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Para paliar los errores de los tests, Estados Unidos quiere duplicar las pruebas de detección

Para evaluar con mayor precisión la propagación del coronavirus, Estados Unidos debe usar múltiples pruebas de anticuerpos a la vez, recomendó la Casa Blanca en un documento publicado el lunes que detalla la estrategia para extender la realización de pruebas.

Las pruebas que miden los anticuerpos contra el coronavirus en lugar del virus en sí serán cruciales para comprender la extensión del brote y, en última instancia, para reducir las restricciones a personas y empresas. No obstante, tales pruebas han estado plagadas de fallos cuando han sido lanzadas al mercado. En particular, las pruebas de anticuerpos pueden ser propensas a falsos positivos, identificando involuntariamente anticuerpos contra otros virus estrechamente relacionados.

La Casa Blanca reconoció estos problemas en su informe, sugiriendo que el uso de dos pruebas de anticuerpos al mismo tiempo puede resolver el asunto. El uso de dos pruebas permitiría que los resultados se verificaran entre sí, en teoría produciendo datos más fiables.

“Las pruebas de anticuerpos altamente específicas y sensibles permitirán una mejor comprensión de la propagación del virus e identificarían a aquellos que ya han estado infectados”, dice el informe. “Sin embargo, estas pruebas deben ser muy precisas y fiables para protegerse contra los falsos positivos, los cuales pueden llevar a las personas a creer incorrectamente que tenían el virus y que pueden ser inmunes a una nueva infección”.

Los estudios de anticuerpos realizados hasta ahora han suscitado amplias críticas y variado enormemente en sus hallazgos. Un estudio de la Universidad de Stanford del condado de Santa Clara, California, concluyó que más del doble de personas estaban infectadas con coronavirus de lo que sugerían los recuentos actuales, con una tasa de infección de alrededor de 4 por ciento. Un estudio realizado por el estado de Nueva York encontró que el 21 por ciento de los residentes de la ciudad de Nueva York habían estado expuestos al virus.

Una gran cantidad de falsos positivos podría significar no solo que el virus no está tan extendido, sino que también es más mortal.

La medición de las señales de que el cuerpo se ha encontrado con el virus en el pasado es más complicada que el diagnóstico de la presencia del virus en sí. El desarrollo de pruebas de anticuerpos requiere más conocimiento de la estructura de un virus específico. Además de las pruebas que identifican de manera potencialmente errónea los anticuerpos contra otros coronavirus, diferentes pruebas verifican diferentes anticuerpos, que pueden variar de persona a persona.

Al comparar dos pruebas entre sí, sugirió la Casa Blanca, incluso si las mismas personas dieron positivo para el virus en una prueba y negativo en otra, esos resultados podrían combinarse para obtener una imagen más precisa de la enfermedad.

Hasta ahora, la FAD (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) ha emitido autorizaciones de uso de emergencia para solo ocho pruebas de anticuerpos.

https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-eeuu-sugiere-pruebas-dobles-de-anticuerpos-para-mayor-precision.phtml

Más información:
– Las pruebas para detectar el coronavirus fallan más que una escopeta de feria

– La OMS reconoce, por fin, que los tests dan falsos negativos y también falsos positivos
– ‘Es terrible’: más científicos confirman que las pruebas de coronavirus no son nada fiables 
 

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Pandemia y capitalismo de vigilancia

Aram Aharonian

La pandemia del COVID-19 es más que un “cisne negro” (un hecho inesperado, poco frecuente). La pandemia seguramente pasará, pero la crisis quedará -la social, la económica, la política-, significando un mundo diferente que ni los más osados científicos sociales y politólogos han podido imaginar, con un estimado de más de tres mil millones de desempleados.

La necesidad de “quedarnos en nuestras casas” obligó a trabajadoras y trabajadores a seguir produciendo desde sus hogares con la modalidad del “teletrabajo”; docentes y estudiantes que continúan con parte de la currícula de manera virtual, así como también los grupos de riesgo dentro de los cuales se encuentran en gran medida nuestros jubilados y jubiladas, el sector de mayor riesgo en la pandemia.

¿Qué mundo les tocará vivir a las nuevas generaciones? En el mundo feliz (1932) del británico Aldous Huxley, las personas viven drogadas con el imaginario “soma”, y felices, manipuladas por un plan superior en el que la ciencia de punta sólo sirve a una estructura de dominación.

No tenemos soma, pero sí (tenemos Netflix y) un número infinito de aplicaciones y servicios gratis diseñados específicamente para convertirnos en felices adictos y en los auténticos recursos que surten la acumulación de riqueza en el nuevo capitalismo –el capitalismo de vigilancia- que ordena el mundo. Nunca nos hemos sentido tan libres pese a ser observados sin descanso.

El ser humano se ha convertido en un terminal de corrientes de datos. Hoy sabemos que con este saber se puede influir, controlar y dominar totalmente a las personas, a través de los algoritmos y la inteligencia artificial. La pandemia despertó la voracidad de los vendedores de dispositivos de vigilancia y tecnología de rastreo de personas, presuponiendo que la ciencia de datos será esencial para derrotar al enemigo invisible.

Alentados por el éxito de China y Corea del Sur (entre otros países  asiáticos) en el combate al covid-19, líderes políticos de democracias liberales, de derecha e izquierda, se mostraron encantados con la capacidad de control de los dispositivos digitales y del modelo estadístico de los algoritmos que extraen padrones y realizan predicciones.

Cámaras, software, sensores, celulares, aplicaciones, detectores, son presentados ahora como las armas más sofisticadas para el combate al virus…y para la domesticación de las poblaciones.

La industria de telecomunicaciones e informática –que junto a la farmacéutica será una de las ganadoras en esta crisis- prospera gracias a un principio básico, el de extraer los datos personales y vender predicciones sobre los comportamientos de los usuarios a los anunciantes. Pero hasta ahora se lograban pronósticos que facilitaban la previsión de hechos, acontecimientos (y su manipulación, claro), no certezas.

Las empresas (y los gobiernos) comprendieron que para que aumenten los beneficios (financieros pero sobre todo de manipulación) se hacía necesario tratar de modificar las conductas humanas a gran escala.

En el nuevo capitalismo, los datos personales se acumulan para producir el bien que se pondrá a la venta en el mercado: predicciones sobre nosotros mismos. Los propietarios de los medios de producción no son otros que los que ejercen el monopolio del negocio digital: Google, Facebook, Apple y Amazon, señala Patricia Serrano en El Economista de España.

Las medidas de excepción adoptadas, la llamada flexibilización de derechos, los cortes de salarios, el irrespeto a los principios básicos de la ciudadanía, las violaciones de privacidad, con el fin declarado de enfrentar al virus y la crisis, podrán no ser de excepción para convertirse en permanentes. E incluso ampliarse. El virus no destruirá el capitalismo. Todo indica que la vigilancia (policial, cibernética) conseguirá consolidarse.

“El capitalismo industrial, con todas sus crueldades, era un capitalismo para las personas. En el de vigilancia, por el contrario, las personas somos por encima de todo fuentes de información. No es un capitalismo para nosotros, sino por encima de nosotros”, sentencia Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Harvard Business School en una entrevista en la BBC.

Tu smartTV te observa. Pero también tu teléfono, tu coche, tu robot de limpieza, tu asistente de Google y hasta esa pulserita que monitoriza el número de pasos que das. Una pista: todos los productos que llevan la palabra smart o incluyen la coletilla de ‘personalizado’ ejercen de fieles soldados al servicio del capitalismo de vigilancia. Así lo resume Zuboff.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, profesor en la Universidad de las Artes de Berlín y autor de una decena de libros, profundiza en esta idea: “El ser humano es un terminal de corrientes de datos, el resultado de una operación algorítmica. Con este saber se puede influir, controlar y dominar totalmente a las personas”.

