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Después de que las fuerzas de ocupación israelíes continuaran entrando profundamente en territorio sirio en Quneitra y Daraa la semana pasada, las tropas sionistas tuvieron que hacer frente a protestas multitudinarias de la población de las ciudades de la cuenca de Yarmuk que se levantaron contra la ocupación y que fueron violentamente reprimidas, hiriendo de bala a un manifestante. Leer más
El 26 de marzo de 2021, ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción nº1 de la ciudad, a petición del Grupo Caixabank y la Fiscalía. Se les solicitó penas de 3 años y 9 meses de prisión y 11 meses respectivamente, debido a su participación en una protesta llevada a cabo en el interior de una sucursal bancaria en Cabanillas del Campo el 5 de diciembre de 2017. Las activistas exigían la paralización del desahucio de una familia, un compromiso que el banco había asumido tras meses de negociaciones para encontrar una solución habitacional.
La protesta terminó con el desalojo y la detención de 8 personas, que fueron trasladadas a dependencias de la Guardia Civil, por orden del entonces subdelegado del gobierno Juan Pablo Sánchez-Seco. La concentración de más de un centenar de personas esa misma tarde a las puertas del cuartel donde estaban detenidas las 8 supuso su liberación inmediata, pero hoy enfrentan severas penas por ejercer un derecho fundamental, en un contexto de persecución sistemática contra activistas que defienden el derecho a la vivienda.
La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha difundido un manifiesto que enmarca este proceso judicial en una tendencia más amplia de criminalización de la protesta social en España, siendo que en la propia Guadalajara el movimiento en defensa del derecho a la vivienda ha tenido que enfrentar multas y otros procesos penales por sus acciones y movilizaciones. «La intención es tratar a quienes reivindican derechos básicos como delincuentes, y a la organización de estas acciones como un grupo criminal, como les ha pasado a las activistas ambientales de Futuro Vegetal«.
Desde la Plataforma señalan como un caso particularmente grave y que inevitablemente va a tener incidencia en el caso de Guadalajara, el conocido como el de «Las 6 de la Suiza». El 19 de junio de 2024, el Tribunal Supremo ratificó una condena de tres años y medio de prisión y una multa de 125.000 € a seis sindicalistas de la CNT por organizar protestas frente a la pastelería “La Suiza” en Gijón, lo que evidencia un patrón de criminalización de la disidencia y, al tener esa sentencia una función casacional, sienta una doctrina de aplicación por los tribunales inferiores.
La Fiscalía General del Estado, en sus memorias anuales, ha declarado reiteradamente que los movimientos sociales y políticos que se desvíen de los márgenes permitidos deben ser vigilados y perseguidos, bajo etiquetas como «terrorismo» o «delito de odio». Esto refleja un intento de aleccionar al público sobre las consecuencias de desbordar los límites establecidos. Los procesos judiciales que enfrentan los activistas no solo buscan determinar culpabilidad o inocencia, sino que tienen como objetivo establecer límites a los derechos fundamentales, como se evidencia en el caso de las #8deCaixabank.
A pesar de las pruebas insuficientes presentadas por la Fiscalía y Caixabank, que en condiciones normales deberían haber llevado al archivo del caso, las activistas se enfrentan a un juicio cuya sentencia creen que ya está firmada. El verdadero «delito» que se les imputa es el de protestar, específicamente por el derecho a la vivienda, un derecho que entidades como Caixabank han vulnerado sistemáticamente.
Desde la Plataforma se hace un llamado urgente a los movimientos sociales y sindicales para que comprendan que, al activar un proceso judicial contra quienes participan en protestas, se enfrentan a un sistema que manipula las reglas a su favor. «Es un error alimentar la esperanza de que los tribunales actuarán con magnanimidad, ya que la historia demuestra que las libertades políticas solo se conquistan fuera de las salas de audiencias«.
Por ello, el grupo de personas imputadas ha decidido no acudir al juicio fijado para el 10 y 12 de febrero de 2025, en un esfuerzo por rechazar la legitimidad de estos juicios políticos y reafirmar que la desobediencia civil no es un delito, y han iniciado una convocatoria estatal para que organizaciones y colectivos en situación similar se sumen a esta campaña de insumisión y de objeción de conciencia frente a este tipo de procesos judiciales.
