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Ayer el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció la revocación de la Ley de Medidas de Emergencia impuesta por su gobierno el 14 de febrero para aplastar las manifestaciones y bloqueos de los camioneros.

El lunes los parlamentarios canadienses aprobaron la imposición del estado de excepción por 185 votos a 151, con el mismo alineamiento característico que la pandemia ha puesto de manifiesto desde el primer minuto: la reacción votó en contra y los reformistas a favor de la represión política.

“La situación ya no es una emergencia”, dijo Trudeau en una conferencia de prensa. “Confiamos en que las leyes y normativas vigentes sean ahora suficientes para garantizar la seguridad de las personas». Esta revocación debería ser efectiva «en las próximas horas”, dijo, lo que pondrá fin oficialmente al estado de excepción.

Trudeau dijo que se iniciaría una investigación sobre la decisión de su gobierno de utilizar la ley de emergencia y las operaciones policiales posteriores en los próximos 60 días, y anunció que los parlamentarios crearían un comité para supervisar la revisión la próxima semana.

Es la segunda vez en tiempos de paz que Canadá recurre a esta legislación. Como era de esperar, su uso ha provocado una fuerte controversia y críticas, ya que permite a las instituciones gubernamentales congelar las cuentas bancarias de los manifestantes y sus partidarios sin una orden judicial. También facilita el encarcelamiento de los manifestantes.

La Asociación Canadiense de Libertades Civiles criticó la inutilidad de dicha legislación, argumentando que las protestas de los camioneros no constituían una emergencia nacional. La semana pasada anunció que iba a emprender acciones legales contra el gobierno canadiense por la aplicación de la ley. La organización está estudiando actualmente si emprender esta acción legal. “Aunque las órdenes ya no están en vigor, las acciones de este gobierno han sentado un precedente al que los canadienses se enfrentan ahora”, dijeron en un comunicado.

La oposición denunció la “toma de poder” del Primer Ministro al recurrir a una ley de excepción sin motivo alguno. Tras la decisión del Primer Ministro, el dirigente del Partido Conservador dijo en un comunicado: “El anuncio de hoy es la prueba de que el Primer Ministro se equivocó al invocar la legislación de emergencia”, y señaló: “Nada ha cambiado entre el lunes por la noche y hoy, salvo la creciente preocupación de los ciudadanos canadienses, la cobertura negativa de los medios de comunicación y el ridículo de Canadá en la escena mundial”.

El dirigente del incipiente partido político True North, se congratuló de la victoria: “¡Sus voces fueron escuchadas! ¡Ganamos! Trudeau renuncia a su corrupta toma de poder y deroga la Ley de Medidas de Emergencia. Esta victoria se debe enteramente a usted y a sus incansables esfuerzos por luchar por este país. ¡Viva la libertad canadiense!”

Por su parte, Maxime Bernier, dirigente del Partido Popular, consideró que una vez desenmascaradas las verdaderas intenciones de Justin Trudeau, éste está optando por “retroceder para no perder la cara”.

Después de tres semanas de protestas, el sábado la tensión entre los manifestantes y la policía creció en Ottawa cuando antidisturbios a caballo trataron de acabar con el bloqueo de las calles del centro.

La policía golpeó brutalmente a los manifestantes, detuvo a 191 de ellos, destruyó tiendas de campaña, chiringuitos, puestos de comida y otras construcciones levantadas por los manifestantes. También remolcó 57 camiones e incautó armas.

No obstante, advirtió que la operación de evacuación llevaría algún tiempo todavía. Ya ha logrado recuperar el control de la calle principal frente al Parlamento lanzando gases lacrimógenos. Los manifestantes respondieron formando una cadena humana y lanzando bombas de humo. “Se niegan a obedecer las órdenes de moverse”, dijo el Ayuntamiento.

Momentos antes de la carga de la policía, los manifestantes seguían en el lugar de acampada y limpiaban sus carteles cubiertos de nieve para denunciar las restricciones sanitarias. Otros intentaban calentarse junto a una hoguera bajo el estruendo frenético de las bocinas de los camiones.

“No me voy a ir”, dijo Johnny Rowe, descartando el riesgo de detención. “No hay vuelta atrás”, añadió. “Todo el mundo aquí, incluido yo, ha visto sus vidas destruidas por lo que ha sucedido en los últimos dos años”.

Cualquiera que sea encontrado en el centro de la capital canadiense puede ser detenido, advirtió la policía el sábado, acusando a los camioneros, muchos de los cuales venían con sus hijos, de ponerlos en peligro.

