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Los hechos ocurrieron el 31 de mayo del año pasado, “cuando la policía solicitó permiso para realizar un operativo y buscar objetos prohibidos dentro de las celdas” de un pabellón del Centro de Rehabilitación Social Regional Turi.

“Las personas privadas de libertad fueron sacadas de sus celdas y sin motivo alguno los policías les habrían agredido”, señala la fiscalía.

Entre los detenidos, que podrían ser condenados a penas de hasta 13 años de cárcel, figuran un mayor, tres subtenientes y agentes de las llamadas Unidades de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional.

La fiscalía sustenta su acusación con varias pruebas, entre ellas videos de las cámaras de seguridad del penal, versiones de las víctimas e informes médicos.

El juez ordenó que se mantengan las medidas cautelares de presentación periódica ante la justicia y la prohibición de salida del país en contra de los policías acusados.

http://www.elcomercio.com/actualidad/policias-acusados-tortura-carcel-juicio.html

El Movimiento Pro Amnistía quiere recordar que el titular de este Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es el juez José Luis Castro Antonio. Él fue, precisamente, el que en el año 2005 concedió el tercer grado al que fuera uno de los responsables del GAL, Enrique Rodríguez Galindo (desde el 2004 estaba preso en casa). Según el auto escrito entonces por Castro, “el estado de salud del interno permite tener esta circunstancia en cuenta para la progresión de grado pretendida”. Castro también aprobó la libertad condicional para Galindo en 2013, que finalmente solo cumplió 4 años de cárcel por el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala.

José Luis Castro Antonio es, igualmente, uno de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria que durante la década de los 90 miró hacia otro lado ante las graves torturas y asesinatos sufridos por los presos sociales clasificados como FIES, ofreciendo así un espacio de opacidad a los abusos de los carceleros. José Luis Castro es, por tanto, un mayordomo imprescindible para sacar brillo a las cloacas del Estado.

El caso de Ibon Iparragirre es ahora mismo el más grave de entre los presos políticos enfermos, pero no el único. Aitzol Gogorza, Txus Martín y varios más se encuentran en una situación extrema como consecuencia de su estado de salud. Nuestro movimiento quiere subrayar, una vez más, que esta tortura crónica que se aplica a los presos políticos no tiene un simple toque de venganza, sino que es el resultado de una violencia estructural que persigue objetivos políticos.

Aitzol Gogorza ya denunció en julio de este año que un carcelero le aconsejó firmar una declaración de arrepentimiento si quería salir de la cárcel. Con los presos políticos utilizan la lógica del “arrepiéntete o muere”, convencidos de que sus arrepentimientos pueden ayudar a perpetuar la actual situación de opresión.

El Movimiento Pro Amnistía no tiene duda de que, si no se encienden las calles, los presos políticos seguirán muriendo en las cárceles. Es por ello que, una vez más, quiere hacer un llamamiento a la lucha a Euskal Herria, porque solo agitando las calles conseguiremos sacar de la cárcel a los presos enfermos.

En Euskal Herria, a 22 de diciembre de 2017.

El artículo 20 de la Constitución actual es parecido y en cada juicio los fiscales -que son hijos de sus padres políticos- insisten una y otra vez, en repetir una obviedad: los derechos fundamentales siempre tienen límites. Antes y ahora la libertad de expresión no puede atentar contra los principios fundamentales del Estado.

Como el Estado de 1939 es el mismo de ahora, los principios que limitan los derechos también son los mismos. Por eso las cunetas de las carreteras siguen siendo fosas comunes para los republicanos y no se ha podido revisar ni una sola causa incoada por los tribunales franquistas.

Hay que reconocer, sin embargo, que algunos nombres sí han cambiado, lo mismo que ha ocurrido con los nombres de las calles. Pero también es necesario recordar que, cualquiera que sea su nombre, la calle es la misma.

Algunos tribunales fascistas también han cambiado de nombre. Uno de ellos antes se llamaba TOP y ahora Audiencia Nacional. El TOP enviaba a los detenidos a la cárcel por “propaganda ilegal”; ahora la Audiencia Nacional lo llama “enaltecimiento del terrorismo”. El resultado es el mismo: la cárcel. Es el caso de Alfredo Remírez, un preso político del que nadie habla, encarcelado por emitir sus opiniones en internet.

Los tribunales fascistas no es que estén “manipulados” políticamente, sino que son órganos políticos y, en consecuencia, siempre funcionan de una manera discriminatoria.

Por ejemplo, contar un chiste sobre Carrero Blanco es un delito. Sin embargo, contar un chiste sobre Franco no lo es. La jurispridencia del Tribunal Supremo hace tiempo que ha transpasado el límite del ridículo: es peor atacar al subalterno (Carrero) que al jefe (Franco).

Es un caso único en los anales de la represión política cuyo origen es que, a diferencia de su valido, Franco murió en la cama. Afortunadamente eso nos permite criticarle, burlarnos, insultarle y despreciarle. Si hubiera sido ejecutado, como merecía, sería otra de esas “victimas del terrorismo” a las que la jurispridencia ha puesto por encima de la historia. No podríamos humillar a un criminal, como Franco, porque las leyes, los fiscales y los tribunales le protegerían.

El artificio político se repite en todas y cada una de las casi 500 causas abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sólo en este año, fruto de su fiebre inquisitorial que tiene a la policía -incluida la policía foral de Navarra- muy atareada, pendiente de los blogs, las pintadas, los carteles, los mensajes de móvil, las fotos, los vídeos, los raperos, las pancartas, las pegatinas…

Sin embargo, hay oportunistas que sólo se acuerdan de San Bárbara cuando truena. Es la quintaesencia de su oportunismo político. Afirman que sólo hay represión cuando los medios hablan de represaliados como Cassandra, o César Strawberry, o los 12 raperos de La Insurgencia. De esa manera quieren dar a entender que la represión política es esporádica, ocasional, y le lavan la cara al régimen actual.

La represión política es política y, por lo tanto, discriminatoria. Todos los años la fiscalía abre cientos causas por “enaltecimiento del terrorismo” y cierra otras tantas, y no es posible averiguar por qué sucede una cosa u otra. Le basta con capturar a unos pocos cabezas de turco, conejillos de Indias en los que se pueden cebar para intimidar a todos los demás. Como Alfredo Remírez, sin ir más lejos.