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4 oficiales de las fuerzas especiales rusas mueren en Siria

Al menos cuatro miembros de las fuerzas especiales rusas murieron el sábado en Siria, según el Equipo de Inteligencia de Conflictos (CIT), que rastrea la actividad militar rusa.

Los cuatro oficiales del Centro de Operaciones Especiales del FSB murieron el mismo día mientras realizaban una misión en Siria, como se muestra en las fotos de los monumentos publicadas por el CIT.

El Centro de Operaciones Especiales del Servicio Federal de Seguridad (FSB) fue creado en 1998 por Putin, entonces jefe del FSB, como una unidad para combatir el terrorismo nacional e internacional.

La CIT, que dijo haber investigado el papel de la unidad del FSB en Siria, señaló que no podía confirmar de manera independiente los informes publicados en internet sobre la muerte de los agentes rusos.

Ayer el canal Baza (@bazabazon) de Telegram aseguró que los cuatro oficiales “cayeron en manos de militantes” después de que su vehículo chocara con una mina terrestre cerca de Alepo. “Aparecieron muertos a tiros”, informó ayer Baza, un canal al que relacionan con los servicios de seguridad rusos.

Según los informes de los medios de comunicación social citados por el CIT, los oficiales del Centro de Operaciones Especiales murieron por fuego de mortero.

Ni el FSB ni el Ministerio de Defensa han confirmado o negado oficialmente los informes de las supuestas muertes de los cuatro oficiales.

La primavera pasada Rusia confirmó oficialmente la muerte de 116 de sus soldados en la Guerra de Siria. Moscú no reconoce las muertes de los contratistas militares privados, cuyas actividades son ilegales en Rusia.

(1) https://www.facebook.com/CITeam.org/photos/a.522854614534187/1489464791206493/
(2) https://t.me/bazabazon/2943

Los carroñeros del monopolismo mundial ponen la ‘ecología’ al frente de sus prioridades lucrativas

Fink, el cabecilla de BlackRock, en Davos
Este año la cumbre de Davos ha puesto el cambio climático al frente del orden del día por vez primera y para eso ha sentado entre los buitres de las finanzas mundiales a Greta Thunberg, el ejemplo perfecto de lo que es un pelele (de los que hay tantos entre los “ecologistas”).

Uno de los cabecillas de Davos es Mark Carney (1), modelo de ese “ecologismo” del que que ya hemos hablado en otra entrada. Le acaban de nombrar asesor de Boris Johnson para el cambio climático.

Pues bien, en la reunión Carney advirtió que los fondos de pensiones que ignoren el cambio climático corren el riesgo de quebrar. También lo hemos explicado en entradas anteriores, aunque esta vez no pretendía reconducir a los carroñeros hacia el New Deal Verde, bajo la amenaza de llevar a la quiebra a los que no lo hagan. No hablaba en general sino que se refería a uno de los fondos buitres más conocidos: BlackRock

El cabecilla de BlackRock, Larry Fink, estaba allí sentado escuchando esas palabras. Unos días antes había publicado una carta muy interesante en la misma línea apuntada por Carney, de manera que esta política no es casualidad sino la línea del capital financiero internacional para el futuro.

BlackRock es la referencia mundial en materia de especulación bursátil. Los demás le imitarán y lo que Fink está anunciando es que BlackRock se subía al carro de las inversiones verdes para no perderse el premio gordo. “Estamos al borde de una remodelación fundamental de las finanzas. La evidencia del riesgo climático está obligando a los inversores a reexaminar los paradigmas en el corazón de las finanzas modernas”, dijo Fink.

A los que no leen las noticias bursátiles hay que informarles que hasta ahora BlackRock había apostado todo su dinero a las empresas sucias (petróleo, carbón, gas). Sólo un 0,8 por ciento de sus inversiones están en las “limpias” y esa política le hizo perder 90 millones de dólares el año pasado.

Por lo tanto, que no le hablen a BlackRock de lo que es un riesgo porque sabe que no debe buscarlos en la temperatura sino en la bolsa: “Debido a que los mercados de capital impulsarán los riesgos futuros, veremos cambios en la asignación de capital más rápido de lo que veremos cambios en el clima mismo”, decía Fink en su carta. En ese futuro habrá incentivos para reasignar el capital.

¿Cómo desviará BlackRock el dinero hacia la ecología? Exigiendo a las empresas en las que invierte sus 7 billones de dólares que cumplan con la transición ecológica, lo cual tiene las dos caras de una moneda única: sacar el dinero de las empresas sucias y llevarlo a las limpias.

En otros términos: la empresa que no siga las directrices del IPCC perderá dinero.

Fink recuerda que BlackRock fue miembro fundador del GDFC, un Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Climática. En la fundación del GDFC en 2015 había otros carroñeros, como el Banco de Pagos Internacionales (BPI), entonces dirigido por… Mark Carney.

Al año siguiente, el GDFC (y el gobierno británico) lanzaron la GFI (Iniciativa de Financiación Verde) para canalizar miles de miles de millones de dólares hacia la transición ecológica. Entre los impulsores estaban Michael Bloomberg, JP Morgan Chase, Barclays Bank, los narcos de HSBC, la aseguradora Swiss Re, el banco chino ICBC, la siderúrgica india Tata Steel, la petrolera italiana ENI, Dow Chemical, el gigante minero BHP Billington…

Hace diez años lo explicó Otmar Edenhofer, un miembro del IPCC, en un periódico suizo: “Hay que liberarse de la ilusión de considerar la política climática internacional como una política ambiental. Prácticamente no tiene nada que ver con la política ambiental” (2).

