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23 de marzo de 2021

La CIA exigió a Yemen la liberación de un dirigente de Al-Qaeda

La semana pasada el canal Al-Masirah, de los huthíes, divulgó una conversación telefónica entre el director de la CIA, George Tenet (que ocupó el cargo entre 1996 y 2004), y el Presidente yemení, Ali Abdullah Saleh (que ocupó el cargo entre 1990 y 2012). Luego la grabación se ha divulgado en internet (*).

En el audio Tenet exige a Saleh la liberación de un destacado dirigente de Al Qaeda. El cabecilla de la CIA pide la liberación “en un plazo de dos días de alguien que es muy importante para mí personalmente”, y que fue detenido en relación con el papel de Al-Qaeda en el ataque a un destructor naval estadounidense, el USS Cole, en 2000.

Sin embargo, cuando Saleh le pide su nombre del miembro de Al-Qaeda, Tenet le responde que es demasiado arriesgado revelar nombres por teléfono, y añadió que ambos sabían quién era ese individuo.

La grabación da una visión reveladora de cómo Estados Unidos está tomando medidas drásticas entre bastidores, incluso con los jefes de Estado que no tienen más remedio que firmarles cheques en blanco sin rechistar a la menor petición. El hecho de que esta revelación haya sido pasada por alto por todos los medios de comunicación occidentales, ya sean dominantes o supuestamente alternativos, es indicativo del pacto de silencio que pesa sobre la llamada “guerra contra el terrorismo”, que no es más que una instrumentalización del terrorismo para justificar la perpetua ocupación militar de Oriente Medio.

El atentado suicida de Al-Qaeda al que se refiere la llamada, ocurrido el 12 de octubre de 2000, mató a 17 marines estadounidenses e hirió a otros 39.

Según el actual jefe de inteligencia houthi en Yemen, el miembro de Al-Qaeda al que se refiere la llamada es Anwar Al-Awlaki, un clérigo nacido en Estados Unidos, convertido en propagandista. Posteriormente murió en un controvertido ataque con drones de Estados Unidos en 2011, aprobado por Obama.

El hijo de Al-Awlaki, de 16 años, también ciudadano estadounidense, murió en otro ataque de la CIA con drones dos semanas después, junto con su primo y varios otros civiles. En 2017, la hija de ocho años de Al-Awlaki fue a su vez asesinada en una redada de comandos ordenada por Trump.

Un comunicado emitido por las fuerzas huthíes afirma que la conversación es una prueba más de “las relaciones directas entre la CIA y los terroristas de Al-Qaeda y la cooperación de los funcionarios del gobierno de Saleh en esa relación”.

Saleh fue asesinado en 2017 tras cambiar de bando en la Guerra de Yemen, poniéndose del lado de la coalición saudí y abandonando el movimiento houthí al que estaba aliado, tras la toma de la capital Sanaa por parte de los rebeldes en 2014. Los huthíes y el gobierno de Saleh libraron seis guerras intermitentes entre 2004 y 2010.

(*) https://www.middleeastmonitor.com/20210318-houthi-official-cia-asked-yemens-saleh-to-release-al-qaeda-member/

23 de marzo de 2021

‘Mi padre no murió de covid sino de dejadez, de desnutrición y de deshidratación’

28 de junio de 2020. La primera ola del coronavirus ya empezaba a pisar el freno, pero la pesadilla que comenzó para los residentes en centros de mayores y sus familias continuaba. Ese día, la Generalitat de Cataluña retiró a la empresa Eulen la gestión de dos residencias de Barcelona: Bertrán i Oriola y Mossèn Vidal i Aunòs. El motivo, las “diversas irregularidades detectadas en la gestión de estos centros y la atención a las personas usuarias durante la emergencia sanitaria del covid-19”, según informó el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. No se especificaron dichas “irregularidades”. Se utilizó ese término sin más concreción. Pero fueron «muy graves». Al menos, en el caso de la primera residencia: Bertrán i Oriola, cuya gestión en estos momentos corre a cargo de Hermanas Hospitalarias Hospital Mare de Déu de la Mercè.

Un documento de la Fiscalía Provincial de Barcelona detalla todas esas irregularidades graves cometidas en el geriátrico Bertrán i Oriola: el centro no registraba “las constantes básicas de los residentes” ni “los cambios posturales, deposiciones, alimentación ni administración de la medicación”; tenía habitaciones con el nombre del residente equivocado; los mayores que fueron derivados al hospital “presentaban síntomas de deshidratación” y “no era posible el contacto telefónico con la centralita de la residencia”. Un catálogo de actuaciones que muestra el “caos”, tal y como lo califica María, una familiar que prefiere no dar su nombre real, de lo vivido en el centro durante la primera ola de la crisis sanitaria.

