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Entrevista a Pablo Hasel

«La libertad de expresión termina cuando empiezas a molestar»

El juzgado de instrucción número tres de Lérida requirió el pasado jueves a Youtube la retirada del vídeo Menti-Rós, de Pau Rivadulla, cuyo nombre artístico es Pablo Hasél. La letra de la canción arremete contra el alcalde de la ciudad, Angel Rós, del Partido Socialista de Cataluña (PSC). Al cierre de este artículo, el vídeo todavía está disponible en la red. Las rimas más polémicas son las que aluden a la muerte violenta del edil: «Te mereces un tiro»; «Que alguien le detone/mientras desayune y café se tome»; «Se merece un navajazo en el abdomen». La canción también denuncia actitudes políticas: «Deja a los bancos acumular pisos vacíos/y otros en bancos muriéndose de frío».

La pasada primavera, la Audiencia Nacional condenó al rapero a dos años de cárcel por el contenido de sus rimas. ¿Un ejemplo de sus canciones? «No me da pena tu tiro en la nuca, pepero/ me da pena el que muere en una patera». También ha escrito sobre la muerte violenta del socialista José Bono (con un piolet), del lehendakari Paxi López (con un coche-bomba) o de la familia real: «Pena de muerte a las infantas patéticas/por gastar nuestra pasta en operaciones de estética».

El conflicto interesó a nombres destacados de la escena política: Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, expresó públicamente que «no se puede juzgar la disidencia frente al sistema de Hasél como apología del terrorismo», mientras que el periodista Hermann Tertsch calificó sus discos como «potencial para nuevo terrorismo antisistema». ¿Disidencia o terrorismo? Hasél accedió a una entrevista con El Confidencial a cambio de publicar sus respuestas íntegras. «Ya ando cansado de que me censuren o manipulen», explica.

PREGUNTA. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en España?

RESPUESTA. La libertad de expresión termina cuando empiezas a molestar de verdad. Hay infinitos ejemplos que demuestran cómo los fascistas tienen libertad incluso para amenazar de muerte y no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, se puede escribir la frase: «Si los catalanes ejercen el derecho de autodeterminación, correrá la sangre». A los fascistas no les condena nadie cuando matan, así que tampoco va a pasarles cuando amenazan. En cambio, seguro que tarde o temprano irán a por ti si atacas al poder sin medias tintas y llegas a bastante gente.

P. ¿Cuál es su situación tras la condena a dos años de la Audiencia Nacional?

R. Se recurrió al Tribunal Supremo, pero es casi seguro que acaben diciendo lo mismo, pues a menudo son hasta peores.

P. ¿Cree que en España la libertad de expresión es menor que otros países occidentales? El rapero Ice-T no fue la cárcel por la canción Cop Killer (Asesino de policías), ni tampoco Paris por el tema Bush Killa, donde fantaseaba con un atentado contra Bush padre.

R. Sí, ni siquiera en EEUU, el país más genocida de la historia, hay tan poca libertad de expresión. Allí hay raperos que hablan de lucha armada contra el gobierno o contra la policía y jamás han sido detenidos. También es un factor a tener en cuenta que yo apoyo a un partido revolucionario ilegalizado como es el PCE(r). A lo que más teme el sistema es a la organización comunista. Mi partido es consecuente en los hechos, no como otros que sólo lo son de nombre. Por eso, en la canción en la que más hincapié hicieron en mi detención fue en Libertad camarada Arenas, dedicada al secretario general del PCE(r), condenado a cadena perpetua encubierta, sin haber pegado un tiro en su vida y al que se le ha negado hasta la asistencia médica. Allí no hablaba de culpables tiroteados.

P. ¿Por qué cree que el terrorismo es un asunto tan delicado si ha desaparecido de Europa?

R. La lucha armada es uno de los asuntos más incómodos, por supuesto, pero ha habido juicios contra periodistas por destapar fechorías de la familia real, por ejemplo. Lo hemos visto con el caso de la portada de El jueves, los procesos contra militares que denuncian los desmanes del ejército y contra Arnaldo Otegi por referirse a Juan Carlos I como «el rey de los torturadores». Hay cosas que intentan ocultarse, por ejemplo la situación de las presas políticas, donde se violan los derechos humanos. Si van a por mí no es solamente por no condenar la lucha armada de los oprimidos contra los opresores.

P. Hombres G tiene una canción de apología del terrorismo, que se titula Matar a Castro. ¿La censura es una cuestión ideológica?

Sí. También hay grupos nazis en total impunidad que hablan de asesinar a inmigrantes. No voy a citar nombres para no darles publicidad. Es lógica esta diferencia en un Estado que asesina a inmigrantes hasta con cámaras de seguridad grabando. No creo que se deba poner en un mismo plano el discurso nazi y el comunista porque defendemos posturas totalmente opuestas. Eso interesa a los medios de manipulación, que a la hora de la verdad acaban defendiendo a los nazis, como se ha visto en el caso de Jimmy, de los Riazor Blues. No es lo mismo atacar a un político rico a costa de nuestra precariedad o miseria que a un inmigrante inocente. Tampoco es equiparable apoyar la lucha armada contra las injusticias que apoyar la violencia del estado que las perpetúa. Yo denuncio a los que sostienen este sistema criminal. Eso no tiene nada que ver con defender que un nazi pueda decir que hay que asesinar a una persona por su color de piel. Precisamente, yo lucho contra la libertad que hoy en día tiene esa escoria. Su libertad es nuestra cárcel, por eso o mandan los capitalistas o mandamos nosotros, la inmensa mayoría. No es posible el término medio porque mientras estén arriba habrá explotación e injusticias.

P. ¿No hay solución con las normas del sistema?

R. Mientras los capitalistas tengan el poder, no existirá libertad para decir lo que digo. En Cuba hay raperos que van de la mano con los yanquis que quieren invadirlos y la Policía jamás les han entrado a casa como a mí. Me refiero a grupos de hip-hop como Los Aldeanos. En el Estado español ese delito, el de apoyar a una potencia que quiera invadir, está penado con muchísimos años de prisión. Aun así, ellos atacan a un gobierno del pueblo y yo ataco a un Estado burgués enemigo del pueblo, tampoco puede ponerse en el mismo plano. Allí son demasiado blandos con sus enemigos y aquí no tienen escrúpulos con quien defiende a la gente.

