La web más censurada en internet

Etiqueta: Represión (página 120 de 123)

En El Salvador los monopolistas utilizan a los pandilleros contra los trabajadores

Compañías textiles que confeccionan ropa para marcas transnacionales en El Salvador son acusadas de aliarse con pandilleros para amenazar de muerte a los trabajadores y romper sus sindicatos, según denuncias de personal afectado recabadas por IPS y por agrupaciones internacionales.
Trabajadoras que pidieron reserva de sus identidades señalaron que desde 2012 se intensificaron las amenazas en el sector, aprovechándose del clima de violencia que impera en este país centroamericano. “Me llamaban por teléfono, y me decían que me saliera del sindicato, que dejara de andar de revoltosa”, dijo a IPS una empleada en la empresa LD El Salvador, ubicada en la Zona Franca San Marcos, un complejo de fábricas al sur de esta capital. “Me llamaban por teléfono, y me decían que me saliera del sindicato, que dejara de andar de revoltosa… Me dijeron que eran homeboys (pandilleros) y que si no me salía iba aparecer colgada de uno de los árboles que están afuera de la empresa”: trabajadora en empresa LD El Salvador.
Ella trabaja como operaria de máquinas de coser desde 2004 y está afiliada al Sindicato de la Industria Textil Salvadoreña (SITS). Unas 780 personas laboran en la compañía, de capital coreano, que produce prendas de vestir para las firmas Náutica y Walmart. “Me dijeron que eran homeboys (pandilleros) y que si no me salía iba aparecer colgada de uno de los árboles que están afuera de la empresa”, añadió.
Reveló que los ejecutivos de LD contrataron a pandilleros para que las amenazas se hicieran directamente a los trabajadores afiliados al SIST, dentro de las instalaciones. Las advertencias surtieron efecto, contó, pues de los 155 afiliados al sindicato, solo han aguantado 60, temerosos de ser víctimas de las pandillas, las organizaciones criminales también conocidas como maras que son responsables de buena parte de los asesinatos diarios que ensombrecen el país.
El Salvador, con 6,3 millones de habitantes, es uno de los países más violentos del continente americano. El 2014 cerró con 3.912 muertes violentas, una tasa de 63 homicidios por cada 100.000 personas. “Me llamaban y me decían que en una bolsa negra me iban a encontrar, si no desistía del sindicato… como eran las primeras llamadas que recibíamos, yo me sentí muy nerviosa y preocupada”, confió a IPS otra trabajadora que resiste en el SITS.
Las maquilas textiles, plantas dedicadas a la confección para la exportación con materia prima importada, operan en las 17 zonas francas del país, áreas sin aranceles para materias primas importadas, exenciones tributarias y otros incentivos. Los clientes son marcas como Nike, Puma o Adidas, entre otras.
El sector generó en 2014 más de 74.000 empleos, la gran mayoría de mujeres, que representa 12 por ciento de los 636.000 puestos de trabajo del sector privado. Sus exportaciones sumaron 2.400 millones de dólares, la mitad de las ventas totales salvadoreñas al exterior, según cifras de esa industria.
Desde su proliferación en los años 90, se cuestionó los tratos inhumanos y las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores. “Uno de los derechos más violados es el de la libre sindicalización”, dijo a IPS el secretario de organización de la Federación Sindical de El Salvador, Reynaldo Ortiz. “Y ahora recurren a las amenazas de muerte para romper los sindicatos”, acotó.
En enero, el Centro de los Derechos Laborales Globales, de la Penn State University, y el Consorcio de los Derechos de los Trabajadores, ambos de Estados Unidos, publicaron el informe Alianzas Nefastas, en el que describen cómo se sigue minando la organización sindical en las maquilas de la confección en El Salvador.
También destacaron, con evidencias de casos específicos, las intimidaciones de pandilleros a sindicalistas. “Estas amenazas tienen un efecto paralizante sobre la libertad de asociación, tanto por la larga historia del país de asesinatos de activistas sindicales como por el hecho de que la sociedad salvadoreña en general está plagada de la violencia de las maras”, dice el informe, de 46 páginas.
Según el reporte, varios incidentes sucedieron en enero del 2013 a trabajadores de la empresa F&D, de capital taiwanés, también de la Zona Franca San Marcos.
Uno de ellos, el de dos gerentes de la empresa que, acompañados por un pandillero, se acercaron a varios trabajadores que estaban hablando fuera de la fábrica y el ejecutivo procedió a identificar al miembro de la mara quiénes eran los líderes sindicales.
Tan evidente es la participación de las maras, narró una de las trabajadoras de LD, que en noviembre del 2013, durante una reunión de miembros del sindicato con pandilleros, planeada para aclararles las luchas laborales que persiguen, algunos de estos llegaron con personal directivo de la empresa.
En enero del 2014 fue asesinado en circunstancias poco claras Juan Carlos Sánchez, uno de los trabajadores que participó en aquel encuentro, dijo una trabajadora. Añadió que han interpuesto las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la República, pero la investigación nunca prosperó.
IPS no logró obtener comentarios de parte de representantes de F&D y LD sobre esas ilegalidades. Tampoco funcionarios del Ministerio de Trabajo respondieron al pedido de entrevistas sobre el tema.
Otro caso de amenazas es el ocurrido a activistas del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadoras, Sastres, Costureras y Similares (Sitrasacosi), que mantienen actividad, entre otras, en la empresa textil Nemtex, localizada al oeste de San Salvador.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2015/03/maquilas-salvadorenas-usan-pandilleros-contra-sindicalistas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=maquilas-salvadorenas-usan-pandilleros-contra-sindicalistas

