Si buscamos en la red el nombre de Saturnino Andrés Alba, nos encontraremos con dos entradas de noticias suyas de un mismo periódico, el ABC, con una distancia de casi ochenta años. La primera pertenece al archivo histórico digital del medio: el 2 de mayo de 1939, un largo artículo con el título “Siguen practicándose detenciones de sujetos acusados de asesinatos y robos” desgranaba una larga lista de nombres asociados a crímenes, a cual más truculento, desde “capitanes rojos” a “responsables de checas”. Uno de esos nombres era el de Saturnino Andrés, “de la CNT, que formó parte de la checa del cine Europa; se le acusa de haber cometido numerosos asesinatos, entre ellos el de una religiosa”. Los periódicos de la época Arriba, Ya, Informaciones- publicaban esta clase de partes oficiales para jalear la campaña represiva contra sus oponentes políticos. Aquellos que los abrían sabían leer entre sus líneas la cotidiana realidad que se desarrollaba detrás: la de una serie continua de encarcelamientos y ejecuciones en las mismas cárceles y, principalmente, en las inmediaciones del cementerio del Este o de la Almudena.
Resulta casi grotesco que solo en 2018 se haya podido aquilatar la cifra más o menos exacta de ejecuciones -por fusilamiento y por garrote- producidas entre abril de 1939 y febrero de 1944 en Madrid capital, en un trabajo encargado por el anterior Ayuntamiento -por la ya desaparecida Oficina de Derechos Humanos y Memoria, que facilitó el acceso de un equipo de historiadores a la documentación del cementerio-, y que hasta el momento asciende a 2.936, ochenta de ellas mujeres. El estudio sobre la cifra y datos básicos de estas 2.936 personas debía servir precisamente para inscribir sus nombres completos en un monumento proyectado en el cementerio de la Almudena por el prestigioso artista Fernando Sánchez Castillo, actualmente paralizado por el actual consistorio.
Fue precisamente para denostar este proyecto apenas presentado que el periódico ABC publicó una relación de 335 personas -de estas 2.936 ejecutadas- que, en su condición de presuntos “chequistas”, siempre según este medio, no debían figurar en el monumento proyectado. La página de portada del día 19 de febrero de 2018, con el titular “Carmena homenajeará a 335 chequistas en un Memorial”, recogía una relación de los nombres y apellidos de los mismos en telón de fondo, por detrás de una fotografía de Carmena. Así, cerca de ochenta años después, volvía a aparecer el de Saturnino Andrés Alba.
No me referiré aquí a la polémica surgida en su momento, que salpicó al ya desaparecido Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento, y en la que tuve ocasión de intervenir como responsable del equipo de historiadores mencionado. Por otra parte, las asociaciones memorialistas encabezadas por Memoria y Libertad, el colectivo de familiares de víctimas del franquismo en Madrid, llevan ya tiempo denunciando la situación por la parte que les toca. Mi intención es doble. La primera es la de examinar la documentación conservada sobre uno de estos 335 casos de “chequistas” y leerla con un sentido crítico, a la luz de otras fuentes e informaciones. La segunda es la de reflexionar, también como historiador, sobre esta mala práctica de utilizar la -mala- historia como arma política de ocasión, sin reparar en el daño que pueda hacerse a las familias de las personas mencionadas. Porque detrás de cada nombre, de cada uno de estos nombres que deberían figurar en el proyectado monumento de recuerdo, y que durante décadas han estado ocultados cuando no vilipendiados, hay una familia. Es una cuestión de rigor historiográfico, desde luego, pero también, y sobre todo, de sensibilidad moral. Y, para ello, bien podemos empezar con uno de esos 335 nombres a los que, casi ochenta años después de su ejecución sumaria, se pretende condenar por segunda vez al olvido remachando de paso la calumnia de la que fue víctima en 1939. Empecemos pues por Saturnino Andrés Alba, el presunto “chequista”.