La consigna es clara: No a los juicios políticos. Sin libertad de expresión, no hay democracia
Numerosos ayuntamientos han incorporado a su actuación los llamados «agentes tutores», miembros en activo de la Policía Local que, según el Ministerio del Interior, son agentes que tienen como función primordial «la protección del entorno escolar» y «la resolución de los conflictos» entre menores de edad, donde se aplica la lógica de que un agente armado es la mejor solución a los problemas en el entorno educativo. Leer más
En el argot de la política internacional se denomina “diplomacia de defensa” a todas aquellas operaciones que rodean a la industria militar que, aparte de su papel bélico, contienen otro eminentemente político.
El caso de las relaciones de España con Israel es uno de los ejemplos más evidentes de cómo funciona esta diplomacia, donde la balanza comercial armamentista tiene un claro balance desigual entre lo que España exporta frente a lo que importa. España adquiere de Israel no solamente armas y tecnología, sino que también importa la llamada “tecnología de opresión” que hace que los vínculos entre ambos países sean más profundos de lo que parece.
Las importaciones superan ampliamente las exportaciones
Israel cuenta con una puntera industria militar y policial que provee prácticamente a todas las fuerzas militares y de seguridad españolas, y es aparte uno de los principales vendedores de armamento. El negocio es millonario y de él dependen muchas de las últimas tecnologías que se usan aquí, tanto a nivel bélico como represivo.
En el año 2021, el último del que hay datos oficiales que publica, a discreción, la Secretaría de Estado de Comercio, Israel fue el sexto país suministrador directo de productos de defensa a la industria nacional. En concreto fueron 47 millones de euros, el 1,7 por ciento del total. Para ello, Israel suele recurrir a acuerdos con empresas españolas que le abren la puerta del mercado nacional. Ahora bien, este dato es parcial, ya que éste se refiere a aquellos productos bélicos que son cien por cien “made in Israel”, pero no se cuenta toda la producción subsidiaria de la entidad sionista, que se hace a través de empresas pantalla y de terceros países.
Más allá de la retórica política que el gobierno español ha mantenido en los últimos meses respecto a la guerra en Gaza, lo cierto es que la industria militar israelí descansa muy tranquila y puede seguir, orgullosa, vendiendo a España su producción probada en combate” que es el eufemismo que Israel utiliza para decir que sus armas han sido probadas sobre los cuerpos de decenas de miles de personas asesinadas en la Palestina ocupada.
Con la guerra en Gaza ya comenzada y cuando las víctimas ya se empezaban a contar por centenares día a día, el Consejo de Ministros -esto es, PSOE y SUMAR – autorizaban en octubre de 2023 la compra de 168 sistemas de misiles contracarro Spike por más de 285 millones de euros. El fabricante es un consorcio de empresas liderado por Pap Tecnos, la filial española de la israelí Rafael, fabricante original. Pero la relación de las Fuerzas Armadas con este sistema es antigua y tanto el Ejército de Tierra como Infantería de Marina cuentan con una versión anterior en sus filas desde hace años. De hecho, es considerado un elemento básico del Ejército español y forma parte incluso del despliegue en misiones internacionales como la de Letonia, donde España participa en las provocaciones que la OTAN realiza desde hace tiempo contra Rusia.
Pero hay muchos más ejemplos. También en octubre y mientras el gobierno seguía dando mensajes grandilocuentes, el Consejo de Ministros autorizaba otro contrato para la compra del sistema lanzacohetes Silam, un proyecto en el que participa la israelí Elbit Systems. Y también los carros de combate Leopard usan munición de otra empresa israelí, IMI Systems.
Este suministro no se limita a las Fuerzas Armadas, ya que también la Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan con sus productos entre sus filas. Por ejemplo el fusil de asalto MZ-4P de la israelí Emtan, que usan las unidades de élite de la Guardia Civil, o la pistola semiautomática Heckler & Koch USP que porta todo el Cuerpo Nacional de Policía.
Esta última empresa es quizá uno de los mejores ejemplos del cinismo que rodea a la industria militar sionista. Si bien formalmente la empresa dirigida por Jens Bodo Koch, el último de la saga familiar que consiguió reciclar la empresa colaboradora de la Alemania Nazi Waffenfabrik Mauser AG al emporio armamentístico actual, lo cierto es que esta empresa es una de las marcas blancas que Israel utiliza en su negocio armamentístico, y de hecho, es una de las empresas que resuenan como proveedoras para el infame futuro “ejército europeo”.