El ministro se reune en secreto con los guardias civiles procesados por la matanza del Tarajal

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mantuvo una reunión secreta con los 14 guardias civiles imputados por la matanza del Tarajal durante su visita a Ceuta el pasado lunes 16 de este mes.
La matanza ocurrió el 6 de febrero del año pasado, cuando 15 personas murieron en su intento de entrar a Ceuta a nado. Los supervivientes de la tragedia y las ONG personadas como acusación popular en la causa sostienen que los lanzamientos de pelotas de goma y botes de humo motivaron la masacre.

El Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma investiga la relación entre la matanza y la actuación de la Guardia Civil al lanzar pelotas de goma y botes de humo contra los inmigrantes que trataban de llegar hasta la playa.

La magistrada María del Carmén Serván llamó a declarar en calidad de imputados a 16 agentes, quienes admitieron haber disparado material antidisturbios hacia los inmigrantes agua o haber emitido órdenes con ese fin. 
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha confirmado que su reunión con el ministro no fue improvisada, sino que estaba prevista con antelación y se realizó a puerta cerrada. Por lo tanto, como es costumbre, el Ministerio mintió al negar «una reunión especial» con los agentes llamados a declarar por su supuesta relación con la matanza.
El ministro del Interior mostró a los guardia civiles imputados el pleno respaldo del gobierno a la matanza. Por su parte, los oficiales de la Guardia Civil le describieron al ministro su situación de plena indefensión cuando sólo se han dedicado a hacer su trabajo, el que les encomienda el Gobierno.
El pasado 3 de marzo, cuando empezaron las declaraciones de los imputados, la Unión de Oficiales denunció la falta de apoyo del Ministerio del Interior ya que, denunciaban, no estuvo presente ningún representante de la institución para respaldarles. Sin embargo, Jorge Fernández Díaz preparó un encuentro exclusivo con estos a puerta cerrada y sin ningún anuncio mediático de por medio.
Durante la rueda de prensa posterior a la inauguración a la sala de asilo del puesto fronterizo del Tarajal, el ministro del Interior no realizó declaraciones sobre el caso del Tarajal ni sobre la imputación de 16 guardias civiles por su relación con la matanza ocurrida en la playa de Ceuta.