1. La acusación
Había transcurrido justamente un mes desde la entrada oficial de las tropas sublevadas en Madrid cuando el albañil Saturnino Andrés Alba Millán, de 48 años de edad, fue detenido en el barrio de Tetuán donde residía por tres agentes del Servicio de Investigación Político-Militar (SIPM) de Cuatro Caminos, compuesto mayoritariamente por miembros de la Falange clandestina y policías y militares de la República que habían trabajado como “quintacolumnistas” durante la guerra. Eran Adolfo del Yerro, Gregorio Triviño y otro Saturnino, este de apellido Millán. Es de suponer que Adolfo del Yerro Rodríguez, la voz cantante de los tres, se había bregado como “quintacolumnista”, ya que justo un año atrás, a finales de abril de 1938 figuraba como sargento del Ejército de Maniobra en Madrid. Lo mismo podría decirse de Gregorio Triviño Utesa, nombrado auxiliar de la Dirección General de Seguridad en mayo de 1936. En este primer atestado policial, los tres agentes justificaron la detención alegando “fundadas” sospechas de que el albañil había pertenecido a la “checa” del cine Europa, en Cuatro Caminos, y de que había violado a una monja a la que asesinó después.
Saturnino Andrés firmó su declaración recogida a máquina con una firma llamativamente temblorosa –que contrastaría con las firmas posteriores de las sucesivas declaraciones ante el juzgado-, elocuente indicio del maltrato sufrido a manos de dichos policías. A veces un simple trazo irregular en un documento escrito puede informar tanto como las palabras que reproduce. Palabras, por cierto, que todo historiador debería someter siempre a crítica –al igual que ocurre con los “subjetivos” relatos orales- no tanto por lo que dicen sino por cómo lo dicen, y aún más por lo que ocultan. Porque, ¿sabemos de alguna dictadura del siglo XX que haya levantado escrupulosa acta de una sesión de tortura, práctica a la que tanto se recurrió, y más aún durante la posguerra española? La dictadura franquista no, desde luego. Y torturas hubo durante toda la dictadura, y especialmente en los exaltados y vengativos momentos de la conquista y ocupación del Madrid republicano.
En aquella primera declaración ante la policía de fecha 30 de abril de 1939, Saturnino reconoció haber pertenecido a la CNT –un dato habitual, dado que la sindicación fue obligatoria durante la guerra- y haber estado de guardia en el “Europa” cuando un tal “Cándido” y un tal “Avelino” llevaron un día al cine a una “monja medio desmayada y con las ropas desgarradas”, y que esa misma noche “los citados se la llevaron, acompañados por el declarante, en coche hasta las cercanías del Alto del Hipódromo”, donde le dispararon varios tiros y regresaron al Europa.
2. Un paréntesis: la sugestión de la palabra escrita
Hasta ahí esa primera declaración de fecha 30 de abril, escrita a máquina en el cuartel del SIPM, con la temblorosa firma de Saturnino debajo. Nunca deja de asombrarme el tremendo poder de sugestión de veracidad, casi fetichista, de la palabra escrita, sobre todo cuando se trata de un documento oficial, en este caso del subgénero político-jurídico. La sugestión no es otra que la de su presunta “objetividad” –en contraste con un relato a viva voz, en primera persona- pero un mínimo examen siempre nos informa de las importantes mediaciones que contiene. Para empezar, ese uso de la tercera persona –la del “declarante”- con el que se pretende mantener una distancia, objetivizar un relato con una frialdad que no puede contrastar más con la escena a la que, desgraciadamente, no podemos llegar más que con la imaginación, eso sí, partiendo de indicios: la de un hombre convertido en un animal acorralado. En segundo lugar, el lenguaje, que no es otro que es el de un formalismo secular –aquí se nos representa la importancia del funcionario escribiente, del secretario del atestado policial- en sus expresiones, tan alejadas seguramente del habla vulgar de los policías que detuvieron a Saturnino. El resultado no habría podido ser otro que respuestas construidas sobre las propias alambicadas preguntas, a partir de lo que seguramente no serían más que monosílabos pronunciados por el “declarante”, y concretamente el monosílabo buscado por los policías, el que justificaba la acusación.
