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El Consejo de Estado italiano prohíbe el uso de mascarillas en las escuelas

El 26 de enero el Consejo de Estado italiano dictó una resolución prohibiendo que los niños entre 6 y 11 años utilicen obligatoriamente mascarillas en las escuelas.

Los padres de un niño demandaron al gobierno regional de Bolzano, aportando certificados médicos de que el uso prolongado de mascarillas provocaba una falta de oxigenación durante el horario escolar.

Ahora el Consejo de Estado elimina la obligatoriedad de las mascarillas para los niños de 6 a 11 años por considerar que no se han evaluado suficientemente los efectos secundarios y que no se ha demostrado su eficacia.

En el aula a la que asiste el menor no existe un dispositivo de seguimiento de la oxigenación, un oxímetro, un instrumento de coste mínimo y de manjeo muy sencillo que permite a cada profesor intervenir al primer signo de dificultad respiratoria en alumnos muy jóvenes.

El juez concedió al gobierno regional un plazo de 15 días para aportar un documento científico que demostrara que las mascarillas tienen alguna utilidad para prevenir los contagios y que no causan perjuicios a la salud de los niños.

Los documentos eran relevantes para decidir sobre el litigio planteado por los padres, a pesar de los cual el gobierno regional pasó olímpicamente del juez.

En su resolución el juez sostiene que “no se puede obligar al menor a utilizar una mascarilla durante la duración de las clases por el riesgo de fatiga respiratoria”.

Debido al carácter grave e inmediato de la decisión, el juez solicita la ejecución provisional de la misma para proteger al joven estudiante y permitirle asistir a las clases.

La imposición de la mascarilla obligatoria a los niños se aprobó el 3 de noviembre del año pasado por un decreto del Presidente del Gobierno.

Es ya la segunda decisión del Consejo de Estado italiano sobre la pandemia. Antes había levantado la prohibición de la hidroxicloroquina para tratar el coronavirus por parte de los médicos.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202100653&nomeFile=202100304_16.html&subDir=Provvedimenti
https://www.secondopianonews.it/news/giustizia/2021/01/28/il-consiglio-di-stato-via-le-mascherine-nelle-scuole.html

El campesinado ha bloqueado las carreteras estratégicas que recorren India

Las protestas campesinas en India crecen cada día. Después de Punjab y Haryana, se han extendido a Uttar Pradesh, donde se celebran reuniones gigantescas casi a diario para protestar contra la reforma gubernamental que liberaliza los mercados agrícolas.

Ayer más de 10.000 campesinos se reunieron en la ciudad de Shamli, en el corazón de una región productora de caña de azúcar, para asistir a una reunión, desafiando la prohibición de concentraciones impuesta por el gobierno regional con el pretexto sanitario.

Miles de campesinos de Uttar Pradesh también se sumaron al emplazamiento de Ghazipur, a las puertas de Nueva Delhi, al igual que los campesinos de Punjab y Haryana instalados desde el 26 de noviembre en otros dos puestos fronterizos, la frontera de Singhu y Tikrit.

Para protestar contra los cortes del acceso a internet impuestos por el gobierno en los campamentos y para mantener la presión, los sindicatos agrarios han convocado para hoy un bloqueo de las carreteras estratégicas de todo el país, en Punjab, Haryana, Uttarakhand y el Sur.

La operación, denominada “Chakka Jam”, durará tres horas, entre las 12 y las 15 horas. Se trata de la primera gran manifestación desde los incidentes que marcaron el desfile de tractores en Nueva Delhi el día de la Fiesta Nacional, el 26 de enero.

La policía de Delhi dijo que había prohibido a todos los manifestantes la entrada a la ciudad bajo amenaza de represalias. Cavaron trincheras, levantaron barricadas de hormigón, alambre de espino, colocaron tablones con clavos, para impedir que los campesinos entraran en Delhi. Pero no lo lograron. Los campesinos invadieron el centro de Delhi y el Fuerte Rojo, edificio emblemático de la capital, donde izaron la bandera sij. Los enfrentamientos con la policía dejaron un muerto y 400 heridos.