El inicio: del todo está bien al caos

“Ya teníamos quejas de la residencia, pero como estábamos los familiares, pues podíamos ir supliendo las carencias que pudiera haber”, relata María. El problema llega cuando el centro echa la persiana, el día 12 de marzo, cuando el covid empezaba a convertirse en una verdadera crisis sanitaria. Isidro —otro familiar que también prefiere utilizar un nombre ficticio— lo recuerda igual. “Era un desastre. Se hicieron recortes de personal y con la calidad del servicio. El covid fue la puntilla”, lamenta.

Con las puertas y las ventanas cerradas, los familiares dejaron de ver lo que ocurría dentro del centro. Y comenzó la angustia. “Nos decían que todo estaba perfecto, pero los familiares nos empezamos a preocupar y a llamar. El día 18 empiezan a llegar rumores de que hay dos gerocultores contagiados. Ya entramos en pánico”, recuerda María. Pero la respuesta de la residencia seguía siendo la misma: estaba todo controlado.

Algo más de tres meses después, se vio que no. El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat publicó una nota de prensa con la que anunció que retiraba a Eulen de la gestión del centro de manera cautelar, “hasta la resolución definitiva de los expedientes sancionadores abiertos por diversas irregularidades detectadas en la atención a los usuarios”. La resolución se dictó el 3 de junio por “una presunta infracción grave y por cinco presuntas infracciones muy graves que pueden ser sancionadas con multa de 4.000 euros por la infracción grave y con multa de 7.900 euros por cada una de las muy graves, además de la suspensión total de la prestación de servicios por un periodo de cuatro años por cada una de las infracciones”, informó el departamento que dirige el conseller Chakir el Homrani.

Pero la cosa venía de antes. Tal y como informó el Departamento, el 26 de abril ya intervino la residencia y sustituyó “temporalmente” a Eulen por otra entidad gestora, “con el objetivo de reconducir la situación en la que se encontraba el centro”.

Las sospechas de los familiares fueron confirmándose. “Yo soy muy tozuda y seguí machacando porque sabía que aquello no iba bien”, relata María. “Me enteré de que en la planta del centro de día bajaban camillas con los mayores contagiados y de que nadie llevaba mascarillas ni guantes porque podían asustar a los ancianos. No tenían personal, no los levantaban de la cama ni les daban la medicación ni de comer”, cuenta, unas palabras que suscribe Isidro. Según sus propios cálculos, en la residencia han fallecido unos 42 ancianos, aunque los datos oficiales hablan de otros números.

Eulen Servicios Sociosanitarios explotaba en Cataluña siete centros que son propiedad de la Generalitat y cuya gestión le fue adjudicada mediante concurso. En total, entre marzo y abril, se registraron en esos geriátricos 44 fallecidos, lo que equivale al 8,3 por ciento en relación a sus 532 plazas. La mayoría de las muertes se acumularon, precisamente, en Bertrán i Oriola (19 decesos por covid sólo en los meses de marzo y abril) y Mossèn Vidal i Aunòs (17). Este centro, según el Departamento de Trabajo de la Generalitat, fue sancionado por “una presunta infracción muy grave, que puede ser sancionada con una multa de 7.000 euros, además de la suspensión total de la prestación de servicios por un periodo de cuatro años”.

La administradora única de Eulen es María José Álvarez Mezquíriz, una de las mujeres más ricas de España y que lleva una década en guerra con sus hermanos por el control de esta compañía y de la bodega Vega Sicilia.

Sin registros, habitaciones equivocadas y deshidratación

La Generalitat nunca especificó las faltas “graves” ni las faltas “muy graves” que se cometieron. La residencia tampoco. Pero una denuncia de un familiar lo ha desvelado. La Fiscalía Provincial de Barcelona archivó una denuncia interpuesta por un familiar de un anciano residente en el centro porque “los hechos denunciados no son constitutivos de delito” al ya haber sido “declarado por la propia Generalitat de Catalunya el funcionamiento anormal del centro residencial”. Pero da detalles. Según el escrito, el centro fue sancionado por cinco infracciones “muy graves”:

No se registraron las constantes básicas de los residentes
No se registraron los cambios posturales, deposiciones, alimentación ni administración de la medicación
Figuraban habitaciones con el nombre del residente equivocado
Los residentes que fueron derivados al hospital presentaban síntomas de deshidratación y, en una analítica de una usuaria, insuficiencia renal
No era posible el contacto telefónico con la centralita de la residencia

Tanto María como Isidro aseguran que eso fue real. “No los levantaban de la cama, les daban de comer y les cambiaban una vez al día”, lamenta ella. “Mi padre no murió de covid, sino de dejadez, de desnutrición y de deshidratación», añade Isidro, que denuncia que en la residencia «estaban bajo mínimos”.