P. ¿El hip-hop contribuye a la lucha política?

R. El rap nació como música no controlada por el sistema, otra cosa es que la industria supiera de su poder e invirtiera millones en hacerla esclava suya, quitándole contenido revolucionario. En EEUU se decía que «el rap es la CNN de los barrios”, en el sentido de que contaba lo que los medios de manipulación ocultaban. Gran parte de esa esencia se ha perdido, pero estoy convencido de que, poco a poco, se irá recuperando, porque la misma situación obliga a posicionarse y a denunciar. Aunque no se haya leído a Lenin, los raperos pueden ver lo que pasa en las calles. El rap anticapitalista ha concienciado a muchos jóvenes y así seguirá siendo, le guste al poder o no. Si quieren ejercer la censura, saldrán muchos más.

P. ¿Qué opina del cambio de clima político en España? Después de la explosión social del 15M llegaron los disturbios de Gamonal, el empuje de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la defensa social de Can Vies, el auge de las tertulias políticas en horario de máxima audiencia con protagonismo para Ada Colau, Podemos o el Sindicato de Trabajadores Andaluces (SAT)… ¿Qué expectativas políticas tiene?

R. El SAT, Ada Colau y Podemos tienen algo en común: son pacifistas. Por eso el Estado no les teme en exceso. Salen diciendo: “Nosotros sólo apoyamos la lucha pacífica”. Eso es algo que le conviene al Estado en el sentido de que paran luchas más contundentes. Si no frenaran esa rabia, en las calles habría más gamonales y por lo tanto, más conquistas. Hay militantes del SAT que piensan distinto, pero sus voceros tienen ese discurso apagafuegos. Renegar de la violencia revolucionaria, que es autodefensa ante los ataques de la burguesía, es renegar de muchísimos derechos que hoy tenemos gracias a esas formas de lucha y también es legitimar la represión. Sólo hace falta ver a Pablo Iglesias tras las marchas de la dignidad del 22 de marzo de este año diciendo que el peso de la ley tenía que caer sobre quienes se habían defendido a pedradas de la brutalidad policial, como si fuera un tertuliano de Intereconomía. Alguien que condena la autodefensa del movimiento popular no está en nuestro bando, menos si lo hace a conciencia como él y no por ignorancia, que es distinto.

P. ¿Hay libertad de expresión en la política?

R. No verás en horario de máxima audiencia, ni en ningún otro, a anticapitalistas que hablen claro como Juan Manuel Olarieta (detenido por dar una charla) o como Pepe Balmón, porque el sistema sí teme su discurso, que llevado a la práctica es el único que puede solucionar esto. No hay más solución que la revolución que acabe con la raíz del problema: el capitalismo. Podemos es otro partido del sistema que no pretende acabar con este y que ya tiene un programa que es una burla y que hasta el PSOE de hace años superaba. Retrasa la conciencia haciendo creer que con el capitalismo hay salidas dignas. Aquí realmente gobierna la oligarquía financiera: gane Podemos o no, ellos seguirán en el poder.

P. ¿Hay alternativas al sistema?

R. La única alternativa a la barbarie es el poder de la clase obrera. Habrá represión hasta que nos hagamos con el poder. Cuanto más fuerte esté el movimiento revolucionario, más represión habrá, aunque a la vez podremos conquistar algunos derechos fruto de luchas contundentes. Gamonal y Can Vies hicieron acobardarse a los ayuntamientos a base de barricadas, no de debates suaves en platós. Todavía está por llegar lo peor de la crisis capitalista y todo lo que conlleva. Un militante revolucionario tiene mucho que ganar y a la vez muchos palos que soportar.

Fuente: El Confidencial, 13 de diciembre, http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-12-13/pablo-hasel-la-libertad-de-expresion-termina-cuando-empiezas-a-molestar_589897/

Pero ‘Podemos’ tiene carta blanca para enaltecer el terrorismo:

Más información: A Pablo Hasel le cierran sus cuentas en las redes sociales

Goma 2 contra el ejército fascista

«Si queréis saber más, preguntad a los adultos, pero no os creáis todo lo que os cuenten». Era una de las terribles frases que aparecían en «El libro rojo del cole», una de las publicaciones secuestradas y censuradas por la Audiencia Nacional en 1979. En España hay frases como esa que no se pueden pronunciar porque te detienen y te meten en la cárcel.

En 1969 los pedagogos daneses S. Hansen y J. Jensen publicaron en Dinamarca el «Pequeño Libro Rojo del Cole»; en 1970 se editó la versión alemana; en 1971 la inglesa y la japonesa; en 1972 la italiana. Una pequeña editorial mexicana hizo la primera versión en castellano. Luego una editorial española revisó y actualizó la edición mexicana para publicarla en nuestro país.

La transición era un mal momento para la pedagogía (y para cualquier otra idea innovadora). El adoctrinamiento fascista se sintió amenazado por el libro, la autoridad ridiculizada, los valores religiosos cuestionados y los tabúes expuestos sin recato.

En el Congreso la UCD de Adolfo Suárez intentaba aprobar la LOECE, la primera ley que regulaba el funcionamiento de los centros de enseñanza, con la pretensión descarada de perpetuar los privilegios de las escuelas privadas católicas. El libro fue denunciado por la Federación de Padres de Familia, un tentáculo del Vaticano y la Conferencia Episcopal.

El ministro de Cultura, el fascista Ricardo de la Cierva, dijo que el libro era «absolutamente intolerable y atentatorio contra las más elementales normas de la convivencia cívica». El ministro de Educación, José Manuel Otero, dijo que «el libro tiene pronunciamientos que no están de acuerdo con la Constitución. Fomenta el ataque a las normas educativas legales y viola los criterios de moralidad aceptados en la sociedad española», entre otras cosas. Pero el ministro no se conformó con decir lo que pensaba sino que pasó a la acción, ordenando a la inspección del Ministerio que retirara el libro de los colegios en los que se había distribuido.