También han amenazado con incautar los camiones que haya por las calles, lo mismo que han hecho con las cuentas corrientes abiertas para apoyar la movilización. El viernes siete bancos se desconectaron durante horas de internet, por lo que paralizaron completamente los intercambios digitales de fondos.

El movimiento de los camioneros canadienses comenzó a finales de enero e inicialmente fue subestimado por el gobierno. Protestaban contra la obligación de guardar cuarentena al cruzar la frontera con Estados Unidos. Pero las reivindicaciones se extendieron al rechazo de todas las restricciones sanitarias y, para muchos manifestantes, al rechazo del gobierno de Trudeau.

Tras una jornada insólita de cierre por la situación de seguridad, el Parlamento reanudó el sábado sus trabajos sobre la ley de medidas de emergencia decretada por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que el sábado convocó una reunión de crisis del gobierno.

A las dos de la madrugada del martes, hora española, los parlamentarios canadienses tienen previsto celebrar una votación final sobre la ley de medidas de emergencia. Es la segunda vez que se utiliza esta disposición en tiempos de paz. La primera fue durante la crisis de 1970, cuando estaba en el poder Pierre Elliott Trudeau, el padre del actual jefe de gobierno.

Trudeau aseguró que esta ley no se utilizaría para enviar al ejército contra los manifestantes ni para limitar la libertad de expresión. El objetivo es simplemente “hacer frente a la amenaza actual y controlar totalmente la situación”.

En febrero el Foro Económico Mundial, conocido como Foro de Davos, publicó un informe sobre los pasaportes de vacunas titulado “Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries”. El documento afirma que la pandemia “ha hecho que se preste más atención al poder de los datos médicos, en particular a los pasaportes de vacunas. Estos pasaportes, por su naturaleza, sirven como una forma de identidad digital” (*).

La reunión virtual del Foro tuvo lugar del 25 al 29 de enero y estudió la “Alternative Credit Scoring” que, a la calificación bancaria tradicional, añade el comportamiento social del individuo, manifestado en las redes sociales.

El objetivo es recopilar toda la información posible sobre las personas por cualquier medio para crear grandes bases de datos. Para ello es necesaria una vigilancia constante de las personas y su entorno. Son los principios de visibilidad y rastreo.

La identidad digital se puede utilizar, entre otras cosas, para acceder a los tratamientos médicos, controlar sus dispositivos y móviles, gestionar una cuenta bancaria, realizar transacciones económicas, reservar los billetes de viaje, cruzar las aduanas, hacer compras, contratar seguros, participar en las redes sociales, votar en las elecciones, presentar la declaración de la renta o cobrar prestaciones sociales.

Según el informe del Foro, el sistema de identidad digital incluye un perfil, que puede incluir atributos de datos inherentes (como datos biométricos) o asignados (como nombres o números de identificación. También un historial crediticio, médico y de comportamiento en línea. Finalmente, también incluye las conclusiones, las valoraciones tomadas a partir de procesos de autentificación, por ejemplo, para conceder un préstamo.

El pasaporte universal tendrá un papel clave en las telecomunicaciones. Con una identidad digital, se pueden controlar los dispositivos y los datos de la red.

El proyecto sienta las bases de un sistema general de control social para separar a los ciudadanos díscolos o menos fiables.

Los lectores del pasaporte podrán hacer valoraciones basadas en el historial económico, el médico y el comportamiento en línea.

El informe presta una atención especial a los “corredores de datos”, que son una especie de intermediarios encargados de gestionar las grandes bases de datos, siguiendo el modelo estadounidense de las “agencias” o fideicomisos encargados de facilitar el intercambio de información.

(*) https://www3.weforum.org/docs/WEF_Advancing_towards_Digital_Agency_2022.pdf

Ya son más de 100 los manfestantes detenidos en Ottawa, donde la intervención de la policía para acabar con las protestas de los camioneros está provocando enfrentamientos en las calles.

Ayer la policía de la capital canadiense desplegó un operativo con caballos para disolver los bloqueos en las calles.

El anterior jefe de policía fue destituido y el nuevo, nombrado provisionalmente, Steve Bell, se ha acogido a la Ley de Emergencia para disponer de más herramientas represivas.

Las protestas estallaron a lo largo de las calles principales del Canal Rideau en el centro de la ciudad, por lo que la policía se desplazó a la zona y empezó a detener a los manifestantes a lo largo de la jornada.

