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Los ancianos no tienen nada excepto mascarillas

El confinamiento de los mayores de 70 años, decretado por casi seis meses, suscita controversias en Colombia. Algunos lo desafían en una reivindicación de libertad y otros por necesidad, como el viejo Eleodoro y sus compañeros de desgracia que sobreviven en una morada en ruinas.

Los zapatos desgastados de Eleodoro Quijano ya no lo conducen al atrio de las iglesias en los barrios ricos del norte de Bogotá a donde iba a mendigar antes de la pandemia.

“Eran cuatro misas. Me traían un billetico de diez o de cinco (mil pesos, entre 1,3 y 2,7 dólares), moneditas (…) Como están cerrados los templos (…) no puedo ir más”, dice este octogenario, quien “hace mucho tiempo” perdió sus papeles de identificación y olvidó su fecha de nacimiento.

Desde mediados de marzo 2,6 millones de personas mayores de 70 años deben permanecer enclaustradas para escapar del coronavirus en Colombia. En Bosnia, Serbia o Turquía rigen iniciativas similares.

Por eso este anciano larguirucho no debería abandonar la granja donde nació, ahora en ruinas y enclavada entre viviendas sociales en la localidad de San Cristóbal, al pie de las montañas del deprimido sureste bogotano.

La capital tiene más del 30 por ciento, de los cerca de 33.000 casos confirmados del nuevo coronavirus, incluidas un millar de muertes, en todo el país. El encierro se decretó allí el 20 de marzo y cinco días después se generalizó a los 48 millones de habitantes del país.

El presidente Iván Duque provocó revuelo en su llamado a proteger a los “abuelitos”, los más vulnerables ante la enfermedad. Varias personalidades lo consideraron una “infantilización” de los adultos mayores. Algunos llamaron a la desobediencia.

Aunque el mandatario se disculpó por el lenguaje, defiende la medida para mantener un control relativo sobre el virus y amplió el aislamiento obligatorio para los ancianos hasta finales de agosto.

De mirada triste y cara cincelada por las intemperies de la vida, Eleodoro está más preocupado por alimentar a sus cinco perros que a su cuerpo flaco. Como él, al menos 1,6 millones de viejos viven en pobreza extrema en una de las naciones más inequitativas de América.

Sin documentos de identidad no puede recibir mercados ni el subsidio de unos 22 dólares mensuales prometidos por la alcaldía a 50.000 ancianos durante tres meses de pandemia. Las quejas sobre las ayudas son recurrentes.

Confía más en la caridad del vecindario y sus “compañeros de casa”, que a veces traen algo para cocinar a fuego de leña en una olla maltrecha.

José Ávila (72 años) y María Eugenia Rodríguez (71) comparten una de las habitaciones de la casa de muros corroídos de Eleodoro. El tercer cuarto lo ocupa el “joven” del grupo: Pedro Soler, de 68.

Con confinamiento o sin él, a diario venden a los recicladores metal, cartón o papel que encuentran en la basura.

“Si no me muevo, ¿de qué como?”, señala José, que se protege con una mascarilla de papel en mal estado. Plomero y albañil, nunca sale sin herramientas por si puede ganarse unos pesos haciendo alguna reparación.

“No traigo la cédula (…) Bien afeitado, ni parezco ni (de) 50”, afirma entre risas que exponen sus arrugas, convencido de poder engañar a la policía.

Violar el confinamiento se castiga con una multa de unos 260 dólares, una cifra similar al salario mínimo en la cuarta economía latinoamericana.

En Ciudad Bolívar, una localidad pobre del sur de Bogotá, “los abuelos no pueden salir (…) A unos señores se los llevaron a un ancianato”, deplora Yaneth Montáñez, de 58 años, quien cuida a su suegra de 76.

Postrada en una silla en el patio de su humilde casa, la madre de su esposo, Ana Elvira Pineda, llora porque se siente “muy inútil” y reza para que el encierro “acabe pronto”.

“La tristeza también mata”, dice Florence Thomas, una profesora de psicología y reconocida feminista que ha criticado el confinamiento en la prensa local.

Está “harta” del encierro solitario en su apartamento “sin balcón” en el acomodado norte de la capital y reivindica su “desobediencia” para dar una vuelta a la manzana cuando brilla el sol.

Pero esta franco-colombiana de 77 años es consciente de que es una “privilegiada”: “Mi nevera está llena, escribo, leo, escucho música, tengo amigas con quien hablar por teléfono, mis dos hijos”.