La revuelta de los campesinos ha escapado por completo al control del gobierno, que ha ido acumulando desatinos desde el inicio de la crisis. El ejecutivo, que se niega a retirar su reforma, como piden los campesinos, quería que el movimiento se agotara tras los incidentes del Día de la República. Contó con la deslegitimación de los sindicatos, acusados de no haber sabido controlar a sus afiliados. La policía se preparaba para evacuar los distintos campamentos. El gobierno, una vez más, subestimó la determinación de los campesinos en lucha.

‘Ahora esta carretera es mi casa y decidirá mi futuro’

“Esta carretera es mi casa ahora y decidirá mi futuro”, dice Sukhvinder Singh, un campesino de 27 años del distrito de Moga, en el estado de Punjab, quien forma parte de los cientos de miles que desde noviembre se concentran en Singhu, una localidad de la periferia de Nueva Delhi, para exigir la derogación de las tres nuevas leyes agrarias.

Desde que llegó vive en una tienda de campaña que comparte con otros cinco campesinos. “Es como pasar otra noche en el campo, cuidando mis cultivos de trigo”, dice. Actualmente hay 300.000 agricultores manifestándose en Singhu, que se ha convertido en una ciudad de tiendas de campaña contra la política agraria del gobierno, que apoya a los grandes monopolios agroalimentarios.

Aunque movilizados por 32 organizaciones diferentes, los campesinos tienen una misma reivindicación: la derogación total de las tres leyes, aprobadas por el parlamento en septiembre.

La protesta de los campesinos en las afueras de Nueva Delhi comenzó el 26 de noviembre, aunque es un movimiento cuya irrupción se ha estado gestando durante años.

Los precios inciertos y erráticos, la falta de acceso al mercado, los bajos rendimientos, las pérdidas recurrentes y la carga de la deuda han sido parte de la vida de los campesinos en todo el país durante mucho tiempo.

Las intervenciones del gobierno han incluido, hasta ahora, Precios Mínimos de Apoyo (MSP), un sistema en el que los 28 estados indios anunciaron MSP para 22 cultivos antes de sus temporadas de siembra.

Esto también incluyó la adquisición de granos y legumbres de los campesinos por parte del gobierno para ejecutar su distribución subsidiada de alimentos a los pobres (PDS), la regulación del comercio mayorista con los campesinos, el control de las existencias con los comerciantes y el control de las exportaciones e importaciones.

Sin embargo, las nuevas políticas agrícolas se han alineado con los defensores de la política monopolista y han adoptado exactamente lo contrario de lo que quieren los campesinos: aplicación estricta de los MSP y una mayor intervención del gobierno en las compras y el comercio mayorista.

“Los campesinos indios han estado protestando durante años, pero el país no se dio cuenta” cuenta Kavitha Kuruganti, de la Alianza para la Agricultura Sostenible y Holística, una red nacional de organizaciones que trabajan por la alimentación y la defensa del campesinado.

“En los últimos años, hemos visto a los productores de leche vertiendo cubos de leche en las calles y los productores de verduras aplastando sus productos frescos con excavadoras, todo en una forma de protestar por los precios volátiles y erráticos que los obligaron a sufrir enormes pérdidas”.

“Pero cada vez la protesta terminaba con una promesa verbal del gobierno o con un papel que decía que se examinarían sus quejas”, señala Kuruganti.

Desde 2003 la compra al por mayor de productos agrícolas a los campesinos está regulada por la Ley del Comité de Comercialización de Productos Agrícolas (APMC). Las transacciones al por mayor entre agricultores y comerciantes deben realizarse en un “mandi”, una especie de mercado mayorista regulado. Hay cientos de mandis de este tipo en todo el país, que están gobernados por un organismo con una autoridad electa, establecida por la APMC.

Con el tiempo esos mercados se han convertido en centros de corrupción generalizada donde un pequeño grupo de agentes de ventas ha tomado el control e influido en los funcionarios de la APMC con su poder económico y vínculos con los principales partidos políticos.

Incapaces de hacer frente a estos fijadores de precios, los campesinos no han tenido otra opción que seguirles el juego y soportar las pérdidas.

El gobierno reconoce la monopolización y, como solución, está permitiendo canales alternativos, como los mercados de gestión privada, que pueden competir con los mandis regulados de la APMC por los productos agrícolas.