(1) https://mpr21.info/2019/08/un-new-deal-verde-para-europa-o-la.html
(2) Neue Zürcher Zeitung, https://www.nzz.ch/klimapolitik_verteilt_das_weltvermoegen_neu-1.8373227

Siria y Turquía están al borde de una guerra abierta en Idlib

La provincia de Idlib sigue ocupada, en gran parte, por los yihadistas que Turquía dirige, fundamentalmente HTS, la sucursal de Al Qaeda en Siria. El acuerdo de Astana entre Turquía y Rusia, firmado en septiembre de 2018, preveía un alto el fuego en la provincia, las creación de zonas de separación y la reapertura de la autopista M4 entre la costa y Alepo, así como la autopista M5 entre Damasco y Alepo.

El alto el fuego excluía explícitamente a los yihadistas y las carreteras nunca se reabrieron al tráfico civil. Al mismo tiempo, varias zonas de separación se rompieron. Los puestos de observación turcos que debían vigilar el alto el fuego, eran centros de inteligencia y suministros para los yihadistas. La campaña de ataques aéreos de Rusia y Siria evitó que los yihadistas lanzaran ataques de mayor envergadura.

Hace seis días, después de que el ejército sirio liberara Maarat Al-Numan, cruzó la autopista M5 al norte y al sur de la ciudad en un movimiento de pinza. Los yihadistas que mantenían la ciudad huyeron hacia el oeste, hacia Kafranabel y Al Barah en los únicos caminos que quedaban. La ciudad cayó sin luchar.

Las hordas yihadistas quedaron en una posición difícil y, con ellas, el ejército turco, rodeado por fuerzas del ejército regular sirio. Turquía ha construido un nuevo “punto de observación” fuertemente defendido al sur de Saraqib con la intención de bloquear el movimiento sirio hacia la ciudad.

Estados Unidos ha convencido a Turquía para que actúe en Idlib sin el acuerdo de los rusos.

El general Tod Wolters, del mando de Estados Unidos en Europa y cabeza de la OTAN en Europa, visitó Ankara el 30 de enero para mantener conversaciones centradas en Siria. Las conversaciones de Wolters con el ministro de Defensa Hulusi Akar y el Jefe del Estado Mayor Yasar Guler abarcaron tanto el Éufrates occidental como el oriental, donde se concentra la presencia militar de Estados Unidos.

En declaraciones a la prensa, el 29 de enero Erdogan golpeó directamente a Rusia por primera vez: “Rusia, por desgracia, no ha sido fiel a los acuerdos de Astana y Sochi […] O deja de bombardear Idlib o se nos acaba la paciencia y haremos lo que sea necesario a partir de ahora”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó las acusaciones de Erdogan, insistiendo en que Rusia “respeta plenamente todas las obligaciones de los acuerdos de Sochi sobre la zona Idlib”.

El ejército sirio se está desplazando a lo largo de la carretera M5 hacia Saraqib, pero el “punto de observación” turco bloquea el camino. Ayer, el ejército sirio hizo algo inesperado: salió de la M5 en dirección noroeste para rodear la ciudad. Este movimiento ha alarmado a Turquía. No quiere que la liberación de Saraqib y que el ejército sirio recupere el control de las autopistas M4 y M5 hacia Alepo.

Turquía ha declarado la autopista M4 como “zona militar turca”, enviando grandes convoyes con armas pesadas para construir más “puntos de observación” alrededor de Saraqib. Anoche, se produjeron los primeros enfrentamientos entre los puestos de avanzada turcos y sirios. La artillería siria atacó uno de los nuevos “puntos de observación”, matando a 8 soldados e hiriendo a unos 30. La artillería turca devolvió el fuego pero parecía haber fallado sus blancos.

Para salvar las apariencias, Erdogan dijo que el ejército y la fuerza aérea turcos habían tomado represalias contra las tropas sirias. Los rusos, que controlan el espacio aéreo sobre Idlib, negaron que hubiera ataques aéreos turcos.

El ejército sirio continua estrechando el cerco. Ha cruzado la carretera M4 Alepo-Latakia al oeste de Saraqib y actualmente se mueve hacia el norte para cortar la carretera entre Saraqib y la ciudad de Idlib. Si logra bloquear ambas carreteras, las tropas turcas en Saraqib quedarán cortadas de sus líneas de suministro directo con Turquía. Se cuentan por centeares el número de camiones y vehículos militares que han entrado en territorio sirio.

https://www.moonofalabama.org/2020/02/syrian-army-progress-leads-to-new-scuffle-between-turkey-and-russia.html

Nuevos documentos confirman el expolio de las tierras palestinas por la fuerza de las armas en 1948

Un documento de hace 60 años publicado recientemente por el diario Haaretz revela (*) las intenciones secretas del gobierno israelí tras la imposición de una administración militar a los ciudadanos árabes de Palestina en 1948 para asegurar el control los sionistas sobre las tierras.

Lo que eufemísticamente los historiadores califican como “administración militar” no es otra cosa que un estado de guerra permanente impuesto contra los palestinos desde el mismo momento del nacimiento del Estado de Israel.

Durante años el ejército israelí ha tratado de ocultar la documentación histórica en varios archivos, como también reveló el año pasado el diario Haaretz. Desde hace casi 20 años un departamento secreto del Ministerio de Defensa israelí, ha escondido bajo llave los documentos relativos a la historia del Estado de Israel y la guerra israelo-palestina.

La ocultación se hizo sin autorización legal. Hubo una protesta por el artículo y docenas de investigadores e historiadores pidieron al entonces ministro de defensa, Netanyahu, que pusiera fin a esta actividad clandestina ilegal. Su petición no fue respondida.

¿Qué clase de documentos ordenaron esconder? Los que versaban sobre las condiciones de vida de los ciudadanos árabes en Israel durante 18 años, los testimonios sobre el saqueo y la destrucción de las aldeas árabes durante la guerra, los comentarios de los ministros sobre la situación de los refugiados árabes después de la guerra, el confinamiento en los campos de prisioneros y la información sobre el proyecto nuclear de Israel, entre otros.

