Después de las detenciones masivas practicadas tras el golpe, las cárceles están hacinadas y no hay sitio para más.
Según Amnistía Internacional, desde el intento de golpe han sido detenidas más de 10.000 personas, entre ellos 2.101 jueces y fiscales. Se han dictado 42 órdenes de detención contra periodistas (a 25 de julio) y había seis periodistas detenidos (a 26 de julio).
El 23 de julio se amplió el plazo máximo de la detención preventiva sin cargos de cuatro a 30 días, en virtud del primer decreto promulgado bajo el estado de excepción.
Las conversaciones entre los acusados y sus abogados pueden ser grabadas por la Fiscalía.
Además, al menos 270 personas murieron durante la intentona y más de 2.000 resultaron heridas.
Más de 45.000 personas han sido suspendidas de empleo o despedidas, entre ellas policías, jueces y fiscales.
Otro de los principales objetivos de la purga es el sistema educativo: 21.000 profesores de escuelas privadas han perdido su licencia educativa y más de 10.000 funcionarios del Ministerio de Educación han sido apartados; cerca de 1.500 decanos han sido forzados a dimitir; 1.000 escuelas educativas privadas y 15 universidades han sido cerradas
En los días siguientes al intento de golpe el gobierno bloqueó 20 sitios web de noticias.
Se han revocado las autorizaciones de más de 100 medios de comunicación y cancelado las credenciales de prensa a decenas de periodistas.
El periodo inicial del estado de excepción impuesto el 20 de julio es de 3 meses. La situación confiere al consejo de ministros la facultad de gobernar por decreto para eludir el control parlamentario.