El diario Abc publicó un editorial en el que arremetía violentamente contra el libro. Para el citado periódico la obra era un «conjunto de proposiciones antisociales, inmorales, falaces, antidemocráticas, contrarias a la dignidad humana, seudocientíficas y, quizá, delictivas en no pocos casos». Más adelante, el editorial quitaba definitivamente este quizá y pedía acciones por vía judicial e «incluso, dada la naturaleza del asunto, su específica gravedad, por procedimiento de oficio».

El coronel Pardo Zancada llegó a escribir en una revista especializada en temas castrenses que el «El libro rojo del cole» era goma 2 para el ejército. Meses después, durante el 23-F, el referido coronel trató de dar un golpe de Estado, posiblemente para impedir que la gente lea y, sobre todo, que la gente piense. ¿No tenemos bastante ya con TVE (entonces la única y unificada cadena de televisión)?

El problema del coronel golpista es que no era capaz de diferenciar un libro de la goma 2. Realmente triste para él. Pero al aparecer goma 2 de por medio el asunto quedó asimilado al terrorismo puro y duro. Había que poner en marcha a Supermán, o sea, a la Audiencia Nacional. El juez fascista Varón Cobos, gran inquisidor de aquel garito, instruyó una causa delirante, que ha marcado una de las épocas más gloriosas del fascismo judicial. No tuvo empacho en comenzar por detener al editor en su domicilio y luego enviarle a la cárcel en prisión incondicional, sin fianza. Luego procesó también a los impresores y a otros editores que se solidarizaron con el libro.

No cabía duda. Todos ellos eran miembros de una peligrosa banda organizada, o del entorno, y ya saben cómo se las gasta la Audiencia Nacional en estos menesteres en los que pensadores, editores y libreros quieren comernos el coco. Varón Cobos no podía permitirlo.

Era la época del destape, cuando el cine y las revistas se llenaron de desnudos. Durante la transición el erotismo y la pornografía cutre crearon la ilusión de que en España la censura había desaparecido. Algunos no cayeron en la cuenta de que la abundancia de tetas ocultaba la escasez de ideas.

Descargar ‘El libro rojo del cole’:
http://josechuferreras.files.wordpress.com/2011/12/el-libro-rojo-del-cole-1.pdf

Documental de TVE sobre la censura del libro:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/te-acuerdas/acuerdas-libro-rojo-del-cole/1011214/

¿Saben Ustedes que en este país se censuraron muchos libros durante la transición (y se siguen censurando)?, ¿serían capaces de calcular cuántos?

Respuesta: en los cuatro años que van de 1976 a 1979 la censura expedientó 555 libros. En los años sucesivos los jueces continuaron la tarea de los censores.

El gulag en Estados Unidos

La FEMA (Agencia Federal para la Gestión de Emergencias) es la institución de Estados Unidos que desde 1978 se encarga de poner remedio a desastres naturales como huracanes, terremotos, incendios o inundaciones. Al estilo de «Protección Civil» en España, uno de los objetivos de la FEMA es auxiliar a los que se hayan quedado sin vivienda.

Aunque desde su creación han sucedido muchos desastres «naturales», como el del huracán Katrina de Nueva Orleans, la gente se ha quedado tirada en la calle sin recibir ningún tipo de ayuda. Los objetivos reales de la FEMA parecen, pues, ir por otro lado: se trata de grandes campos de internamiento para mantener encerrada a la población en caso de guerra o revolución. La competencia de la FEMA se extiende, más bien, a desastres que no son tan «naturales», sino sociales, como revueltas y motines en los barrios depauperados de las grandes ciudades.

Existen unos 800 campos de concentración de ese tipo en Estados Unidos preparados para entrar en funcionamiento. El más conocido es el de Guantánamo, que ha destapado un episodio que los imperialistas estadounidenses siempre quisieron ocultar. La población indígena de Estados Unidos ya había sido recluida en campos de concentración (camufladas como reservas indias) y también se utilizaron para internar a los parados tras la crisis de 1929 y durante la II Guerra Mundial para encerrar a unos 200.000 ciudadanos de origen japonés.

Tras la Segunda Guerra Mundial la Ley McCarran reconstruyó antiguos campos ya utilizados y desde su surgimiento la FEMA ha ido abriendo otros nuevos en lugares apartados, camuflados en ocasiones como aeródromos, bases militares, para ocultar su auténtica finalidad: Estados Unidos se prepara para una nueva guerra imperialista en la cual, además de muchos muertos, habrá también muchos presos.

Tras la caída de las Torres Gemelas en 2001, el fiscal general del Estado John Ashcroft anunció que los campos de concentración iban a albergar «por tiempo indeterminado» a lo que calificó como «combatientes enemigos», bien entendido que no se refería sólo a los extranjeros sino también a los propios ciudadanos estadounidenses «destituidos de sus derechos constitucionales», aclaró Ascroft al diario Los Angeles Times.

En 1987 el director de la FEMA dijo en unas declaraciones al Miami Herald que había dictado una orden ejecutiva para que los campos de concentración pudieran acoger, si fuera necesario, a poblaciones sometidas a la ley marcial, una vez suspendida la vigencia de la Constitución.

Aquel mismo año, en el contexto del escándalo Irán-Contra, el coronel Oliver North se descubrió como el arquitecto del plan militar de defensa civil Rex 84 dirigido por el director de la FEMA, Louis Giuffrida.

En el mes de enero de este año un camionero de Atlanta llamado Dale Bohannon descubrió cientos de miles de ataúdes de plástico negro, modelo militar, almacenados en un antiguo campo de trigo. Un equipo de la televisión de Atlanta filmó el tétrico escenario de los ataúdes alineados en filas compactas sobre el suelo. El tamaño de los ataúdes era tan grande que cabían tres cadáveres. Estaban preparados para enterrar a dos millones de personas.

El camionero había descubierto un futuro cementerio, de los que hay varios repartidos por la extensa geografía, anexos a los campos de concentración, cada uno de ellos capaz de internar de manera inmediata a medio millón de personas, rodeados de alambradas de espino, torres de vigilancia, centrales de energía y vías de acceso. El que está en Arizona dispone incluso de un tren que atraviesa la entrada principal, una imagen exacta al campo de concentración de Auschwitz.