El informe 54 del Centre Delàs d’Estudis per la Pau publicado en 2022 denuncia precisamente la parte más jugosa de las relaciones económicas con Israel: la parte más gorda del pastel está en lo que la entidad sionista vende de manera directa o a través de empresas camufladas y que ningún gobierno europeo se atreve a tocar. Todos, absolutamente todos los cuerpos policiales y militares españoles están dotados de armamento y tecnología israelí, aspecto que garantiza la preeminencia de su conglomerado, y el cuál mientras no se vea afectado, toda operación de marketing político será precisamente eso, puro teatro.
De hecho, Israel se ha convertido en uno de los mayores desarrolladores y exportadores de armas militares y tecnologías de opresión en todo el mundo.
Homeland Security o “Seguridad ciudadana”
Uno de los ejemplos más claros de cómo el gobierno español es un firme admirador del sistema político israelí es el caso de Pegasus, uno de los programas espía más invasivos de Israel, que ha permitido a las fuerzas de seguridad españolas espiar el teléfono de alguien y obtener toda la información de ese teléfono, convirtiendo un smartphone en una mina de oro de la inteligencia estatal.
Ahora bien, Israel no solamente provee a España de armas, sino que también ayuda a transformar a los cuerpos policiales en extensiones del ejército.
Miles de agentes de la Casa Real, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra, Mossos e incluso de cuerpos de policía local han viajado con frecuencia para recibir entrenamiento en Israel, un lugar donde la policía y el militarismo están aún más entrelazados.
El foco de estas formaciones está en la represión de disturbios, la contrainsurgencia y el contraterrorismo, todos ellos asuntos esencialmente irrelevantes o que deberían ser irrelevantes para la gran mayoría de cuerpos policiales, a no ser que éstos tengan en la retina que su “enemigo” es la propia población a la que tienen que vigilar. Ahí está el secreto que Israel vende a España y por el que los gobiernos “progresistas” no rompen relaciones.
Tecnología israelí es la que va a servir a la Unión Europea, que se encuentra en pleno debate por la regulación de la inteligencia artificial, a implementar de manera generalizada los sistemas de reconocimiento facial que por ejemplo ya están en manos del Ministerio del Interior español, cuyo titular, el ex juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, pretende implementar de manera generalizada.
Como documenta el profesor de ciencias políticas Anwar Mhajne, Israel ha utilizado todas estas herramientas en sus enfrentamientos militares con Palestina: desplegando sistemas de vigilancia con inteligencia artificial y de vigilancia policial predictiva en los territorios palestinos; utilizando tecnología de reconocimiento facial para monitorear y regular su movimiento; sometiéndolos a escaneos de reconocimiento facial en los puestos de control, con un mecanismo de código de colores para dictar a quién se debe permitir que avance, someterse a más interrogatorios o ser detenido.
Y el sistema que el PSOE y el binomio Podemos-SUMAR han traído a España, Entry Exit System, sirve precisamente para eso, lo cuál no debería dar lugar a más comentarios.
Cuando Aldous Huxley escribió Un mundo feliz en 1931, estaba convencido de que “todavía había mucho tiempo” antes de que su visión distópica se convirtiera en una pesadilla. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que sus profecías se estaban haciendo realidad mucho antes de lo que había imaginado.
La influencia militar de Israel en España, sus avances en armamento tecnológico y su rígida exigencia de cumplimiento nos están empujando hacia una sociedad más represiva.
Mediante el uso de la tecnología de vigilancia, Israel ha erigido la primera prisión al aire libre del mundo y, en el proceso, se ha convertido en un modelo para los cuerpos policiales españoles.
Sin embargo, lo que no podemos permitirnos pasar por alto es hasta qué punto el Estado policial Español está siguiendo el ejemplo de Israel. Es evidente que no somos un territorio ocupado, pero eso no hace que el campo de concentración electrónico que se está erigiendo a nuestro alrededor sea menos prisión.