El Museo de Barcelona censura una exposición a causa de una escultura del rey

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona ha cancelado una exposición titulada «La bestia y el soberano» a causa de una escultura de la artista austriaca Ines Doujak y el británico John Barker titulada «La bestia y el soberano» donde se reproduce una imagen de un pastor alemán, la activista boliviana Domitila Barrios y el rey Juan Carlos de forma que a la dirección no le ha gustado.
Es la primera vez en más de 25 años que pasa algo así en el Museo de Barcelona.  La inauguración estaba programada para el martes. La punzante radicalidad de «La bestia y el soberano» -título copiado del último seminario del filósofo francés Jacques Derrida- ha sido demasiado para Bartomeu Marí, que ordenó la retirada de toda la exposición.
La censura ha sido demasiado para los comisarios -Hans D. Christ, Iris Dressler, Paul B. Preciado y Valentín Roma- y los artistas, que se han negado a que la muestra se inaugure sin la obra programada. La exposición, una coproducción con la Württemberg Kunstverein de Stuttgart (WKV) con el apoyo de Kulturstiftung des Bundes, explora cómo las prácticas artísticas contemporáneas cuestionan y deshacen la definición de la soberanía política y cuneta con 30 artistas internacionales.
Según el inquisidor Marí «las obras de arte son mensajes y hay determinados mensajes que no son apropiados que la institución emita» y que «las exposiciones deben estar de acuerdo con la línea editorial del museo». Esta obra se había presentado sin polémica en la 31 Bienal de Sao Paulo. Paradojiicamente, la alegoría en la que se basa la exposición consiste en la bestia, que supuestamente desconoce el derecho, y el soberano, el poder del cual reside precisamente en su capacidad de suspender el derecho.
Sobre la exposición ha dicho que se empezará a desmontar hoy mismo y que las obras de los 30 artistas que se iban a mostrar se devolverán a los prestadores. Según el museo, los trabajos que se exponían en «La bestia y el soberano» proponían otra forma de entender la libertad y la emancipación como procesos de redistribución de la soberanía.
Ya sólo falta que metan en la cárcel a los escultores, como a Pablo Hasel.

Más información sobre los atentados a la libertad de expresión en España:
https://mpr21.info/p/blog-page_3.html

Otros dos condenados más por injurias a la Corona

La Audiencia Nacional ha condenado a dos jóvenes a pagar sendas multas de 380 euros por injurias a la familia real y por injurias, tanto en la red social de Twitter, como en una manifestación republicana después de que el rey anunciara su abdicación en junio  del año pasado en medio de una orgía de escándalos.
El Juzgado Central de lo Penal ha atribuido a ambos un delito de amenazas e injurias a la Corona, en virtud de un acuerdo de conformidad que ha sido adoptado este martes entre las defensas de los acusados y la fiscal Rosana Lledó, que ha rebajado su petición inicial que rozaba los 6.500 euros para cada uno.
En la vista, Silvia M. ha reconocido haber exhibido una pancarta, de 170×50 centímetros, confeccionada en una sábana blanca donde se podía leer «Muerte a los Borbones» durante una concentración a favor de la República celebrada la tarde del 2 de junio en la plaza del Ayuntamiento del Boiro (A Coruña), tras la aparición en televisión de Juan Carlos explicando los motivos de su renuncia.
Posteriormente, el otro acusado, José J., ha aceptado también el pago de la multa por utilizar su cuenta personal el 21 de mayo y los días posteriores a que Juan Carlos hiciera pública su renuncia, concretamente el 6, 7 y 9 de junio, para difundir mensajes que son un clamor general.
«Si tuviera delante al príncipe lo mataría, aunque fuese con un alambre. Algún día asesinaré a la Casa Real», escribió el acusado, para centrar en otro mensaje sus iras sobre el autor de los tuits de la cuenta oficial de la Casa Real española, sobre quien escribió que «moriría entre terribles sufrimientos». Desde su apertura en mayo de 2014, los seguidores de la cuenta de la Casa Real rondan los 204.000.
La cuenta del acusado contaba con un total de 172 seguidores en Twitter a fecha del 21 de mayo de 2014.
El que se ha librado de todo hasta la fecha ha sido el rey «injuriado», que ha tenido que recurrir a la ayuda del Tribunal Supremo para que le librara de las demandas de paternidad, lo mismo que antes le libraron por su implicación en el golpe de Estado del 23-F de 1981, poniéndole como un «salvador de la democracia».
Todo al revés.

Más información sobre los atentados a la libertad de expresión en España:
https://mpr21.info/p/blog-page_3.html

¡IMPIDAMOS UN NUEVO CRIMEN DE ESTADO!

