Arabia saudí ha aprovechado el viaje de Trump a Riad para arreglar una entrevista con el nuevo “señor de la guerra” de Siria, Ahmad Al Sharaa. La riendas de Damasco acaban en las manos de los países del Golfo, que son los que pagan las deudas y sostienen el aparato del Estado que los yihadistas quieren poner en pie.

Además, Siria necesita que Estados Unidos levante las sanciones para evitar que una catástrofe financiera pueda desintegrar el “califato de nuevo tipo” que se ha instalado en Damasco.

Desde que Sharaa llegó al poder en diciembre, los imperialistas han puesto en marcha una campaña de relaciones públicas destinada a convencer al mundo de las bondades del nuevo régimen para que le retiren las órdenes de busca y captura internacionales que aún tiene y que nunca han servido para nada: acaba de regresar de una visita a París, donde fue recibido por Macron.

El director de la Fuerza de Respuesta de Emergencia Siria, Muaz Mustafá, preparó la entrevista de su jefe Sharaa con Trump, e incluso dio una rueda de prensa el viernes en Washington, donde dijo que Trump era “un hombre de paz enviado por Dios”.

Si en lugar de Mustafá hubiera hablado Zelensky, los periodistas no habrían notado la diferencia. Un país destruido por la guerra es un gran negocio, sobre todo si tiene petróleo y unos amiguetes (Arabia saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos) con los bolsillos llenos de dinero. El Banco Mundial estima que el costo de reconstruir el país oscila entre 250.000 y 400.000 millones de dólares.

Mustafá dijo que Estados Unidos tenía una “oportunidad de oro” con el nuevo gobierno yihadista, que está abierto a hacer negocios con Washington. El delegado sirio tenía algo que vender: el supuesto apoyo de China y Rusia, que han ofrecido sustanciosos contratos para encargarse de la reconstrucción en el país, a cambio de las reservas de petróleo y gas. El delegado sirio llegó a mencionar a Huawei, el ogro que está dispuesto a reconstruir la infraestructura de telecomunicaciones. Pero nosotros “preferimos una asociación con Occidente“, dijo el yihadista.

Uno de los participantes en las reuniones fue el empresario estadounidense Jonathan Bass, quien declaró que AT&T fue mencionado explícitamente como “socio” por delante de Huawei.

Para evitar que los chinos y rusos se instalen, el nuevo gobierno de Damasco invitaba a las empresas estadounidenses a explotar los recursos de petróleo y gas del país, a cambio de financiar una parte de la reconstrucción.

Sin embargo, los yihadistas tienen un mosaico de problemas, como la presencia de alauitas, drusos, cristianos y palestinos, entre otros, a los que acusan de ser “cercanos a Irán”, para justificar las matanzas. En la rueda de prensa Mustafá confirmó que el gobierno sirio había encarcelado a los dirigentes de la Yihad Islámica Palestina.

En Oriente Medio la mejor señal de lealtad al imperialismo es poner a Irán en la diana. “Compartimos los mismos enemigos que Estados Unidos”, dijo Bass, resumiendo las declaraciones de Al Sharaa: “Compartimos los mismos aliados que Estados Unidos”.

Otro de los golpes de efecto que negocian los yihadistas sirios es su incorporación a los Acuerdos de Abraham y la normalización las relaciones con Israel… Si Israel se retira de los Altos del Golán.

La aviación israelí ha aprovechado la llegada de los yihadistas al gobierno de Damasco para bombardear implacablemente el país, casi tanto como Gaza, al tiempo que ha enviado tropas a ocupar nuevos territorios, incluso dentro de la zona de amortiguación desmilitarizada de la ONU en los Altos del Golán, en violación del acuerdo de 1974, y matando a docenas de sirios.

La Fuerza Aérea israelí también lanzó un ataque contra los terrenos de su palacio presidencial a principios de mayo. Este ataque se produjo apenas 24 horas después de que la delegación estadounidense se reuniera con Sharaa en el palacio. Los dirigentes israelíes han sugerido que era una amenaza: estamos preparados para futuros ataques contra el cabecilla sirio, si no responde a nuestras expectativas.

Hay que empezar por levantar las sanciones

Los yihadistas necesitan que Estados Unidos levante las sanciones para que se cumpla el sueño de Sharaa de llegar al “acuerdo del siglo” con Trump. Por su parte, la Casa Blanca ha anunciado que una exención de sanciones permitiría a Qatar financiar 29 millones de dólares en sueldos del sector público sirio durante los próximos tres meses. Es la única forma que tienen los yihadistas de conseguir que los funcionarios acudan a su puesto de trabajo.