Además, los agricultores podrán vender directamente a los consumidores. Los grandes compradores, como las empresas dedicadas al procesamiento de alimentos, la venta minorista a gran escala o las exportaciones, también pueden pasar por alto los mercados mayoristas y comprar directamente a los campesinos, que a partir de ahora se verán obligados a aceptar cualquier precio que ofrezcan las grandes empresas comercializadoras.

Los productores agrícolas también argumentan que ni siquiera pueden transportar sus productos al mercado más cercano sin incurrir en pérdidas. Y se preguntan cómo pueden llegar y vender en mercados lejanos.

El susto ante el gran jugador

En diciembre del año pasado, dentro de las acciones de la protesta que fue alcanzando paulatina fuerza, los campesinos de Punjab derribaron 1.500 torres móviles pertenecientes a Reliance Jio Infocomm, la red de telefonía celular más grande de India.

Los manifestantes atacaron la red después de que se rumoró que grandes corporaciones como Reliance Industries, junto con el grupo Adani, entrarían en el negocio de la agricultura comercial, lo que podría privar a los pequeños campesinos de sus medios de vida.

Después de que más de 1.500 torres de telecomunicaciones de Jio fueran dañadas, la empresa finalmente se acercó a un tribunal para demandar los ataques y también aclaró en un comunicado que no tenía planes comerciales agrícolas. Pero Harmandeep Singh, un campesino de Tarn Tarn, también de Punjab, dice: “Hoy dicen que no hay planes. Pero mañana puede cambiar. Estas empresas son tan ricas que pueden comprar cualquier cantidad de terreno y sacarnos del negocio. ¿Quién los detendrá?”

La entrada de los grandes monopolios en el campo ocurrió mucho antes de que llegara al poder un gobierno Modi, que se considera especialmente favorable a las grandes empresas. “En 2011, el entonces gobierno del partido de Congreso había permitido el 100 por ciento de inversión extranjera en varios sectores de la agricultura, por lo que las corporaciones ya llevan mucho tiempo ahí”, dice Subramaniam Kannaiyan, secretario general del Comité de Coordinación de Movimientos Agrícolas del Sur de la India (SICCFM).

“Desde que nos unimos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la apertura de los mercados se ha vuelto inevitable”, añade el dirigente campesino. Pero “debe haber un equilibrio y formas de apoyar y proteger a los pequeños agricultores locales y, para eso, la APMC debe desempeñar un papel más importante, no ser eliminado”, dijo Kannaiyan, quien también es miembro de Vía Campesina, el movimiento mundial de los pequeños agricultores.

Rechazo a terceros

El 12 de enero el Tribunal Supremo de India formó un comité de cuatro integrantes para abrir un diálogo entre el gobierno y los campesinos a fin de resolver las protestas por las leyes agrarias. Pero los campesinos se apresuraron a rechazar el comité y se negaron a formar parte de él por considerarlo una iniciativa, para comenzar, innecesaria.

“Cuando ya hay un diálogo en curso entre el gobierno y los agricultores que protestan, no hay absolutamente ninguna necesidad de que el Tribunal Supremo asuma un papel mediador dado que ni el gobierno ni los dirigentes sindicales se han acercado al Tribunal Supremo y le han dicho ‘por favor resuelva esto’ para que esa instancia decida intervenir”, dijo Kuruganti, de la Alianza de Agricultura Sostenible.

Hasta ahora ha habido 11 rondas de diálogos que se centran no solo en cuestiones técnico legales”, sino también en direcciones e implicaciones políticas, “áreas en las que el Tribunal Supremo no tiene ningún papel que desempeñar”, dice Kuruganti, explicando por qué los campesinos no ven ningún mérito en formar parte de ese comité creado por el Tribunal.

“El problema actual es que, excepto en Punjab y Haryana, no existe un gran sindicato de agricultores en ningún otro lugar de este país”, sostuvo Kannaiyan de SICCFM. “Es por eso que un movimiento de esta magnitud solo puede ser encabezado por agricultores de esos estados. Pero los apoyamos firmemente en solidaridad”, indicó.