La noche anterior, la policía estableció un centenar de controles en las principales arterias de la ciudad, cerrando calles y restringiendo el tráfico en algunas áreas para evitar que más manifestantes pudieran acudir a los principales centros en los que se han estado congregando desde hace tres semanas.

Estableció un perímetro desde Bronson Avenue hasta el Canal Rideau y desde Queensway hasta el Parlamento, zonas por las que solo podrán transitar, a partir de ahora, los vecinos y los trabajadores.

Debido al operativo policial y por razones de seguridad, el Congreso de los Diputados canceló su sesión, en la que estaba previsto el debate sobre el uso de la Ley de Emergencia, con la previsión de que hoy se reanudará.

En el marco de las protestas, la Real Policía Montada de Canadá informó ayer a primera hora de la mañana que ha abierto una investigación sobre un ataque violento perpetrado por una veintena de personas contra el gasoducto de Coastal GasLink que se encuentra en construcción en la provincia de Columbia Británica.

El incidente, que se registró por la noche, tuvo lugar cerca de la ciudad de Houston, donde un comando atacó a los guardias de seguridad con hachas y machetes y destruyó vehículos de obras en la zona de construcción.

Un juez del Tribunal de Justicia de la ciudad de Ontario concedió ayer la libertad bajo fianza a uno de los organizadores de las protestas de los camioneros, Chris Barber, que fue detenido el día anterior. Le ha obligado a abandonar la ciudad en un plazo de 24 horas.

La jueza Julie Bourgeois ha permitido la liberación de Barber, que se enfrenta a cuatro acusaciones, entre los que se encuentran los delitos de desobediencia, actos maliciosos y obstrucción a la labor policial, por ayudar a organizar las movilizaciones.

La policía de Ottawa también ha informado de la detención, junto con Barber, de otra organizadora de las protestas, Tamara Lich, de 49 años, de la ciudad de Alberta, que comparecerá ante el juzgado acusada del delito de desobediencia.

El terror policial se ha instalado en Brasil. Cada año mueren miles de personas, en su mayoría negras y pobres, a manos de policías que, en la mayor parte de los casos, evidencian también el racismo imperante en Brasil.

En 2019 la policía mató a más de 6.000 personas, una de las cifras más altas en el mundo. Casi el 80 por cien de las víctimas eran negras. Ya en la primera mitad de 2020 estos decesos aumentaron 6 por cien.

En Río de Janeiro, catalogado como uno de los estados más mortíferos del territorio brasileño en cuanto a terrorismo policial, el 75 por cien de todos los fallecidos en 2020 eran negros.

En 2019 el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, admitió al periódico “O Globo” que la policía usaba francotiradores para asesinar a los sospechosos. “La orden es clara: si alguien lleva un rifle de asalto, debe ser neutralizado de manera letal de inmediato”.

Poco después, una niña de ocho años fue asesinada por la policía, que le disparó por la espalda, lo que levantó fuertes movilizaciones porque fue el quinto niño en morir aquel año como resultado del terror policíal.

Pero el terrorismo policial se desató con el pretexto de la pandemia. La policía del estado de São Paulo asesinó a 381 personas entre enero y abril de 2020, lo que supone cerca de una persona cada 7 horas.

A mediados del año pasado miles de ciudadanos volvieron a lanzarse a las calles en las principales ciudades en protesta por un operativo policial, que dejó 28 muertos en una favela de Río de Janeiro, donde es habitual la irrupción violenta de los represores en comunidades pobres, con población mayoritariamente negra.

El suceso que conmocionó a la sociedad brasileña tuvo lugar a pesar de que en junio de 2020 el Tribunal Supremo prohibió las operaciones policiales en los barrios pobres de Río de Janeiro durante la pandemia, porque podían contribuir a la propagación del coronavirus.

La misma noche en que se emitió dicha orden, varios policías dispararon en una de las favelas de Río, llamada Complexo do Alemao. Fue en ese mismo barrio donde la policía mató a tiros a 13 personas en el lapso de unas cuantas horas durante una sola operación en mayo.

En los últimos días el Tribunal Supremo se ha pronunciado nuevamente sobre el brutal comportamiento policial. El Tribunal ha dado un plazo de 90 días para que el gobierno de Río de Janeiro adopte medidas contra el terrorismo de sus policías.

La ONU ya había alertado sobre esa situación, pero Bolsonaro ha indultado a los policías condenados por asesinatos cometidos en el ejercicio de sus funciones o incluso estando fuera de servicio.