La protesta ha logrado que en los últimos seis meses se reabran expedientes previamente clasificados, lo que aumenta el conocimiento de la historia de Palestina. Uno de los documentos es un informe preparado por la Comisión Ratner, creada por el gobierno en 1955 para estudiar la posibilidad de suprimir la administración militar sobre los palestinos.

En 1948 había unos 156.000 palestinos en Palestina y la administración militar que les impuso el Estado de Israel no fue abolida hasta 1966.

El 60 por ciento de los palestinos de Israel vivían en Galilea. En la práctica, alrededor del 85 por ciento de ellos estaban bajo el control de la administración militar, sujetos a los toques de queda nocturnos y a los reglamentos que les exigían obtener un permiso de viaje antes de abandonar su zona de residencia.

El informe secreto describe al gobierno militar israelí como una herramienta en la lucha contra los “intrusos” palestinos. “De los 200.000 árabes y otras minorías que residen actualmente en Israel, no hemos encontrado ni uno solo que sea leal al Estado”, concluía el informe.

La existencia del Estado de Israel dependía de la presencia de la administración militar sobre los palestinos. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que lo que realmente interesaba a la administración militar no era la seguridad sino el control de la tierra. Es un ejemplo típico de colonialismo. Una ley militar de emergencia de 1945 permitía a los comandantes militares israelíes acordonar “cualquier zona o lugar”.

En 1962 en una reunión a puerta cerrada Ben Gurion reconoció que sin esa ley militar “no hubiéramos podido hacer lo que hicimos”. En el norte de Galilea no hay judíos, advirtió el dirigente sionista. “Estaremos en esta situación durante muchos años si no impedimos por la fuerza administrativa y militar la entrada en las zonas prohibidas. Y a los ojos de los árabes, estas zonas prohibidas son suyas. Porque la tierra del valle de Ayalon es tierra árabe”.

Según la Comisión Ratner, por sí solo el ejército no podía salvaguardar la tierra del Estado: sólo una colonia judía, la llamada “colonia de seguridad”, podía hacerlo a largo plazo. Por lo tanto, era esencial establecer asentamientos judíos en las tres zonas geográficas supervisadas por la administración militar. Según los autores del codicilo, “el debilitamiento [de los árabes] en la recuperación de estas zonas se debe principalmente al hecho de que han sido selladas por la administración militar o puestas bajo su supervisión”. Añadían que sólo “la vigilancia de los representantes del gobierno militar ha evitado en gran medida una anarquía más grave en la recuperación de tierras”. Fue este gobierno el que impidió que los árabes regresaran a sus tierras.

Pinhas Lavon, que sustituyó a Ben Gurion como Ministro de Defensa a principios de 1954, no aceptaba la administración militar impuesta a los palestinos y revocó la división de Galilea en 46 áreas separadas y cerradas en las que los palestinos necesitaban permisos para trasladarse de una a otra. Una división en tres o cuatro zonas sería suficiente, dijo, y haría la vida más fácil a los ciudadanos árabes.  Los miembros de la comisión se opusieron a Levon, argumentando que había dado lugar a una excesiva libertad de circulación para los árabes, lo que tuvo como efecto “aumentar el control de las tierras del Estado”.

Ocho años después de la fundación de Israel, a la Comisión Ratner le preocupaba que, en el plazo de dos años, gran parte de la tierra se perdiera y se transfiriera a los palestinos. Por lo tanto, su recomendación fue la de abolir el límite de tiempo para permanecer en la tierra.

Una de las principales tareas de la administración militar era actuar como medio de control de las tierras del Estado hasta que se regularizara su estatuto permanente y hasta que se pudiera iniciar el asentamiento de los judíos en las antiguas zonas árabes. “Hasta que se estabilice la seguridad en las pocas zonas de reserva que aún pueden ser colonizadas, es esencial mantener la administración militar en esos lugares y fortalecer su aparato… para que la administración militar pueda asegurar, directa e indirectamente, que la tierra no se pierda para el Estado”.

La Comisión Ratner añadió que sin la administración militar “muchas más áreas corren el riesgo de perderse para el Estado”.

Al final, el informe de la Comisión nunca se presentó al gobierno, aunque sirvió de base para la política de los años siguientes.

¿Por qué Israel ha seguido ocultando un informe escrito hace más de seis décadas? La explicación está en una reunión del gobierno de 1959, durante la cual el Ministro de Educación Zalman Aranne dijo que “la cosa debe hacerse, pero no revelarse, como por ejemplo la judaización de Galilea”.

(*) https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-secret-israeli-document-reveals-plan-to-keep-arabs-off-their-lands-1.8473226

‘Nos oponemos a la implementación de tecnologías de vigilancia masiva y reconocimiento facial en el espacio público’

María Paz Canales y Pablo Viollier

Frente a la represión que el Estado chileno ha ejercido sobre la legítima protesta social, nos oponemos a la implementación de tecnologías de vigilancia masiva y reconocimiento facial en el espacio público. Está demostrado que estas tecnologías no nos protegen: su implementación nos vulnera y entrega al Estado capacidades que menoscaban nuestros derechos.

Mientras que en mayo del año pasado la ciudad de San Francisco (cuna de este tipo de tecnologías) prohibió la utilización de tecnología de reconocimiento facial en espacios públicos, la Unión Europea pondera seguir este camino o al menos implementar una moratoria de cinco años a la utilización de estos mecanismos en espacios públicos; en Chile se ha anunciado una licitación para la compra de equipamientos para un  Sistema de Teleprotección Nacional  por más de 14 mil millones de pesos que incluye tecnología de reconocimiento facial. Este sistema forma parte del programa “Calle Segura”, la iniciativa más ambiciosa para aumentar de capacidad de vigilancia del Estado desde la vuelta a la democracia.

En el contexto de protesta social en el que el país se encuentra sumido desde octubre del año pasado y ad portas de un proceso constituyente, donde las necesidades de expresarse públicamente y manifestarse pacíficamente mantendrán movilizada a parte importante de la población: ¿Qué podría salir mal?