Cada vez más decididos

A finales de enero, los manifestantes mostraron su fuerza con una concentración de tractores  de 100 kilómetros de largo. El gobierno trató de prevenir la manifestación obteniendo una orden judicial en contra de la movilización y algunos estados también prohibieron la venta de combustible a los tractores, pero esto no logró disuadir a los campesinos que estaban decididos a realizar esa “concentración de tractores” como muestra de fuerza.

Muchos de los conductores de los tractores prometieron regresar a sus hogares solo después de la derogación de las tres leyes agrarias.

En otra movilización  surgida desde el campamento, el 28 de enero miles de agricultores marcharon hacia el histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi. Hubo enfrentamientos entre la policía y un pequeño número de manifestantes. Finalmente la policía dispersó a la multitud con gases lacrimógenos y un manifestante murió después de que un tractor volcara y cayera sobre él.

“El gobierno está tratando de mostrar al mundo que ha hecho un gran trabajo construyendo armas. Ahora queremos decirle al mundo que un país no se hace grande fabricando armas sino respetando a sus agricultores y restaurando su línea de vida económica, la agricultura que no está teniendo lugar en este momento”, dice la campesina Mandeep Kaur, que explota un pequeño terreno en Ludhiana, en Punjab.

En los últimos dos meses ha viajado varias veces a Singhu para participar en la protesta general.

El 22 de enero, después de la undécima ronda de discusiones, el gobierno ofreció retrasar la implementación de las leyes agrarias de 12 a 18 meses, lo que les da a los agricultores tiempo adicional para prepararse para el futuro. Sin embargo, como los agricultores se negaron a conformarse con algo menos que una derogación total de la legislación, el gobierno se negó a anunciar fechas para seguir las conversaciones.

Las manifestaciones populares contra la miseria y el confinamiento se extienden por Líbano

Esta mañana se ha celebrado en Saida, al sur de Líbano, la cuarta manifestación semanal contra el confinamiento, el paro y la carestía de la vida.

Los manifestantes se concentraron en la Plaza de Elia y lanzaron consignas contra el aumento de los precios y el deterioro de las condiciones de vida, denunciando el estricto confinamiento impuesto desde mediados de enero con el pretexto del coronavirus.

Los manifestantes prendieron fuego a los neumáticos y bloquearon las carreteras que llevan a la Plaza de Saida. El ejército tuvo que intervinir para reabrir la circulación.

El lunes el gobierno anunció una nueva subida del precio del pan en un país sumido en el colapso económico, en un momento en el que la bancarrota impide subvencionar los productos básicos a pesar del descontento social.

La bancarrota económica, agravada por el estricto confinamiento, ha provocado protestas en varias ciudades de Líbano, especialmente en Trípoli, la ciudad más pobre del país. Trípoli ha sido escenario de manifestaciones y enfrentamientos a lo largo de la última semana, con el resultado de un muerto y más de 400 heridos.

‘Es como una guerra’: matan a otros 15 ancianos más de un asilo de Sevilla con las vacunas

En el asilo Vitalia Home Parque Alcosa, muy cerca de Sevilla, han muerto al menos 15 ancianos tras ser vacunados, según El Correo de Andalucía (1).

Se trata de otro asilo “de gestión privada” en el que han llegado a detectar más de 80 positivos, aunque actualmente sólo hay 62, una cifra confirmada por la Consejería de Salud, que mantiene medicalizadas las instalaciones.

La mayoría de los ancianos habían recibido ya la primera dosis de la vacuna antes de la infección y se han contagiado a pesar de que llevan más de dos meses encerrados en sus habitaciones.

“Esto es como en la guerra, comemos en la cama, están todas pegadas y tenemos mucho frío”, relata un anciano recluido en el asilo en un mensaje enviado a un familiar (2).

La situación que se vive en el interior del asilo ha sido denunciada por varios familiares de los anicianos, uno de ellos fallecido, y también por antiguos trabajadores del centro.

El asilo superó la primera ola de la pandemia sin contagios y fue el pasado mes de septiembre cuando, según un familiar, se dio el primer caso en un trabajador.

