Causa indignación el caso de un joven manifestante que fue arrojado desde un puente por un policía el pasado 2 de octubre en Santiago de Chile. Además, durante las protestas masivas por mejoras en la calidad de vida y un cambio constitucional de fines del año pasado, la policía chilena fue acusada de torturas, de disparos indiscriminados que dejaron decenas de lesionados con pérdida total o parcial de la vista y de uso indiscriminado de la fuerza, en algunos casos con consecuencias fatales.
En Colombia murió, a principios de septiembre, el estudiante Javier Ordóñez debido a golpes propinados por policías en una comisaría. Los agentes de seguridad llevaron detenido a Ordóñez porque éste no se atuvo a las normas contra el coronavirus, ya que habría bebido alcohol en la calle. En las protestas contra la violencia policial que siguieron a la muerte de Ordóñez resultaron muertos, según los medios, 13 civiles. A finales de septiembre, el caso de una mujer trans que fue tiroteada en Colombia por un soldado durante un control policial también provocó disturbios.
En junio de 2020, miles de personas salieron a la calle en México para protestar contra el terror policial, después de que un hombre de 30 años, Giovanni López, muriera cuando estaba detenido. López había sido detenido por no llevar una mascarilla contra el coronavirus. Los policías mexicanos son casi tan temidos como los de los cárteles del narcotráfico.
“El nivel de violencia y de ejecuciones sumarias está en muchos lugares de Latinoamérica totalmente fuera de control”, según Fernanda Doz Costa, de Amnistía Internacional. Muchos países ni siquiera registran ese tipo de estadísticas, por lo cual es casi imposible obtener informaciones confiables al respecto.
La historiadora Agustina Carrizo de Reimann investiga sobre la policía en América Latina. La excesiva brutalidad de la policía es un problema estructural desde hace mucho tiempo que puede, en parte, ser explicado por el rol que tuvieron durante las dictaduras y los regímenes fascistas en las décadas de los años 70, 80 y 90.
Muchos policías conservan una forma de pensar similar a la de esa época y casi no se han llevado a cabo reformas en las fuerzas de seguridad desde entonces en la región. «Eso se ve muy bien en los carabineros, la policía chilena. Todavía actúan, en parte, como durante la dictadura de Pinochet, desde 1973 hasta 1990. Los manifestantes son, para ellos, un peligro para el Estado. No son personas que ejercen su derecho a protestar pacíficamente y a quienes deben proteger», subraya Doz Costa. El mismo presidente Sebastián Piñera animó en 2019 a la policía chilena a reprimir duramente a los manifestantes. Piñera describió a los jóvenes que salían a las calles para exigir mejoras de “enemigo implacable” que estaba “en guerra” con Chile.
Durante la dictadura militar, los carabineros estaban bajo el mando del Ministerio de Defensa y en 2011 pasaron a recibir órdenes del Ministerio del Interior. En otros países de América Latina, la policía sigue dependiendo del Ministerio de Defensa, y en algunos los jefes del Ejército son, al mismo tiempo, jefes de la Policía. Sus métodos de entrenamiento son similares a los de los militares.
Otro gran problema es la impunidad de los policías. “En caso de cometer faltas, se los lleva ante un tribunal militar en lugar de ante un tribunal civil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció repetidas veces que eso es inaceptable”, asegura Doz Costa.
La policía no goza de la confianza de los ciudadanos en Argentina. “Primero disparar y luego preguntar”: ese parece ser el concepto de la policía latinoamericana. También en el caso de cuatro adolescentes argentinos que sufrieron un accidente de automóvil que les costó la vida cuando la policía los perseguía, después de que les dispararan sin motivo, en la ciudad de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. El caso es conocido como la “Masacre de San Miguel del Monte”.
La historiadora argentina Carrizo cuenta cómo un policía le disparó a un carterista en plena calle: “Simplemente le apuntó a la cabeza”. La relación de los argentinos con la policía está quebrantada por la falta de confianza en esa institución. “La desconfianza hacia la policía se ve en todas las capas sociales”, indica.
El terror policial afecta, la mayoría de las veces, a los más pobres y a las minorías, sean indígenas, como los mapuches, en Chile y Argentina, o personas negras, como en las favelas de Brasil. Dado que la policía no se ve a sí misma como una fuerza cuyo objetivo es proteger a la población civil, mucho menos se considera protectora de esos grupos, que están en desventaja en la sociedad.
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