Thomas está “molesta” con las palabras del presidente. “Lo de los abuelitos me pareció espantoso”, sostiene, atribuyendo el confinamiento de los ancianos a “un sistema de salud deficiente”.

Le parece “arbitrario” que los mayores puedan salir durante media hora tres veces a la semana desde el lunes, como los menores de cinco años: “¡Nos sentimos como niños!”.

“Es una exageración monumental de decir a los viejos, a las viejas, ‘quédense en casa, no jodan’ (…) como si fuéramos unos parias”, protesta indignada por su “arresto domiciliario”.

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/index.php/especiales/sucesos/449675-la-rebelion-de-los-ancianos-colombianos-contra-el-encierro-del-coronavirus

La escena es dantesca. Una familia destrozada por la muerte de un familiar, según el informe de las autoridades a causa del nuevo coronavirus, se encuentra con un panorama macabro cuando, una vez que recuperaron el cuerpo, abren el ataúd y descubren que el cadáver estaba esposado y con claros signos de haber sido torturado.

La familia, que reside en Houston, en Estados Unidos, acusa ahora a las autoridades de El Salvador, donde ocurrió el episodio, de ocultar la verdadera razón de su muerte.

Los restos de Luis Iván Mejía Bonilla fueron entregados a la familia el pasado miércoles 6 de mayo y lo que descubrieron al abrir el ataúd contradice la versión de los médicos forenses.

“A mis familiares en El Salvador les dijeron que mi primo murió por sangramiento del tubo digestivo”, contó Laura Castro, prima de Luis que radica en Houston.

“Le dijeron a mi tía que había muerto de coronavirus y que no lo velaran ni abrieran la caja, pero en el papel que les dieron decía otra cosa; además creemos que si en verdad hubiera muerto de coronavirus ni se los lo hubieran entregado por la manera que tratan los cuerpos de personas que mueren del virus”, agregó Castro, quien ha estado en contacto con sus familiares en El Salvador.

Según contaron los familiares,  Mejía Bonilla se encontraba detenido, bajo la custodia de las bartolinas policiales de Zacatecoluca, departamento de La Paz.

Había sido capturado el 28 de abril en el cantón Santa Teresa, municipio de Santiago Nonualco, departamento de La Paz, junto a 10 personas más (dos menores entre estos), a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de haber participado en el asesinato del soldado Jhonis Alexánder Delgado Canales, de 20 años, registrado el 26 de abril de 2019, en el cantón El Llano, siempre de Santiago Nonualco.

Los familiares aseguran que no era pandillero y que se ganaba la vida trabajando como payaso en fiestas y a veces en diferentes trabajos de jornalero.

En declaraciones a los medios locales, los familiares aseguraron que recibieron un aviso de que Mejía Bonilla sería trasladado al hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca.

“Mis familiares fueron al hospital y cuando llegaron les dijeron que mi primo ya había muerto”, contó Castro.

Según los familiares, se les indicó que no lo velaran, que lo sepultaran inmediatamente porque había muerto de Covid-19.

“Mis familiares siguieron las instrucciones y ese mismo miércoles lo iba a enterrar, pero algunos sabían que Luis se encontraba bien de salud antes de caer a la cárcel y decidieron abrir el ataúd”, explicó Castro.

Los familiares de Luis le contaron a Castro que el cuerpo presentaba golpes, su rostro estaba ensangrentado y tenía los dientes saltados “como si se los hubiesen querido arrancar”. Además, todavía tenía las esposas (grilletes) puestas.

Por su parte, el comisionado Óscar Aguilar, jefe policial del departamento de La Paz, dijo que lo que él sabía del caso era que el privado de libertad había sido evaluado médicamente un día antes, es decir, el martes; presentó fiebre y dolor de cuerpo y se le dejó un tratamiento.

Según Aguilar, al siguiente día presentó vómito con sangre y fiebre alta como el día anterior, por lo que fue llevado al hospital de Zacatecoluca, pero al llegar ya había fallecido.

Junto con Mejía Bonilla fueron llevadas cuatro personas más que fueron tratados por dengue​. “A nosotros no nos dijeron si tenía coronavirus o si había sospechas o no”, afirmó el jefe policial.

Como el reo presentaba vómito con sangre y se vomitaba a sí mismo, “entonces es lógico que los familiares puedan pensar que algo le habían hecho, pero quien mejor puede decir es el personal de Medicina Legal”, añadió Aguilar.