José Martín Cataluña es hijo de una de las primeras ancianas que dio positivo y que recientemente ha fallecido. Según sus palabras, a raíz del brote, ha descubierto que lo que se vive en el asilo “es una auténtica casa de los horrores”. Los ancianos están sin calefacción, con ropa que no es suya, esqueléticos y con un estado físico y psíquico muy deteriorado.

“Tuve que decir que iba a denunciarlos en el juzgado de guardia para que me pasaran con la directora tras varios días intentándolo porque mi madre estuvo tres días sin calefacción en una habitación sola con una simple estufa. Se comprometió en arreglarla y así lo hicieron. Aún así, en plena borrasca Filomena, con el frío que hizo, sólo se la ponían por la noche”, afirma.

La madre de Martín Cataluña fue trasladada a una habitación de la cuarta planta del edificio tras confirmar su positivo en un cribado. Asegura que prácticamente pasó la enfermedad asintomática. Los problemas comienzan cuando a su madre la sacan de esa habitación, “a escasos tres días de cumplir los 14 de cuarentena” y la llevan a una sala establecida como planta Covid una vez fue medicalizada la residencia por parte del Servicio Andaluz de la Salud, junto con otros positivos.

“Mi madre estaba bien. Yo hablaba con ella y con los médicos y eso es lo que me transmitían hasta que el día 20 de enero, cuando le faltaban tres días para cumplir los 14, me dijo ella misma que la iban a trasladar a una planta medicalizada con siete enfermos más. Yo me negué unilateralmente porque le quedaban tres días de aislamiento y ese trasladado lo único que le iba a suponer era exponerla a una mayor carga viral y sin mascarilla. Pero me dijeron que los sanitarios eran ellos y que se guiaban por las autoridades sanitarias”, relata.

Cuando se cumplieron los 14 días de aislamiento estipulado, recibió una llamada desde el asilo. Le dijeron que su abuela tenía que estar 14 días más aislada porque no tenía anticuerpos y 15 minutos después lo llamó el médico para decirle que su madre se había curado y que sería instalada en la zona limpia de la residencia, donde tres días después empeoró y tuvo que ser trasladada al Hospital Virgen Macarena, falleciendo a los pocos días. “A mi madre la llevaron a una zona limpia sin hacerle una PCR que confirmara que era negativo. Estuvo tres días con otros residentes no contagiados y el 26 de enero tuvieron que llamar a una ambulancia de urgencias y se las llevaron al hospital donde ingresó automáticamente en la planta Covid tras confirmar que seguía contagiada. Estuvo tres días en zona no Covid, contagiada y sin mascarilla”, lamenta.

“Me han mentido y además me han falsificado fechas en los informes clínicos y eso tengo pruebas para demostrarlo», indica Martín Cataluña.

Un auxiliar de enfermería asegura que allí se hacen auténticas barbaridades. “Los abuelos estaban agolpados en seis salones y podía haber unos 20 en cada uno de ellos. Entre todos unas 70 personas para dos auxiliares solos. Esa situación de estrés no hay quien la pueda soportar. Al principio pensé que sería cosa de mala organización los primeros días, pero he visto que esto es así siempre y por eso he decidido irme porque he estado en muchas residencias y nunca he trabajado de esa manera”, afirma.

Los ancianos “durmen con la ropa de calle”. Lo que se les pone por la mañana es lo que tienen todo el día hasta el día siguiente cuando se les ducha y se les cambia. Permanecen sentados en una silla desde que se les levanta hasta que los vuelven a acostar a las ocho de la tarde.

Hace unos días un grupo de antiguas trabajadoras del asilo denunciaron que en la residencia han llegado a servir comida en mal estado; usan sábanas en vez de toallas para secar a los mayores tras las duchas porque las lavadoras y secadoras se estropean continuamente; no hay material de protección suficiente porque “desde dirección se indica que mejor unos guantes limpios con agua y jabón antes de cambiarlo cada dos por tres”.

¿Qué otra cosa cabe esperar cuando la atención a los ancianos se abandona a una empresa privada?