Según la Fiscalía, “las graves irregularidades en el funcionamiento y organización del servicio pusieron en riesgo el derecho de las personas atendidas a recibir una atención personalizada de acuerdo con sus necesidades específicas”, lo que llevó a la Generalitat a nombrar a “un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial así como cambiar de entidad gestora”, una medida que llegó con la imposición del expediente sancionador, recurrido por Eulen. Según la Fiscalía, ese recurso “está pendiente de resolver”.

Un cambio estructural de modelo

El Moviment de Residències de Catalunya, una plataforma recién creada a partir de la unión de varios colectivos de familiares de residentes, declara que el problema es el modelo. “Esta pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias que asociaciones y plataformas hace muchos años denunciamos. Si para algo ha servido esta crisis tan lamentable, ha sido para evidenciar que el sistema de cuidados no funciona y necesita un cambio radical”, exponen. Y este debe empezar, dicen, por retirar a las grandes empresas de la gestión de los centros dedicados a los mayores. “No podemos seguir permitiendo que estos servicios sean un negocio para las empresas privadas, pagadas con dinero público. Estas empresas responsables de la gestión de los centros residenciales, a menudo están expedientadas por causas muy graves y siguen generando beneficios de la precariedad y baja calidad de vida de los usuarios”, denuncian.

“Los responsables del Departament d’Afers Socials i Familia de la Generalitat de Catalunya deberían dar explicaciones urgentemente y tomar medidas ejemplares para impedir que este tipo de empresas puedan seguir lucrándose. Además, deberían responder ante la justicia por haber ocultado y permitido hechos tan graves”, dicen desde la plataforma, que apuestan por la construcción de residencias públicas de gestión 100 por cien pública, por modificar el criterio de adjudicación a empresas gestoras, por reducir el número de personas que viven en unidades de convivencia o por aumentar el personal técnico.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/28/residencia_cataluna_fiscalia_118305_1012.html

23 de marzo de 2021

Aparece muerto un estudiante en Nantes 10 días después de vacunarse con AstraZeneca

Un estudiante de 24 años ha aparecido muerto en su casa de Nantes diez días después de ser vacunado con AstraZeneca. Se ha abierto una investigación judicial y las autoridad sanitaria estudia el caso, pero de momento ya han largado el tópico: “no hay ninguna relación entre la muerte y la vacunación”, dijo un portavoz de la Agencia francesa para la Seguridad de los Medicamentos (ANSM).

En el apartamento que el joven ocupaba solo, la policía encontró un documento que acreditaba que el estudiante de sexto año de medicina e interno en el hospital universitario se había vacunado con AstraZeneca el 8 de marzo. La fiscalía de Nantes abrió una investigación sobre la causa de la muerte y ordenó una autopsia. El informe menciona “una hemorragia interna causada por una trombosis”, según una fuente cercana al caso. Se están realizando otros análisis.

El hermano mayor había hablado con él por teléfono el día anterior. “Sufría de dolor de estómago pero no se quejaba, no era propio de él. Había decidido ir a ver a su médico el jueves por la tarde. No tuvo tiempo. Fue encontrado en la madrugada del miércoles”.

La familia se pregunta por la vacuna. “Mi hermano, además de ser alguien brillante, se cuidada. Tenía cuidado con lo que comía, hacía deporte. Sobre todo, no tenía ningún historial médico, ninguna enfermedad, nada. Estaba en perfecto estado de salud. Así que esa vacuna, es la única rama a la que nos podemos agarrar para entender lo que pasó”, añade.

El caso está bajo investigación clínica, según un portavoz de la Agencia para la Seguridad de los Medicamentos. Por el momento, no hay nada que relacione la muerte con la vacunación. Este caso de muerte está siendo objeto de una investigación clínica exhaustiva por parte de los centros regionales de farmacovigilancia.