En cuanto a por qué el cadáver estaba esposado, el comisionado dijo que tal vez los policías no se las quisieron quitar por sanidad para ellos debido a la coyuntura que se vive en el país con el coronavirus.

La familia de Luis en Houston quiere que el caso se conozca en todo el mundo porque consideran que las autoridades no están permitiendo que se difunda en medios internacionales.

“Queremos justicia para mi primo, esto es una clara violación de derechos humanos y los responsables merecen ser castigados”, concluyó Castro.
https://www.clarin.com/internacional/dijeron-murio-coronavirus-abrir-ataud-encuentran-cadaver-esposado-senales-tortura_0_flTTS2Ily.html

A veces es complicado mantener la distancia de seguridad. Por eso la empresa belga Rombit ha creado una pulsera digital que garantiza el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad.

Rombit ya tenía una pulsera de seguridad, el Romware ONE, al que ha añadido nuevas funciones que ayudarán a que todos nos mantengamos alejados los unos de los otros, dejemos a hacinarnos en locales, evitemos las reuniones tumultuarias y las manifestaciones de masas.

El capataz de la empresa, John Baekelmans, explica que cada vez que nos acercamos demasiado unos a otros recibiremos una señal de advertencia. De esa manera evitaremos saludar a nuestros familiares y amigos, o que nos saluden ellos a nosotros.

Baekelmans no nos tranquiliza cuando asegura que nuestra intimidad está garantizada porque el artilugio no comparte la ubicación u otra información confidencial con terceros.

El brazalete conserva la ubicación de las personas en cada momento y permite el rastreo de los contactos que ha mantenido a fin de que los “gorrillas sanitarios” verifiquen cada uno de sus movimientos y de los demás.

Según los portavoces de Rombit, las aplicaciones para el móvil tienen un mayor margen de error y conducen falsos positivos o negativos. Pero lo más importante es que a menudo no pueden ser utilizadas en los lugares de trabajo.

La pulsera utiliza una técnica que no necesita conexión a internet.

El capataz de la empresa asegura que se están esforzando por lograr que el dispositivo llegue al mercado en grandes cantidades para facilitar el control y la vigilancia de movimientos, antes de que la paranoia del coronavirus se vaya apagando.

Más información:
– Una nueva profesión represiva creada por la pandemia: los ‘gorrillas’ sanitarios
– 60.000 matones sanitarios para vigilar a los apestados en Italia 

Un ministro y un alcalde italianos han propuesto la creación de un cuerpo de “guardianes cívicos” compuesto por 60.000 voluntarios. Entre otras cosas, los voluntarios se encargarían de asegurar el cumplimiento de las normas de desconfinamiento. La idea está copiada de las bandas parapoliciales de la época de Mussolini.

Es la controversia del momento en Italia. Francesco Boccia, Ministro de Asuntos Regionales en el gobierno de Giuseppe Conte, y Antonio Decaro, Alcalde de Bari (Sur) y Presidente de la Asociación de Municipios Italianos (ANCI), propusieron la idea de crear su propio cuerpo de “gorrillas” a la italiana.

Se reclutarían de forma voluntaria a través de un mecanismo de protección civil. Estaría a cargo de la gestión de las milicias que se dedican a vigilar los pasos de sus vecinos. Francesco Boccia y Antonio Decaro también aclararon que los voluntarios serían personas que reciben ayuda estatal o pensionistas, es decir, que trabajarían gratis.

Los matones sanitarios se encargarían, entre otras cosas, de asegurar el cumplimiento de las órdenes de las autoridades en materia de desescalada.

“En esta nueva fase, ayudarán a controlar el acceso a los parques o mercados, contando el número de personas que entran o salen, o explicando las reglas de acceso a las playas cuando se reabran”, dijo Decaro en un comunicado del 25 de mayo.

La propuesta ha provocado una protesta a través de los Alpes. Carlo Calenda, ex-ministro y dirigente del partido Azione (Acción), dijo todas las cosas malas que pensaba en Twitter: “¿Cómo podemos pensar que 60.000 personas encontradas de alguna manera, entrenadas de alguna manera, empiecen a ir por Italia, diciéndoles a los italianos lo que tienen que hacer en base a reglas que nadie entiende? ¿Es eso normal y legítimo en un país democrático?”

Matteo Orfini, diputado y ex presidente del Partido Demócrata tiene la misma opinión: “No necesitamos guardianes cívicos. Necesitamos ministros que hagan ministros, administradores que hagan administradores.