“En la cárcel, hay una torre de vigilancia. Los presos no pueden ver nada pero todos son vistos. En la actualidad se establece una vigilancia donde los individuos son vistos pero no tienen sensación de vigilancia, sino de libertad”, explica en su obra “La expulsión de lo distinto”, que analiza el impacto de la hipercomunicación y la hiperconexión en la sociedad.

Para Han, la sensación de libertad que brota en los individuos es engañosa: “Las personas se sienten libres y se desnudan voluntariamente. La libertad no es restringida, sino explotada”. Añade que “la gran diferencia entre internet y la sociedad disciplinaria es que en esta última, la represión se experimenta. Hoy, en cambio, sin que seamos conscientes, somos dirigidos y controlados”.

Paloma Llaneza, abogada, experta en ciberseguridad y autora de Datanomics, señala que el consentimiento en realidad no existe cuando escribimos nuestros datos personales rápidamente para bajarnos aún más rápido una aplicación gratis o recibir una newsletter semanal. “El consentimiento es una de las grandes mentiras de internet”, afirma.

El problema empieza cuando nuestros datos son usados para otras finalidades y cedidos a terceras empresas que buscan conocernos mejor y sacar un perfil de cómo somos. “Sin saberlo, el usuario puede estar dando consentimiento a ser escaneado en redes sociales y, de ahí, se saca el perfil de la persona. Solo con las fotos de Instagram ya se pueden deducir cosas del comportamiento”, explica.

El coronavirus afecta a toda la industria manufacturera de alto contenido tecnológico (incluyendo industria automotriz, aeronáutica y telecomunicaciones), básicamente porque su producción implica aglomeración de personas, no es considerada esencial y en definitiva se ajusta a las proyecciones de la demanda, nada alentadoras hoy.

En este análisis sólo se rescatan algunos sectores, primordialmente de servicios, entre los cuales tenemos Netflix y Spotify, que subirán un 30% debido a la medida de confinamiento. También las OTT (over the top) y las empresas de telecomunicaciones que brindan servicios de streaming. O sea, usan internet para llegar a los usuarios con vídeo (Netflix), audio (Spotify) o mensajería (Whatsapp, de Facebook) y/o aplicaciones de teleconferencia (como Skype o Zoom).

Con el aislamiento social, las plataformas que recolectan datos personales y los venden en el mercado avanzan para convertirse no solo en grandes intermediarios del entretenimiento sino también de la educación, lo que no puede aceptarse como algo natural y mucho menos como solución excepcional, señala Sérgio Amadeu da Silveira, profesor de la Universidad Federal de ABC, Brasil.

http://estrategia.la/2020/04/25/pandemia-y-capitalismo-de-vigilancia/

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Siete presos asesinados en las cárceles argentinas desde el inicio de la cuarentena

Nacho Saffarano

Desde el inicio del confinamiento, son al menos siete los asesinados en diferentes cárceles del país. Dos de ellos, Federico Rey y José Mario Candia, fueron fusilados a quemarropa por personal del Servicio Penitenciario. El reclamo desatado por los detenidos en Devoto, puso en la agenda pública, de la peor manera posible, la situación en la que viven estas personas.

Voy a pararme desde la defensa de un paradigma que no comparto, y que es el hegemónico dentro del activismo de derechos humanos. De mi parte, estoy convencido que hay que abolir a las cárceles; que es una contradicción histórica encerrar a personas para que aprendan a vivir en libertad; que las prisiones son inherentes al capitalismo, razón por la cual, cualquier proyecto pos-capitalista debe tener en su horizonte programático, la eliminación de las mismas. Y un montón de otros postulados que no vienen al caso en este momento, aunque es tarea nuestra, al menos comenzar a mechar estos debates entre la militancia y la intelectualidad crítica.

El paradigma hegemónico, entonces, no se cuestiona la cárcel-institución sino las condiciones de las mismas; y en el mejor de los casos, se problematiza el origen de clase mayoritariode los detenidos. Es una defensa, casi a ciegas,de una de las grandes conquistas liberales de nuestra historia, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que constituye un pliego de garantías procesales y el mantra “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”. Por eso en este contexto tan regresivo, aunque en términos estratégicos no compartamos esta perspectiva, los abolicionistas penales militamos para que se cumpla este derecho constitucional.

Las cárceles en Argentina, son sinónimo de tortura. Sobrepoblación que genera hacinamiento; falta de vacantes para el desarrollo de actividades educativas y laborales; pésima atención médica; traslados compulsivos que provocan distanciamiento familiar; y un sinfín de vejaciones más. Todo este combo generado alrededor de la sobrepoblación y la imposibilidad de cumplir con las recomendaciones de distancia social, es el caldo de cultivo para que el covid-19 se propague a velocidades espeluznantes, con una gran capacidad para saturar todo el sistema sanitario (siempre y cuando se decida atender a los presos, claro). Los que militamos en las cárceles, y un puñado de organizaciones de derechos humanos, lo venimos advirtiendo desde antes que haya un solo caso positivo en Argentina.

Son las cabezas de los diferentes Poderes Judiciales (provinciales y federal), quienes tienen la máxima responsabilidad por la sobrepoblación en las cárceles, principalmente por el uso abusivo que hacen los jueces de un instituto que debería ser excepcional, la prisión preventiva; y por el rechazo sistemático de libertades condicionales, anticipadas y salidas transitorias, por lo que son ellos quienes en esta crisis humanitaria-sanitaria, deben tomar medidas concretas para disminuir la tasa de encarcelamiento. Sin embargo, con contadas excepciones, se dedican a sacar “recomendaciones”, a tirarse con latinazgos y citas teóricas entre Defensores y Fiscales, mientras que la mecha de la bomba es cada vez más corta dentro de las cárceles.

Los Poderes Ejecutivos también tienen una enorme responsabilidad por el paupérrimo estado de las prisiones. Muy resumidamente, porque son los jefes políticos del servicio penitenciario; porque son quienes manejan la infraestructura y los recursos económicos con que se mantienen día a día las cárceles; porque son quienes diseñan la política criminal y penitenciaria del país y las provincias; porque son quienes vacían las instituciones que deben acompañar a los liberados para lograr una mínima inclusión social-laboral.

Y hay otra responsabilidad, que en este momento es fundamental: son las fuerzas gobernantes quienes tienen mejores condiciones para construir consensos, para forjar ideas-fuerzas que logren calar en el tejido social. Por eso, el silencio de Fernández, de Kicillof y de toda la dirigencia oficialista de peso sobre las condiciones de las cárceles, convalida desde la omisión un discurso tan retrógrado en la sociedad. La cobertura de los medios de comunicación de la protesta en Devoto de ayer, merece ser denunciada por todas las vías posibles. Hubiese sido clave oír voces de responsables políticos, que con un mínimo de sensatez, enfrenten el sentido común reaccionario que ayer fue más visible que de costumbre. Sin dudas que buena parte de la base electoral del Frente de Todos, coincide con los votantes de las diferentes expresiones de la derecha, en que los presos deben vivir en las condiciones actuales, y si es posible, deben morir así es un gasto menos para el Estado. La base militante del FdT, sensible a esta problemática, debería empujar a sus dirigentes para que se pronuncien y actúen sobre el tema.