(1) https://elcorreoweb.es/sevilla/el-brote-la-residencia-vitalia-parque-alcosa-registra-15-fallecidos-XD7104990
(2) https://www.diariodesevilla.es/sevilla/brote-residencia-mayores-Alcosa-casa-horrores_0_1544246151.html

Suspenden la vacunación en un asilo de Cádiz en el que han matado a 46 ancianos

La Junta de Andalucía ha suspendido la vacunación de los ancianos del asilo Nuestra Señora del Rosario en Los Barrios, Cádiz, después de que 46 de ellos murieran tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el 5 de enero.

El domingo la Consejería autonómica de Salud tuvo que intervenir el centro asistencial, que es un negocio abandonado a la iniciativa privada.

Por fin empiezan a sonar las alarmas. Hasta el diario ABC se ha tenido que apear del burro: “La campaña de vacunación en las residencias de mayores no está evitando un reguero de muertes”. La situación es “extremadamente complicada”, añade el periódico (*).

Tanto los trabajadores como los ancianos comenzaron a ser vacunados a principios de año con la primera dosis de la vacuna de Pfizer y han tenido que interrumpir la inoculación de la segunda.

Una inspección de los servicios sanitarios determinó que era una medida necesaria “ante el riesgo inminente para la salud pública, y en particular para los usuarios y trabajadores de este centro, al no poderse garantizar el actual protocolo de desinfección y aislamiento de los casos positivos”.

El brote fue detectado el 12 de enero, el 18 ya habían fallecido ocho ancianos y el 28 el número ascendió a 30. Ahora la cifra es de 46 muertes.

El de Los Barrios no es un caso aislado. En un asilo de Sancti Petri, en Chiclana, han matado ya 22 ancianos por un brote que ha contagiado además a 79 ancianos y 24 trabajadores en las últimas semanas.

Tras la primera dosis de la vacuna, casi 170 ancianos han fallecido en los asilos, en muchos de los cuales no se habían registrado contagios desde el comienzo de la pandemia.

¿A cuántos ancianos van a matar antes de que se suspendan las vacunaciones?

¿Cuánto tiempo tardarán los medios en informar sobre el número de muertos a causa de la campaña indiscriminada de vacunas?

(*) https://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-brote-residencia-barrios-provoca-46-muertes-coronavirus-202102040941_noticia.html

La principal causa de la muerte en México es la saturación hospitalaria

México es uno de los países del mundo que ha conocido un mayor exceso de mortalidad el año pasado: 160.000 fallecimientos que, hasta ahora, la intoxicación mediática ha atribuido a la pandemia, aunque lentamente empiezan a aparecer factores muchos más peliagudos que conciernen al dinero y el destino en el que se invierte.

Un estudio científico identifica como principal causa de muerte en México la situación que se vive en los hospitales y, en concreto, la saturación hospitalaria y la falta de camas con ventilación asistida para los enfermos graves.

El 45 por ciento de los pacientes “con coronavirus” que murieron en México, deberían haber ingresado en las unidades de cuidados intensivos, pero no lo hicieron por falta de camas con ventilación mecánica.

Por lo tanto, es evidente que una parte importante del exceso de mortalidad se pudo evitar. No se debe a “causas naturales” sino políticas, económicas y sociales.

La carencia de camas ventiladas no afecta sólo a los pacientes “con coronavirus” sino a todos aquellos con saturación de oxígeno por debajo del 80 por ciento.

El estudio ha sido realizado por investigadores mexicanos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y lo ha publicado la revista científica Plos One (*).

La tasa de mortalidad en México se adjudica principalmente a la disponibilidad de camas con ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos, lo que sugiere que el hacinamiento fue uno de los principales factores que contribuyeron a la mortalidad hospitalaria.

La disponibilidad de camas con ventilación mecánica en México por cada 100.000 habitantes era de 1.5, lo que representa la mitad de las estimadas para China, un 10 por ciento de las de Italia y entre 0.04 y 0.05 por ciento para la capacidad de Alemania y Estados Unidos, respectivamente.

La escasa disponibilidad de camas en cuidados intensivos se está traduciendo en una demora en la admisión de pacientes y, como consecuenncia de ello, un incremento en la tasa de mortalidad.

La investigación concluye sobre la necesidad de atender con urgencia el problema de saturación hospitalaria del sistema de salud público, así como crear nuevas unidades de cuidados intensivos.