Para los de “Piu Europa” (Más Europa), la propuesta de Francesco Boccia y Antonio Decaro tampoco era atractiva, como señaló Giordano Masini, miembro de la dirección del partido: “Necesitamos médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, gente preparada”.

Otros han ido más allá y han denunciado posibles violaciones de las libertades individuales. Este es el caso de Anna Maria Bernini, jefa de los senadores de Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi.

Giorgia Meloni, presidenta del partido Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia), comparó tal esquema en Facebook con “una milicia autorizada por el gobierno”, a la que acusó de ser autoritaria.

La economista y autora Ilaria Bifarini, por su parte, se refirió a “una dictadura orwelliana basada en el odio y la desconfianza mutua”.

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– Una nueva profesión represiva creada por la pandemia: los ‘gorrillas’ sanitarios

En Francia el estado de emergencia sanitaria se ha prorrogado hasta julio. Permite al gobierno limitar los movimientos autorizados e imponer medidas de aislamiento y cuarentena. Este nuevo estado de emergencia recuerda al estado de emergencia de 2015 contra el terrorismo. “Estas disposiciones de emergencia corren el riesgo de convertirse en permanentes”, advierte la jueza Sarah Massoud, dirigente del Sindicato de la Magistratura.

Massoud es miembro de la Red de Vigilancia del estado de urgencia sanitaria y la reacción le ataca públicamente en los medios de comunicación.

¿La ley que prorroga el estado de urgencia sanitaria, tal como se aprobó finalmente el 11 de mayo, parece menos peligrosa para las libertades que el proyecto inicial?

El texto final es menos duro en cuanto a los ataques a las libertades individuales que el proyecto de ley inicial. Sin embargo, existe todavía una filosofía en la ley final que extiende el estado de emergencia sanitaria que permanece, y que nosotros discutimos, la del tropismo de la excepción. El texto se ha modificado en un sentido bastante favorable sobre la cuestión del expediente de seguimiento de los pacientes de Covid, pero debemos permanecer muy atentos a su aplicación (1).

En lo que respecta al aislamiento y la cuarentena, que ya existían en la ley por la que se establecía el estado de emergencia sanitaria (2), estas medidas adquieren un alcance diferente y mayor en el contexto del desconfinamiento. Se trata de medidas de privación de libertad, como recordó el Consejo Constitucional en su decisión de 11 de mayo sobre la ley de prórroga del estado de excepción. Como tal, están acompañadas por un control del Juez de Libertades y Detenciones [JLD], en el que estamos totalmente de acuerdo. La privación de libertad requiere la intervención de un juez. En el texto se prevé la posible intervención del JLD a partir de las 72 horas siguientes a la decisión de poner a una persona en aislamiento o en cuarentena. El JLD debe entonces intervenir si la medida se extiende más allá de 14 días.

¿Saben los jueces de libertad y detención exactamente sobre qué tendrán que decidir? ¿Tienen los medios para hacerlo?

Nos preocupa la aplicación de esta nueva competencia en la medida en que el servicio público de la justicia se ha asfixiado durante años y funciona en condiciones degradadas. Por el momento, no hay información sobre cómo se aplicarán estas disposiciones, con qué medios adicionales o no, sabiendo que la reanudación de la actividad de los tribunales ya es muy difícil. El período de reclusión ha dado lugar a numerosos aplazamientos o cancelaciones de audiencias, que el personal de la justicia tendrá que compensar en condiciones todavía limitadas. Además, no tenemos ni idea de cuántas personas se verán afectadas. Desde antes del 11 de mayo, el aislamiento y la cuarentena ya se aplican en los territorios y departamentos de ultramar, sin ningún control judicial. En los Departamentos y Territorios Franceses de Ultramar, en pocas semanas, 1.500 personas se vieron afectadas.

Las decisiones de poner a las personas en cuarentena o en aislamiento las tomarán los prefectos, a propuesta de los organismos sanitarios regionales, sobre la base de un certificado médico que se presentará a las autoridades judiciales. Aparte de este certificado médico, no está claro en qué consistirán estos procedimientos. Si se establece un paralelismo con la atención sin consentimiento en psiquiatría [en la que el JLD interviene después de 12 días de hospitalización sin consentimiento], una parte nada despreciable de las medidas de hospitalización son finalmente levantadas por los jueces por falta de elementos suficientes. Con estas medidas de salud, los JLD todavía están a oscuras.