Casi 45 días de confinamiento, fueron suficientes para cambiar –al menos momentáneamente– todas nuestras lógicas de militancia. El campo popular ha perdido su espacio estratégico de disputa, la calle. Por eso, a quienes nos duele la cárcel, los que entendemos que la comisión de un delito implica perder la libertad ambulatoria pero no la vida; tenemos que tener la mayor creatividad y audacia en estos días. Es necesario que podamos charlar en nuestros círculos de amistad, de activismo, sobre lo que pasa en las prisiones. Tenemos que ser capaces de hacer algo más que comunicados políticamente correctos que se acumulan en la base de datos de la web; no podemos quedarnos con putear en voz alta a Mauro Szeta o al periodista de turno, sino reclamar y construir nuestros propios espacios en los medios de comunicación para que se escuchen voces disonantes. Tenemos que rodear de solidaridad a los familiares de los detenidos –ese colectivo aún más invisibilizado, integrado en su mayoría por mujeres pobres-, construir lazos de cooperación y pensar estrategias en conjunto, para que morir en el encierro no sea el único destino posible.

https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/27/a-quien-le-importa-si-se-trata-solo-de-otro-preso-muerto/

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Derogación de todas las leyes represivas

Movimiento Antirrepresivo de Madrid

“Primero iremos a por los terroristas, después iremos a por los simpatizantes de los terroristas, después a por los familiares y amigos de los terroristas y, por último, a por los indiferentes”.

Estas palabras fueron pronunciadas por el criminal Jorge Videla durante la dictadura argentina y corresponden a la lógica del fascismo: “o conmigo o contra mí”. Si esta misma lógica la exportamos al Estado español actualmente, y más concretamente a su legislación represiva, encontramos aspectos muy similares. Veamos.

La legislación represiva actual no se entiende si no realizamos un análisis, no de una ley u otra, sino en su conjunto y con cierta perspectiva histórica. Para ello no es necesario que nos remontemos a finales del siglo XIX, momento en el que apareció la primera ley antiterrorista. El precedente directo más inmediato lo encontramos en la Ley Antiterrorista de noviembre de 1971, aquella que modificó la “Ley de Orden Público” franquista de 1959. Esta “nueva” ley daba plena capacidad a la policía para dictar algo parecido a un Estado de Excepción permanente, ya que podía restringir o suspender los derechos y libertades por orden policial.

En 1973 el Código Penal condenaba a penas de prisión menor “al que integrado en una banda armada […] realizase cualquier hecho delictivo […] utilizando armas de fuego, bombas, granadas, sustancias o aparatos explosivos o medios incendiarios de cualquier clase, cualquiera que sea el resultado producido; y a los promotores y organizadores, y quienes hubieran dirigido su ejecución”. En agosto de 1975, ante el empuje de las masas y el incremento de la lucha armada, se endureció la Ley Antiterrorista con el objetivo de poder cerrar diversos periódicos y hacer extensiva la pena de muerte. Con ello llegamos al “Proceso de Burgos” en el que resultaron condenados a muerte los cinco antifascistas (tres miembros de ETA y dos del FRAP) que serían fusilados el 27 de septiembre de 1975.

En diciembre de 1979, y tras la aprobación de la fraudulenta Constitución, se prorrogó la Ley Antiterrorista. Esta se diferenciaba muy poco a las anteriores, ya que contemplaba: los registros domiciliarios sin previa orden judicial, la duración del periodo de incomunicación en comisaria de hasta diez días, la intervención de todas las comunicaciones del preso y el cierre e incautación de determinados medios de comunicación, entre otras.

Esto significaba que mientras se legalizaban progresivamente los partidos políticos que pasaban por el aro constitucional, hoy conocido como “Régimen del 78”, a los partidos que se negaron a legitimar dicha farsa y se disponían a combatirlo se les aplicaría la versión más brutal de la Ley Antiterrorista.

Corrían los años de plomo y del terrorismo de Estado, aquellos en los que el régimen actuaba de forma semiencubierta, asesinando bajo el paraguas de organizaciones como el Batallón Vasco Español y posteriormente los GAL, y de forma legal, aplicando la ley antiterrorista vigente. A pesar de que socialistas, comunistas y los partidos nacionalistas catalanes y vascos pidieron su derogación, estas medidas no serían “modificadas” por el Tribunal Constitucional (TC) hasta 1987. El PSOE, al llegar al gobierno, pasó de pedir la derogación de la Ley Antiterrorista, a ser el abanderado y el más firme defensor de dicha ley, aplicándola sin ningún tipo de escrúpulo contra militantes revolucionarios.

En 1996 llega al poder el PP, y con ello, el momento de darle una nueva vuelta de tuerca a la represión, esta vez extendiéndola a otros sectores. En junio de 2002 se aprueba la Ley de Partidos con los votos a favor de PP, PSOE, CIU, CC, el Partido Andalucista, y el voto de Gaspar Llamazares, según él por error. Esta ley reemplazaba a otra similar de 1978 que calificaba de asociación ilícita a las organizaciones políticas que no se integraron en el régimen. Hasta este momento, los condenados por este delito cumplían de tres a seis años de prisión, con la recién estrenada Ley de Partidos pasarán a cumplir de ocho a quince. Con esta ley el régimen pretende garantizar el orden constitucional y el funcionamiento democrático “impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas”. Lógicamente, en esta definición queda excluida la violencia institucional y la de los partidos y organizaciones de ideología nazifascista que nunca han sido ilegalizados por sus incontables crímenes. Esta ley sirvió para que los partidos que tenían cierta presencia institucional fueran ilegalizados y sus miembros expulsados de los ayuntamientos y encarcelados.

Pero no solo eso, también permitió que se extendiera la persecución e ilegalización de otras organizaciones como las dedicadas al apoyo y la solidaridad con los presos políticos, a las que se paso a calificar como “los entornos de las organizaciones armadas”. A partir de ahora correrían la misma suerte las organizaciones que, de un modo u otro, legitimaran, apoyaran o, simplemente, no condenaran de forma explícita la violencia –revolucionaria, por supuesto- , y no colaboraran con la “justicia”.

Es útil recordar aquí que a los partidos como la antigua Convergencia, hoy JXCat, una buena parte de los llamados partidos “constitucionalistas” pidieron su ilegalización por dirigir el referéndum del 1 de octubre de 2017 y por declarar unilateralmente la independencia (DUI) de forma simbólica. Recientemente se ha presentado en el Congreso una ley para ilegalizar a ERC, JXCat, Bildu y la CUP por “atentar contra la unidad de España”. Que estén pidiendo que se les aplique la misma Ley de Partidos que con sus votos hicieron posible nos recuerda dos cosas: que “Roma no paga traidores” y que si apoyas o dejas en pie una ley represiva es probable que algún día te la puedan aplicar a ti o a tu partido.

Siguiendo la lógica del gerifalte argentino: después de los “terroristas”, de los simpatizantes de los “terroristas” y de los solidarios; llegó el momento de ir a por el resto de luchadores. Y así fue. El 1 de julio de 2015 el régimen necesitó extender aún más la represión. Tras un periodo de numerosas y masivas protestas en las calles de las principales ciudades entra en vigor la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Esta ley tampoco es nueva, es una reforma de la anterior, conocida también como Ley Corcuera o de Ley de “patada en la puerta”. Supone otra vuelta de tuerca más a la represión, esta vez dirigida contra numerosos sectores populares que desde diversos frentes vienen ejerciendo sus derechos y libertades; ya sea de manifestación, de expresión, de información, etc. Esta ley castiga severamente y de forma económica desde una opinión crítica en redes sociales hasta la protesta más inofensiva. El objetivo fundamental es disuadir las movilizaciones y amedrentar y amordazar a los activistas más críticos. Era el turno de ir a por los twiteros, a por los raperos, a por los artistas satíricos, a por los actores críticos y comprometidos, etc.