En los campos se alinean barracones sin ventanas, comedores y lugares de trabajo, ahora vacíos, como si esperaran a sus inquilinos. ¿Cómo es posible que unos barracones deshabitados estén protegidos? Si sus moradores van a ser las víctimas de catástrofes naturales, ¿por qué tienen medidas de seguridad?, ¿por qué los campos se ubican en lugares remotos y apartados?

El futuro no está tan lejano. Actualmente algunos de ellos ya se han puesto en funcionamiento para recluir en ellos a los «espaldas mojadas» que atraviesan ilegalmente la frontera con México. En octubre del año pasado la prensa (*) informó que en Carolina del norte habían empezado a internar también a los mendigos. El ayuntamiento de Columbia ha creado una unidad especial de policía para proteger la «calidad de vida» de sus vecinos, que consiste en meter en furgones a los vagabundos que ven por calle y llevarlos al campo de concentración más cercano. A los mendigos se equiparan aquellos otros que son sorprendidos por las patrullas de «calidad de vida» orinando en un árbol del parque.

El mes pasado a un equipo de la cadena de televisión NBC se le ocurrió introducirse en uno de los campos de concentración cercano a Nueva York para rodar un programa cultural. Creían que estaba abandonado y cuando aún no habían sacado las cámaras de sus fundas, unos guardianes uniformados les ordenaron marcharse del lugar. No se puede filmar.

Los modelos Abou Ghraib y Guantánamo no tienen que ver con la guerra de Afganistán. Ni siquiera tienen que ver con que acusen a alguien de algún tipo de delito común. Tampoco se celebra ninguna clase de juicio, no hay abogado, ni recurso, ni límite temporal del encierro… Por la cara. En Estados Unidos a eso lo llaman «calidad de vida»; en otros sitios lo llaman fascismo.

(*) Massimo Bonato: Usa. North Carolina. I campi di concentramento Fema per i senza fissa dimora, http://www.tgvallesusa.it/2014/12/usa-north-carolina-campi-di-concentramento-fema-per-senza-fissa-dimora/

¡ Muera la inteligencia !

El 10 de mayo de 1933 una turba enfurecida de estudiantes nazis se juntaron en Berlín. Llevaron más de 20.000 libros cargados en camiones para arrojarlos a las llamas de un hoguera. La escena se repitió en otras ciudades de Alemania y fue retransmitida en directo por la radio. Unas semanas antes habían comenzado a retirar los libros de las bibliotecas públicas y de las academias.

Lo mismo ocurrió durante la transición. En lugar de multiplicar las ediciones de libros, se censuraron y las librerías fueron testigo de una escalada de agresiones sin precedentes por parte de grupos fascistas apoyados por los aparatos represivos del Estado, dentro de una «estrategia de la tesión» destinada a sembrar el pánico y paralizar el movimiento de masas.

El 6 de mayo de 1976 el diario El País titulaba una noticia: «Un centenar de atentados a librerías españolas». Unos días más tarde titulaba otra: «Una librería asaltada cada dos semanas». Nada menos que 33 establecimientos habían sido destrozados en los últimos dieciseis meses después de la muerte de Franco. La prensa de la época hablaba de «ola», «espiral» o «escalada» y el período que se extiende desde la muerte de Franco fue calificado como una «etapa negra» para los libreros. Las cifras utilizadas ascienden a 200 establecimientos afectados.

Algunas librerías fueron objeto de ataques en varias ocasiones, así como de intimidaciones de diverso grado, convirtiéndose en víctimas múltiples. La librería Tres i Quatre de Valencia ostenta un récord: el número de ataques fascistas más alto de Europa. A finales de 1976 había sufrido siete atentados. Otra librería, Pórtico, de Zaragoza, era veterana en agresiones: tuvo su primer ataque en 1946 y tres décadas después acumulaba ya cinco en pocos meses. La dos librerías Antonio Machado, tanto la de Sevilla como la de Madrid, también fueron atacadas en muchas ocasiones por los fascistas.

La librería Rafael Alberti de Madrid padeció cinco ataques. A finales de abril de 1976 provocó la cólera de los fascistas tras organizar un acto en el que el cantaor Manuel Gerena firmó sus obras. Primero les enviaron un anónimo: «Lo de Manuel Gerena ha colmado nuestra paciencia. Pronto os visitaremos». Ese primer anónimo se saldó con dos atentados el 30 de abril y el 8 de junio, que destruyeron completamente la librería siete meses después. En el primero utilizaron piedras para romper las lunas, que luego sustituyeron por un bloque de hormigón traido de alguna obra cercana, dada la ineficacia de las piedras. El bloque de hormigón, ante la resistencia de las lunas, tampoco fue eficaz, por lo que utilizaron las pistolas. Se identificaron cinco disparos que consiguieron perforar una de las cinco láminas de las lunas. Luego utilizaron una barra puntiaguda y un martillo. La finalidad era hacer un agujero para introducir una carga explosiva.

La librería fue víctima de dos atentados más. El 9 de julio los fascistas pintaron las paredes de la librería con varias cruces gamadas y una amenaza: «Volveremos». Finalmente estuvieron a punto de perforar con un punzón la luna antibalas.

Tras nuevas amenazas de muerte contra el propietario el 14 de octubre y el 6 de noviembre, la librería fue objeto de un incendio. Para ello introdujenron gasolina bajo la puerta y prendieron fuego después.

Los ataques violentos sólo eran la punta de un iceberg. Además las librerías, revistas y periódicos debían hacer frente a los controles de la censura y a los riesgos de secuestros y de multas que la todavía vigente Ley de Prensa de 1966 albergaba.

Durante la transición los libreros fueron amenazados  permanentemente. Los fascistas les intimidaron y llenaron sus escaparates de pintadas. La amenaza iba a menudo acompañada de pintadas y el cóctel molotov era avalado por la presencia de cruces gamadas.

Los fascistas justificaban sus crímenes por la presencia en todas las librerías españolas de autores marxistas y progresistas en detrimento de los títulos de los escritores reaccionarios como Menéndez Pelayo, Maeztu, José Antonio y Onésimo Redondo.

En noviembre de 1971 se produjo el primero de los ataques, dirigido contra la librería «Cinc d’Oros» de Barcelona. En esta ocasión varios cócteles Molotov contra los escaparates del establecimiento provocaron un incendio ocasionando la destrucción de libros pero también de una reproducción del «Guernica» de Picasso.