¿Su sindicato creyó desde el principio que el estado de emergencia era innecesario, que la aplicación del código de salud pública era suficiente?

Cuando presentamos nuestras primeras observaciones el 25 de marzo, cuestionamos la legitimidad de introducir tal régimen de excepción. Tras varias semanas de estado de emergencia sanitaria, observamos un activismo por parte de las autoridades administrativas que habían emitido una plétora de decretos prefectorales y decretos municipales que infringían las libertades individuales, con contenidos a menudo desproporcionados y desconectados del objetivo sanitario. Este injustificado productivismo normativo ha confirmado nuestros temores iniciales. De ahí nuestra oposición a la extensión de esta “crisis de legalidad”. Consideramos que las disposiciones del derecho común, en el Código de Salud Pública y en otros textos, son suficientes para organizar la respuesta a la crisis sanitaria, incluida la desescalada. Nuestro principal temor hoy en día es que estas disposiciones excepcionales puedan contaminar el derecho común. Hemos experimentado esto amargamente en el pasado. El Defensor de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos también lo han dicho (3).

¿Este es el paralelismo que ves con el estado de emergencia antiterrorista de 2015?

Completamente. Con la Ley Silt (4), el derecho común se ha visto completamente contaminado por las disposiciones del estado de excepción “antiterrorista”. La aprobación de la Ley Silt tiene enormes consecuencias en cuanto a las libertades individuales. Tomemos el ejemplo de los perímetros de protección. Se trata de zonas en torno a las cuales y dentro de las cuales se autorizan los controles policiales, porque existe el riesgo de que se cometan delitos relacionados con el terrorismo. Sin embargo, hemos encontrado que estos controles se han llevado a cabo como parte de las movilizaciones sociales, ya sea las manifestaciones del Día del Trabajo, los chalecos amarillos o las protestas climáticas. Estos perímetros de protección y controles policiales se han utilizado para suprimir la protesta social fuera de cualquier objetivo terrorista. La consecuencia es desastrosa en lo que respecta a las violaciones de las libertades fundamentales, como el derecho de manifestación garantizado por la Constitución.

La Ley Silt debe ser revisada antes del 31 de diciembre de 2020. Tememos que se refuerce aún más en esa ocasión. Debemos ser conscientes de que las reformas que se han llevado a cabo desde hace casi 20 años han dado prioridad a la noción de orden público sobre la de las libertades individuales. El dogma de las autoridades públicas es la seguridad, aunque signifique utilizar una retórica basada en el miedo. La figura de peligro solía ser la del terrorista, hoy será la del paciente que ha dado positivo. Dentro de unos meses, la figura a comprobar y localizar puede ser el paciente Covid asintomático. Siempre hay un objetivo que permite a las autoridades públicas, bajo el pretexto de un peligro potencial, aplicar disposiciones que son muy perjudiciales para las libertades civiles. Y el riesgo, ya desenfrenado, es el de acostumbrarse a una legislación de la peor clase.

Sin embargo, hay resistencia de varios grupos y asociaciones, en particular la unión de magistrados…

Pero, ¿nos escuchan? Nuestras posturas centradas en la defensa de los derechos fundamentales se tienen muy poco en cuenta en la labor legislativa. Además, el control parlamentario sobre estas leyes excepcionales se ha secado completamente. Hoy en día es aún más débil que bajo el estado de emergencia antiterrorista. No está prevista ninguna evaluación. Sólo hay dos misiones de investigación, una al Senado y otra a la Asamblea Nacional. No disponen de toda la información que les permita evaluar eficazmente las consecuencias del estado de emergencia sanitaria, en particular en lo que respecta a las violaciones de las libertades. Debido a la inexistencia de esta evaluación institucional, hemos creado una red de vigilancia, obligada a suplir una deficiencia dramática de nuestras instituciones.

En el marco de esta red de vigilancia, ¿cuestiona en particular el delito de vulneración del confinamiento?

Desafiamos este delito (5) en todos los aspectos. Ya consideramos que la represión es inútil para hacer cumplir las normas instituidas por el estado de urgencia sanitaria, sobre todo en un contexto tan específico como el de la actual epidemia. Además, el hecho de incurrir en una pena de prisión porque no se puede presentar un certificado, porque se ha olvidado el certificado o porque se ha salido de casa quizás no por la razón correcta, nos parece totalmente desproporcionado. Cuestionamos la construcción legal de este delito. Es un OVNI legal. Por otra parte, el Tribunal de Casación transmitió el 13 de mayo al Consejo Constitucional las cuestiones prioritarias de constitucionalidad relativas a este delito, por considerar que podría socavar el principio de la legalidad de los delitos y las penas y la presunción de inocencia.