En definitiva, quienes muestren su indignación contra el régimen, denuncien a la monarquía, los abusos policiales o se atrevan a solidarizarse con los “terroristas” y a denunciar su situación en prisión, serán objeto de detención e incluso condenados a penas de cárcel. Era el turno de todo aquel que se mueva.

Ahora, cinco años después de su entrada en vigor, el nuevo gobierno habla de “derogar los aspectos más lesivos de la ley mordaza” y sustituirlos por “una nueva norma que garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. Esto nos recuerda a la modificación de la Ley Antiterrorista del año 87; cuando el TC rebajó, de diez a siete, los días de tormentos que pasarían los detenidos en manos de la policía y de la Guardia Civil. Es decir, una vez que han logrado meter el miedo en el cuerpo a miles de luchadores y luchadoras toca retocar la legislación dejando intacto el grueso de la misma. Estas formas son muy propias del Estado español, consiste en cambiar algo para que todo siga igual.

A nosotros esto nos parece un insulto. Con esta “nueva” medida nos están diciendo: “no te aplicaremos la ley mientras no te resistas”. Pero entonces ¿Qué ha cambiado? ¿Qué va a pasar cuando vuelvan a enviar a la policía, armada hasta los dientes, a desahuciar a las familias y se encuentren con un muro de activistas dispuesto a evitarlo? ¿Se retirarán sin más a sus comisarias o apalearán a los activistas que se resistan? Si sucede esto último, ¿cómo debemos actuar nosotros? ¿Aguantamos estoicamente los palos o nos defendemos? Si nos defendemos, ¿seremos condenados a prisión? ¿Van a enviarla igualmente a cargar contra los piquetes de una huelga? En fin, se nos plantean muchas dudas que la nueva “coalición progresista” no nos ha aclarado. Lo único cierto es que en los dos últimos años cerca de 70 personas han sido condenadas por los diferentes delitos de “enaltecimiento del terrorismo”, “amenazas terroristas” o por el de “humillación de las víctimas del terrorismo y de sus familiares”. Se ha condenado y enviado a prisión a raperos y a twiteros, han aplicado la ley antiterrorista a titiriteros por realizar una función satírica, el actor Willy Toledo fue detenido “por cagarse en Dios”… y no le permitieron hablar con su abogado hasta que declaró ante un juez. Es decir, a día de hoy están aplicando la Ley Antiterrorista por el simple hecho de ejercer la libertad de expresión y para reprimir la protesta social.

Esto sucede por un motivo muy sencillo. Hoy, a cualquiera de nosotros nos pueden aplicar la misma Ley Antiterrorista, más o menos atenuada, porque para este régimen todos somos potencialmente “terroristas”.

Por este motivo, todo trabajador, todo antifascista y todo verdadero demócrata debe oponerse a todas las leyes represivas y actuar en consecuencia, no solo porque mañana podríamos ser cualquiera de nosotros quienes las suframos, sino porque no deberíamos permitir que multen, apaleen o encarcelen, a ningún miembro de nuestra clase por luchar contra el terrorismo de Estado y por nuestros derechos y libertades; del mismo modo que no deberíamos haber permitido que se suspendieran los derechos fundamentales de ningún detenido quedando completamente a merced de sus torturadores.

Cuando normalizamos la represión, en cualquiera de sus formas, damos un paso atrás en nuestros derechos conquistados y permitimos que el régimen conquiste nuevas y mejores posiciones de fuerza para seguir machacándonos.

Como hemos visto, el Estado limita o elimina determinados derechos empleando su legislación represiva, en particular su Código Penal, que endurece en función del nivel de resistencia que opongamos las clases populares. Persigue el derecho a la resistencia con la Ley Antiterrorista, elimina el derecho de organización con la Ley de Partidos y penaliza duramente las libertades de expresión, reunión, manifestación, etc. con la Ley Mordaza. Como dicen tanto políticos como supuestos asesores en derecho laboral “todo derecho fundamental no es absoluto o ilimitado, y admite y precisa una regulación legal”. En este sentido el derecho a la libertad de huelga también es vulnerado sistemáticamente, sobre todo en sectores estratégicos. Resulta paradójico que para limitar el derecho de huelga de estos sectores se utilice como arma el artículo 28.2 de la propia Constitución. De esta forma, a lo largo de las últimas décadas, se ha llegado a la militarización de aeropuertos y otros medios de transporte, así como a los trabajadores del aeropuerto del Prat se les acusó del delito de sedición por ejercer su derecho a la huelga.

Pero no solo los sectores estratégicos se ven afectados por la Ley de Huelga, y más concretamente por el Código Penal, la lucha de los trabajadores de otros sectores también es represaliada, especialmente las huelgas generales pero también numerosos conflictos “ordinarios” que terminan enconándose por la intransigencia de la Patronal. ¿De qué manera se limita la libertad de huelga? Para no hacer más engorroso este apartado resumiremos diciendo que, en el artículo 315 del C.P. se vuelve a dar la paradoja que antes señalábamos. Mientras que en el primer párrafo (315.1) se defienden los derechos sindicales de los trabajadores diciendo: “Serán castigados con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que […] impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”; y en el segundo párrafo (315.2) se añade: “si las anteriores conductas se llevaren acabo con la fuerza, violencia o intimidación, se impondrán penas superiores”; en el tercer párrafo (315.3) del mismo artículo se dice lo siguiente: “Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo o individualmente […] coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Igualmente paradójico resulta que para limitar el derecho de huelga de unos trabajadores se utilice “el derecho al trabajo de los trabajadores”. Este es precisamente el argumento de Tribunales y Fiscalía para justificar la Ley revientahuelgas, tratar de conciliar el legítimo derecho a la huelga de quienes hacen huelga para exigir un aumento salarial o la readmisión de trabajadores despedidos, haciendo prevalecer el derecho al trabajo de los esquiroles. Así es como enfrentan a unos trabajadores contra otros y, en definitiva, consiguen romper su unidad y debilitan los efectos de la huelga.

No olvidemos que ha sido este apartado el empleado en la represión de trabajadores que integraban piquetes de huelga y por el que algunos huelguistas han dado con sus huesos en prisión.

Por último, otra de las leyes represivas es la Ley de Extranjería. Esta persigue y reprime a un elemento concreto de la sociedad, al inmigrante pobre, al que llega en patera y no en yate, al que huye del hambre, de la guerra en su país o, simplemente, en busca de una vida mejor y es deportado sin importar lo que pueda sucederle a su regreso. Lógicamente, este es un problema muy complejo que requiere de medidas igualmente complejas. Soluciones que empiezan por el respeto de la soberanía de sus países, el cese del expolio de sus riquezas y, en definitiva, medidas por parte de los Estados desarrollados destinadas a mejorar las condiciones de trabajo y de vida para que millones de trabajadores no se vean obligados a abandonar sus hogares, sus familias, incluso a riesgo de perder la vida. Nativa o extrajera, somos la misma clase obrera.

Por todo lo expuesto, exigimos la derogación completa de toda la legislación represiva: de la Ley Antiterrorista, de la Ley de Partidos, de la Ley Mordaza, de la Ley de Huelga, de la Ley de Extranjería y una reforma profunda del Código Penal. ¿En qué sentido? En el que las únicas leyes que existan sean las que garanticen el trabajo, la vivienda, la educación y la sanidad pública, en definitiva, leyes que garanticen una vida digna para el pueblo trabajador y no leyes que nos machaquen, tanto física como económicamente, para que no luchemos por ella. Exigimos un Código Penal que, en lugar de enviarnos a la cárcel por luchar por nuestros derechos, persiga y encarcele a estafadores, explotadores, torturadores y corruptos, sean del color político que sean.

de la revista Amnistía, número 3,

del Movimiento Antirrepresivo de Madrid
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El ejército británico elabora la campaña de intoxicación mediática sobre el coronavirus

El general Carter, el gran intoxicador
Mike Robinson
El miércoles pasado, durante la sesión informativa diaria del gobierno británico sobre el coronavirus, el jefe del ejército, el general Sir Nick Carter, se jactó: “Hemos participado en la Unidad de Reacción Rápida de la Oficina del Gabinete, nuestra Brigada 77 ha ayudado a sofocar los rumores de desinformación, pero también para contrarrestar la desinformación. Entre tres y cuatro mil de nuestros hombres están involucrados, con unos veinte mil permanentemente disponibles en un alto nivel de preparación”.