En febrero de 1972 un segundo ataque esta vez contra la librería «Antonio Machado» de Madrid ocasionó el destrozo de las lunas de los escaparates y una serie de pintadas insultantes.

A partir de mayo de 1973 las acciones violentas comenzaron a extenderse a otros centros de interés relacionados con la cultura como revistas, editoriales y distribuidoras. Así, «El Ciervo» (1973), «Nova Terra» (1973) y «Enlace» (3 de julio de 1974) respectivamente, fueron objeto de incendios con consecuencias cada vez mayores.

En la madrugada del 14 de octubre de 1975 explotó una bomba en la sede de la editorial Ruedo Ibérico de París. El atentado no constituía un acto aislado contra editoriales en Francia ya que otras empresas habían sufrido la misma suerte: la editorial vasca de Hendaya Mugalde en dos ocasiones, en abril y mayo; la librería «Naparra» en Biarritz, y en París, las Ediciones Ebro.

Tras la muerte de Franco, 1976 fue el año el más intenso en acciones terroristas. De mayo a diciembre se produjeron 55 atentados a librerías, frente a 25 durante los meses de enero a junio del año 1977. Se trataba del envío de anónimos, amenazas verbales, llamadas telefónicas anunciando estallidos de artefactos, incendios provocados, ráfagas de metralleta, lanzamiento de botes de tinta y colocación de cargas explosivas, cuando no utilizan los excrementos para embadurnar los escaparates de las librerías.

El alcance de los ataques a las librerías queda claro en el siguiente telegrama de 1976, firmado por 27 librerías madrileñas y dirigido a los libreros afectados: «Frente actual escalada violencia extrema derecha, que alcanza a todos los pueblos de la Península, enviamos mensaje solidaridad y hacemos constar indignación ante impunidad de los hechos».

Es otra de las constantes que aparece siempre en el terror fascista de la transción: la impunidad de los criminales. La policía se cruza de brazos y los periódicos se limitan a utilizar términos tales como «unos desconocidos» o «incontrolados».

Sólo hubo una detención, que correspondió al incendio de la ya mencionada librería «Rafael Alberti» de Madrid. Sus autores fueron José Alberto García, Alfonso Moreno, Ricardo Manteca y Francisco José Alemany. Eran los mismos que el 5 de noviembre de 1971 destruyeron la galería de arte Theo, comprendidas una serie de litografías de Pablo Picasso. Aunque la prensa reveló entonces la identidad de los fascistas, en ningún momento establecieron sus vínculos con los servicios de información del franquismo, de la Guardia Civil, del Estado Mayor y de la Presidencia del Gobierno. Sus autores eran policías de Madrid: Francisco José Alemany había sido informador de la policía en la universidad y Ricardo Manteca era un asalariado de la Dirección General de Seguridad. La ultraderecha siempre estuvo muy bien controlada.

La impunidad estuvo rodeada de una constelación absurda de siglas que fueron otras tantas cortinas de humo. En cuatro ocasiones la autoría la reivindica un supuesto «Comando Adolfo Hitler». Otra referencia que aparece con cierta frecuencia en los artículos de opinión es la de los Guerrilleros de Cristo Rey y las siglas GAS pertenecientes a los Grupos de Acción Sindical.

Las compañías de seguros se negaron a pagar los destrozos provocados y a cubrir el coste de las reparaciones por el carácter extraordinario de los daños, por lo que la indemnización recaía en el Consorcio de Reasegurados, compañía estatal dependiente del Ministerio de Hacienda que cobraba el 15 por ciento correspondiente a las primas de los seguros normales.


Ahora bien, para que tales indemnizaciones fueran acordadas era necesario un certificado de la policía como prueba del carácter político de los actos violentos cometidos. La condición previa al pago era que los culpables hubieran sido detenidos y condenados por un juez, lo cual no existió nunca tras alguno de los cientos de atentados.

Los ataques a las librerías nunca han cesado. En 1980 los fascistas volvieron a atacar la librería La Oveja Negra en el barrio de Quintana, en Madrid, que ya había sido atacada cuatro años antes. Unos quince o veinte fascistas armados con bates de béisbol y cadenas profirieron gritos de «¡Viva Cristo Rey!» y otros similares, arrojando una papelera a su interior y rompiendo las lunas. Uno de los cristales rotos hirió en la mano a una de las trabajadoras.

En 2005 se produjo otro ataque en Madrid cuando varias decenas de fascistas irrumpieron en la librería Crisol para reventar el acto de presentación del libro «Historia de las dos Españas», agrediendo violentamente a los asistentes y destrozando el local.

A los asistentes los fascistas les metieron panfletos en la boca, además de zarandear e intentar agredirles, entre gritos de “asesinos”, “genocidas”, patadas por doquier y destrozos de las estanterías repletas de libros.

Uno de los atacantes era un sargento en activo del Ejército de Tierra. Todos ellos eran miembros de Falange.

El año pasado se produjo otro asalto fascista a la librería Blanquerna de Madrid, donde la Generalitat celebraba con algunos diputados la Diada de Catalunya. Como los fascistas no se aplican la ley de partidos a sí mismos, este año los asaltantes se presentaron a las elecciones europeas.

A Pablo Hasel le cierran sus cuentas en las redes sociales

Dentro de poco veremos a Pablo Hasel como en la imagen. Se ha aprobado la nueva constitución: la ley mordaza. Este país agobia. Ya no se puede cantar, ni hablar, ni escribir en las redes sociales, ni hacer pintadas, ni gritar consignas, ni representar obras de teatro, ni llevar banderas republicanas, ni poner fotografías de los presos… Hasta Google News ha tenido que cerrar.

