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Biden contratará a empresas privadas para que espíen a quienes difunden contenidos ‘extremistas’

La era de la vigilancia masiva ya está aquí y, según el signo de los tiempos, se ha privatizado. Biden contratará a empresas privadas para que espíen a los ciudadanos estadounidenses que difunden contenidos “extremistas” en internet.

El plan se discute dentro del DHS, el Ministerio del Interior, y permitirá al gobierno eludir las leyes que impiden al gobierno vigilar a los ciudadanos sin una previa orden judicial.

Se trata de que las empresas privadas puedan acceder legalmente a las comunicaciones de ciertos colectivos a fin de reunir grandes cantidades de información que podrían ayudar al Ministerio del Interior a identificar determinados mensajes de interés a medida que surgen.

Los usuarios crean identidades ficticias para comunicarse en espacios privados de las redes sociales a los que el gobierno no puede acceder. Sin embargo, las empresas privadas sí pueden camuflarse y el gobierno de Biden está considerando la posibilidad de recurrir a ellas para actuar como intermediarias a fin de obtener información con amplios resúmenes y análisis de las discusiones que circulan por las redes sociales.

Los defensores de la intimidad y las libertades civiles han criticado durante mucho tiempo cualquier esfuerzo por recopilar datos en masa, incluso la información disponible públicamente sobre los ciudadanos, porque suponen una violación de los derechos de la Primera y la Cuarta Enmienda.

El hecho de que el gobierno entregue a las empresas privadas el espionaje de ciudadanos sin orden judicial es un fraude que no lo hace menos ilegal.

—https://www.cnn.com/2021/05/03/politics/dhs-partner-private-firms-surveil-suspected-domestic-terrorists/index.html

Camboya recurre al ejército para vacunar la población

Camboya ha puesto al ejército al frente a la campaña de vacunación contra el coronavirus. El sábado el gobierno inició una amplia operación de vacunación dirigida a medio millón de personas que viven en las zonas más afectadas de la capital, Phnom Penh.

Ni las vacunas ni la intervención del ejército se justifican con la pandemia. Con 106 muertos (*), en el país no ha habido ninguna pandemia, así que han tenido que recurrir al manido aumento de “casos” para llevar a la población a los centros de vacunación.

La ola artificial de histeria se intensificó el 15 de abril con la imposición del confinamiento en la capital y en la provincia vecina de Kandal, algo de lo que el país se había librado hasta la fecha.

Durante el confinamiento, que duró dos semanas, estaba prohibido salir de casa, excepto para los recados imprescindibles. Los viajes se limitaron a tres veces por semana y sólo se permitieron para dos miembros del mismo hogar.

En los barrios declarados “zona roja” y confinados de Phnom Penh casi medio millón de personas serán inoculadas con las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac durante un mes, según un alto funcionario militar.

Un comunicado del Ministerio de Defensa asegura que el país de unos 16 millones de habitantes había recibido más de 4 millones de dosis de la vacuna, incluyendo 1,7 millones de dosis de Sinopharm donadas por China.

Hasta la fecha han vacunado a más de 1,3 millones de camboyanos, incluidos extranjeros, diplomáticos y trabajadores de la sociedad civil en Camboya. El sábado decenas de personas coordinadas por militares en traje de camuflaje hacían cola en una escuela primaria de la capital para recibir la vacuna.

(*) https://www.worldometers.info/coronavirus/country/cambodia

El espionaje alemán vigilará a los negacionistas

La doctrina del covid se ha transformado en un dogma y el espionaje alemán ha anunciado la creación de un departamento especial encargado de vigilar a los negacionistas, porque ponen en peligro la seguridad interior del Estado (*).

Los críticos suponen un riesgo de orden público. Quedan bajo vigilancia quienes objeten el confinamiento, las mascarillas, la distancia social y demás medidas sanitarias. Para justificar la represión, el movimiento negacionista queda calificado de “conspiranoico” y “agresivo”.

Las instituciones públicas han sido objeto de numerosos ataques desde el comienzo de la pandemia, dice el Ministro del Interior: “Nuestro orden democrático fundamental, así como las instituciones del Estado, como los parlamentos y los gobiernos, se han enfrentado a múltiples ataques desde el inicio de las medidas de contención de la pandemia de Covid-19”.

No se puede cuestionar la política sanitaria que ha seguido el gobierno alemán, que ha consistido en combatir a la población y no en tratar a los enfermos. Progresivamente, el carácter represivo de dicha política ha quedado en evidencia, cada vez más claramente.

El control y la vigilancia de las poblaciones se han convertido en una rutina que nadie se preocupa ya por disimular.

Los que insisten en denunciar la anulación de libertades fundamentales parecen anticuados porque “la salud está por encima de todo”, no sólo de la economía, sino de 200 años de solemnes declaraciones de derechos.