Esta semana un joven de 17 años supuestamente entró en una clase de baile para niños en Southport, al noroeste de Inglaterra y comenzó a apuñalar a niñas pequeñas, hiriendo a 10 y matando a 3. Inicialmente se informó que el niño era un inmigrante musulmán. Leer más
El Gobierno encabezado por Javier Milei creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad con el fin de poder usar esas nuevas herramientas tecnológicas para combatir el delito, lo que incluye monitorear redes sociales, aplicaciones y sitios de internet. Leer más
En Francia el rearme está unido a la represión. Ayer el gobierno francés disolvió el colectivo Defco (Defensa Colectiva). La policía les acusa de participar en disturbios y enfrentamientos durante las manifestaciones.
Para abrir boca, por la tarde el Prefecto prohibió las manifestaciones que estaban convocadas en Rennes para protestar contra la disolución del colectivo. Las calificaba de “salvajes”… antes de que se hubieran celebrado.
Para sostener la ilegalización, el Ministerio del Interior califica al grupo de “extremadamente peligroso” y, como es característico, le da una vuelta de 180 grados a la realidad. Defco es un movimiento contra la represión y su tarea es apoyar a los represaliados y perseguidos. En su cuenta (https://twitter.com/Defense_Co) explican que tienen como objetivo apoyar a las personas que se enfrentan a la represión policial y judicial, pero también actuar en primera instancia a través de su acción en la calle y de la experiencia adquirida en la lucha contra la represión.
El colectivo surgió hace ocho años en Rennes durante las movilizaciones contra la reforma laboral (ley El Khomri). Los manifestantes, enmascarados y a veces con casco, se reunen en las protestas de Rennes detrás de una pancarta negra que llevaba su nombre: “Defensa colectiva”.
El ministro del Interior preparaba desde hacía varios meses la disolución de este colectivo, que se aprobó a propuesta del ministro del Interior y se suma a otras del mismo tipo presentadas contra grupos considerados radicales.
La reforma laboral, aprobada por el gobierno socialista en la época de François Hollande, fue denunciado como un “ataque contra los trabajadores y los pobres” por el colectivo, que reunió a los militantes de una ciudad históricamente marcada por este movimiento, en particular, dentro de la Universidad de Rennes.
Posteriormente, Defco participó en la movilización contra las órdenes laborales de 2017, en bloqueos de universidades o institutos de Rennes o, más recientemente, en las manifestaciones contra la reforma de las pensiones de 2022-2023.
El colectivo también se ha extendido a otras ciudades, como Toulouse y Marsella.
El ministro de la represión ya anunció en abril del año pasado su deseo de disolver Defco, con el pretexto de que llamaba a un “levantamiento”.
El comienzo del año ha estado marcado por violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía durante las protestas contra la reforma de las pensiones, pero también contra el proyecto de reserva de agua de Sainte-Soline.
El ministro Darmanin ya puso a Defco en la picota en febrero del año pasado, en el marco de una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al gobierno. Preguntado sobre los incidentes que rodearon el viaje de Jordan Bardella a Bruz, ciudad cercana a Rennes, en 2022, culpó a Defco, considerándolos como el origen de los disturbios.
En febrero reiteró su intención de disolver el colectivo, mientras una manifestación no autorizada contra la ley de inmigración degeneraba el 25 de enero en el centro de la ciudad de Rennes.
Impugnando el proyecto de decreto que le afecta, el colectivo publicó un comunicado de prensa en febrero, considerando que su disolución es un “ataque grave y sin precedentes contra el derecho de defensa”.
Macron ha convertido a Francia en un país ridículo, que algunos han llamado “Absurdistán”. Pocos días después de anunciar el envío de tropas a Ucrania, pide refuerzos a los países de la OTAN para asegurar la celebración de los Juegos Olímpicos de este año en París.
Ayer el Ministerio de Defensa anunció que varios países extranjeros enviarán soldados para reforzar la seguridad durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que comienzan en el mes de junio.
20.000 soldados no son suficientes, ni tampoco la policía, ni la Gendarmería.
Los países extranjeros “nos reforzarán en determinados sectores críticos, como las capacidades de los perros, donde las necesidades son enormes”, durante los Juegos Olímpicos, precisó el Ministerio, que no dijo los países que iban a enviar tropas, aunque Polonia es el voluntario número uno, porque tampoco debe tener bastante con sostener la guerra en Ucrania.
El ejército francés es el mayor de Europa occidental, con más 200.000 miembros en activo, que están presentes en los cinco continentes, tanto de una manera abierta como encubierta.