 Comunicado de Pablo Hasel:

Me entero por la radio, como también me enteré de la condena a 2 años de prisión por hacer canciones, que el alcalde Àngel Ros me ha denunciado por una canción. La canción se titula Menti-Ros y está sacada con el grupo “Prozaks” en clave medio cómica denunciando sus prácticas mafiosas en el ayuntamiento y sus políticas contra la justicia social. La canción es junto a un compañero y la cruzada del alcalde contra mí es tal, que hasta me ha denunciado por frases suyas. Pero que no se equivoque, yo también defiendo la libertad de expresión de mi compañero y no escurriré el bulto por esas frases. No le basta con prohibirme conciertos como hizo recientemente en las fiestas mayores obligando a quienes me habían contratado a no dejarme subir al escenario, ahora la inquisición llega al punto de exigir que borre una canción. Tampoco le basta con mandar a sus Mossos D’Esquadra a detenerme en medio de un restaurante por defenderme de la agresión de unos nazis.

Dice sentirse amenazado por una canción, es cuanto menos ridículo. En todo caso le molestan las verdades incómodas que se dicen, sobre todo cuando cada vez más lo tienen calado y saben cómo las gasta este cacique especulador. Nosotros nos sentimos amenazados por sus políticas llevadas a los hechos, por eso nos sentimos peor que amenazados, nos sentimos jodidos por la miseria y precariedad que crean. Por ello tenemos rabia y por ello lo hemos denunciado. No son amenazas de muerte, es decir lo que creemos que merece y si ni siquiera se puede desear algo a alguien, es que en este Estado no hay libertad ni para sentir.

Quiere que se borre la canción pero no cederé a su chantaje. Que borre él sus políticas criminales y mafiosas y luego hablamos. Tiene tal complejo de faraón que no puede tolerar que salgan canciones en su contra, sólo quiere la propaganda pagada por nuestros impuestos que lo deja como a un semiDios. Pues que vaya asumiendo que sus días de gloria acaban y que no puede dormir a todos los jóvenes con cuatro discotecas, como tampoco puede comprar todos los votos con verbenas, chocolatadas y repartiendo rosas. No ha topado con un joven sumiso, ha topado con un joven dispuesto a denunciarlo y a defender la libertad de expresión. Ceder ante su inquisición sería renunciar a nuestro derecho a decir lo que pensamos y a tener rabia ante las injusticias de las que se lucra.

Lo más repugnante de todo, es que hace poco rendía homenaje a un alcalde fascista de la época del franquismo que posaba con esvásticas. Mientras rinde homenajes a nazis, denuncia a jóvenes por hacerle una canción. ¿Puede estar todo más claro?

Pablo Hasel

Menti-Ros, Prozaks con Pablo Hasel:

La caza de brujas en la Audiencia Nacional no descansa

Joseba Ginés, acusado de gestionar la web BurlataHerria, será juzgado en el tribunal de excepción el 11 de diciembre por un supuesto delito de “apología de terrorismo”, con una petición de 2 años de cárcel. La página web fue clausurada en junio del 2013.

La Audiencia Nacional será escenario la próxima semana de un nuevo juicio contra la libertad de expresión. La persona acusada de gestionar la clausurada web BurlataHerria se sentará en el banquillo de los acusados por haber cometido, supuestamente, un delito de “apología de terrorismo”, penado con hasta 2 años de cárcel. Esta es precisamente la petición fiscal en su contra.

El cierre de la web por parte de la Audiencia Nacional se produjo en junio del 2013. Los argumentos del tribunal de excepción español para decretar esta medida fueron que BurlataHerria había dado cobertura informativa a actos de carácter político como manifestaciones legales, ruedas de prensa públicas o la difusión de imágenes de recibimientos a presos y presas de la localidad navarra de Burlata. También se le acusa de haber utilizado términos como “presos políticos” o “represión”.

“Estamos ante un claro ataque a la libertad de expresión, y la razón de cerrar BurlataHerria es la censura pura y dura, tratar de quitar la voz a quien piensa diferente”, denunciaban desde la web tras su clausura y a la vista de los motivos expuestos por la Audiencia Nacional.

BurlataHerria se creó 2007 con la ambición de constituirse en una herramienta de comunicación local, en la que sobre todo se recogían iniciativas, actividades o acontecimientos que tenían lugar en la localidad, de tipo cultural, municipal, reivindicativas, medio ambientales, sociales, juveniles… Por ello consideraron que este cierre también era un ataque a todos esos colectivos populares que se habían valido de la web para difundir su actividad.   La imputación de Joseba Ginés por “apología del terrorismo” y el cierre de la web venía a engrosar una larga lista de ataques a la libertad de expresión. Con los precedentes de Egin y Egunkaria, Egin Irratia, Ardi Beltza y Kale Gorria, en los últimos años las clausuras de medios se han centrado en el ámbito de internet. En este sentido, recordar los cierres de Apurtu.org, Ateak Ireki y el portal de la organización Ernai y el acoso a Gaztesarea y otros medios de comunicación.

Desde BurlataHerria reivindicaban la libertad de expresión. “Todas las personas tenemos derecho a emitir información y opinión, y para ello es necesario que cesen los ataques a medios y las coacciones contra las personas que trabajan en ellos”, decían en el manifiesto firmado por periodistas, organizaciones sociales y políticas y medios de comunicación. En este mismo manifiesto pedían “la reapertura inmediata de BurlataHerria y el archivo de la causa abierta contra su colaborador”. Además, consideraban que el cierre de esta web suponía también “una amenaza para decenas de proyectos informativos”, por lo que llamaban a toda la sociedad, y muy especialmente al sector de la comunicación, “a unir nuestras voces para detener esta caza de brujas”.

Precisamente, la busca de apoyos llevó a los responsables de BurlataHerria a solicitar el amparo del pleno de la localidad, aunque en hasta dos ocasiones UPN, PSN y PP han impedido que esto ocurriera.

Desde Burlata, y con el objetivo de acompañar a Joseba Gines y llevar hasta la Audiencia Nacional la «repulsa ante este ataque a la libertad de expresión» se ha organizado un autobús que saldrá de Burlada a las 4.30 de la madrugada del jueves día 11 y regresará después de comer. El precio del autobús será de 15€ por persona.

Así mismo, a convocatoria de un grupo de vecinos de Burlata, el próximo 10 de diciembre a las 19:00 tendrá lugar en la plaza de las Askas de Burlata una concentración con el lema: “Adierazpen askatasuna-libertad de expresión. Burlataherria libre”.