Para entender el significado de esta declaración tenemos que retroceder a 2018, cuando Carter dio un discurso en el Royal United Services Institute: “En nuestra Brigada 77”, dijo, “tenemos un notable talento para los medios sociales, el diseño de producción e incluso la poesía árabe. Estos son los tipos de habilidades que no podemos permitirnos mantener en el componente regular, pero nos permiten ofrecer capacidades de una manera mucho más imaginativa de lo que podríamos haber hecho en el pasado”.

Anteriormente conocido como “Grupo de Asistencia de Seguridad”, la Brigada 77 fue creada en 2015 como parte del “Ejército 2020”. El Grupo de Asistencia en materia de Seguridad se creó mediante la fusión del Grupo de Operaciones de Medios de Comunicación, el Grupo de Operaciones Psicológicas 15, el Equipo de Fomento de la Capacidad de Seguridad y el Grupo de Estabilización y Apoyo Militar.

La Brigada 77 se describe en su sitio web como una Brigada de Información y Divulgación. ¿Pero qué significa eso? Según el general Carter, “tenemos que seguir mejorando nuestra capacidad de luchar en este nuevo campo de batalla, y creo que es importante que construyamos sobre la excelente base que hemos creado para la guerra de la información con nuestra Brigada 77, que ahora nos da la capacidad de competir en la guerra de crónicas a nivel táctico”.

Los comentarios de Carter en el programa de televisión de la semana pasada deben ser vistos en este contexto. Carter reconoció que el ejército Británico está en guerra con su propia población.

Carter mencionó que estaba trabajando con la Unidad de Respuesta Rápida (RRU) de la Oficina del Gabinete. Establecida en abril de 2018 y conocida también como la “unidad de información falsa”, la RRU recibió una financiación inicial de seis meses. Reunió a un “equipo de analistas, científicos y expertos en medios de comunicación y digitales”, armados con aplicaciones informáticas de última generación para “trabajar las 24 horas del día en el seguimiento de las noticias de última hora y los debates de los medios de comunicación social”.

Según el jefe de la RRU, Alex Aiken, “el servicio de vigilancia de 24 horas de la unidad identificó varias áreas de preocupación durante la pruebas, que van desde el ataque con armas químicas en Siria hasta crónicas nacionales relacionadas con el NHS y el crimen”.

Por ejemplo, tras los ataques aéreos en Siria, la unidad descubrió que una serie de crónicas falsas procedentes de fuentes de información alternativas estaban ganando terreno en internet. Estas fuentes de “noticias alternativas” son parciales y se basan en el sensacionalismo más que en hechos para despertar el interés de los lectores.

Debido a la forma en que funcionaban los algoritmos de los motores de búsqueda, cuando la gente buscaba información sobre las redadas, estas fuentes poco fiables aparecían por encima de la información oficial del gobierno británico. De hecho, no apareció ninguna información del gobierno en las primeras 15 páginas de los resultados de Google. Sabemos que la búsqueda es un excelente indicador de intención. Puede reflejar el sesgo de la información recibida de otros lugares.

Por lo tanto, la unidad se aseguró de que las personas que usaran términos de búsqueda que indicaran sesgo, como “bandera falsa”, recibieran información objetiva sobre la respuesta de Reino Unido. La RRU mejoró el ranking de menos de 200 al primer lugar en cuestión de horas.

La Unidad de Respuesta Rápida recibió financiación permanente en febrero de 2019. Tres meses después de la creación de la Unidad de Respuesta Rápida, Theresa May asistió a la Cumbre del G7 en la ciudad de Quebec, Canadá. Allí anunció el establecimiento de un “nuevo mecanismo de respuesta rápida”, tras la propuesta de Gran Bretaña de “un nuevo enfoque más formalizado para combatir la interferencia extranjera en el G7” en la reunión de ministros de relaciones exteriores del G7 del mes anterior.

El acuerdo envió “un mensaje contundente de que no se tolerará la interferencia de Rusia y otros estados extranjeros”, dijo. “El Mecanismo de Reacción Rápida”, continuó, “apoyará la cooperación en materia de prevención y protección entre los países del Grupo de los Siete, así como la respuesta después de un incidente”, entre otras cosas:

– asignación coordinada de actividades hostiles
– trabajo colectivo para afirmar una narrativa y una respuesta común

Por lo tanto, la respuesta rápida del gobierno británico consiste en crear un acuerdo internacional sobre una narrativa común (a través del “mecanismo”) y luego librar una guerra de información contra su propio pueblo para asegurar que la narración quede protegida en los medios de comunicación (a través de la “unidad”).

En su discurso en la conferencia “Rusi 2018”, Carter explicó el papel de la prensa convencional en “la construcción de un debate público bien informado”. Dijo que la “guerra política” era una guerra por otros medios y que ganar esa guerra requeriría un enfoque “multidisciplinar”.

Se refiere aquí a la doctrina de la fusión, que fue lanzada bajo el régimen de Theresa May como parte de la Revisión de Capacidades de Seguridad Nacional de 2015. “Muchas de las capacidades”, dijo, “que pueden contribuir a la seguridad nacional están fuera de los departamentos tradicionales de seguridad nacional, por lo que necesitamos asociaciones más fuertes dentro del gobierno y con el sector privado y el tercer sector”.

Por lo tanto, no es sorprendente que la unidad de reacción rápida del Gabinete no sólo trabaje con la Brigada 77 del ejército, sino que “dirige la refutación de los relatos falsos” como parte de la unidad […] que también involucra al Ministerio de Interior, al DCMS, al Número 10 y a otras instituciones”.

El general Carter dijo que su Brigada 77 “ayuda a sofocar los rumores de desinformación, pero también a contrarrestar la desinformación”. ¿Qué desinformación ayuda a suprimir la Brigada 77? ¿Cuánta “desinformación” proviene de la Brigada 77 en primer lugar?

Parte de la función de la Brigada 77 es vigilar y evaluar el entorno de información dentro de los límites o la zona de operaciones. No sólo “contrarrestan” la desinformación, sino que también examinan los medios sociales, analizando cómo se propaga la desinformación, incluida la suya propia, y haciendo un mapa de internet y de las redes de personas que comparten contenidos entre sí.

Para ello, han desplegado miles de personas, y decenas de miles en reserva, no sólo dentro de la Brigada 77 directamente, sino también a través del gobierno y el sector terciario.

https://www.ukcolumn.org/article/british-military-information-war-waged-their-own-population

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La Organización Mundial de la Salud dice ahora que nunca ha aconsejado el confinamiento para frenar la pandemia

Margaret Harris, portavoz de la OMS
La portavoz de la OMS, Margaret Harris, ha manifestado al periódico australiano Sydney Morning Herald, que la organización internacional nunca ha aconsejado a los países de todo el mundo que implementen un confinamiento generalizado para controlar la expansión del coronavirus.

“Nunca dijimos que se aplicaran medidas de confinamiento. Dijimos que rastreáramos, aisláramos y tratáramos”, añadió.