Las razones que han llevado a la prohibición o moratoria de uso del reconocimiento facial en espacios públicos son claras y compartidas: este tipo de tecnologías entregan al poder político una capacidad ilimitada, desproporcionada e injustificada para identificar, perfilar y vigilar a sus ciudadanas; aún cuando la ejecución de estas actividades es incompatible con el Estado democrático de Derecho.

Una de las principales críticas a las tecnologías de reconocimiento facial es su tasa de falsos positivos, es decir, el porcentaje de veces que el sistema reconoce de forma equivocada al afectado. La policía londinense reportó que un sistema de estas características identificó erróneamente a los individuos en un 92% de los casos, en Nueva York se obtuvo un 80% de falsos positivos y en nuestro país, el sistema del Mall Plaza resultó en un 90% de casos erróneos ¿Existe alguna otra industria que pueda mantenerse lucrativa con esos resultados?

Más allá de su efectividad -y la cuestionable justificación económica de esa inversión por el Estado, frente a las múltiples demandas sociales que requieren urgente atención- lo que resulta realmente espeluznante del reconocimiento facial, para aquellos que amamos y defendemos la libertad, es que estamos ante una tecnología que entrega una capacidad completamente desproporcionada al Estado y le permite ampliar su poder político para identificar a sus ciudadanas en el espacio público, un verdadero estado policial de control que trata a las personas como permanentes sospechosas. Este es el Estado del que nos habló Orwell en 1984.

Hoy estamos, entonces, ante una paradoja. El reconocimiento facial es una mala inversión para los recursos del Estado porque no sirve -ya se ha demostrado que es incapaz de entregar el resultado que promete- y el precio lo pagarán con sus derechos y libertades aquellos erróneamente identificados por el sistema. Aún si fuese capaz de alcanzar su objetivo, las consecuencias en el ejercicio de los derechos de las personas serían irreversiblemente más graves; es por esto que la implementación de este tipo de tecnologías resulta incompatible con un Estado de Derecho.

El anuncio de este sistema de vigilancia masiva ocurre en un momento particular, a la mitad de la revuelta social y política más importante que ha vivido Chile en los últimos 30 años. En un escenario en donde al menos tres organismos internacionales han constatado la existencia de gravísimas y generalizadas violaciones a los derechos humanos de la población.

La implementación de este sistema de vigilancia masiva se produce, entonces, en un contexto en el que se constata una progresiva criminalización al legítimo derecho de la población a la protesta social. El sistema propuesto entrega una herramienta tecnológica adicional para acrecentar la capacidad de control del Estado sobre la expresión y la manifestación, como un ejercicio de poder sin contrapesos ni obligación de rendición de cuentas en su uso. Si previo al estallido social vivimos situaciones como la Operación Huracán o la vigilancia policial revelada por el Paco Leaks ¿qué garantiza que un sistema de vigilancia masivo con reconocimiento facial no será utilizado para perfilar a dirigentes sociales, perseguir a activistas, medios independientes u hostigar a oponentes políticos?

Las bases de licitación son claras en entregar al sistema la mayor discrecionalidad y arbitrariedad posible, describiendo las cámaras como un mecanismo legítimo incluso para perseguir incivilidades . En otras palabras, se proponen como una solución para perseguir conductas que van desde cometer delitos hasta botar papeles en la calle, contraviniendo uno de los principios básicos de la disciplina jurídica de protección de datos personales: el principio de proporcionalidad.

Las bases de licitación son además ambiciosas, pero poco precisas. Se establece que el sistema de vigilancia tiene que ser capaz de reconocer rasgos faciales, patrones de comportamiento y contar con algoritmos de aprendizaje de máquinas (machine learning); sin embargo, no establece definición alguna de qué parámetros técnicos deberán cumplir ni provee información acerca de los datos que serán usados para su entrenamiento. Tampoco hay mención a cualquier mecanismo de control o resguardo de los derechos de las personas sujetas a este sistema de vigilancia masiva.

La pretensión del gobierno por generar mecanismos de vigilancia masivos en espacios públicos se basa en una premisa errada que nuestros tribunales superiores de justicia han sido claros en descartar: que «no existe» la privacidad en el espacio público. Claro que las personas no gozan del mismo nivel de privacidad en la calle que en la sala de estar de sus casas, pero eso no quiere decir que uno renuncie totalmente a la privacidad al cruzar el umbral de la puerta.

Y es que la privacidad y el anonimato son además condiciones necesarias para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a reunión, petición, la libertad de culto y la no discriminación. De esta forma la implementación de sistemas de vigilancia masiva genera un efecto inhibidor donde, por miedo a represalias ulteriores, las personas podrían sentirse presionadas a no ejercer sus derechos o ejercerlos de forma limitada.

¿Podrán los chilenos seguir manifestándose con tranquilidad y libertad sabiendo que sus rostros están siendo identificados y que cada uno de sus patrones de comportamiento están siendo analizados por el mismo gobierno que los reprime? La respuesta es obvia.

Desde Derechos Digitales nos oponemos a la implementación de este sistema de vigilancia incompatible con el Estado democrático de Derecho, que vulnera los derechos fundamentales de la población.

La Subsecretaría de Prevención del Delito debe rendir cuenta a las chilenas de su actuar, y es por eso que tal como lo hemos hecho nosotros, invitamos a todos nuestros lectores a utilizar el mecanismo de acceso a la información pública para requerir información de cómo este plan de vigilancia masiva pretende ser implementado y les afecta. Para ello les compartimos un modelo de solicitud que pueden bajar acá. La solicitud se debe ingresar en el portal de transparencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de forma que exijamos al gobierno transparentar los detalles de este sistema de vigilancia masiva a todas sus ciudadanas interesadas en proteger el respeto de los derechos humanos que les hizo salir a la calle en 2019: para exigir que la dignidad se haga costumbre.

https://www.derechosdigitales.org/14182/contra-la-vigilancia-masiva-hasta-que-la-dignidad-se-haga-costumbre/

No le entregues al ladrón las llaves de tu casa

Un antivirus es una aplicación que se instala en el ordenador para que el usuario proteja su intimidad de los intrusos. Algunos son de pago y otros, como Avast, gratuitos.