Fuente: http://www.ahotsa.info/albistea/burlataherria-un-nuevo-juicio-contra-la-libertad-de-expresion-en-la-audiencia-nacional

Rosón: el azote fascista de Galicia

Solidaridad Obrera

Los herederos de la familia de ese fascista que fue Juan José Rosón, militante falangista de pro, Gobernador Civil de Madrid de 1976 a 1980 y Ministro del Interior de 1980 a 1982, se han especializado en perseguir a todos aquellos que aireen su pasado de criminales fascistas.

En esta situación se encuentra ahora el compañero Alfredo Grimaldos por su libro «La sombra de Franco en la Transición», que desde este sindicato hemos recomendado a nuestros afiliados y a todos los trabajadores.

En 1978, la revista Interviú publicó el reportaje titulado, “Los Rosón, azote de Galicia”, en el que se relataban las hazañas de Antonio Rosón Pérez, durante los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936. Como alférez de complemento, actuó de jefe militar de los sublevados en la zona de Becerreá, en Lugo, a lo largo de ese periodo crítico.

Antonio Rosón se convirtió, muy poco después, en el primer presidente de la Xunta de Galicia y su hermano Juan José Rosón era gobernador civil de Madrid en el momento que Interviú publicó el reportaje.

Los Rosón utilizaron entonces todos sus recursos políticos para conseguir que se secuestrara la revista en dos ocasiones.

Pues bien, treinta años después, los Rosón atacan de nuevo, en esta ocasión los herederos de Antonio y Juan José Rosón Pérez, fallecidos ambos en 1986. Han presentado una demanda de protección al derecho al honor por las alusiones que se hace a este clan caciquil lucense en un capítulo del libro de Alfredo Grimaldos.

Están empeñados en que no se conozca la historia de su familia.

Entonces, en 1978, el pleito judicial se resolvió, en primera instancia, con una sentencia favorable a Interviú dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, pero luego, en casación, un Tribunal Supremo cuajado de jueces franquistas y del que formaba parte incluso un cuñado de los Rosón, revocó la sentencia dándoles la razón a ellos.

Ahora quieren callar a Alfredo Grimaldos. La base de la investigación sobre Antonio Rosón incluida en su libro son artículos laudatorios hacia él publicados en el diario El Progreso, de Lugo, entre julio y septiembre de 1936.

Es lo que decían los propios fascistas de la actividad represiva del mayor de los Rosón. En Lugo no hubo guerra civil, se produjeron escasos focos de resistencia a favor de la legalidad republicana, aplastados por las tropas franquistas, que avanzaron con facilidad y, en pocos días, controlaron toda la región. Los asesinatos en las cunetas y las condenas a muerte dictadas por los tribunales militares tuvieron como víctimas a republicanos que defendían la constitución vigente y que, en su mayoría, no habían tenido siquiera la posibilidad de participar en ningún hecho de armas.

Antonio Rosón encabezó la “limpieza” de la zona de Becerreá, durante los primeros meses posteriores al alzamiento militar, según publica El Progreso en varias notas. Por ejemplo, en el ejemplar del 23 de agosto de 1936, se puede leer: “Es de señalar la labor altamente patriótica que están desarrollando los señores D. Antonio Rosón, jefe militar en esta villa; don Fermín Pérez Rosón, médico de Los Nogales y jefe de Falange; D. Luis Rosón y D. Manuel Pérez Rosón, jefes locales en Becerreá y Cervantes, respectivamente, quienes, con su alma de gigantes, están haciendo una labor magnífica en defensa de la Patria. Con su gran olfato policiaco, van directamente a las madrigueras en donde se esconden los huidos, causando verdadero terror entre estos”.

En el libro no se afirma que Antonio Rosón participara personalmente en ningún asesinato, no hay pruebas de eso, pero sí en la persecución y el encarcelamiento de antifascistas, como parece obvio. Algo que él mismo reconoce, quitándole hierro, por supuesto, en unas declaraciones a la revista Cambio 16 publicadas el 7 de mayo de 1978:

“Al llegar a Lugo se me comisionó para que fuera con la Guardia Civil a mi pueblo, y con otros grupos de gente armada que había en los cuarteles de San Fernando, con objeto de que desaparecieran las barricadas y los registros domiciliarios.
Volvimos produciendo un poco de ruido, para que la gente se marchara, ¿comprende?”

Sólo un poco de ruido, en días de fusilamientos indiscriminados y criminales ajustes de cuentas.

Está claro que él era quien mandaba en la zona, como vuelve a señalar El Progreso del 19 de septiembre de 1936: “Debido a la actividad del jefe militar en esta villa, el alférez de complemento D. Antonio Rosón, son muchas las armas recogidas en este partido judicial, calculándose en más de cien las armas largas y aproximadamente las cortas en unas cincuenta, muchas de ellas tan antiguas que ni las marcas se les conoce”.

Mientras tanto, empiezan a publicarse a diario, en el mismo periódico, los nombres de los que son “pasados por las armas” después de consejos de guerra sumarísimos sin las más mínimas garantías jurídicas.

Aún no se sabe donde están enterrados los cadáveres de la mayoría de esos antifascistas asesinados por los hombres que estaban bajo el mando de Antonio Rosón.

A partir de octubre de 1936, el hermano mayor de este clan caciquil participa en las farsas judiciales franquistas en su calidad de abogado y militar. A los detenidos se les acusa de un delito de “rebelión”, por haberse mantenido fieles a la legalidad. El día 7 de octubre, El Progreso se encarga de despedirle y de recordar sus méritos: “Fue destinado a Lugo el distinguido abogado, alférez de complemento, D. Antonio Rosón. Hasta la fecha prestó los servicios militares en esta villa, en donde actuó como comandante militar desde el principio del Movimiento, desempeñando su cometido con gran acierto. Sentimos la marcha de tan buen amigo”.

Juan José Rosón, por su parte, después de desarrollar una larga carrera política durante el franquismo, vistiendo la camisa azul con el yugo y las flechas, fue el responsable de numerosos asesinatos de militantes antifranquistas en la calle a manos de las fuerzas policiales que él mandaba. Y llegó al Ministerio del Interior en 1980, el año más sangriento de la Transición, en el que la extrema derecha y los grupos parapoliciales provocaron dos docenas de asesinatos.