Harris dice que, movidos por el pánico, muchos países han seguido el ejemplo de Wuhan para tratar de gestionar la pandemia. Pero lamentablemente no han aplicado todas las medidas chinas, como el control estricto de las personas infectadas o la cuarentena de las personas en contacto con ellas.

La portavoz de la OMS aconsejó a cada país que, mientras se preparan para levantar la contención, deben localizar los sitios de transmisión para aislarlos. “Debes ser capaz de separar a las personas infectadas de las sanas”, continuó para justificar la política de apartheid social con pretextos sanitarios.

A más de 2.600 millones de personas les han impuesto medidas de confinamiento forzoso en el mundo, lo cual supone un tercio de la humanidad, algo que carece de precedentes en la historia de la humanidad.

En todo el mundo, la salud psicológica de amplios sectores sociales se ha visto seriamente afectada a causa de la tensión y la histeria. No todos han sido capaces de soportar la fuerte carga emocional, ni mantener el control. Muchos padecen fatiga, trastornos del sueño, incertidumbre, miedo a los demás, deterioro del raciocinio, trastornos del estado de ánimo, tendencia a la hipocondria, etc.

En el futuro seguiremos viendo progresivas “bajadas de pantalones” y desmentidos para eludir cualquier tipo de responsabilidad, tanto de unos como de otros.

https://www.linfo.re/monde/europe/covid-9-nous-n-avons-jamais-dit-d-instaurer-des-mesures-de-confinement-lance-l-oms

Más información:
– Dossier coronavirus
– La OMS pone a Suecia como ejemplo de tratamiento modélico de la pandemia por no imponer el toque de queda
– La OMS reconoce, por fín, que los tests dan falsos negativos y también falsos positivos
– El término ‘pandemia’ fue sinónimo de corrupción hasta hace muy poco tiempo
– El coronavirus no se contagia por contacto con objetos, según el último informe de la OMS
– ‘El confinamiento es la estafa sanitaria del siglo XXI’, asegura Zelmat en un artículo científico

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La exposición a la luz solar es fundamental para una respuesta inmune adecuada

En una entrada anterior ya expusimos, en relación con la “gripe española” de 1918, que los baños de sol son fundamentales para la salud de los seres humanos. Por lo tanto, el confinamiento es contraproducente.

Donde no hay luz no hay salud, ni tampoco vida. Por ejemplo, la luz produce vitamina D, responsable de la regulación del fósforo y el calcio en el organismo. Un nuevo estudio llevado a cabo por el Centro Médico de la Universidad de Georgetown en Washington ha vuelto a demostrar el papel fundamental que juegan los baños de sol sobre los glóbulos blancos de la sangre o, en otras palabras, sobre el sistema inmunitario.

Para llevar a cabo su función, que no es sino llegar al sitio en el que se ha producido una infección y activar la respuesta inmune, los glóbulos blancos (linfocitos T o leucocitos), necesitan desplazarse y la gama azul de la luz logra que se muevan más rápido.

La “luz azul” induce la producción de peróxido de hidrógeno, un compuesto que provoca la activación de la vía de señalización que aumenta la movilidad de los linfocitos T. Cuando se produce una infección, los leucocitos liberan peróxido de hidrógeno para matar a las bacterias y para recurrir a los linfocitos T y a otras células inmunes capaces de organizar una respuesta.

Los científicos han demostrado que la luz solar induce la producción de peróxido de hidrógeno en los linfocitos T, lo que hace que estas células se muevan. Además, también es sabido que en las respuestas inmunes se utiliza peróxido de hidrógeno para atraer a los linfocitos T hasta la zona dañada. Por lo tanto, todo cuadra.

La investigación también indica que el número de linfocitos T que se encuentran en la piel llega a duplicar el que se observa en la sangre, lo cual también ayuda a orquestar la respuesta inmune frente a la infección.

La luz azul puede alcanzar la dermis, que es la segunda capa de la piel, y que los linfocitos T pueden moverse por todo el organismo.

A diferencia de la luz ultravioleta, los baños de luz azul no tienen efectos perjudiciales, así que lo mejor es salir del confinamiento y tomar el sol en compañía de los colegas.

https://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-exposicion-solar-fundamental-para-respuesta-inmune-adecuada-201612201217_noticia.html

Más información:
– La histeria ha llegado para quedarse 

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La OMS reconoce, por fín, que los tests dan falsos negativos y también falsos positivos

En un comunicado oficial, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha reconocido, finalmente, que todas las pruebas disponibles dan falsos negativos y también falsos positivos al coronavirus.“Las pruebas inmunodiagnósticas incorrectas pueden clasificar falsamente a las personas de dos maneras: la primera es que puede etiquetar falsamente a las personas que han sido infectadas como negativas, y la segunda es que las personas que no han sido infectadas han sido etiquetadas como positivas. Los dos errores tienen consecuencias graves y afectarán los esfuerzos de control”, admite la OMS (*).

Por lo tanto, dice este organismo, es necesaria “una validación adicional” para determinar si son correctas”.

De ello se desprende que las cifras de contagio carecen de valor y que la etiología de los fallecimientos imputados al coronavirus se ignora porque así lo han decidido gobiernos, como el español, por ejemplo.

En fin, la organización se ha pasado a las filas del negacionismo, lo cual es evidente cuando elucubra que los casos detectados como positivos pueden serlo por virus distintos al coronavirus, sobre todo los cuatro que producen la gripe. Quizá sí, o quizá no, o quién sabe.

Todo esto conduce a la OMS a pedir que no se implante ningún “certificado de inmunidad”, que es el mecanismo que algunos gobiernos fascistas, como el de Chile, están estudiando para imponer un régimen de apartheid en la sociedad.

Sin embargo, a pesar de los errores, la OMS es favorable a realizar tests de manera aleatoria y en grupos de riesgo concretos, como los trabajadores de la salud, para poder estudiar el grado de diseminación del virus en la población.

“La OMS apoya estos estudios, que son críticos para comprender el alcance y los factores de riesgo asociados a la infección. Estos estudios proporcionarán datos sobre el porcentaje de personas con anticuerpos detectables del Covid-19, pero la mayoría no están diseñados para determinar si estas personas son inmunes a segundas infecciones”.

(*) https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19

Más información:
– Dossier coronavirus
– Las pruebas para detectar el coronavirus fallan más que una escopeta de feria
– Para paliar los errores de los tests, Estados Unidos quiere duplicar las pruebas de detección
-La OMS es una veleta que cambia de criterio de la noche a la mañana según sople el viento
– El término ‘pandemia’ fue sinónimo de corrupción hasta hace muy poco tiempo
– La OMS pone a Suecia como ejemplo de tratamiento modélico de la pandemia por no imponer el toque de queda
– El coronavirus no se contagia por contacto con objetos, según el último informe de la OMS

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Distanciamiento social de la democracia

Manlio Dinucci

“El distanciamiento social está aquí para quedarse mucho más que unas pocas semanas. De alguna manera cambiará nuestra forma de vida, en cierto modo para siempre”, anunciaron los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos (MIT Tenchnology Review, We’re not going back to normal, 17 de marzo de 2020).

Citan el informe de los investigadores del Colegio Imperial de Londres, en el que se afirma que el distanciamiento social debería convertirse en una norma constante y relajarse o intensificarse en función del número de personas hospitalizadas con el virus en las unidades de terapia intensiva. El modelo desarrollado por estos investigadores, y otros, no se trata sólo de qué hacer con el coronavirus. Se convierte en un verdadero modelo social, para el que ya se están preparando procedimientos e instrumentos que los gobiernos deben imponer a través de la legislación.