Pero a veces suele ocurrir que el zorro queda al cuidado de las gallinas. El propio usuario le entrega las llaves de su casa al ladrón. En el caso de los ordenadores es el propio antivirus el que se convierte en intruso, como ha ocurrido con Avast.

“¿Por qué utilizar Avast?, el antivirus gratuito mejor valorado de internet”, pregonaba un sitio especializado (1) que tiene la misma credibilidad que determinados tipos de “especialistas”.

Al antivirus Avast, también conocido como AVG, le han sorprendido con la mano en la caja: recopilaba los datos de los usuarios para revenderlos a las empresas de publicidad, según reveló en diciembre la revista PCMag (2). Incluso había creado una empresa paralela, Jumpshot, para comercializarlos.

El 29 de enero Avast trató de justificar su traición alegando que eliminaron las referencias personales de los datos antes de venderlos a terceros (3), lo cual es falso porque cada uno de ellos tenía identificadores suficientes como para no dejar dudas.

Naturalmente, las ventas las hicieron sin el permiso de sus 435 millones de usuarios, aunque la empresa afirmó que estaba “a punto” de obtenerlo.

Es como la pescadilla que se muerde la cola porque si traficar con los datos de los usuarios de internet es “perfectamente legal”, ¿para qué pedir permiso? Ningún espía pide permiso para espiar y los virtuales siguen esa misma política

La denuncia se ha vuelto contra el antivirus. Su jefe, Ondrej Vlcek, ha anunciado el cierre del programa de venta de datos, pero ya es un poco tarde.

El verano pasado el grupo publicitario Ascential compró una participación del 35 por ciento en el capital de Jumpshot, valorada en unos 180 millones de dólares.

Las acciones de Avast habían alcanzado su cotización más alta el 24 de enero de este año: 550 dólares la unidad.

(1) https://www.elegirantivirus.com/por-que-utilizar-avast-el-antivirus-gratuito-mejor-valorado-de-internet/
(2) https://www.pcmag.com/news/the-cost-of-avasts-free-antivirus-companies-can-spy-on-your-clicks
(3) https://www.pcmag.com/news/avast-defends-data-harvesting-plans-to-get-users-to-agree-to-it

Las confesiones de un pelele cuyos hilos empiezan en Washington y acaban en… Camboya

Kem Sokha: el pelele de Estados en Camboya
Recientemente la radio La Voz de América (VOA), financiada y controlada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, informó que estaban reorganizando su red de emisoras en Camboya.

El pretexto es “proteger a los reporteros en riesgo” y crear una nueva asociación de periodistas. “Esta evolución tiene como telón de fondo la represión gubernamental de la prensa, que ha llevado al cierre de organizaciones de prensa y emisoras de radio independientes en el país”, asegura la VOA (1).

Entre los periodistas en riesgo se encuentran los de Radio Asia Libre, que forma parte del conglomerado de medios de comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos en Camboya y el resto de Asia.

La VOA asegura que los fundadores de la nueva asociación son los miembros de la Alianza de Periodistas Camboyanos (CamboJa): “Los 15 miembros fundadores de CamboJA son periodistas actuales o antiguos de seis medios de comunicación, entre ellos Voice of Democracy, The Cambodia Daily, Radio Asia Libre y VOA, así como periodistas independientes”.

Blanco y en botella: CamboJa es el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos en al país asiático. El nuevo tinglado se prepara, pues, para reforzar a la oposición al gobierno camboyano que dentro de poco se tendrá que enfrentar a la típica desestabilización “de colores”: manifestaciones de jóvenes y estudiantes por las calles, reivindicaciones en contra de la corrupción y a favor de los derechos humanos… Un guión conocido.

Estados Unidos se vuelca en su apoyo al Partido Nacional de Rescate de Camboya (CNRP) que ejercerá el papel de escaparate de la desestabilización de cara a los corresponsales de prensa que envíen las agencias de noticias y televisiones del mundo entero.

El cacique del CNRP es Kem Sokha, a quien no se le puede reprochar que tenga pelos en la lengua: ha admitido abiertamente que es el representante de los intereses de Estados Unidos, que es quien dirige a la oposición camboyana.

El diario Phnom Penh Post publicó un artículo titulado “El productor de vídeo Kem Sokha cierra la oficina de Phnom Penh por miedo”, en el que repasaba las confesiones de este títere:

“Sokha dice que ha visitado Estados Unidos a petición del gobierno cada año desde 1993 para conocer el ‘proceso de democratización’ y que ‘decidieron’ que debía retirarse de la política para crear un cambio en Camboya”.

“Dijeron que si queremos cambiar la dirección, no podemos ir a la cabeza. Antes de cambiar el nivel superior, tenemos que desarraigar el nivel inferior. Tenemos que cambiar el nivel inferior primero. Esa es una estrategia política en un país democrático”, dijo.

Sokha admite claramente que es el imperialismo quien mueve los hilos: “Estados Unidos me ayudó. Me pidieron que tomara el modelo de Yugoslavia, Serbia, donde pudieron cambiar al dictador Slobodan Milosevic”.

“Milosevic tenía muchos tanques. Pero cambiaron las cosas al usar esta estrategia, y [Estados Unidos] está compartiendo esta experiencia conmigo para implementarla en Camboya. Pero nadie lo sabía”, reconoce Sokha.

“Sin embargo, ya que estamos en esta etapa, tengo que hablarles hoy sobre esta estrategia. Tendremos otras cosas que hacer y tendremos éxito”. Luego Sokha va más allá y asegura: “No hago nada por mi propia voluntad. Sus expertos, profesores de universidades en Washington, DC, Montreal, Canadá, son contratados por los americanos para aconsejarme sobre la estrategia para cambiar al dirigente dictatorial en Camboya” (2).