A muchos incluso les parece de lo más normal que a quienes protestan se les pueda insultar como ultraderechistas, conspiranoicos… La construcción de una sociedad de pesadilla no ha hecho más que empezar.

(*) https://www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/germany-coronavirus-deniers-surveillance.html

Los ayuntamientos británicos cambian la iluminación de las calles para mantener la distancia social

Los ayuntamientos de Westminster y Wiltshire han cambiado la iluminación de las calles para alejar a los vecinos de las zonas más concurridas, a medida que se levantan las restricciones sanitarias.

El Ayuntamiento de Westminster dijo que había estado probando el uso de “proyecciones” alrededor de Bond Street para animar a los peatones a alejarse de la entrada de la estación, pero se negó a compartir más información sobre la prueba, que todavía está en sus primeras etapas.

En un reciente informe de la Comisión Europea sobre “ciudades inteligentes”, Dean Wendelborn, del Ayuntamiento de Westminster, dijo que quería reducir el número de personas que permanecen fuera de las estaciones de metro mirando sus teléfonos.

“Si podemos utilizar nuestras luces para alejarlos de la entrada y permitir que otros viajeros se sientan cómodos acercándose a las entradas, o utilizar las luces para decir ‘oye, ¿qué es eso de ahí? Por favor, muévete al otro lado de la zona y mírame’, eso ayudaría al control de las multitudes en un mundo potencial o socialmente distante».

En la estación de Chippenham también se utiliza un sistema similar, en el que las escaleras se iluminan con lucecs LED de colores rojos y verdes para animar a los pasajeros a caminar hacia un lado y evitar el otro.

La ciudad de Wiltshire también ha instalado luces pulsantes en los pasamanos de la estación para animar a la gente a caminar más rápido o más despacio, según la congestión.

A medida que los ayuntamientos de todo el país empezaron a actualizar sus farolas a una iluminación LED, muchos instalaron simultáneamente “sistemas inteligentes”, lo que significa que cada farola puede controlarse a distancia desde una estación central de control.

Originalmente, estos sistemas permitían que las farolas enviaran alertas cuando estaban defectuosas y necesitaban ser reparadas. La tecnología también permite a los ayuntamientos atenuar las luces para ahorrar energía en los momentos en que circula poca gente.

En la actualidad, los ayuntamientos utilizan los nuevos sistemas de iluminación para cambiar el comportamiento de los vecinos en la calle, sin necesidad de imponer nuevas y costosas restricciones.

Esta técnica se basa en un área de la ciencia del comportamiento llamada “teoría del empujón”, que recomienda utilizar el refuerzo positivo o las sugerencias sutiles para influir en el comportamiento de las personas sin decirles explícitamente lo que tienen que hacer.

Aunque no todos los ayuntamientos del Reino Unido utilizan los nuevos sistemas de “alumbrado inteligente” para controlar las multitudes, es un área de investigación actual para muchas ciudades, según Brian McGuigan, director de “ciudades inteligentes” de EMEA, una empresa que proporciona esta tecnología de iluminación callejera.

“Los estudios han demostrado, por ejemplo, que se puede utilizar la iluminación para guiar a la gente por sus rutas preferidas”, dijo.

“Esto es algo que se hace después de los conciertos. Cuando termina un concierto y quieres que la gente siga una ruta determinada hasta la estación de metro, [las investigaciones han demostrado] que si mantienes la iluminación de la ruta principal al máximo y atenúas la de las calles laterales, la gente seguirá de forma natural las calles más iluminadas”.

—https://www.telegraph.co.uk/technology/2021/05/01/councils-use-smart-lighting-reduce-crowds-fight-against-covid/

El gobierno francés aprovecha la pandemia para presentar una nueva ley antiterrorista

La pandemia está siendo el gran chollo para reforzar la represión política hasta el paroxismo. Primero el gobierno francés aprobó una “ley de seguridad general” que fue vivamente contestada en la calle y ahora ha presentado un nuevo proyecto de ley antiterrorista.

Una de las principales novedades es la legalización de las “cajas negras”, un mecanismo que permitirá a la policía rastrear el historial de navegación de los internautas para crear bases de datos con perfiles políticos de la población.

La policía quiere recurrir a los algoritmos informáticos para “detectar comportamientos sospechosos” en la enorme cantidad de datos que los internautas generan al navegar por la red. Los metadatos de navegación serían recogidos por “cajas negras” y, gracias a las tecnologías de análisis de datos, podrán vigilar más estrechamente a determinados colectivos y movimientos sociales de todo tipo.

Los algoritmos leerán las direcciones de los sitios visitados por los internautas para detectar conexiones recurrentes con páginas sospechosas.

