanciones y según un testigo, es una “trampa mortal en caso de accidente” porque no cumple con la normativa de seguridad.

Los policías a su servicio “eran agasajados con fiestas privadas en las que había alcohol, cocaína y mujeres”, llegando en una ocasión a cerrar la discoteca Kiss para ellos. En otras ocasiones recibían prebendas para disfrutar de sus otros negocios, como el gimnasio que posee en Palma, cenas en sus restaurantes o sobres con dinero en metálico. Además, los agentes montaron negocios de seguridad, tapicería, limpieza y suministros que prestaban servicios a los negocios del empresario.

El caso se lleva investigando desde hace tres años y ha dado lugar incluso a que el fiscal Anticorrupción que lo instruye, Miguel Ángel Subirán, tenga que llevar pistola a diario, ya que ha sufrido amenazas y seguimientos desde que comenzó a investigar el asunto. El robo de su moto, registros en su vivienda, acoso en lugares como el cine y el gimnasio. Todo ello le llevó, tanto a él como al juez Penalva, a pedir un permiso de armas a la Delegación del Gobierno para poder llevar pistola.

Son numerosos los relatos de testigos que han sufrido amenazas después de comparecer ante el juez con el objetivo de que retirasen su testimonio. También de policías que han denunciado las prácticas mafiosas de sus colegas. El juez ya ha dado el primer paso para juzgar a cuatro policías implicados en la causa por vejaciones homófobas a una compañera de unidad a la que amedrentaron para que abandonara su puesto en la Policía Local.

Fuente: http://cadenaser.com/emisora/2017/03/07/radio_mallorca/1488870669_853505.html