Los dos gigantes estadounidenses de la información, Apple y Google, hasta ahora rivales, han unido sus fuerzas para insertar en los sistemas operativos de miles de millones de teléfonos iPhone y Android en todo el mundo un programa de «rastreo de contactos» que alerta a los usuarios si alguien infectado con el virus se les acerca. Las dos empresas garantizan que el programa «respetará la transparencia y la privacidad de los usuarios».

Un sistema de rastreo aún más eficaz es el sistema de «certificados digitales», que está siendo desarrollado por dos universidades estadounidenses, la Universidad Rice y el MIT, con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, la fundación estadounidense creada por Bill Gates, fundador de Microsoft y la segunda persona más rica del mundo según la revista Forbes.  Él mismo lo anunció públicamente, en respuesta a un empresario que le preguntó cómo podía reanudar las actividades de producción manteniendo el distanciamiento social:

«Eventualmente tendremos certificados digitales para mostrar quién se ha curado o ha sido probado recientemente, o, cuando tengamos una vacuna, quién la recibe» (El Blog de Bill Gates, 31 preguntas y respuestas sobre COVID-19, 19 de marzo de 2020).

El certificado digital del que habla Gates no es la actual tarjeta sanitaria electrónica. La Universidad de Rice anunció en diciembre de 2019 la invención de los puntos cuánticos basados en el cobre que, cuando se inyectan en el cuerpo con la vacuna, «se convierten en algo así como un tatuaje con un código de barras que puede leerse con un teléfono inteligente personalizado» (Universidad de Rice, Los tatuajes de puntos cuánticos tienen un récord de vacunación, 18 de diciembre de 2019). La misma tecnología fue desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (Scientific American, Invisible Ink Could Reveal whether Kids Have Been Vaccinated, 19 de diciembre de 2019).

La invención de esta tecnología fue encargada y financiada por la Fundación Gates, que afirma que está destinada a ser utilizada en la inmunización de los niños principalmente en los países en desarrollo. También podría ser utilizado en una vacuna global contra el coronavirus.

Este es el futuro «modo de vida» que se nos anuncia de antemano: el distanciamiento social con un dispositivo variable siempre vigente, el miedo constante a que se acerque alguien infectado con el virus señalado por un timbre en nuestro teléfono móvil, el control permanente a través del «código de barras» implantado en nuestro cuerpo. Sería en esencia una extensión de los sistemas militares con los que podemos rastrear y golpear «objetivos» humanos.

Sin subestimar la peligrosidad del coronavirus, cualquiera que sea su origen, y la necesidad de medidas para prevenir su propagación, no podemos dejar la decisión de cuál debe ser nuestra forma de vida en manos de los científicos del MIT y de la Fundación Gates. Y no podemos dejar de pensar, de hacer preguntas. Por ejemplo: es muy grave que actualmente haya casi 97.000 muertes por coronavirus en Europa, pero ¿qué medidas se deben tomar proporcionalmente contra las partículas finas que, según los datos oficiales de la Agencia Europea del Medio Ambiente (informe «La calidad del aire en Europa – 2019»), causan la muerte prematura de más de 400.000 personas cada año?

https://ilmanifesto.it/distanziamento-sociale-dalla-democrazia/

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Dinero helicóptero y renta básica universal