La hija de Sokha, Kem Monovithya, también trabaja abiertamente con
Estados Unidos para derrocar al gobierno camboyano. Cuando comenzó a
tomar medidas contra el NPRC y las organizaciones financiadas por los
imperialistas, Estados Unidos amenazó con sanciones y otras medidas
punitivas. Monovithya desempeñó un papel central en la promoción de
estas medidas punitivas en Washington.

En un artículo de 2017
titulado “Estados Unidos dicen que hay más sanciones sobre la mesa en
respuesta a la represión política”, el diario Phonom Post dijo:

“Un
grupo de ‘testigos’ convocados por el Comité de Asuntos Exteriores de
la Cámara de Representantes, entre los que se encontraba la hija de Kem
Sokha, Kem Monovithya, pidió medidas adicionales en respuesta a la
represión política. En una declaración, Kem Monovithya pidió que se
impusieran sanciones financieras selectivas a los funcionarios
gubernamentales responsables del debilitamiento de la democracia.
También pidió a Estados Unidos que suspendiera ‘toda la asistencia al
gobierno central de Camboya’ y que ‘continuaran los programas de
asistencia a la democracia para la sociedad civil, especialmente los que
se dedican a cuestiones relacionadas con las elecciones’.

No se
puede ser más claro: debilitar al gobierno, cortarle las vías de
financiación y fomentar las ONG, las redes sociales y la
desestabilización.

Al igual que su padre, la colaboración de
Monovithya con el imperialismo se remonta a mucho antes. En 2006 un
artículo del Washington Post titulado “Mientras están en Estados Unidos,
a los camboyanos se les enseña una lección sobre los derechos en el
hogar”, admitió: “Kem Sokha, ex senador y funcionario camboyano, dirige
el Centro Camboyano de Derechos Humanos, que cuenta con el apoyo de
fondos del gobierno de Estados Unidos. El centro ha organizado foros
públicos para escuchar las quejas sobre las condiciones de vida en
Camboya”.

En cuanto a Monovithya, el Washington Post
señalaba: “Monovitha Kem, graduada de una escuela de negocios y
aspirante a abogada, dijo que presionaría a las instituciones
estadounidenses e internacionales para luchar contra la decisión de Hun
Sen”. El gobierno camboyano debía ceder a las presiones: “Me gustaría
que se retiraran los cargos no sólo contra mi padre, sino contra todos
los demás activistas”, dijo en una entrevista. “Espero que cambien la
ley de difamación”, añadió (4).

En Washington Monovitha se reune
con funcionarios del Instituto Nacional Demócrata de Asuntos
Internacionales (NDI), el Instituto Republicano Internacional (IRI), la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y las
ONG “humanitarias” de siempre, lo cual no es ningún secreto (5).

Por
ejemplo, Licadho es una organización financiada tanto por el gobierno
británico como por Estados Unidos a través de la USAID (6). Otros son
tinglados bien conocidos de la Guerra Fría, como Radio Asia Libre y la VOA. También está el Centro
Camboyano para Medios Independientes, financiado por las filiales de la
NED, Freedom House y el IRI, así como la embajada británica y la
omnipresente Open Society de Soros.

Como no podía ser de otra
forma, el plan de Estados Unidos para desestabilizar Camboya es
consecuencia del acercamiento del gobierno camboyano a Pekín, su negativa a
secundar las sanciones a las empresas chinas y el esfuerzo de Estados
Unidos para desatar la guerra en el Mar de China Meridional
.

(1) https://www.voacambodia.com/a/journalists-form-a-new-press-association-plan-to-protect-at-risk-reporters/5136043.html
(2) https://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30325945
(3) https://www.phnompenhpost.com/national-politics/us-says-more-sanctions-table-response-political-crackdown
(4) https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/31/AR2006013101508.html
(5) https://journal-neo.org/2018/05/29/washington-post-denies-us-meddling-in-cambodia-cites-us-meddlers/
(6) https://www.licadho-cambodia.org/donors.php

Kem Monovithya: la hija del pele es otra pelele

El E-11A que se estrelló en Afganistán no era un avión espía vulgar y corriente

Cuando el 27 de enero un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en una remota llanura al sur de Kabul, matando al menos a dos miembros de la tripulación, fue descrito inicialmente por el gobernador de la provincia de Ghazni en Afganistán como un “avión de pasajeros civiles”.

Desde entonces, los medios de comunicación internacionales lo han descrito como un “avión comercial privado modificado”, un “avión espía”, un avión de “vigilancia electrónica” y un centro de “wifi en el cielo”.

¿Cuál fue exactamente el papel del bombardero E-11A de fabricación canadiense que se estrelló a unos 150 kilómetros de la capital afgana?

Richard Aboulafia, vicepresidente de análisis del Teal Group, una empresa de consultoría de aviación con sede en Virginia, explica que la aeronave era mucho más importante que una simple aeronave de vigilancia o de comunicaciones.

Era uno de los cuatro bombarderos E-11A adquiridos por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, “equipado con una serie de aparatos de inteligencia y transferencia de señales” conocido como el Nodo de Comunicaciones Aerotransportadas del Campo de Batalla (BACN), explicó Aboulafia.

El BACN es un sistema de comunicaciones que traduce y retransmite comunicaciones en tiempo real en el campo de batalla entre las tropas de tierra y las aeronaves utilizadas por Estados Unidos en Afganistán.

Es capaz de transmitir comunicaciones de voz, vídeo, fotografía y otros datos entre las aeronaves y las tropas de tierra, que a menudo utilizan  diferentes tipos de redes de comunicación.

Según Aboulafia, esto hace del E-11A un “dispositivo muy valioso” que habría cumplido “la gestión de la batalla a través del mando y el control”, así como las funciones de comunicación, guerra electrónica y vigilancia.