Según el último informe de la ANSM, publicado el 19 de marzo, se han producido 13 casos de eventos tromboembólicos en Francia y todos los pacientes están en proceso de recuperación. ¿Cuántos muertos son necesarios para que se prohíba esta vacuna?

https://lesmoutonsrebelles.com/nantes-un-etudiant-de-24-ans-a-ete-trouve-mort-chez-lui-10-jours-apres-avoir-recu-une-dose-du-vaccin-astrazeneca/

23 de marzo de 2021

Capitalismo verde: un holding de capitales financieros internacionales pretende apoderarse de 100 billones de dólares

La reorganización descendente de la economía mundial no es una propuesta de futuro. Se está actualizando mientras el mundo sigue encerrado en confinamientos sin sentido.

El área de inversión más de moda desde el inicio del confinamiento mundial es la llamada inversión ESG, que desplaza los flujos de capital mundial hacia un grupo selecto de acciones y bonos empresariales aprobados. Es uno de los cambios más peligrosos y menos comprendidos desde el siglo pasado por lo menos.

La “economía sostenible” de la ONU la llevan a cabo los mismos bancos mundiales que causaron las crisis financieras de 2008. Esta vez se están preparando para el Gran Reinicio del Fondo Económico Mundial de Klaus Schwab, dirigiendo cientos de miles de millones, y pronto billones, de inversiones en empresas elegidas a dedo, a expensas de las que no lo son, como las empresas de petróleo y gas o el carbón.

Los banqueros y los gigantescos fondos de inversión como BlackRock han creado una nueva infraestructura de inversión que selecciona a los “ganadores” y a los “perdedores” en función de las credenciales ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) de una empresa. Por ejemplo, una empresa obtiene una puntuación positiva por la seriedad con la que contrata a directivos y trabajadores de distintos géneros, o toma medidas para eliminar la “huella de carbono” haciendo que sus fuentes de energía sean “ecológicas” o “sostenibles”. La forma en que las empresas contribuyen a la gobernanza mundial sostenible es el criterio más laxo de ESG, y puede ir desde donaciones a Black Lives Matter hasta el apoyo a organismos de la ONU, como la OMS.

El objetivo de la estrategia ESG es crear una transición a una energía alternativa ineficiente y costosa, la utopía prometida del “carbono cero”. Las principales instituciones financieras y los bancos centrales del mundo están impulsando este movimiento. Han creado un deslumbrante conjunto de organizaciones para impulsar su programa de “inversiones verdes”.

Morgan Stanley por el ‘carbono cero’

En 2013, mucho antes del coronavirus, el banco Morgan Stanley creó su propio Instituto de Inversión Sostenible, que se amplió rápidamente en 2015, cuando Morgan Stanley se unió al comité directivo de la Asociación para la Contabilidad Financiera del Carbono (PCAF). En su página web, afirman: “La PCAF se basa en la posición del Acuerdo de París sobre el Clima, según la cual la comunidad mundial debe esforzarse por limitar el calentamiento global a 1,5 C por encima de los niveles preindustriales y la sociedad debe descarbonizarse y alcanzar las emisiones netas cero para 2050”.

En 2020 la PCAF contaba con más de 100 bancos e instituciones financieras, como ABN Amro, Nat West, Lloyds Bank, Barcylays, Bank of America, Citi Group, CIBC, Danske Bank y otros. Varios de los bancos miembros de la PCAF han sido acusados de blanqueo de capitales. Ahora se sienten investidos de un nuevo papel como modelos de virtudes para cambiar la economía mundial, si la retórica es creíble. El antiguo gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, es consultor de la PCAF.

En agosto de 2020 la PCAF publicó una propuesta de contabilidad mundial del carbono. Esto significa que los banqueros están en proceso de crear sus propias normas contables para calificar o evaluar la “huella de carbono” o el perfil ecológico de una empresa.

El papel central de Mark Carney

Mark Carney está en el centro de la remodelación de las finanzas mundiales para apoyar el capítulo verde 2030 de la ONU del Gran Reajuste del Fondo Económico Mundial de Davos, del que es miembro del consejo de administración. También es asesor del Secretario General de la ONU como Enviado Especial para la Acción por el Clima. Describió el plan de la PCAF como sigue:

“Para alcanzar el nivel cero, necesitamos una transición en toda la economía: cada empresa, cada banco, cada aseguradora y cada inversor tendrá que ajustar sus modelos de negocio, desarrollar planes creíbles de transición y ponerlos en práctica. Para las empresas financieras, eso significa que deben tener en cuenta algo más que las emisiones generadas por sus propias operaciones comerciales. Deben medir e informar sobre las emisiones generadas por las empresas en las que invierten y a las que prestan. El trabajo de la PCAF para estandarizar el enfoque de la medición de las emisiones financiadas es un paso importante para garantizar que cada decisión financiera tenga en cuenta el cambio climático”.

