A fecha de hoy se contabilizan casi 40.000 asesinatos cometidos en la Franja de Gaza desde la invasión israelí de octubre del año pasado, según datos del Ministerio de Salud de Gaza. Israel cuestiona las cifras, aunque los servicios de inteligencia israelíes, la ONU y la OMS las han reconocido como exactas. Estos datos están respaldados por análisis independientes, que comparan la evolución del número de muertes de personal de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (OOPS) con las cifras comunicadas por el Ministerio.
La recopilación de datos se está volviendo cada vez más compleja para el Ministerio de Salud de Gaza debido a la destrucción de gran parte de la infraestructura. El Ministerio ha tenido que complementar sus informes periódicos, basados en muertes en sus hospitales o víctimas llevadas a los hospitales, con información de medios de comunicación fiables y personal de emergencias. Este cambio afectó inevitablemente a los datos detallados registrados anteriormente. Por lo tanto, el Ministerio de Salud de Gaza ahora informa por separado el número de cadáveres no identificados entre el número total de muertos. El 10 de mayo, el 30 por cien de las 35.091 muertes no habían sido identificadas.
Algunos medios han aprovechado el cambio, destinado a mejorar la calidad de los datos, para cuestionar su veracidad. Sin embargo, el número de muertes notificadas está en gran medida subestimado. Airwars lleva a cabo evaluaciones detalladas de los acontecimientos en la Franja de Gaza y a menudo descubre que no todos los nombres de las víctimas identificables aparecen en la lista del Ministerio.
La ONU estima que al 29 de febrero de este año, el 35 por cien de los edificios de la Franja de Gaza habían sido destruidos, por lo que el número de cuerpos aún enterrados entre los escombros es probablemente considerable, estimado en más de 10.000.
Las guerras tienen impactos indirectos en la salud, más allá del daño directo causado por las hostilidades. Incluso si la guerra terminara de inmediato, en los meses y años venideros se producirían muchas muertes indirectas por causas como enfermedades relacionadas con la reproducción, enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. Se espera que el número total de muertes sea extremadamente elevado dada la intensidad de los ataques israelíes, la destrucción de la infraestructura sanitaria, la escasez de alimentos, agua y alojamiento, la incapacidad de la población para huir a un lugar seguro y el agotamiento de la financiación de la UNRWA, una de las pocas organizaciones que siguen activas en la Franja.
En las guerras recientes, las muertes indirectas son de tres a quince veces más numerosas que las muertes directas. Aplicando una estimación prodente de cuatro muertes indirectas por cada muerte directa a las 40.000 muertes reportadas, no es poco realista estimar que hasta 186.000 muertes o más podrían atribuirse a la guerra actual en la Franja de Gaza, según la revista médica The Lancet (*).
Según la población estimada de la Franja de Gaza en 2022 (2.375.259 habitantes), eso representaría entre el 7 y el 9 por cien de la población total de Gaza. Un informe del 7 de febrero de este año estimó, si bien el número de muertes directas fue de 28.000, que sin un alto el fuego, las muertes ascenderían a entre 58.260 (sin epidemia o empeoramiento) y 85.750 (si ambas se produjeran) para el 6 de agosto de este año.
Por eso es imperativo un alto el fuego inmediato y urgente en la Franja, acompañado de medidas que permitan la distribución de suministros médicos, alimentos, agua potable y otros recursos que satisfagan las necesidades más básicas. Al mismo tiempo, es esencial cuantificar el alcance y la naturaleza del sufrimiento causado por esta guerra. Documentar la verdadera escala es crucial para garantizar la rendición de cuentas histórica y reconocer el costo total en vidas humanas.
Es también una obligación legal. Las medidas provisionales establecidas por el Tribunal Internacional de Justicia en enero de este año exigían que Israel “tomara medidas efectivas para prevenir la destrucción y garantizar la preservación de pruebas relacionadas con acusaciones de actos comprendidos en […] la Convención sobre Genocidio”.
(*) https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(24)01169-3.pdf