Universitat Comunista de los Països Catalans

Consideraciones de la U.C.P.C. sobre propuestas que van apareciendo de cómo abordar la recuperación económica después de la parada de buena parte de la actividad económica provocada por el confinamiento, a raíz de la epidemia de gripe del SARS-COVID19.
Después de haber asistido a un proceso de intoxicación social por parte de quien controla el poder político a fin de conseguir insuflar pánico en las masas, y aturdir a diario con un montón de datos sobre las actuaciones clínicas y logísticas, con un lenguaje de guerra del más vulgar “cabo chusquero”, y todo ello recibido desde la reclusión individualista de los hogares o bien en el estrés del trabajo agotador de las que deben abordar diariamente los cuidados y atenciones de los afectados, lo que ha pasado es que la gente ha dejado de centrar la atención en las profundas y verdaderas causas de por qué ha sucedido una pandemia gripal de afectación significativa, fundamentalmente en los países del “Norte”, y sobre quién sacará provecho de este proceso y en especial sobre quiénes pueden ser las y los grandes afectados.
Ahora, cuando ya parece, o así han decidido que lo parezca, que se está ”controlando” la pandemia, cuando en realidad sólo se han relativizado las cifras de los efectos del problema patológico, sin abordar seriamente ni el origen estructural de este tipo de anomalías sanitarias, ni las políticas que han propiciado un diferente resultado sobre el control y moderación de sus efectos, ya aparecen con intensidad, que también irá creciendo en intoxicación, como en la propaganda del modelo sanitario adoptado, las propuestas sobre “los remedios de la enorme crisis económica” que devendrá (la más grande de la historia reciente y otras frases apocalípticas por el estilo, dicen), con una carencia de rigor económico sobre macro-economía y con un discurso que vuelve a dejar a sectores populares fuera del debate de fondo de por qué y para qué de lo sucedido.
Pero las grandes líneas de propuestas “de emergencia” pasan; o por unos “nuevos Pactos de la Moncloa”, que es decir un Pacto social clásico con muchos invitados a la fotografía de la mesa, donde las trabajadoras y trabajadores serán los que pagarán no sólo los efectos, sino también la asunción callada de la recuperación de la tasa de ganancia del capital, y otro gran grupo de propuestas es cómo se aplicarán, repartirán o desde donde sacar las “ayudas” para la revitalización económica. Propuestas, que no son antagónicas, sino enmarcadas dentro de un mismo conjunto de modelos; que sea el poder económico hegemónico quien marque las directrices, cuantías y destinatarios de las políticas a aplicar, donde los políticos “profesionales” serán los que saldrán a menudo en la escenografía y los sindicatos “también profesionales” serán cual figuras de cartón que también aparecerán en la foto y / o para corear determinadas propuestas.
Dejaremos para otra ocasión hablar de los “nuevos Pactos de la Moncloa”, porque no es un tema simplista y porque el tópico de que es del Régimen del 78, sería poco analítico, entre otras cuestiones porque algunos de los padres de exponentes significativos de quien ahora lo critican desde posiciones no estatistas, no sólo fueron partícipes, sino grandes propiciadores de los famosos Pactos, que en definitiva y metafóricamente fueron la aplicación de anestesia a la capacidad movilizadora de la clase obrera, que había empujado de una determinada forma la transición y de la cruenta lobotomitzación de los derechos laborales y sociales conseguidos en la etapa anterior por la lucha de la clase obrera, entre otros la escala móvil salarial restitutoria y los derechos y garantías contra los despidos de los trabajadores y trabajadoras, pacto que abría la vía del despido libre, cada vez menos compensado o nada compensado a estas alturas.
Sobre el otro grupo de propuestas de las “ayudas y / o incentivación” de la actividad económica, aparece con fuerza una de vieja trayectoria, y que enlaza por concepción con otra que es de más reciente predicamento desde posiciones de política económica, a cuyo respecto se sitúan las siguientes consideraciones.
Hablamos básicamente, del dinero helicóptero, es una idea que consiste en regalar dinero a la gente. Por este motivo es conocida también como “expansión cuantitativa para la gente”. El primero en acuñar el término fue el economista neoliberal Milton Friedman que introdujo el concepto hacia 1969 en su libro «The optimum quantity of Money and other essays» que en castellano sería algo así como “La cantidad óptima de dinero y otros ensayos”.
Milton Friedman, ideólogo de la llamada “Escuela de Chicago” y gran diseñador de la política económica aplicada en Chile tras el golpe de estado del fascista Pinochet, del 11 de septiembre de 1973, pero allí no se usó el dinero helicóptero sino una masacre de activistas de izquierdas para destruir las organizaciones de la clase obrera (30.000 encarcelados y torturados y 5.000 asesinados y “desaparecidos”).
La idea que propuso Friedman estaba ilustrada con un ejemplo. El ejemplo consistía en tirar dinero en efectivo desde un helicóptero para que la gente lo cogiera y lo gastara. Era un ejemplo metafórico pero que ilustraba bien el fondo del asunto. El objetivo es estimular la demanda agregada. Es decir, impulsar a la economía en un momento donde está estancada o en recesión. En otras palabras, reactivar la economía y frenar la caída de los precios y sobre todo la sacrosanta defensa del «mercado» como base del modelo económico a preservar.
La teoría es simple: ante la falta de consumo y la parálisis de la economía, en vez de comprar bonos o bajar tipos de interés -o en este caso, los dos a la vez-, se ingresa dinero directamente en las cuentas corrientes de la gente para que puedan usarlo a su placer y así revitalizar la economía mediante el incremento del consumo, con la esperanza de que ese dinero no se lo guarden, sino que se utilicen inmediatamente, de lo contrario no tendría los efectos deseados.
El 17 de marzo de este año, el secretario del Tesoro estadounidense del gobierno de D. Trump, Steve Mnuchin, anunció en una rueda de prensa la medida de «enviar cheques a los americanos inmediatamente». El paquete de estímulo fiscal aprobado por el Congreso de EE.UU. es el triple del que se puso en 2009 tras el estallido de la crisis financiera y que entonces ascendió a 700.000 millones de dólares. En estos se incluye una partida de cerca de 250.000 millones de dólares que se reservarán para efectuar pagos directos a individuos y familias de 1.200 dólares para los que tengan una renta de menos de 75.000 dólares al año, al que se añadirá 500 dólares por cada menor de 17 años.
Otra variable de esta concepción de estimular el «mercado» es: La renta básica universal, o ingreso ciudadano, es una forma de sistema en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares. La recibe todo miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.
La renta básica universal no es una idea nueva, economistas del libre mercado también argumentaban a favor de la misma afirmando que serían menos costosas de implantar y mantener que la tradicional burocracia social, y que más recientemente ha tenido más predicamento en algunas economías, que tendían precisamente a disminuir el papel de la economía pública productiva en momentos de menor o poco crecimiento económico del PNB, y que tenían en su antecedente el haber propiciado el papel importante de la economía estatal.
Estas dos propuestas, de carácter profundamente neoliberal tienen por objetivo fundamental «adelgazar» el papel del Estado, entendido éste como agente económico público productivo.
Una, la renta básica parte de una concepción basada en la «libertad individual» en la que cada persona pueda decidir a qué escuela llevar a sus hijos, que tipo de cobertura sanitaria quiere, como desea asegurar su jubilación, … es decir , que el Estado no tenga que intervenir en estas cuestiones ni regularlas. Todo debe quedar en las manos del «mercado». La cuantía a percibir por cada persona es calculada en base a la cantidad que el Estado se ahorrará deshaciéndose de prestar estos servicios, y los cálculos de Friedman y sus discípulos era que así se ahorraría el dinero correspondiente a los funcionarios (burocracia, decía él) que se ocupaban de estos servicios. En definitiva, la privatización total a excepción de los guardianes del orden o la capacidad coactiva-represiva del Estado, entendido siempre como el Estado que garantiza un sistema de «mercado».
El llamado helicóptero, es paralelo a esta concepción puesta en práctica en momentos puntuales para asegurar el consumo y evitar la crisis de sobreproducción con motivo del bajo nivel de «demanda solvente».
Estas dos propuestas, una estructural y otra coyuntural, están en las antípodas de cualquier perspectiva socialista, en la que los ingresos de las personas, siempre, deben estar correspondidas con una aportación de las mismas a la sociedad, ya sea en forma de trabajo industrial, agrícola o de servicios, asegurando al conjunto de la población un lugar en el que poder realizar esta aportación social que se corresponde con la eliminación del desempleo. Considerando sus diferentes capacidades para poder contribuir en esta aportación social, pero garantizando el empleo como esencia del sistema. Un sistema basado en la producción y servicios estructurales de carácter públicos y con una planificación económica que permita y garantice, no sólo esta total ocupación, sino una aplicación social de sus resultados y beneficios.
Propuestas, ampliamente difundidas por la llamada Escuela de Chicago, que son discípulas de las elaboradas en el primer tercio del siglo XX por Von Mises y Von Hayeck como máximos exponentes de la Escuela Austríaca de Economía, el objetivo , como buenos conocedores de la obra de Marx, era estudiar cómo hacer frente a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Todo ello enmarcado en el lema ideológico del individualismo a ultranza y la preservación del sistema capitalista, ante la ofensiva, en aquella época de la lucha de la clase obrera por la mejora de sus derechos políticos y económicos.
Ante este dilema es oportuno recordar la siguiente reflexión del libro «El nuevo espíritu del capitalismo» Luc Boltanski y Eve Chiapello. Akal 2002. (Fragmentos de la segunda y tercera parte): 
“… En un contexto marcado por la derrota, la disolución o la descalificación de las instancias críticas que habían predominado durante las dos décadas anteriores y a falta de una teoría crítica que permitiera transformar la indignación en un mecanismo argumentador o dar razones para la revuelta, esta preocupación social y los movimientos que la acompañaron adoptaron en la mayoría de los casos la forma de la acción humanitaria. … Este repliegue hacia la acción humanitaria era tanto más sorprendente por el hecho de que una gran parte de las instancias críticas del período precedente había preconizado una solidaridad con las víctimas de las injusticias, pero acompañada de una fuerte crítica de la «caridad” e incluso del «trabajo social», denunciados como medios hipócritas, complacientes o perversos para apartar las personas de la única acción válida posible: la acción política.(450)”
De cuyo comportamiento burgués tenemos un excelente panegírico crítico en la película “Plácido” de 1961 del cineasta Berlanga, que en estos días de reclusión social no estaría de más revisualizar para mejor aprovechamiento del tiempo.
Un espíritu revolucionario de verdadera voluntad transformadora es incompatible con el recurso a la mendicidad o la potenciación de vías que propicien la cristalización social de una conducta que viva atenta a la misma, incluso convirtiendo su espera o expectativa en una lucha entre miserables para ver quien la recibe primero o en mayor cuantía. Donde precisamente el fascismo y tiene una fuente argumental de su política.
Así pues, el análisis de las propuestas que están prodigándose, tanto propiciadas desde los aparatos del sistema, como incluso dentro de las filas de los que dicen ser críticos o con voluntad transformadora, si no se quieren situar lejos, por no decir en las antípodas de un proyecto revolucionario y que haga realidad el lema «Queremos cambiarlo todo», debe desligarse de las estrategias y viejas propuestas de la más rancia tradición neoliberal de defensa de los intereses sacrosantos del Dios Mercado.
En caso de triunfar las propuestas del Sistema, no sólo los efectos de la “pandemia” serán sobre la salud y vida física de las personas, sino sobre su mentalidad y su capacidad de ser sujetos de su propio futuro, en definitiva de la su autodeterminación como personas y como clase social, que no se presenta fácil cuando ante esta andanada, quien a estas alturas controla absolutamente el discurso, la conducta social, sus efectos y finalmente sus provechos y rentabilidades es el Capital. Pues, rebelémonos y hagamos que su estrategia no se enquiste en nuestros análisis y marque nuestra estrategia política.
Universitat Comunista de los Països Catalans
abril 2020