S.R.I.

Después de la última visita que los familiares de Manuel Pérez Martínez realizaron al C.P. de Castellón el pasado día 7 de Marzo, nos informan del empeoramiento de su salud. A sus problemas de visión se le añade hipertensión arterial, un preocupante dolor en el brazo izquierdo, taquicardias y otros síntomas que apuntan claramente a problemas cardíacos que no están siendo tratados. Y que nos llevan a lanzar la voz de alarma nuevamente.

Desde el Socorro Rojo Internacional denunciamos la pésima atención sanitaria que Arenas recibe, así como las lamentables condiciones de encarcelamiento a las que es sometido. Lo uno y lo otro contribuyen al agravamiento de su estado de salud. No podemos dejar de señalar a Instituciones Penitenciarias, a las órdenes del Ministerio del Interior, como responsable directa de esta situación y al Centro Penitenciario de Castellón como cómplice por seguir los dictados de instancias superiores. Su actuación se encuadra en la conocida política de exterminio diseñada contra los presos políticos, política aniquiladora causante de la reciente muerte en prisión de la comunista Isabel Aparicio Sánchez y de la de tantos otros.

En el caso del camarada Arenas el ensañamiento habitual con el que son tratados los presos políticos se lleva al extremo por ser ejemplo de resistencia y firmeza revolucionaria. Como Secretario General del PCE(r) lleva 40 años defendiendo los derechos de la clase obrera y es un referente para el Movimiento Comunista Internacional. El Estado fascista español no ha podido doblegarle con la cárcel, el aislamiento y la desatención sanitaria. Arenas sigue firme, sin señales de arrepentimiento ni atisbo de claudicación. Sigue manteniendo en pie la bandera de la lucha por el Comunismo. Es un ejemplo en el que cada vez se miran más jóvenes y trabajadores. Y por todo ello el Estado quiere asesinarle, acabar con su decidida resistencia y de paso asestar un certero golpe a todo el Movimiento Político de Resistencia.

¡¡NO LO PERMITAMOS!! Relancemos con más fuerza que nunca la campaña por su libertad. Hagamos que llegue a cada rincón del Estado, a cada ciudad, a cada barrio, a cada muro. Señalando a los responsables, a los cómplices y las causas.

¡¡QUE NO PUEDAN ASESINARLO SILENCIOSAMENTE!!
¡¡LIBERTAD CAMARADA ARENAS!!

Dos antidisturbios en el banquillo de los acusados

El juzgado de instrucción 11 de Barcelona ha dictado el auto “de conclusión del sumario” del caso Ester Quintana. El juez considera finalizada la investigación del caso y apunta a un subinspector y a un escopetero como autores del disparo de bala de goma que la noche del 14 de noviembre de 2012 provocó la pérdida de un ojo a la vecina del barrio de la Verneda de Barcelona.
Por primera vez, el auto hace constar las identidades de los dos policías: Eduardo Casas Pascual (subinspector con número de placa 3.772) y Lorenzo Benjumea Blanco (escopetero con número de placa 14.211). Se les acusa de un delito de lesiones, que la fiscal considera que fueron imprudentes y que la acusación particular asegura que fueron intencionales. La diferencia entre ambos supuestos es muy grande, ya que las penas asociadas pasarían de un máximo de tres años de prisión a un máximo de doce años de cárcel, al demostrarse que actuaron intencionadamente. Tanto la fiscalía como la abogada de Ester Quintana, sin embargo, coinciden en que la lesión conllevó la pérdida de un órgano principal.
“Ha sido una instrucción donde se ha podido trabajar con profundidad. Se ha confirmado nuestra tesis, la Generalitat no ha puesto sobre la mesa ninguna prueba que apuntara a una autoría alternativa”, explica la abogada que lleva la defensa de Ester Quintana desde hace dos años y medio. “Estamos muy satisfechas de que este caso sea el primero de bala de goma en España que llega a juicio. Ester Quintana dijo que quería ser la última víctima y, además, será la primera que consigue llevar a los policías al banquillo de los acusados”, concluye Serra, que a la vez denuncia que la Generalitat “sólo ha aportado pruebas cuando ha sido requerida por el juzgado a instancias de la acusación particular. Ninguna voluntad de aportar nada por iniciativa propia”.
Hay que recordar que Felip Puig, el Conseller de Interior de la Generalitat, negó desde un primer momento la participación de los Mossos en las heridas de Quintana -y se vio obligado a rectificar en tres ocasiones por la aparición de imágenes que lo contradecían-, y que el conseller Ramon Espadaler, hoy en día, todavía sigue defendiendo la inocencia de los dos antidisturbios imputados. Manel Prat, que ocupaba la plaza de Director General de la Policía el 14 de noviembre de 2012, presentó su dimisión el 27 de mayo de 2014, poco después de que se conocieran detalles de la investigación del caso Quintana que lo pusieron contra las cuerdas.
Cuando abandonó Interior fue contratado como jefe de comunicación y marketing de la cadena de supermercados Bon Preu, dirigida por Joan Font, miembro del Consejo Asesor de la Transición Nacional y amigo personal de Ramon Espadaler.