(*) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245772

Lo que ha aumentado la mortalidad es la desatención de la mayor parte de los enfermos ‘no covid’

Recientemente el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha publicado un informe en el que analiza el impacto de la primera onda de la pandemia en Navarra. En su estudio los especialistas confirman lo que ya sabemos desde el primer minuto: no es posible imputar el exceso de mortalidad al coronavirus ni siquiera en la primera ola.

Durante los primeros meses de epidemia, “la disponibilidad de pruebas diagnósticas fue muy limitada, por lo que la gran mayoría de las infecciones no fueron confirmadas. En la mayoría de los casos, la clínica era indistinguible de la producida por otros virus respiratorios que estaban circulando en esas fechas. En los primeros momentos pudo haber casos hospitalizados que no se llegaron a confirmar al no conocerse bien la clínica del covid-19 y asemejarse a otras infecciones respiratorias”.

El informe dedica un apartado a la mortalidad relacionada con coronavirus. Durante la primera ola hubo 529 defunciones de casos confirmados que habían sido vigilados, pero finalmente las muertes declaradas por casos confirmados o con sospecha lo sitúa en una cifra de 733 fallecidos.

El exceso de mortalidad en Navarra en ese periodo se sitúa en 619 defunciones. En consecuencia, “no todas las muertes por covid-19 fueron confirmadas y algunas pudieron no ser sospechadas”. Las muertes atribuidas al coronavirus “pueden no corresponderse exactamente con el exceso de mortalidad observado”, porque durante la pandemia pudieron producirse muertes por otras causas que recibieron peor atención.

Por otra parte, en algunas muertes eso que llaman “covid” estuvo presente “pero no modificó sustancialmente el desenlace”. El 58 por ciento de los fallecidos ocurrieron en personas que residían en centro sociosanitarios.

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/02/04/peor-atencion-patologias-covid-1/1117360.html

El gobierno del PSOE y Podemos deniega el ingreso mínimo a 60.000 personas sin techo

El gobierno ha denegado a 60.000 personas sin techo y temporeros la prestación del ingreso mínimo vital (IMV) por no cumplir la acreditación de la unidad de convivencia.

Por eso ha tenido que flexibilizar las condiciones de acceso al IMV en el decreto ley de medidas dirigidas a la población que ha quedado en la miseria a causa del confinamiento y los cierres.

La reforma facilitará que temporeros y “sin techo”, que residen temporalmente con familiares, en albergues, casas de acogida o hogares colectivos accedan a esta prestación.

Además, el decreto ley regula las situaciones de convivencia transitoria, es decir, casos en que por ejemplo como resultado de un divorcio o un desahucio los potenciales beneficiarios convivan con familiares en un hogar mayor, lo que con la anterior regulación podría llevar a la denegación de la prestación al ver aumentada el máximo exigido de renta.

De forma transitoria se considerará una unidad de convivencia independiente a los beneficiarios en casos de violencia de género, divorcio o separación y desahucio o inhabitabilidad, en los dos últimos casos con límite temporal.

Las personas sin hogar, cuyo domicilio real sea distinto al de empadronamiento o viviendas en las que convivan distintas unidades familiares, se les facilitará acceder a esta prestación.

El Ministerio de Seguridad Social sigue estudiando la posibilidad de elevar los umbrales de renta y de patrimonio para acceder al IMV, tal y como adelantó el propio ministro, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en noviembre en el pleno del Congreso de los Diputados.

Según Escrivá, la prestación se encuentra en “evaluación continua” para intentar llegar al universo potencial de beneficiarios, 850.000 hogares o lo que es lo mismo 2,5 millones de personas.

El derecho a matar a los malos gobernantes: de Santo Tomás a la Audiencia Nacional

La teoría política de nuestros días parte de socializar entre la población la idea de que, de manera preexistente, las personas que forman una sociedad son caóticas por naturaleza, y que necesitan orden y disciplina por el bien de todos. En la Edad Media, aparecían figuras políticas como el monarca, que sintetizaba ese concepto, pero que tenía un límite infranqueable: el derecho de los gobernados a eliminarlo si no obraba en consecuencia. Leer más

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