Hay que recordar que durante el encierro se realizaron más de 15 millones de comprobaciones, que dieron lugar a más de un millón de atestados. Este delito también reveló desigualdades sociales que ya se habían observado en otros lugares. Sena-Saint-Denis ha sido objeto de muchos más controles que otros territorios. Esto afectaba a personas que, económica y sociológicamente, tal vez no podían respetar el confinamiento, así como a otras categorías de la población. Este delito se agravó aún más en virtud de la ley por la que se amplió el estado de urgencia sanitaria, ya que se amplió la lista de personas con derecho a informar. No se trata de implicar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ya que también pueden tener dificultades porque no todos ellos están capacitados para este tipo de control. Es difícil saber qué está prohibido y qué no. Hay muchos textos que salen regularmente, y la comunicación del gobierno es muy errática. ¿Cómo se puede respetar una regla cuando ésta es tan imprecisa y fluctuante? Además, hoy en día, las reglas no son las mismas en las diferentes regiones. El hecho de que este estado de emergencia sanitaria vaya acompañado de una nueva fuerza de policía sanitaria es de gran preocupación para nosotros.

¿También señala el riesgo de que la excepción se generalice en la misma forma en que funciona la justicia?

Estos son peligros que los ciudadanos no necesariamente perciben. En los procedimientos civiles o penales, por ejemplo, las medidas derogatorias [de los derechos y libertades] se justifican hoy en día en tiempos excepcionales: audiencias por videoconferencia, aumento del número de procedimientos escritos. Entendemos esto mientras sea transitorio, en respuesta a las emergencias sanitarias y la necesidad de medidas de contención. Pero nos preocupa mucho ver que estos métodos despectivos de la actividad jurisdiccional contaminan nuestras operaciones habituales. Cuanto más practicamos estos modos degradados, más nos arriesgamos a acostumbrarnos a ellos. Cuanto más nos acostumbremos a ellos, más fácil será para las autoridades validarlos después.

Por ejemplo, esperamos que muchos de nuestros colegas argumenten que la videoconferencia no es tan mala y que, al final, en nombre de la rentabilidad y ante una cancillería que hace oídos sordos a nuestras llamadas de auxilio, se requiere una justicia deshumanizada. Hay que tener siempre presente, y así se ha demostrado en el pasado, que los regímenes excepcionales sirven de laboratorio para la perpetuación de las derogaciones [de los derechos y libertades]. Las derogaciones son un ataque a las libertades individuales.

(1) El sistema de información para el control de la epidemia de coronavirus. En el texto final no se incluyeron los datos sobre los contactos entre las personas. La recolección de datos se limitará, en particular, al estado virológico o serológico de una persona con respecto al coronavirus. No se pueden almacenar más de tres meses y tampoco podrán alimentar la aplicación informática “StopCovid” aprobada en Francia para rastrear a los usuarios de móviles.

(2) El artículo 2 de la Ley de 23 de marzo de 2020 dice: “Ordenar medidas a efectos de cuarentena, en el sentido del artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional de 2005, de las personas susceptibles de estar afectadas; ordenar medidas de colocación y mantenimiento en aislamiento, en el sentido del mismo artículo 1, que se apliquen a las personas que puedan verse afectadas; ordenar medidas de colocación y mantenimiento en aislamiento, en el sentido del mismo artículo 1, en sus domicilios o en cualquier otro lugar de alojamiento adaptado, de las personas afectadas”.

(3) “La CNCDH recuerda el carácter necesariamente provisional de las medidas adoptadas que atentan contra los derechos y las libertades fundamentales. El período actual no se puede utilizar como laboratorio para la experimentación con miras a generalizar medidas ampliamente impugnadas, ni siquiera permitir que esas medidas se apliquen subrepticiamente. También es importante velar por que se ponga fin a este estado de emergencia lo antes posible y que la duración de las medidas no exceda de lo estrictamente necesario”.

(4) Ley de 30 de octubre de 2017 de refuerzo de la seguridad interior y de lucha contra el terrorismo.

 
(5) Es un delito creado por la ley de estado de urgencia sanitario. Establece que a una persona que ha violado más de tres veces el confinamiento en un período de 30 días, será castigo con seis meses de prisión y una multa de 3.750 euros.