El Ayuntamiento de Madrid censura otro concierto de Soziedad Alkohólika

El Ayuntamiento de Madrid ha prohibido el concierto que tenía previsto celebrar Soziedad Alkohólika este sábado en el Palacio de Vistalegre de la capital en base a un informe de la Policía Municipal que advierte del peligro de alteración del orden público.
Así consta en un expediente del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias, que recoge el informe emitido por la Sección de Coordinación y Análisis de la Información de la Policía Municipal de Madrid. El documento recoge que la Ley de Espectáculos prohíbe actividades que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana [sic].
El expediente recalca que las letras de las canciones del grupo ya fueron objeto de análisis por parte del Tribunal Supremo. En una sentencia el Tribunal Supremo decía que sus canciones estaban cargadas de «opiniones con excesos verbales hirientes y desafortunadas». Añadía que eran «especialmente rechazables en el momento y la ocasión, tanto en el año en que la canción se grabó 1993, como en la actualidad, sobre la actuación de determinados miembros las fuerzas de seguridad en prevención de atentados contra sus personas». Lo que no dice es que el Tribunal Supremo absolvió a los miembros del grupo y que un  tribunal no tiene ningún tipo de competencias para opinar sobre una canción, ni sobre música, en general, de la que no tienen ni la más remota idea.
Pero el Coordinador General de Emergencias, Jesús Guereta López, se aferra a la tontería del Tribunal Supremo para ordenar la prohibición de la celebración del citado concierto por apreciarse que en el desarrollo del mismo se pueden producir alteraciones del orden público.
Además, informa de que en caso de incumplimiento la autoridad competente estará habilitada para suspender de manera inmediata la celebración del espectáculo. Así, se advierte al interesado de la responsabilidad penal por delito de desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo 556 del Código Penal, en que puede incurrir en caso de incumplimiento.
Tras conocer la decisión, el grupo ha colgado un comunicado en su página web en el que lamentan la decisión, manifestando que sabían que «sectores de la extrema derecha temerosos de la diversidad cultural y la libertad ideológica estaban presionando para provocar la cancelación de nuestro concierto».
«Han pasado 13 años desde que nos acusaron y comenzaron a perseguirnos sin cuartel. El mismo tiempo desde que nos pronunciamos claramente contra cualquier tipo de violencia para resolver ningún conflicto. Han pasado ya 9 años desde que fuimos juzgados y absueltos de supuestos delitos de humillación a las víctimas, pero para el gobierno de Madrid es fundamental impedirnos ejercer nuestros derechos», denuncia el grupo.
Así, lamentan que «tras media docena de intentos para actuar en Madrid en los últimos 5 años de nuevo se impone la censura a menos de una semana del concierto». Además, el grupo califica de «ridículos argumentos» y «falacias» las razones por las que se ha prohibido el concierto, añadiendo que se trata de un «informe bastante patético».
Por ello, uno de los aspectos que aclaran es que, aunque la Asociación de Víctimas del Terrorismo les llevó a juicio hace ocho años, con acusaciones de «humillación a las víctimas del terrorismo», finalmente la Audiencia Nacional les absolvió y, además, «el Tribunal Supremo ratificó la sentencia absolutoria». «Aun así para el gobierno de Madrid priman más las falsas acusaciones que las sentencias firmes absolutorias. Así que según ellos debemos ser censurados porque fuimos acusados de un delito que se dictaminó judicialmente que nunca habíamos cometido», denuncian en el comuniado.
También aclaran que durante su «carrera musical de 25 años, tras más de 800 actuaciones nunca ha habido altercados, ni disturbios ni nada parecido en nuestras actuaciones y ellos lo saben. La gente que lo desea, si le dejan, acude en libertad a nuestros conciertos a disfrutar y a escuchar otra música y otras ideas diferentes a las que se imponen en la inmensa mayoría de medios».