Desde una altitud superior al alcance de cualquier arma talibán, el E-11A proporcionaba “una combinación de funciones de gestión de combate, comunicaciones y cierta inteligencia de señales, lo que implica cierta vigilancia”, según Aboulafia.

“Básicamente, el wifi en el cielo es una forma de verlo”, dice. “Pero cuando eres un avión de inteligencia de señales, hay toda una gama de aplicaciones para eso.

Diseñado para volar a una altitud “muy por encima de los 40.000 pies”, el E-11A no es una aeronave de escucha de las comunicaciones telefónicas o de radio de los talibanes. Generalmente esta tarea la realizan aeronaves más pequeñas de “monitoreo de señales de bajo nivel”, incluyendo aeronaves de turbohélice.

Pero desde su posición sobre los campos de batalla y las montañas de Afganistán, Aboulafia dice que la tripulación del E-11A habría recibido y retransmitido la información que se había obtenido de las comunicaciones de los talibanes por medio de aviones de vigilancia de vuelo bajo o de observadores en tierra.

“El E-11A está recolectando inteligencia de señales”, dice Aboulafia. “Puede que haya gente a bordo que lo analice, lo difunda, lo transfiera… y todo eso. Hay toda una gama de trabajos relacionados con las señales en el campo de batalla.

“La idea es recoger tantas señales como sea posible, desde radios hasta llamadas de teléfonos móviles, y transferir esa información”, dice. “También se trata de transferir comunicaciones entre fuerzas amigas. Es una especie de procesador de señales gigante”, dice.

Técnicamente, llamar al E-11A un “avión comercial privado modificado” también es técnicamente correcto, pero deja fuera detalles importantes sobre la misión del avión.

El fuselaje del E-11A es una adaptación de “uno de los jets privados de negocios más caros que se pueden comprar, un avión de muy alta altitud que normalmente puede acomodar de ocho a doce personas” conocido como el Bombardier Global Express, explica Aboulafia.

Algunos países han modificado la aeronave para utilizarla como ambulancia aérea militar, avión de carga o para misiones especializadas de vigilancia militar.

Un grupo de expertos en seguridad con sede en Estados Unidos, Global Security, dice que la Fuerza Aérea de Estados Unidos desarrolló la carga útil del BACN E-11As en respuesta a la “brecha en las comunicaciones” que llevó a un desastre en el campo de batalla en 2005 para las fuerzas estadounidenses en el norte de Afganistán.

La Operación Alas Rojas, una misión conjunta de los SEAL de la Armada, las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército y los Marines, fue diseñada para atacar a los combatientes talibanes en el distrito de Pech de la provincia de Kunar.

Pero el terreno montañoso impidió que un equipo de reconocimiento de cuatro hombres de los SEAL de la Marina estableciera comunicaciones fiables con su centro de mando. A las pocas horas de su llegada, el equipo SEAL de la Marina fue atacado por los talibanes. Tres de ellos fueron finalmente asesinados.

Una granada propulsada por los talibanes golpeó entonces un helicóptero Chinook mientras intentaba hacer aterrizar un equipo de extracción, matando a otros 16 soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos.

Marcus Luttrell, el único sobreviviente del equipo original de los SEAL de la Marina, describió los eventos en detalle en su libro “Lone Survivor”, publicado en 2007. Una adaptación cinematográfica del libro de Luttrell se estrenó en Hollywood con el mismo título en 2013.

“Debido al terreno montañoso de Afganistán y a la falta de infraestructura de comunicaciones existente, los graves problemas de comunicación impidieron que la patrulla de cuatro SEAL estableciera efectivamente contacto con su centro de operaciones de combate, dejándolos vulnerables a los ataques que se cobraron la vida de 19 miembros del personal de los Servicios de Operaciones Especiales”, dice Global Security.

El ejército de los Estados Unidos ha rechazado las afirmaciones de los talibanes de que sus combatientes derribaron el E-11A en la provincia de Ghazni, diciendo que la causa del accidente todavía está siendo investigada pero no hay señales de que le dispararan.

Aboulafia afirma que las imágenes de vídeo de los restos publicados en un sitio web talibán poco después del accidente apoyan esta declaración del Pentágono.

En lugar de un vasto campo de escombros, las imágenes muestran el fuselaje vertical del avión todavía unido a la cola, lo que sugiere que el avión hizo un aterrizaje forzoso en lugar de ser derribado por un cohete o un fuego antiaéreo.

Las imágenes muestran que la parte superior del avión estaba completamente quemada. Pero hay pocos signos de fuego en la parte inferior del avión. Esto refuerza una declaración de un funcionario del gobierno provincial afgano que dijo que el avión sólo se incendió después de tocar el suelo.

Según Aboulafia, se desconoce si el avión se quemó como consecuencia del accidente o si uno de los miembros de la tripulación activó un mecanismo de autodestrucción después del aterrizaje para evitar que el equipo de alta tecnología cayera en manos de los combatientes talibanes, muchos de los cuales se encontraban cerca del lugar poco después del accidente.

Dijo que para el Pentágono es una prioridad evitar la transferencia del sistema BACN a Irán o Rusia, donde se podrían desarrollar mecanismos de interferencia para desactivar sus vitales enlaces de comunicación en el campo de batalla entre las tropas terrestres y sus centros de mando.

Dos cuerpos quemados son visibles en las imágenes de video cerca de los restos. El martes el Pentágono dijo que las fuerzas de los helicópteros de Estados Unidos recuperaron los restos y la grabadora de vuelo del avión a las pocas horas del accidente. En un comunicado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos añadió que las fuerzas estadounidenses también destruyeron los restos del avión.