Los gendarmes, que forman parte del ejército, participaron en la vigilancia de los espectáculos durante la Copa Mundial de Fútbol de Qatar porque, cada vez más, los deportes se militarizan para ensayar técnicas antiinsurgentes de control de masas.
Desde 1995 el ejército francés ha participado en más de cien operaciones militares fuera de sus fronteras.
En la actualidad mantiene unos 10.000 soldados en el exterior.
Sólo en Gabón tiene cuatro bases militares y, a pesar de la independencia del país africano, alcanzada en 1960, las tropas francesas nunca han salido del país.
Tiene 650 sldados desplegados en Emiratos Árabes Unidos, 600 en Irak, 700 en Líbano, 500 en Rumanía…
Esta tarde el Tribunal Superior de Londres ha dictaminado que Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, no puede ser extraditado inmediatamente a Estados Unidos porque previamente el gobierno debe ofrecer garantías sobre su tratamiento, incluidos sus derechos de la Primera Enmienda y su protección contra la pena de muerte.
La decisión era muy esperada porque el tribunal debía decidir si Assange había agotado sus recursos ante los tribunales británicos. En cambio, en un fallo matizado, dos jueces determinaron que la claridad sobre su suerte vuelve a quedar en suspenso.
Los dos jueces del Tribunal Superior dijeron que el tribunal “concederá permiso para apelar” por motivos limitados, “a menos que el gobierno de Estados Unidos de América proporcione garantías satisfactorias”.
El tribunal ha dado a Estados Unidos tres semanas “para dar garantías satisfactorias” de que a Assange “se le permite confiar en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, que no sufre prejuicios en el juicio (incluida la sentencia, en razón de su nacionalidad, que se le conceden las mismas protecciones de la Primera Enmienda que a un ciudadano estadounidense y que no se le impone la pena de muerte”.
Si esas garantías no se ofrecen antes del 16 de abril, le conceden a Assange una audiencia de apelación completa. Si Estados Unidos proporciona las garantías solicitadas, habrá una nueva audiencia el 20 de mayo para decidir si “son satisfactorias y tomar una decisión final sobre la autorización para apelar”.
Si bien Estados Unidos ya ha brindado algunas garantías sobre el trato que se daría a Assange en caso de ser extraditado, los jueces del Tribunal Superior pidieron garantías adicionales.
Francia ha desplegado 4.000 soldados adicionales en lugares estratégicos, como estaciones de tren o aeropuertos. Con el pretexto del atentado ocurrido en Moscú, el gobierno ha impuesto el estado de máxima alerta.
Era algo que estaba previsto para los Juegos Olímpicos de París de este año, pero los planes se han acelerado. El estado de máxima alerta es nivel más alto dentro del Plan Vigipirate.
De esa manera a los 3.000 soldados que ya están en las calles con la Operación Sentinel, se suman otros 4.000 más, según el anuncio que hizo el lunes el Primer Ministro Gabriel Attal.
Para imponer un estado de vigilancia y control máximos, el gobierno sigue la corriente de atribuir el atentado de Moscú al Califato Islámico. No es la OTAN, ni Estados Unidos, ni Reino Unido. Europa no puede aparecer como victimario, sino como víctima de este tipo de crímenes terroristas.
Durante un viaje a Guyana, Macron afirmó que el Califato Islámico ya ha intentado perpetrar dos atentados en Francia en los últimos meses, uno el 10 de enero y el otro el 5 de marzo. Por su parte, el Ministerio del Interior reforzó la ola intoxicadora afirmando que el primero tenía como objetivo “objetivos judíos” y el segundo edificios religiosos cristianos.
Blanco y en botella: han sido musulmanes; estamos en una guerra de religión, tanto en Gaza como en Ucrania, como en… Moscú.
El Plan Vigipirate se aprobó oficialmente en Francia en 1995 y su propósito confesado es “desarrollar una cultura de la vigilancia y la seguridad en toda la sociedad” (*). Se complementa con la Operación Centinela, que autoriza al ejército a patrullar las calles, como si se tratara de una ley marcial.
¿Alguien pronosticó que la guerra era inminente? Se equivocó: esto es la guerra que tanto estaban esperando.
(*) https: //www.gouvernement.fr/risques/le-plan-vigipirate
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