Represión y desmovilización en España

Yesenia Barragán

Después del surgimiento del movimiento 15-M «Indignados» en 2011, las calles de España estallaban con el poder del pueblo. En Madrid, por ejemplo, donde se inició el movimiento, cientos de miles inundaron la Puerta del Sol, en huelgas generales masivas y mareas de colores coordinadas (mareas de calle) para demostrar su indignación contra los recortes de austeridad del gobierno de derecha. Mientras serpentea su camino a través de las calles de la ciudad, usted será recibido por brillantes pegatinas verdes y rojas del movimiento anti-desalojo, que cubrió con plástico las ventanas de cristal y los cajeros automáticos de los bancos más importantes de España, con las frases «Sí se puede» y «Pero no Quieren». Para mí, que vengo de los Estados Unidos, donde tal acción podría llevarte a serios problemas, la medida era impresionante.

Pero cuando visité España a principios de 2015, las cosas habían cambiado, sin duda. Habían desaparecido las mareas constantes y pegatinas en las ventanas de los bancos. Era extraño. Mientras que los grupos anti-desalojo como PAH (Plataforma de Afectados por Hipotecas) o STOP DESHAUCIOS (Basta de Desalojos) continúan con éxito en aplazar los desahucios de las familias de la clase trabajadora a través de España, me dijeron que el número de seguidores había reducido. Pero este cambio no fue simplemente por la época de frío o por el malestar que afecta a casi todos los movimientos sociales en el Oeste; era el producto de otras circunstancias preocupantes, a saber, la aplicación de la Ley Mordaza que desde diciembre del 2014 criminaliza la protesta pública y las movilizaciones, que recientemente han convertido a España en uno de los centros más vibrantes de los movimientos sociales en el mundo.

La represión y la desmovilización Al pasar por la Puerta del Sol un domingo por la tarde, a finales de enero, me di cuenta de cómo dos policías se acercaron a un grupo de unos siete u ocho manifestantes ancianos que sostenían una pancarta en protesta por los recortes a los servicios sociales. Tras lo que pareció un momento de tensión, uno de los organizadores sacó una hoja en blanco de su mochila y lo agitó en el rostro de los oficiales, que finalmente se alejaron. Para mí, este parecía un lugar extraño para ese espectáculo, especialmente después de haber asistido a muchas reuniones no autorizadas y marchas que comenzaron en esta plaza. Pero todo eso ha cambiado desde que se aprobó una de las legislaciones más polémicas, la ley mordaza, que prohíbe la protesta en la vía pública sin permiso. Dependiendo del contexto, uno puede ser multado en cualquier lugar entre 30.001-600.000 euros por no tener la debida autorización.