Arabia Saudí y Qatar habían anunciado previamente que pagarían la deuda de 15 millones de dólares de Siria al Banco Mundial, una suma modesta que Damasco no era capaz de pagar.

Levantar las sanciones es la única manera de lograr que las ONG acudan en masa con su demagogia característica: hambrunas, catástrofes humanitarias, hospitales, colegios… Este tipo de actividades benéficas abarata el coste de la reconstrucción, por lo que aumenta los beneficios de las empresas dedicadas a la tarea.

El colectivo Al Haq de solidaridad con Palestina ha emprendido acciones legales contra el gobierno británico por la exportación de piezas de aviones de combate al ejército israelí, acusando a Reino Unido de incumplir su obligación de prevenir el genocidio.

La querella está dirigida contra el Departamento de Comercio británico, al que acusan de suministrar a Israel piezas esenciales para los F-35 utilizados en los mortíferos ataques israelíes en la Franja de Gaza.

El inicio del examen judicial del caso está previsto para esta mañana.

El gobierno británico aduce que hay una razón válida para no excluir los componentes del F-35 de las licencias de exportación, enfatizando que suspender estas exportaciones tendría un impacto negativo en la seguridad internacional, incluida la OTAN.

En septiembre, el gobierno laborista suspendió 29 licencias de exportación de armas para uso ofensivo en Gaza, dejando otras 200 licencias en vigor. También se concedió una excepción para el equipo relacionado con el programa F-35, citando imperativos de seguridad nacional.

Según The Guardian, un estudio de datos comerciales muestra que las empresas británicas han exportado municiones y otros equipos desde la suspensión de las licencias clave. Desde octubre de 2023 se han realizado catorce entregas de artículos militares desde Reino Unido a Israel, incluidas 13 por aire al aeropuerto Ben Gurion y una sola entrega por mar con 160.000 artículos al puerto de Haifa.

Desde septiembre del año pasado se han exportado 8.630 artículos bajo la categoría “bombas, granadas, torpedos, minas, misiles y municiones de guerra”.

Además de las armas, desde septiembre se han realizado cuatro entregas con 146 artículos, bajo el capítulo aduanero que designa “tanques y otros vehículos blindados de combate motorizados, armados o no, y sus componentes”. La mayoría de las entregas, con un valor total de poco más de 500.000 libras esterlinas, tuvieron lugar después de que se suspendieran las licencias en septiembre, reconoce The Guardian.

El dirigente laborista John McDonnell ha pedido una investigación exhaustiva. Acusa al ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, de haber engañado al Parlamento en septiembre, al decir que la mayoría de los suministros británicos a Israel eran “de naturaleza defensiva”.

El gobierno ha mantenido en secreto sus envíos de armas a Israel. “Debe finalmente aclarar estos acontecimientos extremadamente preocupantes y suspender todas las exportaciones de armas a Israel para que no se utilicen armas de fabricación británica en los aterradores nuevos planes de Netanyahu de anexionarse la Franja de Gaza y llevar a cabo una limpieza étnica del territorio”, declaró McDonnell.

La responsabilidad por crímenes de guerra es más ambigua cuanto más se aleja del acto de matar. Google no suministra armas a los matarifes de Gaza, pero ofrece servicios informáticos que les permiten hacerlo, siendo su función última el uso letal de esas armas. Según el derecho internacional, sólo los países, no las empresas, tienen obligaciones en materia de crímenes de guerra.

No obstante, si el Proyecto Nimbus se vinculara directamente con un crimen de guerra u otro crimen contra la humanidad, los cabecillas de Google se podrían enfrentar a responsabilidades criminales bajo el derecho internacional, a través de un organismo como el Tribunal Penal Internacional, que tiene jurisdicción tanto en Cisjordania como en Gaza.

Un dictamen de octubre del año pasado emitido por el Tribunal Internacional de Justicia, que arbitra disputas entre estados miembros de la ONU, instó a los países a “tomar todas las medidas razonables” para impedir que las empresas hagan cualquier cosa que pueda contribuir a la ocupación ilegal de Cisjordania. Si bien no son vinculantes, los dictámenes consultivos del Tribunal Internacional de Justicia tienen una enorme autoridad jurídica.

Establecer la responsabilidad criminal de Google en relación con la ocupación de Cisjordania o las matanzas en curso en Gaza implica un cálculo jurídico complejo, que depende de su grado de conocimiento sobre la manera en que se usan sus servicios, la previsibilidad de los crímenes facilitados por esos servicios y la manera en que contribuyen a la perpetración de los crímenes.

Antes de firmar su lucrativo contrato Nimbus con Israel, Google sabía que no podía controlar lo que sus fuerzas armadas harían con la tecnología de computación en la nube. El gigante tecnológico comprendió el riesgo de proporcionar herramientas de aprendizaje automático y de nube de última generación a un país acusado de crímenes de guerra desde siempre.

