El Tribunal Constitucional ha dictaminado una obviedad: que el estado de alarma vulnera las garantías y libertades fundamentales. Cualquier demanda que se interponga en un organismo judicial europeo ante los múltiples atropellos propiciados con la excusa de la pandemia, dictaminará lo mismo, porque estamos ante un Golpe de Estado como nunca se había conocido a lo largo de la historia.
Como en España dicho Golpe de Estado lo ha propiciado un gobierno del PSOE y Podemos, y como el demandante ha sido la organización fascista Vox, el jueguecito de los reformistas está servido. Les ha faltado tiempo para mostrarse agarrados al cargo para defender lo indefendible con uñas y dientes, como vienen haciendo desde hace un año.
Han matado a 80.000 personas a lo largo del estado de alarma y gentuza como Ione Belarra no tienen empacho en decir que lo hicieron para “salvar vidas”.
Ahora ya no respetan las decisiones judiciales como antes. Se han dado cuenta de que los magistrados del Tribunal Constitucional son fascistas, mientras que los del Tribunal Supremo que condenaron a los encausados del “procès” por sedición, no lo eran; y los de la Audiencia Nacional, tampoco.
Hemos llegado a tal punto de confusión que, por fin, hemos empezado a hablar de fascismo, pero ya no sabemos quiénes son fascistas y quiénes no. Hace 200 años los revolucionarios salían a calle gritando “¡Libertad!”, mientras a la clerigalla le gustaban las cadenas y grilletes. Ahora la situación ha dado una vuelta de 180 grados.
A los “progres” de pacotilla les ha entusiasmado ver encerrados a 200 jóvenes en un hotel de Mallorca por orden administrativa, que es como el ejército israelí encierra a los palestinos sin cometer ningún delito.
La demagogia reformista consiste en decir que los fascistas son los de Vox. Los del PP sólo son conservadores. Pero todos participan en la misma farsa institucional. Al comienzo Vox criticó al gobierno del PSOE y Podemos porque no había impuesto el estado de alarma y, después de la primera prórroga, en la que votaron a favor, lo siguió criticando por lo contrario.
Suele ocurrir muy a menudo entre los bocazas. Vale todo.
Lo realmente preocupante es que España ha vivido más de un año bajo una ley marcial impuesta por un gobierno reformista, algo que no tiene precedentes. Durante el franquismo los estados de excepción, normalmente, eran de sólo un mes y jamas pusieron un bozal en el hocico de las personas de manera masiva, ni las mantuvieron semanas encerradas en sus casas.
Este gobierno de farsantes, que sacó votos con el engaño de la derogación de la ley mordaza, la aplicó masivamente, imponiendo 1.400.000 multas, lo que tampoco tiene ninguna clase de precedentes históricos.
De esta manera los reformistas son quienes han impuesto el terrorismo de Estado y han dejado la calle para los fascistas, ostentando la bandera de la “Libertad”. Luego se extrañan de que en los barrios populares no les votan y del “auge de la ultraderecha”. Se lo han servido en bandeja.
La sentencia del Tribunal Constitucional es otro fracaso del montaje orquestado en torno a la pandemia y cada día seguirán llegando más, de todos los tipos diferentes, no sólo en forma de papeles, de sentencias judiciales o de artículos científicos, sino de movilizaciones en la calle.
En todo el mundo los estados de emergencia han profundizado una crisis económica anterior que ya no se refleja sólo en despidos masivos, sino en hambre y en familias arrojadas de sus viviendas. Los que han permanecido confinados en sus casas junto a la estufa y al ordenador, deberían pensar en cojer la pancarta y salir a calle de nuevo, como ayer en París.
¿O seguirán con la tontería de que los que salen a calle a protestar contra los pasaportes sanitarios y la vacunación obligatoria son la famosa “ultraderecha”?, ¿seguirán aferrados a las cadenas y quieren que todos hagan como ellos?