Mientras que en los EE.UU., lugar de nacimiento del complejo industrial de prisiones, encierra manifestantes en la cárcel por la más pequeña de las infracciones, esta Ley Mordaza pretende criminalizar y apagar los movimientos sociales de España por medio de quebrarlos económicamente. Aprobada por el Congreso el 11 de diciembre de 2014, la Ley Mordaza, conocida formalmente como la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, fue aprobada con el apoyo de la derecha, el Partido Popular (PP) pro-austeridad, el Partido Aragonés, y la Unión del Pueblo Navarro. El total de las 45 infracciones se clasifican en tres categorías: infracciones muy graves (con multa entre 30.001-60.000 euros), infracciones graves (601 a 30.000 euros) y las infracciones leves (100-600 euros). «Las infracciones menores» incluyen insultar a la policía, y la ocupación y presencia en casas ocupadas (que busca destruir el movimiento anti-desalojo y de ocupantes ilegales), o las reuniones o manifestaciones en espacios de tránsito público, mientras que las «infracciones graves» prohíben las protestas masivas en frente del Senado y el Congreso (una respuesta directa a las movilizaciones como «Rodea el Congreso» del 25 de septiembre de 2012), los intentos de bloquear los desalojos (señalización de un golpe represivo de las acciones directas valientes del movimiento de vivienda español), o la grabación y fotografiar a la policía (criminalizar efectivamente cualquier referencia grabada de la policía en España). En su defensa de la ley ante el Congreso, el portavoz del Partido Popular, Conrado Escobar, afirmó que las protestas «serán más libres porque estarán protegidas de los más violentos». A través de España, muchos han argumentado, con razón, que esta ley señala un regreso peligroso a la legislación fascista, especialmente preocupante dado el legado del dictador Francisco Franco, que gobernó España durante décadas.

En este clima de represión, la policía española detuvo a once anarquistas –de nacionalidades española, uruguaya, italiana y austriaca- en una iniciativa “anti-terrorista”, llamada «Operación Pandora», en Barcelona y Madrid, el 16 de diciembre, sólo algunos días después de la aprobación de la Ley Mordaza. De estos once, siete fueron puestos en la cárcel. El gobierno les ha acusado de lanzar ataques contra bancos e iglesias. Y las llamadas «pruebas» de su culpabilidad, consisten en haber publicado un libro titulado, Contra la Democracia, que el Estado español ha clasificado como un «libro terrorista”, bajo el nombre de «Grupos Anarquistas Coordinados», el tener cuentas de correo electrónico, correspondencia con presos políticos y el haberles encontrado gas propano, utilizado para acampar. De hecho, sus partidarios crearon un video llamado «Operación Pandora: Yo también tengo gas propano», que cuenta con activistas españoles y catalanes mostrando sus tanques de gas propano para acampar, mostrando lo absurdo de la operación represiva. Los activistas españoles también están cada vez más preocupados de que sus acciones puedan ser falsamente catalogadas bajo, actos de «terrorismo radical», dadas las recientes revisiones al Código Penal por parte del gobierno, a raíz de los acontecimientos en París por Charlie Hebdo y las iniciativas «anti-jihadistas».

Una nube oscura ha caído sobre España en los últimos meses, y la Ley Mordaza es, sin duda, una grave amenaza para los movimientos sociales de todo el país. Además, mientras que algunos han hablado con entusiasmo de la subida de Podemos, un partido político español de izquierdas, formado en las secuelas del 15-M, por su potencial salvador, muchos activistas que trabajan sobre el terreno han hablado de cómo Podemos ha contribuido significativamente a la desmovilización de una organización genuinamente horizontal y de resistencia popular en las calles. En Santiago de Compostela, por ejemplo, hablé con una mujer llamada María, que es líder del movimiento anti-desalojo, quien me dijo que el número de seguidores que salen a las acciones anti-desalojo, se ha reducido considerablemente con el aumento de Podemos en la Izquierda. «No te preocupes por eso», muchos le han dicho, «Podemos solucionará el problema». En esta incertidumbre, donde por un lado las leyes represivas están asustando a la gente a salir a las calles, y por otro lado, donde los partidos como Podemos no sólo están tratando de sacar provecho de la fatiga generalizada de que varios años de marchas y manifestaciones constantes han producido, sino también la promoción activa de la idea que los problemas sociales se pueden resolver a través de la votación, es imperativo reconocer las muchas formas que la represión y la desmovilización pueden tomar.