Casi setenta años después del parte oficial de guerra del 1 de abril de 1939, todavía sigue siendo muy difícil indagar en la represión franquista de la guerra y la posguerra. Esa es una consecuencia de la pervivencia del Estado franquista a lo largo de la Transición, un periodo que también estuvo marcado por una fuerte actividad represiva del poder contra los movimientos populares. Los enjuagues de la Transición están en el origen de los problemas que seguimos teniendo ahora para recuperar nuestra memoria histórica.

No sólo se miente sobre lo que sucedió entre 1936 y 1939 y, después, durante toda la dictadura franquista. También sobre hechos mucho más recientes. La imagen oficial de la Transición se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado. No se ha purgado el franquismo en esta sociedad. Los asesinos que aún viven, y sus herederos, están crecidos. Se revuelven como fieras ante cualquier indagación sobre el pasado.

Las dificultades que tenemos todavía son consecuencias de la Transición, en la que se pactó la amnesia colectiva. Una sumisión al franquismo que supuso un nuevo crimen contra las víctimas de ese régimen de terror.

Hay que recordar que más de 100 antifascistas perdieron la vida en las calles, entre 1976 y 1980, a manos de las fuerzas policiales mandadas por Martín Villa y Rosón. Y en atentados de la extrema derecha instrumentalizada desde el poder. La mayoría de ellos tenía alrededor de 20 años. La historia oficial se ha olvidado deliberadamente de todos ellos. Hay que reivindicar permanentemente su memoria.

La Transición supuso una Ley de Punto Final del Franquismo, nos dejó al Borbón en el trono, muchos muertos sin rehabilitar y a los asesinos sin condenar. Los tribunales de justicia aún se siguen oponiendo a la revisión de los consejos de guerra franquistas, auténticas aberraciones jurídicas.

Aquí no ha habido ninguna reconciliación: han querido imponernos la rendición de la memoria. Pero a pesar de las demandas de protección del derecho al honor de los verdugos, no vamos a renunciar a nuestra propia historia. Es fundamental seguir trabajando para romper la barrera tejida por la intoxicación, la mentira y el olvido.

La saga de los Rosón, sus herederos y las reclamaciones judiciales
El Solidario, Solidaridad Obrera, pgs.48 y 49
www.solidaridadobrera.org/downloads/solidario/el_solidario13.pdf

El calvario del periodista Alfredo Grimaldos comenzó en 2004 con la publicación del libro «La sombra de Franco en la Transición» y en 2012, ocho años después, continuó con la condena por parte del Tribunal Supremo por atentar contra el honor del clan Rosón.

Pues bien, señores del Tribunal Supremo: ese mismo año en el que Ustedes dictan su sentencia inquisitorial, el clan familiar cuyo honor defienden seguía haciendo de las suyas y la policía detuvo a Javier Eduardo Rosón Boix, involucrado en la Operación Emperador que desarticuló la mafia china de Gao Ping.

Rosón Boix trabajaba en una sucursal de Madrid del Banco Sabadell como abogado especialista en el lavado de dinero negro y la evasión fiscal. Había organizado su propia red con la ayuda de Frederic François Mentha, un gestor de la banca suiza. La policía registró dos domicilios ligados a él e intervino su vehículo, un Mercedes SL500. Le relacionan con una española de origen israelí, Malka Mamman Levy, alias La Sobrina, auténtica cerebro de la banda criminal de blanqueo de dinero.

Es el hijo pequeño de Juan José Rosón, antiguo cacique gallego, antiguo gobernador civil de Madrid, antiguo ministro del Interior en los tiempos de UCD…

Este es el «honor de la familia Rosón» que defienden los jueces españoles.

Para descargar el libro ‘La sombra de Franco en la Transición’ de Alfredo Grimaldos:

El gobierno del PP extiende la ley antiterrorista a toda la población

El Ministerio del Interior podrá intervenir las comunicaciones en la investigación de los delitos de especial gravedad, sin pedir autorización previa del juez, como es necesario en la actualidad en casi todos los delitos excepto en los de terrorismo.

La novedad represiva figura en el capítulo de la interceptación de las comunicaciones telefónicas, telemáticas y de correspondencia escrita y telegráfica que contempla el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha aprobado el gobierno.

El gobierno quiere que el ministro del Interior e incluso el secretario de Estado de Seguridad, puedan acordar «la medida de investigación pertinente» consistente en la intervención, siendo suficiente que se lo comuniquen luego al juez dentro del plazo máximo de 24 horas.

En la comunicación el ministro o el secretario de Estado deben hacer constar «las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado», según el artículo 588 bis d 4 del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia en el caso de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.

La previsión es que el ministro de Interior pueda ordenar interceptar este tipo de comunicaciones «cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente u otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención».

En todo caso, el juez competente tendrá que resolver si revoca o confirma tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida.

Además de las intervenciones telefónicas y telemáticas, el ministro del Interior podrá también acordar la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica sin autorización previa de ningún juez.

El anteproyecto establece que la intervención de las comunicaciones esté siempre relacionada con la investigación de delitos concretos y prohíbe las «intervenciones prospectivas sobre la conducta de una persona o grupo», es decir, prohíbe el control indiscriminado de las comunicaciones, que es una tarea propia los servicios secretos.

Pero esa limitación es falaz porque de antemano la policía no puede saber ni tiene competencia para decidir si una conducta es delito o no. Por consiguiente, no existe ningún límite.

La reforma también contempla que los «terminales o sistemas de comunicación» que sean objeto de intervención «han de ser aquellos ocasional o habitualmente utilizados» por la persona investigada, por lo que con la excusa de la investigación de una persona la policía puede intevenir el teléfono de otra distinta, argumentando que suele utilizar su teléfono «ocasionalmente».

Precisamente ahora que ya no hay terrorismo la legislación antiterrorista se extiende a toda clase de personas que, si el anteproyecto finalmente se aprueba, verán anulados otro de sus derechos fundamentales. Antiguamente se justificaban ese tipo de medidas represivas por la gravedad de los delitos, de los que el terrorismo siempre fue el prototipo. Ahora ya no tienen ninguna clase de excusas para seguir con la represión y no solamente la misma no remite sino que aumenta.

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