Google no sólo no puede supervisar ni impedir que Israel utilice sus aplicaciones para asesinar a los palestinos, sino que el contrato le obliga a bloquear las investigaciones criminales de otros países sobre el uso de su tecnología por parte de Israel. Además, la tecnología requería una colaboración estrecha con el aparato de seguridad israelí (incluidos ejercicios conjuntos e intercambio de inteligencia), algo sin precedentes en los acuerdos de Google con otros países.

Un consultor externo contratado por Google para evaluar el acuerdo recomendó que la empresa retuviera herramientas de aprendizaje automático e inteligencia artificial de Israel debido a los factores de riesgo.

El conocimiento de Google sobre los riesgos supone una responsabilidad criminal para la empresa por crímenes de guerra. La cuestión de la culpabilidad, raramente discutida, ha crecido en importancia a medida que Israel entra en el tercer año de lo que ha sido ampliamente reconocido como un genocidio, con los accionistas presionando a la empresa para que analice si su tecnología contribuye a los crímenes de guerra en Gaza.

El New York Times fue el primero en informar sobre partes del documento interno, pero la incapacidad reconocida por Google para supervisar el uso que hace Israel de sus herramientas no había sido revelada previamente.

En enero de 2021, apenas tres meses antes de que Google ganara el contrato Nimbus junto con Amazon, los directivos de computación en la nube de la empresa se enfrentaron a un dilema.

El contrato del Proyecto Nimbus (en aquel entonces llamado “Selenite” en Google) es una jugosa fuente de ingresos. Un centro de datos en la nube a medida para Israel, sujeto a la soberanía y la ley israelíes, le reporta a Google 3.300 millones de dólares entre 2023 y 2027, no solo vendiendo al ejército de Israel, sino también a su sector financiero y a empresas como la farmacéutica Teva.

Pero Google reconoce que los servicios en la nube “podrían usarse o vincularse con las violaciones de derechos humanos, incluida la actividad israelí en Cisjordania”, lo que resultaría en un “daño a la reputación”, advirtió la empresa.

En un informe, Google reconoció la necesidad de mitigar los riesgos para la imagen pública de Google. Pero también deja claro que existe un obstáculo profundo para cualquier intento de supervisión: el contrato del Proyecto Nimbus está redactado de tal manera que Google se vería en gran medida privado de información sobre lo que exactamente estaba haciendo su cliente y, si alguna vez saliera a la luz algún abuso, se le impediría hacer algo al respecto.

A Google sólo se le daría “una visibilidad muy limitada” sobre la manera en que se utilizan sus aplicaciones. A la empresa “no se le permitió restringir los tipos de servicios e información que el gobierno (incluido el Ministerio de Defensa y la Agencia de Seguridad de Israel) decide migrar” a la nube.

Los intentos de impedir que los militares o el espionaje israelí utilicen Google Cloud de forma que perjudiquen a Google “pueden verse limitados por los términos de la licitación, ya que los clientes tienen derecho a utilizar los servicios por cualquier motivo excepto la violación de la ley aplicable al cliente”, dice el documento. Una sección posterior del informe señala que el Proyecto Nimbus estaría bajo la jurisdicción de Israel que, al igual que Estados Unidos, no forma parte del Estatuto de Roma y no reconoce al Tribunal Penal Internacional.

Si el Proyecto Nimbus cae bajo escrutinio legal fuera de Israel, Google debe “rechazar, apelar y resistir las solicitudes de acceso de gobiernos extranjeros”. Google señaló que eso podría poner a la empresa en desacuerdo con gobiernos extranjeros si intentan investigar el Proyecto Nimbus. El contrato requiere que Google “implemente procesos estrictos y personalizados para proteger datos confidenciales del gobierno”, según un informe interno posterior, que fue redactado después de que la empresa ganara su licitación. Esta obligación se mantendría incluso si implicara violar la ley: “Google no debe responder a las solicitudes de divulgación de información de las autoridades policiales sin consultar y, en algunos casos, aprobar por parte de las autoridades israelíes, lo que podría hacer que infrinjamos el ordenamiento jurídico internacional”.

Además de su trabajo para el ejército israelí, Google, a través del Proyecto Nimbus, vende servicios en la nube a Israel Aerospace Industries, el fabricante de armas estatal cuyas municiones han devastado Gaza. Otro cliente confirmado del Proyecto Nimbus es la Autoridad de Tierras de Israel, una institución pública que, entre otras responsabilidades, distribuye parcelas de tierra en Cisjordania ocupada y anexionada ilegalmente.