Fuente: http://www.telesurtv.net/opinion/Represion-y-desmovilizacion-en-Espana.-20150226-0044.html

Al director de la cárcel le acusan de robo

El miércoles la jueza de Instrucción número 8 de Sevilla tomó declaración en calidad de denunciado al director de la cárcel de Sevilla-I, Jesús Miguel Garrido Cordero, después de que el sindicato CSIF le denunciara por los delitos de robo y prevaricación «al haber ordenado personalmente forzar las taquillas cerradas de funcionarios a un preso, que también manipuló lo que había en el interior de las mismas».
Los hechos tuvieron lugar el 11 de noviembre del año pasado y lo curioso no es que el director de la cárcel utilice a los funcionarios contra los presos sino a los presos contra los funcionarios.
Por orden del director de la cárcel, el preso forzó las cerraduras de las taquillas de los funcionarios, abriéndolas y vaciando el interior de las mismas.
Dos de las taquillas forzadas son las que utilizan dos representantes sindicales del CSIF en la Junta de Personal Funcionario de los Servicios Periféricos de la Administración General del Estado.
En el interior de las taquillas había numerosa documentación, objetos e impresos del sindicato, todos los cuales «fueron retirados» de las taquillas por el preso.
El coordinador de Prisiones de CSIF en Sevilla, Claudio Esteban, añadió que todo ello se llevó a cabo de manera previa a unas obras que se iban a realizar y que comenzaron posteriormente en aquellas dependencias.
En un comunicado oficial la Dirección General carcelaria precisó que no se trataba exactamente de «taquillas» sino sólo de «armarios». Menos mal. Nos sentimos aliviados, sobre todo porque si el director hace gala de esa arbitrariedad con sus funcionarios, no queremos ni pensar lo que hará con los presos, incluido el que abrió los «armarios».

A la cárcel por protestar contra un esperpento cristiano-castrense

El Juzgado de Instrucción 1 de Elche (Alicante) ha impuesto una multa de 60 euros a San José, un miembro del Grupo Antimilitarista Tortuga al que ha condenado por una falta de desobediencia cometida por protestar contra una «jura de bandera».
Para que nos enteremos todos: en España desobedecer es un delito y protestar es desobedecer. Todo este esperpéntico asunto es característico de un Estado teocrático, inquisitorial y medieval como España.
El acto castrense lo organizó el 8 de junio del pasado año la Hermandad de Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Estrella, una cofradía de Semana Santa, que quería celebrar de esa manera tan recia su 25 aniversario.
Las oscuras conexiones de una Cofradía religiosa con el Ejército del Aire no aparecen explicadas, pero nos las imaginamos: en España se jura por dios, incluídos los militares, que son funcionarios públicos, o sea, de un Estado que se confiesa como laico (y no lo es).
El caso es que para celebrar el cumpleaños de una Hermandad religiosa, la Academia General del Ejército del Aire, que tiene su base en la localidad murciana de San Javier, organizó una jura de bandera de los futuros aviadores de la Nueva División Azul que irán al Báltico a poner a Rusia en su sitio.
Ante tamaño akelarre, al Colectivo Antimilitarista Tortuga se le ocurre protestar, la policía acude a socorrer a la conjunción religioso-castrense y en lugar de detener a los soldados y los cofrades lo que hace es detener a los antimilitaristas, entre ellos a San José.
Por su parte, el Juzgado confirma el despropósito medieval y le condena al protestante por una falta de desobediencia. La sanción es una multa de diez días con una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de 60 euros. La sentencia conlleva aparejada un día de cárcel por cada dos cuotas impagadas, es decir, cinco días de prisión.
Lo que viene después es lo más alentador, toda una lección que nos da a todos el Grupo Antimilitarista Tortuga: no van a pagar la multa. Para los antimilitaristas «no se trata de una situación de insolvencia, sino de la necesidad de denunciar una injusticia». Asumirán el riesgo de que la sentencia se ejecute y que San José deba pasar cinco días en la cárcel «porque es inocente de su imputación, en primer lugar, y porque pagar dicha multa contribuiría a legitimar los abusos policiales y la connivencia del estamento judicial con este actuar, mediante el perverso mecanismo de la presunción de veracidad de los agentes de la ley».
El colectivo califica el juicio celebrado el pasado 2 de febrero por este asunto como «esperpéntico» (otro esperpento más) pues «no superó los diez minutos de duración» y el acusado no pudo exponer sus argumentos ni se tuvo en cuenta los testigos ni el material probatorio que pretendía aportar.
En España los jueces no necesitan ni 10 minutos para condenar a nadie. Ya van muy preparados: escriben la sentencia la noche anterior al juicio.

A todo este disparate es al que llaman Estado de Derecho. Amén

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies