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Iberdrola refuerza la vigilancia las redes sociales con viejos y nuevos espías

Iberdrola quiere monitorizar con toda la información que surge sobre su actividad en la docena de países en los que está presente. Para ello, la empresa eléctrica está ultimando la creación de lo que se ha bautizado como unidad de inteligencia, cuyo fin esencial es rastrear toda la información que sale del grupo en cualquier plataforma, especialmente las redes sociales, donde la eléctrica está expuesta a sufrir ataques no identificados que pueden poner en riesgo su seguridad.

Este proyecto está siendo liderado precisamente por el área de Seguridad de Iberdrola, que desde hace un año está descabezada tras la destitución de Antonio Asenjo como responsable por los pagos al comisario José Manuel Villarejo. Su rol lo está ocupando de forma provisional Patxi Blázquez, número dos de Asenjo y la persona que está liderando este proyecto, similar al de empresas del Ibex como Telefónica y Repsol.

La Unidad de Inteligencia tiene como objetivo monitorizar todos los riesgos que pudieran afectar a Iberdrola y que, dado el desarrollo de las redes sociales, suelen manifestarse de forma telemática en plataformas como Twitter o Facebook. Webs donde las empresas descubren potenciales amenazas de grupos de presión identificados o de anónimos que usan “bots” para difundir cierta información dañina para la sociedad o promover ataques físicos o digitales a instalaciones de la empresa.

El grupo energético dirigido por Ignacio Sánchez Galán no cuenta hasta la fecha con una división dedicada en exclusiva a cubrir este flanco, que se ha convertido en clave en los últimos años por la proliferación de ciberataques. Iberdrola quiere extender esta nueva red a todos los países donde está presente, por lo que ha creado un comité de inteligencia para monitorizar toda la información sensible que pudiera afectar a las operaciones, a las instalaciones o a la reputación de la sociedad.

La empresa quiere conocer al detalle y con antelación si, como le está ocurriendo en Estados Unidos con uno de sus proyectos verdes más relevantes, tiene grupos de oposición, ya sean de organizaciones medioambientales, como Greenpeace, o de partidos políticos, como Unidas Podemos, que planifican o anuncian movilizaciones contra sus plantas eléctricas. Al mismo tiempo, quiere saber quién o quiénes encabezan la protesta y a qué intereses pudieran responder, y si está en peligro la integridad de sus empleados o directivos. Tanto Greenpeace como Podemos se han personado en la causa de Iberdrola y Villarejo que se investiga en la Audiencia Nacional.

El comité de inteligencia está coordinado por Blázquez y en él participan, entre otros, Enrique Victorero, responsable de Seguridad Internacional, hombre enfrentado a Asenjo y a Juan Ramón Canovas Ras, jefe de Seguridad de México, uno de los países más conflictivos para Iberdrola, donde son públicas las profundas diferencias entre Galán y el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que ha acusado a la eléctrica española de fichar a funcionarios públicos, —incluido el anterior presidente de México, Felipe Calderón, como consejero— después de haber obtenido suculentos contratos.

“A mí me pagaba el pueblo de México, no Iberdrola. Pero estaban muy mal acostumbrados. Iberdrola se llevó como directiva a la señora Kessel, que era secretaria de Energía, y también contrató como miembro de su consejo de administración a Calderón. Entonces, se quedaron mal acostumbrados”, dijo el presidente de México. Tras estas palabras, pronunciadas el pasado mes de septiembre, Iberdrola destituyó como consejera a Georgina Kessel el pasado 20 de octubre, puesto que pasó a ser ocupado por el exministro Ángel Acebes.

Cánovas Ras se incorporó a Iberdrola procedente de FCC, para la que trabajó en Oriente Medio. Fuentes del sector señalan que se trata de un militar, con rango de teniente coronel, que estuvo durante 18 años al servicio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Cánovas Ras es ahora uno de los hombres fuertes de Seguridad de Iberdrola tras sustituir a Antonio García Villacañas, que ha abandonado recientemente la empresa y que es hijo de un alto mando también de los servicios secretos del Gobierno de España.

Iberdrola fichó el pasado verano al general Félix Sanz Roldán, director del CNI durante los últimos 10 años, como miembro del consejo asesor del presidente de la empresa. Galán ha asegurado un sueldo de 240.000 euros al año al militar, que comparte asiento en este “advisory board” con Ernesto Zedillo, expresidente de México; Joschka Fisher, exministro de Exteriores alemán; Jonathan Hill, antiguo comisario europeo de Mercados de Capitales; Laurence Tubiana, ex directora general de la European Climate Foundation, representante especial del Gobierno francés para la COP21 de París; Ken Salazar, antiguo secretario del Interior de Estados Unidos, y Ramón de Miguel, exembajador de España en París y ante la UE, hombre vinculado a José María Aznar y a Mariano Rajoy.

https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-12-14/iberdrola-unidad-inteligencia-cni-vigilar-redes-sociales_2868992/

YouTube censura los vídeos sobre el fraude en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos

YouTube ha censurado los vídeos de los usuarios que afirman que las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos fueron fraudulentas (*).

A medida que la censura arrecia, los pretextos se van ampliando. Los vídeos que comentan las elecciones no ponen en peligro la salud, ni incitan a la violencia, ni al odio. Tampoco engañan a los votantes porque ya han votado.

La filial de Google borra los vídeo porque son falsos. Las elecciones han sido limpias y hay que pasar página. La red social no puede dejar que la espada de Damocles penda sobre el nuevo gobierno de Biden de forma permanente. Nadie va a poder afirmar que las decisiones del nuevo gobierno se fundan en unas elecciones ilegítimas.

Es una toma de partido de la filial de Google: lo que valió para Trump es intolerable para Biden.

La noticia no tiene que ver con uno (Trump) o con otro (Biden). Tampoco tiene que ver con las elecciones estadounidenses. Ni siquiera interesa confirmar que han sido fraudulentas. Lo realmente importante es que los poros de la libertad de expresión se cierran cada vez más estrechamente.

Durante cuatro años las grandes cadenas de intoxicación han asediado al mundo con informaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 que auparon a Trump al gobierno, lo que abrió cuatro años de investigaciones de la fiscalía y del FBI.

Todo quedó en agua de borrajas, pero si no pudieron destituir a Trump, acabaron con quienes estaban destinados a implementar su política exterior, como el general Flynn.

La censura de YouTube sanciona el fracaso de esa política y el amplio sostén que los monopolios digitales prestan a la política demócrata, que es la punta del iceberg del apoyo del grueso de las grandes cadenas informativas, el Pentágono, la industria armamentista y las centrales de espionaje, como la CIA, es decir, el aparato del Estado.

“El 88 por ciento de los vídeos de los diez principales resultados de las investigaciones relacionadas con las elecciones proceden de fuentes de información autorizadas”, asegura YouTube para justificarse. Hay fuentes de información que están autorizadas y otras no lo están. Los usuarios sólo podrán ver las primeras, pero no las segundas.

Si esto ha podido ocurrir en relación a unas elecciones, debemos estar preparados para una avalancha de intoxicación en cuanto estalle una guerra, como la que actualmente acosa a China en cada uno de los mercados del mundo.

(*) https://blog.youtube/news-and-events/supporting-the-2020-us-election

Cuanto más internet, más control social

En los viejos tiempos, cuando escribías una carta, Correos no inspeccionaba el contenido. Era un mecanismo neutral de comunicación.

Lo mismo ocurría cuando llamabas por teléfono: el operador no se ponía a escuchar la conversación para valorar lo que decía alguno de los interlocutores.

Al llegar internet, los usuarios pensaron que todo seguiría igual y las plataformas digitales fomentaron esa ilusión. Twitter se declaró como el ala más radical del partido de la libertad de expresión (“the free speech wing of the free speech party”), según las palabras de su responsable en Gran Bretaña.

En un foro o una red social cabían todo tipo de contenidos. En 1996 Estados Unidos aprobó una ley curiosa, llamada “de Decencia de las Comunicaciones”, cuyo artículo 230 exoneraba de responsabilidad a las empresas digitales. Los responsables de los contenidos eran quienes los introducían. Las plataformas son neutrales. No crean contenidos, ni los editan, ni los censuran, ni los comentan.

La llamaron “sociedad de la información”. El universo virtual creció gracias a esa ficción de neutralidad, lo que favoreció la creación de grandes empresas monopolistas y buscadores, que hoy son una de las fuerzas más influyentes en el mundo, hasta el punto de que encumbran tantos gobiernos como derriban.

Su poder es tanto que se ha convertido en su punto más débil: los gobiernos necesitan controlar internet. La pandemia ha vuelto a demostrar que quien vigila internet, vigila la sociedad. Cuanto más internet, más control social. De ahí que la pandemia quiera transformar en virtual la vida social.

El fenómeno se ha convertido en su contrario: hay que controlar internet y para ello hay que controlar a las empresas que dirigen el tráfico de contenidos. En una red social la información ha pasado a ser tan selectiva casi como en cualquier otra cadena de comunicación.

En casos así hay que ponerse a analizar los tabués, ese tipo de contenidos que jamás prospera en un buscador o en una red social. No son diferentes que los de cualquier otro medio de comunicación convencional.

La pandemia actual, por ejemplo, está siendo uno de los mejores laboratorios de censura y lo mismo ocurre con las presiones sobre las cadenas rusas y con quienes difunden contenidos alternativos en esa misma línea, lo cual ha conducido a encargar a las centrales de espionaje el control de internet.

Pero hay también casos menos conocidos en los que la propia censura hace las delicias de los conspiranoicos, como es el caso de los fraudes cometidos por Biden, el nuevo Presidente de Estados Unidos, en Ucrania, algo que ya contamos aquí el año pasado. En una campaña electoral lo normal es que el fraude hubiera sido aireado a los cuatro vientos. No ha sido así.

No obstante, hasta la Wikipedia tiene una entrada sobre el chanchullo, donde se puede leer que, siendo vicepresidente con Obama, Biden “desempeñó un papel importante en la política de Estados Unidos hacia Ucrania” (1). El caso no puede ser más goloso: al mismo tiempo que en 2014 los fascistas daban un Golpe de Estado en Kiev, al hijo de Biden le nombraban miembro de la dirección de Burisma, el mayor productor de gas natural de Ucrania.

Mientras los neonazis del Batallón Azov masacraban a 46 manifestantes en Odesa, sus amigos “progres” del partido demócrata se llenaban los bolsillos. El hijo de Biden salió exculpado de cualquier acusación de fraude y los neonazis igual. Los fascistas y los socialfascistas siempre han ido de la mano.

Son los medios de comunicación ecuánimes, objetivos e imparciales los que tienen que lavar la cara a personajes como Biden y su hijo. “Durante semanas, Hunter Biden fue acusado por la candidatura de Trump de haber realizado negocios oscuros tanto en Ucrania como en China”, dice El Confidencial (2).

Quienes denuncian las corrupción de los Biden son, pues, sospechosos de apoyar a Trump y, por lo tanto, a las corrientes más reaccionarias del imperialismo estadounidese, o quizá se trata de mantener la equidistancia entre unos (republicanos) y otros (demócratas) que, una vez más, son esencialmente iguales.

De esa manera se genera el silencio, que es la peor forma de censura y que no es característica sólo de las grandes cadenas de comunicación. Quienes no siguen la corriente dominante aparecen como marginales que, además de conspiranoicos, le hacen el juego a lo peor de la reacción imperialista.

Pero la historia sigue su curso y, lamentablemente, cuando las elecciones han pasado y ya nadie se acuerda, siguen saliendo trapos sucios: la fiscalía de Delaware abre una causa contra el hijo de Biden por fraude fiscal, es decir, un paraíso fiscal persigue al hijo del Presidente de Estados Unidos por delito fiscal (3).

Así funciona Estados Unidos, tanto en el caso de los Biden como en el de Al Capone. No importa que los peores crímenes queden impunes, pero es intolerable dejar de pagar impuestos. “La fiscalía federal estudia si Hunter y sus socios violaron leyes sobre impuestos y lavado de dinero durante sus negocios en el extranjero”, dice Antena3.

La investigación fiscal contra el hijo de Biden empezó en 2018, pero nos acabamos de enterar ahora, cuando la campaña electoral ya ha pasado. La fuente es el propio Hunter Biden, que ha publicado un comunicado a través del equipo de transición de su padre.

Dentro de poco vamos a ver si las grandes cadenas dispensan a Baiden el mismo tratamiento informativo que han estado dispensando a Trump durante cuatro años o dejarán las noticias en manos de los conspiranoicos, de la censura y de los cazadores de bulos.

(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Hunter_Biden
(2) https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-12-10/hunter-biden-hijo-joe-biden-investigacion-fiscal_2866152/
(3) https://www.antena3.com/noticias/mundo/el-hijo-de-biden-investigado-por-temas-fiscales-en-delaware-eeuu_202012105fd1e1c4d4aa1e0001262f90.html

Los datos que extraen de tu móvil acaban en Estados Unidos

La información privada de los usuarios de móviles de todo el mundo acaba en las bases de datos estadounidenses, según el periodista noruego Martin Gundersen.

Quizás no estén escuchando las conversaciones, pero al menos rastrean los desplazamientos allá a donde vamos.

El 15 de febrero Gundersen comenzó un experimento: instaló 160 aplicaciones en su móvil y se dedicó a llevar el dispositivo consigo a todas partes.

Ninguna de las 160 aplicaciones instaladas nombraban a Venntel en sus condiciones de uso, pero pidió documentación y Venntel le respondió informándole sobre los lugares en los que había estado en más de 75.000 ocasiones.

Venntel se encarga de vender datos de localización que obtiene de usuarios de todo el mundo a organismos estadounidenses como el FBI, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Diferentes organismos públicos de Estados Unidos utilizan los datos recopilados por Venntel para localizar a inmigrantes indocumentados y las rutas que recorren para cruzar la frontera.

Los traficantes de datos dejaron claro que habían compartido esos datos con sus clientes, cuya identidad no quisieron especificar, aunque se trata de organismos policiales y de espionaje estadounidenses.

Venntel confesó que consiguieron la información gracias a Gravy Analytics, otro traficante de datos que se encarga de recopilar información sobre usuarios para mostrarles publicidad personalizada.

A su vez, desde Gravy Analytics afirman desconocer dónde se originan la mayoría de los datos con los que trafican, pero aparecieron los nombres de dos empresas: Predicio (francesa) y Complementics (estadounidense).

El periodista noruego descubrió que los datos que acabaron en Venntel fueron recopilados por una empresa eslovaca llamada Sygic, que tiene un total de 70 apicaciones para descargar de Google.

Gundersen se puso en contacto con Lawiusz Fras, desarrollador de una de las aplicaciones instaladas en su móvil, “Funny Weather”, quien afirmó no conocer a la empresa Venntel.

https://www.genbeta.com/seguridad/mi-telefono-me-espia-periodista-noruego-averiguo-como-sus-datos-localizacion-acabaron-contratista-gobierno-ee-uu

La distancia social es control total

El objetivo de la ingeniería social introducida con la pandemia es la desocialización de las personas, su atomización, que todo se lleve a cabo distanciados unos de otros: teletrabajo, telepago, telemedicina…

La distancia social se logra gracias a las conexiones informáticas, que tienen dos caras. La primera es el control social y la segunda la piratería. Las sociedades quedarán bajo vigilancia, bien sea legal o ilegal.

Durante el confinamiento, Ian Beer, un pirata del Proyecto Cero de Google, desarrolló una técnica para rastrear los móviles con una sencilla antena casera que apunta hacia ellos.

El control total de un móvil sólo cuesta unos 100 dólares (1). No cabe duda que habrá que comprar nuevos móviles, nuevos ordenadores y nuevas tabletas para impedirlo. A su vez, dichas terminales irán equipadas con nuevos sistemas operativos a prueba de piratas, pero sólo es cuestión de tiempo que los piratas mejoren sus ténicas de intrusión.

Beer grabó un vídeo (2) en el que aparece pirateando 26 móviles a la vez con una sola emisión. Envía una señal inalámbrica que funciona incluso si los móviles atacados no están conectados a la red.

En un video técnicamente más complejo (3), Beer da una explicación detallada del ataque.

Lo mismo se puede lograr con un vehículo autónomo. El mes pasado Lennert Wouters, un investigador belga, clonó la llave de un coche Tesla modelo X, entró en su interior, lo arrancó y lo puso en movimiento.

Sólo necesitó un equipo que cuesta unos 300 dólares.

(1) https://www.vice.com/en/article/4ad3jm/watch-google-hacker-ha-26-iphones-with-zero-day-exploit
(2) https://www.youtube.com/watch?v=ikZTNSmbh00
(3) https://www.youtube.com/watch?v=_sTw7GGoJ6g

Massachusetts prohibe el reconocimiento facial por parte de la policía

Massachusetts podría ser el primer estado en prohibir el uso de tecnologías de reconocimiento facial por parte de la policía. Los diputados y senadores del Estado han aprobado un proyecto de ley de reforma de la policía que impide a la policía y otras instituciones públicas el uso de estas técnicas invasivas de la intimidad.

La ley tiene excepciones. La policía puede obtener una orden para recurrir al reconocimiento facial para comparar el permiso de conducir de alguien y para recabar pruebas en el caso de investigaciones por lesiones graves o muerte.

Los sistemas de reconocimiento facial son un atentado al derecho a la intimidad y confieren a la policía facultades de control absoluto sobre los movimientos de la población, que se suman a otros, como la videovigilancia.

La razón por la cual se prohibe el uso de sistemas reconocimiento facial es que todavía están lejos de ser perfectos, y los estudios continúan mostrando que es más probable que identifiquen erróneamente a hombres negros que a blancos.

La tecnología ha mejorado mucho en la última década gracias a la “inteligencia artificial”, pero se ha detectado que los sistemas proporcionados por empresas privadas con poca supervisión pública, presentan sesgo en áreas como la edad y la etnia, lo que hace que la herramienta no sea fiable.

El reconocimiento facial produce resultados inexactos, especialmente para las personas que no son de tez blanca, según un estudio del gobierno de Estados Unidos, que demostró que los algoritmos de reconocimiento facial mostraron tasas de falsos positivos para asiáticos y afroestadounidenses hasta 100 veces más altas que para los blancos.

Los investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), un centro público de investigación, también encontraron que varios algoritmos asignaron el género incorrecto a las mujeres negras casi el 35 por ciento de los casos.

Los errores son demasiado grandes y, por lo tanto podrían llevar al encarcelamiento de personas inocentes, además de que la tecnología podría usarse para crear bases de datos que pueden ser pirateadas.

Kade Crockford, portavoz de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) dice que “nadie debería temer que el gobierno rastree e identifique su rostro donde quiera que vaya, o que se enfrente a una detención injusta debido a una tecnología sesgada y propensa a errores. Felicitamos a la legislatura por impulsar un proyecto de ley para proteger a todos los residentes de Massachusetts de la tecnología de vigilancia facial no regulada”.

Varias ciudades de los Estados Unidos han aprobado prohibiciones similares de reconocimiento facial en los últimos años. San Francisco se convirtió en la primera ciudad en prohibir su uso en mayo de 2019, seguida de Somerville, Massachusetts y Oakland, California. Boston prohibió la tecnología en junio, mientras que Portland, Maine, lo siguió en noviembre.

Sin embargo, las normas de esas ciudades, como Massachusetts, solo prohíben el uso del reconocimiento facial por parte de la policía y los funcionarios públicos.

El pucherazo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no es ninguna novedad

En Estados Unidos las elecciones siempre han sido fraudulentas, aunque sólo se queja el candidato que las pierde. Cuando ganan los republicanos, protestan los demócratas, y al revés si son éstos los que ganan.

Ocurre como en cualquier república bananera, si bien antes los pucherazos se hacían de forma manual, con documentación falsa, haciendo votar a los muertos o falsificando el voto por correo.

Hoy se lleva a cabo de manera digital, moderna, gracias a la “inteligencia artificial”. Lo llaman “voto electrónico”.

Para encubrir el fraude hace cuatro años los demócratas lanzaron la cortina de humo del “candidato manchú”: quienes habían manipulado las elecciones eran los rusos.

En 2002 Bush llegó a la presidencia gracias a un recuento de votos rocambolesco que hizo historia y prorrogó el cargo cuatro años después con otro trucaje, que dio lugar a la película “Hacking democracy”, rodada en 2006 (*).

En el mundo moderno las elecciones se piratean y es algo tan corriente que en 2004 el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que privatizó el recuento electoral, encomendándolo a ciertas empresas. Se llama Ley Hava o ley de ayuda al voto de América.

Ya no es ningún misterio que quienes designan al Presidente de Estados Unidos son las empresas privadas. La Ley Hava fue acompañada de la creación de una Comisión Electoral y de fondos para sustituir los vetustos métodos de recuento electoral por los modernos.

Unas elecciones modernas se piratean de dos maneras: bien porque los ordenadores están diseñados para el fraude, o bien porque alguien las controla “desde fuera”. Donde hay un ordenador, al lado hay un pirata informático que puede hacerse con el control y la Ley Hava se olvidó de la piratería, de modo que no hace falta ser un experto consumado para alterar un recuento electoral.

Un informático ha demostrado que con un destornillador y una tarjeta de memoria se puede piratear un ordenador de recuento de votos en 7 minutos. Si está conectado a internet también se puede hacer de manera remota, mucho menos cutre.

Los fraudes electorales han dado luchar a varios juicios en Estados Unidos. En uno de ellos, celebrado en 2007 en Nueva Jersey, el profesor de informática de la Universidad de Princeton, Andrew Appel, intervino como perito y declaró que es “muy fácil reemplazar el programa de un ordenador para que el votante piense que está votando por un candidato, cuando en realidad está votando en la columna equivocada […] Incluso se puede programar para que lo haga sólo el día de las elecciones”.

Aquel mismo año el Secretario de Estado de California impugnó las elecciones porque los ordenadores permitían la inserción de programas del tipo “caballo de Troya” a través de un dispositivo de almacenamiento extraíble que podía alterar los resultados de los votos. Los ordenadores se podían diseñar para mover los votos de un candidato a otro y el desplazamiento no es detectable en el recibo que se le entrega al votante.

En Alemania el voto electrónico se implementó en 2005 y cuatro años después se dejó de utilizar. El Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional porque las personas que carezcan de conocimientos técnicos no pueden controlar el recuento. No tienen más remedio que confiar en la palabra de una empresa o de un experto.

En Holanda se dejó de usar el voto electrónico en 2006 después de dos décadas porque se comprobó la facilidad de violar el secreto del voto. Un grupo de informáticos demostró que a 25 metros de distancia —y con un equipamiento accesible y barato— se podía saber a quién había votado alguien.

En Finlandia se realizó una prueba del voto electrónico en tres municipios durante las elecciones de 2006. Sin embargo, luego esos comicios tuvieron que ser anulados.

El gobierno de Irlanda gastó en 2002 ciento de millones de euros en las elecciones digitales y dos años después, la comisión que supervisó el sistema declaró que no era capaz de garantizar la seguridad del recuento. En 2012 el gobierno irlandés vendió las 7.500 máquinas de voto electrónico que habían comprado.

En España tanto Ciudadanos como Podemos quisieron dar muestras de modernidad y lo que hicieron fue cometer fraudes gloriosos contra sus propios afiliados.

(*) https://www.imdb.com/title/tt0808532

Suecia: del dinero fiduciario a la moneda digital y regreso al punto de partida

A comienzos de este año Suecia, pionera en la erradicación del dinero fiduciario, dio marcha atrás. El gobierno promulgó una nueva norma que entró en vigor el 1 de enero para obligar a los bancos a entregar billetes y monedas.

Los suecos pueden volver a retirar dinero en efectivo en un radio de 25 kilómetros de su casa. La ley se aplica al 99,7 por ciento de la población y el banco central vigila para que los bancos recalcitrantes cumplan con la norma.

En un país en el que todo se puede pagar con tarjeta, sin compra mínima, desde la más pequeña hasta la más grande, cada vez más suecos no llevan monedas o billetes. El sistema de pago digital “swish” es instantáneo por teléfono y vincula cada número a una cuenta bancaria. Suecia fue uno de los primeros en adoptar la nueva tecnología, que muchos celebraron como la divisa de una sociedad modélica… en todo menos en la pandemia.

En Suecia sólo circulan 56.000 millones de coronas, lo que representa sólo el 1,2 por ciento del PIB, y el dinero en efectivo se utiliza ahora en sólo en el 6 por ciento de las transacciones. Es el nivel más bajo del mundo, dado que el promedio de la zona euro es de más del 10 por ciento. Hasta este año las tiendas rechazaban el dinero en efectivo.

La motivación principal del cambio es social. El dinero digital tiene un coste que muchos no pueden pagar. Exige tener un móvil, número de registro universal, una cuenta bancaria y una dirección fija que no tienen los inmigrantes, los turistas o las personas en situación precaria.

Requiere el dominio de las aplicaciones digitales y la capacidad de consultar la cuenta bancaria en una terminal: un móvil, un ordenador o una tableta, que no todos tienen y no todos pueden comprar.

También requiere una conexión permanente a la red telefónica y a internet, lo que no siempre es posible en las zonas rurales. Por lo tanto, impide a todos aquellos que no cumplen estas condiciones comprar bienes y servicios.

A los ciudadanos también les preocupa el riesgo de ataques informáticos o la caída de la conexión a internet. Se quedarían sin medios de pago.

El Presidente chino Xi Jinping propone al G20 un sistema mundial de identificación sanitaria

En la cumbre del G20, que se ha celebrado en línea, el Presidente chino Xi Jinping ha propuesto un sistema mundial de identificación sanitaria basado en los códigos QR con el fin de impulsar el comercio y los viajes internacionales.

Los códigos QR sanitarios deberían ser mundialmente reconocidos.

“Mientras contenemos el virus, necesitamos restaurar el funcionamiento seguro y sin problemas de las cadenas industriales y de suministro mundiales”, dijo el dirigente chino en la cumbre virtual del G20 que se celebró ayer, al tiempo que abogaba por la necesidad de “reducir los aranceles y las barreras” y liberalizar el comercio de suministros médicos esenciales.

También pidió la creación de mecanismos que simplifiquen el “movimiento ordenado” de personas en todo el mundo. Estos mecanismos podrían tomar la forma de códigos QR que contengan información sobre la salud de los viajeros, dijo Xi.

Paralelamente la ONU ha anunciado el lanzamiento de un documento digital biométrico para identificar y controlar a sus propios funcionarios.

Los datos biométricos comprenden las huellas dactilares, rasgos faciales, raza, sexo iris, enfermedades, discapacidades o genoma, entre otros.

Uno de los organismos especializados de la ONU, la Organización de Aviación Civil Internacional, también está avanzando hacia un documento digital de viaje reconocido internacionalmente.

Además, las compañías aéreas van a exigir a los pasajeros que firmen un pasaporte sanitario que incluya un certificado digital de vacunación contra el coronavirus para poder volar.

El sistema será de naturaleza similar al previsto por Ticketmaster, la empresa de venta de billetes en línea para espectáculos deportivos o culturales (*). A mediados de este mes la empresa anunció que va a exigir a los compradores que demuestren que han sido vacunados o que han dado negativo en las pruebas de coronavirus antes de permitirles comprar los billetes.