3. De la comisaría a la cárcel
Pero volvamos a nuestro caso, y retengamos de momento los evanescentes detalles de la acusación: no hay apellidos, sino solo un tal Cándido y un cual Avelino, y la ejecución de una monja desmayada y con las ropas desgarradas. Cuando Saturnino vuelve a declarar, menos de quince días después, lo hace ya ante el juez militar de guardia de Chamberí, distrito al que pertenecía el comité de defensa instalado en el cine Europa desde la sublevación. Aquí se produce ya una importante diferencia por lo que se refiere al contexto de la declaración. Esta vez no se trata de la primera declaración obtenida seguramente bajo tortura en una dependencia policial, sino de una presentada ante el juez militar de guardia en ocasiones en la propia prisión, en locutorio judicial. Ha pasado ya algún tiempo, es posible que el acusado se haya recuperado físicamente en la prisión de Yeserías –por lo general todos los relatos orales coinciden en el alivio que suponía el paso de la comisaría a la cárcel- y haya podido armar de mejor manera su argumentación de defensa. Efectivamente, con fecha 13 de mayo, Saturnino empezó negando haber pertenecido a la “checa” del Europa y colaborado en ejecución alguna para afirmar, no sin un dejo de orgullo –imaginamos-, que había pertenecido a la UGT desde 1914 hasta 1934, y después a CNT. Continuó después reconociendo que se había presentado como voluntario en el Europa –que no en la “checa”- y que después estuvo “fortificando” en Toledo, donde prestó asimismo servicio en un hospital confederal.
Al contrario que en la declaración del atestado policial de abril, la declaración ante el juez militar de 13 de mayo resulta rica en datos y referencias de lugares, que no de nombres. Cabe aquí imaginar que no se trató de una ristra de monosílabos en respuesta a preguntas más o menos artificiosas o efectistas. El orgullo sindical del viejo albañil se manifestaba en el dato del reconocimiento de su primera afiliación a la UGT ni más ni menos que en 1914 –en los archivos policiales, los datos históricos de afiliaciones o actuaciones sindicales no solían retrotraerse más allá de 1934-, así como en su paso a la CNT, que seguramente algo tendría que ver con los sucesos de octubre. En esta primera declaración ante el juez, Saturnino reconoció también su incorporación como voluntario al “Europa”. No a la “checa” –término de los “otros”, que no de los propios- sino a lo que había significado “el Europa” del verano de 1936, un comité de defensa confederal que no se limitó a labores de seguridad interior en situación de guerra -y “revolución”- sino también a la la organización de abastos y repartos de alimentos, talleres, comedores sociales, formación política y actividades educativas. En cuanto a las labores de fortificación y asistencia en hospitales, no eran de extrañar en un hombre ya bien entrado en los cuarenta, poco apto por tanto para el combate en los frentes.
4. La instrucción
Cuando efectuó esta primera declaración ante el juez de guardia el 13 de mayo, Saturnino se hallaba encarcelado en la abarrotada prisión de Yeserías, una de las más de veinte que salpicaban la capital por aquel entonces. Poco más de una semana atrás su nombre había aparecido en la noticia de prensa reseñada al principio de este artículo como “acusado de haber cometido numerosos asesinatos, entre ellos el de una religiosa”, en tanto que componente de la “checa” del cine Europa. La prensa alimentaba por entonces los ánimos revanchistas sin escatimar hipérboles, como la de que catorce individuos habían sido acusados de cometer, solamente ellos, mil asesinatos, recogida en esa misma noticia.
La Auditoría de Guerra, órgano centralizador de la justicia militar, encargó el día 23 de mayo la instrucción de la causa al juzgado de instrucción número 5 de Madrid, de manera que todas las diligencias efectuadas hasta el momento se remitieron a dicho juzgado. Entre ellas, el puesto de la guardia civil de Tetuán –barrio donde estaba domiciliado el procesado- aportó informes de su actuación anterior a 1936, un clásico en la casuística de la represión franquista en Madrid, ya que al contrario de lo que ocurrió en otros lugares, como Barcelona, los archivos policiales de la capital se habían conservado durante toda la guerra. Estos archivos proporcionaron una munición importante para la instrucción de los sumarios militares de posguerra, donde el simple hecho de haber roto una farola durante la insurrección de octubre de 1934 podía reforzar gravemente la incriminación del perseguido.