El mismo martes el portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, dijo que los combatientes talibanes en el terreno contaron seis cuerpos en el lugar del accidente. Funcionarios estadounidenses no identificados dijeron inicialmente que el avión llevaba menos de cinco personas cuando se estrelló. Más tarde, los oficiales militares de Estados Unidos dijeron que la tripulación entera consistía en las dos personas que fueron asesinadas y recuperadas.

https://gandhara.rferl.org/a/u-s-jet-that-crashed-in-afghanistan-was-no-ordinary-spy-plane-/30406523.html

El gobierno del PSOE y Podemos pide a Trump que amplíe la presencia de tropas estadounidenses en la base militar de Rota

El gobierno del PSOE y Podemos ya ha hecho saber a Trump su interés por renovar cuanto antes el Convenio de colaboración en materia militar que une a España con Estados Unidos desde 1988.

El compromiso recogido en los llamados Pactos de Madrid con Washington finaliza en mayo de 2021 y Pedro Sánchez ya ha comenzado a cortejar a su homólogo de Washington.

El presidente español quiere demostrar a sus socios de Unidas Podemos la conveniencia de firmar un nuevo acuerdo para los próximos años que, además, implicaría ampliar la presencia de fuerzas militares norteamericanas en nuestro país.

4.250 militares y un millar de civiles estadounidenses viven en la base naval de Rota. En Morón, por su parte, hay destinados 2.200 militares y 500 civiles. Son, en total, casi 8.000 norteamericanos desplazados a las localidades de Cádiz y Sevilla.

El cortejo de Sánchez a Trump para que Estados Unidos renueve el compromiso con España comenzó en la Cumbre de la OTAN del pasado diciembre en Londres. Allí ambos hablaron de las bases militares de Morón y Rota y se emplazaron a seguir negociando una vez que Sánchez fuera investido.

En el seno del gobierno se da por seguro que Unidas Podemos no pondrá reticencias a la importancia de estas bases. El vicepresidente Iglesias y los cuatro ministros de Unidas Podemos han mostrado su “total colaboración” con la OTAN. En el PSOE no pasa desapercibido que el jefe de gabinete del Pablo Iglesias sea el exJemad, José Julio Rodríguez. Incluso avanzan que la intención del Ejecutivo es incrementar el presupuesto del Ministerio de Defensa en las próximas cuentas públicas que ya se están empezando a preparar.

Estados Unidos es consciente de que Rota y Morón son dos bases estratégicas para sus Fuerzas Armadas. El pasado 22 de agosto, el secretario de Estado de Defensa de Trump, Mark T. Esper, envió una carta a la ministra Margarita Robles mencionando la alianza “estratégica, sólida y colaborativa” que une ambos países desde hace décadas. En esa misiva Estados Unidos mencionaba las bases de Rota y Morón y hablaba del “trabajo conjunto” y “permanente colaboración”. “El Departamento de Defensa de Estados Unidos sigue comprometido a mantener la cooperación con España”, añadía.

“Espero poder expandir nuestra cooperación para fomentar la paz y la seguridad globales”, decía Esper. Estados Unidos quiere ampliar su presencia en Rota, algo que desde España el gobierno ve con buenos ojos. Supondría la llegada al arsenal naval de dos destructores más (en estos momentos hay cuatro -Donald Cook, Porter, Carney y Ross- que van a empezar su rotación en las próximas semanas) y 600 marines más.

Los buques de Rota han participado en la agresión contra Irán. Disponen de sistemas de armas AEGIS (Égida), cuyo núcleo principal lo constituye el radar denominado AN/SPY-1 (acrónimo en inglés de Radar de Vigilancia Transportable para Ejército y Marina 1), que se completa con estaciones lanzadoras de misiles SM-3 (Misil de Nivel 3).

Estados Unidos está presionando para que sea España quien pague el coste del mantenimiento de sus navíos militares en Rota.

Junto a los demás sicarios del imperalismo, Podemos es una de las pocas organizaciones que jamás se ha sumado a la tradicional marcha en Andalucía contra la base de Rota.

https://www.lainformacion.com/espana/sanchez-trump-estados-unidos-rota/6539025/
https://www.grupotortuga.com/Sanchez-y-Trump-negocian-ampliar
https://elpais.com/politica/2019/12/17/actualidad/1576608957_537130.html

Aumentan un 25 por ciento las violaciones en las academias militares de Estados Unidos

El año pasado aumentaron de nuevo las violaciones en las academias militares de Estados Unidos, según un informe publicado ayer por el Pentágono (*).

Durante el año académico 2018-2019 se denunciaron oficialmente 149 agresiones sexuales a las autoridades de las tres academias militares que forman a los futuros oficiales del ejército de Estados Unidos, en comparación con 117 en el año escolar anterior, lo que supone un aumento de más del 25 por ciento.

Según el Pentágono, es difícil determinar si este aumento se debe a una mayor libertad de expresión de un año a otro o a agresiones sexuales más frecuentes.

Cada dos años los 12.900 estudiantes de estas tres academias (West Point para el Ejército, Annapolis para la Marina y Colorado Springs para la Fuerza Aérea) también rellenan un cuestionario anónimo sobre los casos de acoso o agresión sexual que no se denuncian oficialmente.

El informe de este año no incluye los resultados de estos cuestionarios anónimos, sino sólo los casos denunciados a las autoridades de la academia.

West Point, en el estado de Nueva York, tuvo el mayor número de denuncias, con 57 casos. Treinta y tres casos fueron denunciados en la Academia Naval de Annapolis, Maryland, y 40 en la Academia de la Fuerza Aérea de Colorado Springs. El resto de los informes se referían a personal militar ya en el ejército que informaba de supuestos asaltos en estas academias.

El Pentágono no está abordando el problema de las agresiones sexuales en sus filas y el resultado es que el problema está empeorando. Las medidas de prevención no funcionan, según Don Christensen, antiguo fiscal jefe de la Fuerza Aérea.

“Si el Pentágono realmente quisiera hacer responsables a los perpetradores, adoptaría reformas fundamentales del sistema de justicia militar para asignar los casos de agresión sexual a los profesionales”, añadió Christensen.

https://sapr.mil/sites/default/files/DoD_Annual_Report_on_Sexual_Harassment_and_Violence.pdf

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