Más tarde Ticketmaster aclaró que la decisión final sobre estas medidas va a recaer en los organizadores de los espectáculos y que aún estaba considerando la implementación del mecanismo de control.

Las aerolíneas quieren seguir este modelo. Tres alianzas mundiales que representan a 58 aerolíneas presionan a los gobiernos para que realicen pruebas masivas de coronavirus a los pasajeros, en lugar de las actuales restricciones de viaje por cuarentena, que según las aerolíneas son ineficaces y han acabado con los viajes.

Es probable que el sistema se organice bajo los auspicios de CommonPass, un programa patrocinado por el Foro Económico Mundial.

Uber y otras empresas también están empezando a denegar servicios a las personas que no cumplen las restricciones del toque de queda.

El universo de los “sin papeles” se va a convertir en una pesadilla en la “nueva normalidad”. Cada aspecto de la vida privada de las personas será centralizado digitalmente usando la biometría y, en muchos casos, la cadena de bloques (blockchain).

Surgirá una casta inferior de apestados, ciudadanos de segunda división, que quedarán condenados al arresto domiciliario. No podrán trabajar, no podrán viajar, no podrán asistir a un concierto, no podrán relacionarse con otros…

(*) https://www.axios.com/ticketmaster-digital-health-pass-coronavirus-airlines-7898b5ee-5eef-4cbc-9de5-00a84e243ade.html

Tecnología y lucha por los mercados en una economía de guerra

La economía de guerra ha tomado un nuevo giro desde la llegada de las redes 5G al mundo de las telecomunicaciones. Es una guerra tecnológica donde Estados Unidos intimida a China y se muestra dispuesto a cualquier cosa para detener el ascenso de empresas punteras como Huawei.

África ha quedado en medio del fuego cruzado. Hace años que China es un protagonista de primer orden en el Continente Negro y Huawei también. La empresa está presente en los 63 países en los que ofrece una amplia gama de servicios: venta de móviles, formación universitaria, servicios en la nube, red de Internet, sistemas de vigilancia, ciudades inteligentes…

Huawei vende terminales y servicios que son un 15 por ciento más baratos que Nokia y Ercisson, por lo que se ha apoderado del mercado africano. Cubre más del 60 por ciento de las instalaciones de 3G-4G y quiere desarrollar las redes 5G, que son el escaparate del choque tecnológico entre ambas potencias.

Esto explica las sanciones impuestas por Estados Unidos en mayo del año pasado, tanto a Huawei como a ZTE, otra empresa china de telecomunicaciones.

El año pasado Washington puso encima de la mesa 60.000 millones de dólares para ayudar al desarrollo de los países africanos que renuncien colaborar con Huawei.

Como en el resto del mundo, también en Estados Unidos ha puesto en marcha la maquinaria de propaganda mediática para acusar a la empresa china de espionaje y vigilancia masiva. El periódico francés Le Monde asegura que el Partido Comunista de China ordenó a Huawei espiar las reuniones de la Unión Africana.

Estados Unidos también ha recurrido al chantaje para impedir que Huawei acceda a los microprocesadores y China ha respondido amenazando con cortar el suministro de las tierras raras necesarias para fabricarlos.

Los grandes monopolios tecnológicos (Google, Facebook, Amazon, Microsoft) han salido al rescate. El año pasado Google eliminó las aplicaciones de los móviles de Huawei y los chinos reaccionaron prometiendo un nuevo sistema operativo y aplicaciones de reemplazo para sus usuarios.

Estados Unidos ha logrado que sus secuaces también le respalden. Australia, Canadá, Reino Unido, Japón, Singapur y Nueva Zelanda han adoptado medidas contra la empresa china.

Pero Estados Unidos no es inmune a las acusaciones de vigilancia y espionaje por medio de las nuevas tecnologías de la información, como se demostró tras las revelaciones de Edward Snowden en 2013.

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