En su declaración ante el juez instructor de 7 de junio de 1939, Saturnino solamente reconoció que había sido “obligado” a fortificar. Es posible que, conociendo por entonces otros casos similares al suyo en Yeserías, alterase su declaración convencido ya de que el simple reconocimiento de haber participado voluntariamente en labores de retaguardia le acarrearía una condena grave, para no hablar de la de haberse presentado como voluntario en el cine Europa, registrada incluso en prensa. En esa fecha aportó ya informes favorables de sus vecinos dirigidos al SIPM de Cuatro Caminos –su esposa y cinco vecinos más- acerca de su conducta moral, su carácter trabajador y el dato de que no estuvo envuelto en actos violentos durante la guerra. Seguramente hemos de ver aquí la mano de su esposa, como la de tantas mujeres que, con sus maridos en prisión, se afanaron en buscar avales favorables que nunca estaban exentos de peligro para aquellos que los firmaban. Y he aquí que tropezamos con la primera sorpresa, que hizo trastabillar la instrucción: el propio SIPM de Cuatro Caminos informó con fecha 9 de junio de que el procesado presentaba una “excelente conducta y era un excelente trabajador”.
Dadas las contradicciones obrantes en la causa, la instrucción hubo de prolongarse durante todo el mes de junio, cuando, tratándose de presunto autor o cuanto menos cómplice de la violación y del asesinato de una monja, el consejo de guerra y la consiguiente ejecución deberían haberse tramitado con gran celeridad. Durante esta instrucción prolongada, uno de los agentes del SIPM de Cuatro Caminos que lo detuvieron, Adolfo del Yerro Domínguez, se ratificó en sus acusaciones del 13 de mayo.
Vamos con la segunda sorpresa. Con fecha 23 de junio, la delegación de la Falange de Chamberí en Cuatro Caminos afirmó que Saturnino efectivamente estuvo en el “Europa” pero que trabajó después como encargado en el cementerio del Este, señalando que el procesado “no ha debido de tener una actuación muy destacada ni ha debido de participar en ningún hecho delictivo”. A la altura de la primavera de 1937, la plantilla de la necrópolis del Este había quedado mermada por las movilizaciones y los vacíos se cubrían con personal no cualificado, mayor de 45 años, nombrado por las organizaciones sindicales: seguramente ese sería el caso de Saturnino. Y haber trabajado en el cementerio del Este durante la guerra no supondría precisamente un grave cargo a ojos de las nuevas autoridades, al menos a partir de la primavera de 1937, con su director y consejero delegado de cementerios de Madrid, el cenetista Melchor Rodríguez, El Ángel Rojo, favoreciendo bajo mano a gentes de derechas con la concesión de nichos y tumbas. Y no ya la Falange de la delegación de Chamberí, sino el propio Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa –al que pertenecía Saturnino en razón de su domicilio en Tetuán- en un informe de conducta firmado el 27 de junio afirmó ignorar que el procesado hubiera cometido crímenes.
5. La sentencia
Los informes parecían favorecer al procesado. Cualquier proceso judicial mínimamente garantista, incluso dentro de la jurisdicción militar, habría exonerado a Saturnino. Una primera declaración no ratificada realizada en condiciones harto especiales, una grave acusación formulada sin nombres completos -el de sus cómplices, el de la monja- ni detalles; varios informes oficiales no demasiado desfavorables –uno municipal, otro de la propia Falange de Chamberí-; avales de vecinos… Si el sistema represivo hubiera sido coherente con su propia parafernalia de simulacro jurídico, el procesado habría debido librar la vida cuando menos. Pero lo que reveló el sistema fue precisamente la gratuidad del simulacro. Porque todo volvió al punto de partida, a aquella primera declaración de los tres agentes del SIPM de Cuatro Caminos que detuvieron y seguramente torturaron a Saturnino para que se incriminara como uno de los ya clásicos “chequistas” del Europa, en la terminología revanchista de las nuevas autoridades.