La medida acaba de una forma abierta con la confidencialidad de internet, sobre todo cuando los algoritmos se utilicen también para detectar la consulta de otro tipo de sitios sensibles, como los médicos, los culturales o los religiosos.

Las “cajas negras” se probaron de forma experimental en 2017 con una cláusula de revisión fijada para finales de 2018. En medio de las protestas, la vía de entrada se abrió con el pretexto de que se trataba de una medida provisional.

Sin embargo, después el “experimento” se renovó dos veces, con una cláusula de revisión que ahora se pospone hasta finales de 2021. Se supone que se debe presentar una evaluación al Parlamento a más tardar el 30 de junio de este año.

Era mentira. El gobierno ha contratado a 1.900 policías adicionales para los servicios de inteligencia y duplicado el presupuesto de la DGSI (Dirección General de Seguridad Interior).

En público el gobierno vende la moto asegurando que el control informático de la población ha permitido frustrar 36 atentados, aunque cualquiera sabe que también eso es falso, además de opuesto a los derechos y libertades fundamentales, de los que a Francia le gusta tanto alardear.

Los ayuntamientos británicos contratan patrullas callejeras para que vigilen a los vecinos

En Reino Unido las restricciones sanitarias se acaban el 21 de junio, pero la pesadilla represiva no acaba ahí: los ayuntamientos están contratando patrullas callejeras para que vigilen a los vecinos hasta finales de 2023.

Los ayuntamientos de todo el país están anunciando puestos de trabajo que no empiezan hasta julio, varios días después del llamado “Día de la Libertad” porque es cuando finaliza el toque de queda.

El Consejo del Condado de Hertfordshire ofrece un contrato de hasta 3 millones de libras a las empresas que suministren 60 patrulleros, a los califican como “marshals”, desde el 1 de julio hasta el 31 de enero del próximo año.

El contrato tiene una posible prórroga de un año, lo que significa que la nueva policía paralela seguirá patrullando las calles hasta 2023.

Los patrulleros se encargarán de garantizar el cumplimiento de una normativa de salud pública, que se debería acabar dentro de ocho semanas.

“Sabemos que el virus sigue ahí fuera y lo seguirá estando durante algún tiempo. Desde el año pasado sabemos que el número de infecciones puede cambiar rápidamente, y el gobierno tiene muy claro que debemos planificar en caso de que se produzca una tercera oleada. Sería una negligencia del deber no prepararse para una tercera oleada”, dijo Jim McManus, director de salud pública del Consejo del Condado de Hertfordshire.

Los críticos acusan al gobierno de Boris Johnson de permitir que los ayuntamientos utilicen las subvenciones del gobierno para financiar un programa de vigilancia y control de la población.

El hecho de que la policía paralela vaya a patrullar las calles más allá del 21 de junio es un ejemplo más de que el calendario del gobierno para el levantamiento de las restricciones es completamente falso.

Durante meses el gobierno británico mintió. Prometió que no introduciría pasaportes de vacunación mientras, paralelamente, financiaba en secreto su creación. Ahora ha vuelto a ser sorprendido en otra mentira.

El alarmismo sobre la “tercera ola” y las nuevas “variantes” del virus se utilizará para reintroducir el confinamiento a principios de otoño.

Es muy posible que esta pesadilla no se acabe nunca y cuando unos pretextos se agoten, los “expertos” sacarán otros de su chistera.

—https://www.telegraph.co.uk/news/2021/04/27/army-covid-marshals-recruited-roles-could-last-2023/

La policía registra la vivienda del juez alemán que prohibió el empleo de mascarillas en las escuelas

El lunes la vivienda del juez alemán que prohibió el empleo de mascarillas en las escuelas fue registrada por la policía. Como ya informamos hace dos semanas, un tribunal de Weimar había prohibido a dos escuelas que exigieran a sus alumnos el uso de mascarillas, imponiendo medidas de distanciamiento social y exigiendo la realización de pruebas rápidas para detectar el coronavirus.

Ahora el gobierno alemán ha enviado a la policía a registrar la vivienda de Christian Dettmar, el juez que dictó la resolución, integrante del tribunal de distrito de Weimar. En su sentencia el juez decía que las escuelas habían violado la ley y luego otro tribunal ha dicho que quien la ha violado es el juez, según un artículo de T-online (*).

En un acto represivo sin precedentes, la policía ha registrado su oficina, sus locales privados y su coche y, además, le confiscaron su teléfono móvil.

Evidentemente la sentencia no gustó al gobierno de Merkel, empeñado en mantener a toda costa unas medidas sanitarias que vienen fracasando estrepitosamente desde hace más un año.

En su sentencia el juez escribió: “El legislador estatal que regula este ámbito se ha apartado de los hechos, lo que ha alcanzado proporciones aparentemente históricas”.