El último informe del jefe de información de Falange en Tetuán –seguramente relacionado con los tres agentes del SIPM de la primera acusación- incorporado a la instrucción del sumario, alegó que alguien “había oído jactarse” a Saturnino de “haber participado en el asalto al cuartel de la Montaña y de haber violado a una monja”. Mayor vaguedad no cabe, cuando ni siquiera se nombra a ese “alguien” que supuestamente oyó “jactarse” a Saturnino. Pero finalizada la instrucción, fue esta la versión que quedó consagrada en los escritos del auto resumen y del fiscal, y que terminó reproduciéndose en la sentencia con condena a muerte de 12 de agosto. Y es que la sentencia estaba ya escrita desde aquella primera detención de abril, cuando se acusó a Saturnino de pertenencia a la “checa” del Europa y del crimen de la monja. Si acaso, la posterior aparición de algunos palos en las ruedas –de cierta importancia, a juzgar por las contradicciones entre los informes de las autoridades falangistas de Tetuán y Cuatro Caminos- solo sirvió para que se reforzara la acusación inicial con otras sobrevenidas y de lo más tópicas, como la de haber participado en el asalto al cuartel de la Montaña, porque si hacemos caso de las acusaciones recogidas en los miles de sumarios de posguerra, medio Madrid había colaborado en dicho asalto, o incendiado la iglesia de San Luis, por citar otro ejemplo citado ad nauseam.
6. Destinos dispares
Los policías del SIPM que sostuvieron la burda acusación contra Saturnino, dos de ellos al menos, continuaron ejerciendo su profesión durante años y fueron condecorados por ello. En 1960, el inspector jefe Adolfo del Yerro Rodríguez fue ascendido a comisario de segunda clase del cuerpo general de policía. El también comisario del mismo cuerpo Saturnino Millán Criado recibió la cruz con distintivo blanco al mérito policial en 1965.
Saturnino Andrés Alba, natural de Alcalá de Henares y avecindado en Tetuán, hijo de Tomás y de Francisca, esposo de Enriqueta y padre de siete hijos, albañil, fue fusilado en las inmediaciones del cementerio del Este el 2 de diciembre de 1939 junto con otras veintiuna personas. Como se apuntaba al principio, es uno de los 335 nombres a los que medios de derecha y la actual corporación municipal madrileña quieren negar su inscripción en el proyectado monumento a las personas ejecutadas durante la posguerra en Madrid –y de paso los de las más de dos mil seiscientas personas ejecutadas restantes- basándose en la difusa y ofensiva acusación de “chequista”, oprobioso término del franquismo que dichos medios parecen saborear como un caramelo. Más arriba comentábamos el paralelismo de las dos entradas del periódico ABC, con una diferencia de casi ochenta años. De 1939 a 2018, los mismos términos, el mismo lenguaje, las mismas ofensas.
Si el actual Ayuntamiento de Madrid persiste en su actitud de bloqueo al monumento y a la inscripción de todos los nombres –los de las 2.936 personas ejecutadas en el periodo 1939-1944- por su incuestionable condición de víctimas de los procesos represivos de la dictadura, faltos de toda garantía jurídica, habrán validado con ello los irregulares procesos incoados contra decenas de miles de personas, al margen de las acusaciones de las que cada uno fuera objeto. Habrán sancionado y ratificado farsas judiciales arbitrarias y de ánimo tan revanchista como la de Saturnino Andrés Alba. Es lo que hizo ya el periódico ABC al exhibir y publicar los nombres de los supuestos “chequistas” hace año y medio con el único propósito de insultar su memoria y a sus familiares. Solo que ahora se trata de borrarlos efectivamente del monumento proyectado y ahora en suspenso, de desterrarlos de la memoria pública, cohonestando de paso los procedimientos criminales del franquismo… más de cuarenta años después de la muerte del dictador.
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