A principios de este mes, el juez ordenó la suspensión del requisito de la mascarilla y las pruebas de coronavirus para los niños de dos escuelas de Weimar por un supuesto riesgo para la salud de los niños.

El gobierno recurrió y un tribunal administrativo dictaminó la semana pasada que el requisito de la mascarilla era legal. En la segunda resolución el tribunal dice que consideran que la decisión del juez de familia es “manifiestamente ilegal” porque los tribunales de familia no están facultados para emitir órdenes a las instituciones públicas.

Pero la represión no se ha detenido ahí. La fiscalía está investigando actualmente la sospecha de que el juez podría haberse “alejado consciente y gravemente de la ley”, al aprobar una decisión que no está respaldada por las disposiciones legales.

Diversas organizaciones alemanas han anunciado una protesta pública contra la persecución del juez Dettmar.

(*) https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_89922524/polizei-durchsucht-bei-masken-richter-aus-weimar.html

Más información:
— Un tribunal levanta todas las restricciones sanitarias impuestas a los niños en las escuelas de Alemania

Amnistía Internacional pide al gobierno tunecino que permita a los médicos expresarse libremente sobre la pandemia

Una de la secuelas más absurdas que acompañan a la pandemia es la de quienes suponen que todos los médicos mantienen el mismo criterio terapéutico. Algunos creen que eso incluso se puede decir de todos los médicos del mundo. Otros creen que esa opinión uniforme se extiende a todos los médicos de un determinado país, como los españoles, los chinos o los indonesios.

Buena prueba de que no es así, son las represalias impuestas en España contra los díscolos, que vienen sufriendo toda clase de insultos y sanciones, incluidas las de sus propios colegas, en un ataque inquisitorial sin precedentes. En España ese siniestro papel censor ha procedido de los Colegios de Médicos, que han emprendido una verdadera caza de brujas contra algunos de sus miembros. En otros casos, como en Túnez, los ataques proceden del propio gobierno.

El 16 de abril el Ministerio de Sanidad tunecino publicó una lista de médicos y funcionarios sanitarios autorizados a hacer declaraciones a los medios de comunicación o en las redes sociales sobre la pandemia. Los demás se exponen a sanciones si se expresan sin el acuerdo de las autoridades.

El gobierno decide los que pueden hablar y los que no. Los que pueden hablar es para apoyar las medidas represivas del gobierno. Los que no pueden hacerlo es porque son capaces de expresar una voz crítica.

Afortunadamente se han producido reacciones contrarias a dicha imposición. Amnistía Internacional y el Colegio de Médicos de Túnez han pedido al gobierno que permita a los médicos expresarse libremente sobre la pandemia.

El martes Amnistía Internacional criticó la medida como “desproporcionada” y un “grave ataquen a la libertad de expresión. Es “un claro intento de censurar a los trabajadores de la salud”, dijo Amna Guellali, portavoz de la organización en un comunicado público.

Por su parte, en otro comunicado el Colegio de Médicos ha adoptado una postura bien diferente de sus colegas españoles, reafirmando “el derecho de los médicos a expresar sus opiniones en su campo de especialización y de acuerdo con los datos científicamente establecidos”.

Desde 1967 más de un millón de palestinos ha sido encarcelados por Israel

Israel efectuó más de 3.400 redadas militares y detuvo a más de 4.600 palestinos en Cisjordania ocupada, denunció el sábado pasado la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en el Día del Prisionero Palestino.

La OLP condenó el procesamiento de civiles por tribunales militares israelíes en una marcada jornada que recuerda a los 4.500 presos palestinos que permanecen en cárceles israelíes, 168 menores y 440 de ellos encarcelados sin juicio ni acusación.

Desde 1979, los palestinos conmemoran cada 17 de abril esta efeméride en una población que indirecta o directamente se ha visto afectada por alguna detención. La OLP asegura que, desde el inicio de la ocupación en 1967, más de un millón de palestinos ha sido encarcelados por Israel.

La ONG palestina Addameer asegura que con el pretexto de la pandemia, los prisioneros palestinos han sido aislados y se les ha prohibido visitas de abogados y familiares.

Addameer puso el acento en las 41 mujeres que continúan encarceladas y en los menores que en un 85 por ciento denuncian abusos verbales y físicos.

“Israel es el único país del mundo que tiene tribunales militares de menores, exclusivamente para niños palestinos de más de 12 años. Detiene un promedio de 700 anualmente”, aseguró la organización.

Organizaciones sociales y políticas también denunciaron la “detención administrativa”, un sistema legal que permite a Israel detener sin presentar acusaciones, ni pruebas y que se puede renovar indefinidamente cada seis meses.

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