Como gobernador del Banco de Inglaterra, Carney ha desempeñado un papel clave en el apoyo a los bancos centrales mundiales en el capítulo verde de la Agenda 2030. Los principales bancos centrales del mundo, a través del Banco de Pagos Internacionales (BPI) de Basilea, han creado un infraestructura que dirige los flujos de inversión hacia empresas “sostenibles” y los aleja de las que considera “insostenibles”, como las de petróleo y gas. Cuando Mark Carney, entonces gobernador del Banco de Inglaterra, dirigía el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) del Banco Consejo de Estabilidad Financiera (CSF) del BPI, creó un Grupo de Trabajo de Información Financiera sobre el Cambio Climático (GIFCC) en 2015.

Los banqueros centrales del CSF designaron a 31 personas para formar el GIFCC, presidido por el multimillonario Michael Bloomberg. Incluía, además de BlackRock, a JP MorganChase, Barclays Bank, HSBC, Swiss Re, la segunda reaseguradora del mundo, el banco chino ICBC, Tata Steel, ENI Oil, Dow Chemical, el gigante minero BHP y David Blood de Al Gore’s Generation Investment LLC.

Anne Finucane, vicepresidenta del Bank of America, miembro tanto del PCAF como del GIFCC, señaló que “estamos comprometidos a garantizar que los riesgos y oportunidades relacionados con el clima se gestionen adecuadamente dentro de nuestra empresa y que trabajemos con los gobiernos y los mercados para acelerar los cambios necesarios… El cambio climático presenta riesgos para las empresas y es importante que éstas definan cómo gestionan esos riesgos”.

La vicepresidenta describe cómo evalúan los riesgos en su cartera de préstamos inmobiliarios realizando “un análisis de riesgo físico agudo en una cartera de muestra de hipotecas residenciales de Bank of America en todo Estados Unidos. A cada propiedad se le asignó una puntuación basada en el nivel de riesgo asociado a 12 peligros potenciales: tornado, terremoto, ciclón tropical, tormenta de granizo, incendio forestal, inundación fluvial, inundación repentina, inundación costera, rayo, tsunami, volcán y tormenta de invierno”. Del mismo modo, el riesgo de las inversiones de los bancos en petróleo y gas y otras industrias se examina utilizando los criterios del GIFCC de Carney. Todos los riesgos se definen como relacionados con el CO2, a pesar de que no hay pruebas científicas concluyentes de que las emisiones humanas de CO2 estén a punto de destruir nuestro planeta por el calentamiento global. Más bien, la evidencia de la actividad solar sugiere que estamos entrando en un período de enfriamiento inestable, el Gran Mínimo Solar. Esto no preocupa a los intereses financieros que cosecharán billones de dólares en la próxima década.

Otro elemento clave en la preparación financiera del Gran Reinicio, la transformación fundamental de una economía intensiva en energía a una economía poco eficiente económicamente, es el Consejo de Normas de Contabilidad de la Sostenibilidad (CNCD), que “proporciona un conjunto claro de normas para la elaboración de informes de sostenibilidad en una amplia gama de áreas”. Entre los miembros del CNCD que darán el imprimátur de inocuidad para el clima se encuentran, además de la mayor gestora de fondos del mundo, BlackRock, Vanguard Funds, Fidelity Investments, Goldman Sachs, State Street Global, Carlyle Group, Rockefeller Capital Management y muchos grandes bancos como Bank of America y UBS. Muchos de ellos son responsables del colapso financiero mundial de 2008. Según su sitio web, “desde 2011, hemos estado trabajando para lograr un objetivo ambicioso: desarrollar y mantener normas de contabilidad de sostenibilidad para 77 industrias”.

El objetivo es crear una red de entidades financieras mundiales que controlen la riqueza combinada, incluidos los seguros y los fondos de pensiones, por valor de 100 billones de dólares. Establecerán las reglas y definirán a una empresa, o incluso a un país, por la cantidad de carbono que crea. Si eres limpio y verde, puedes conseguir inversiones. Si se le considera un contaminador del carbono, como lo son hoy las industrias del petróleo, el gas y el carbón, los flujos de capital mundiales evitarán financiarle.

El petróleo y el gas bajo ataque

El objetivo inmediato de esta cábala financiera es la columna vertebral de la economía mundial, la industria del petróleo, el carbón y el gas natural. Los analistas de la industria petrolera prevén que, en los próximos cinco años o menos, los flujos de inversión en el mayor sector energético del mundo se reducirán drásticamente. “Dada la centralidad de la transición energética para las perspectivas de crecimiento de toda empresa, pedimos a las empresas que divulguen un plan que explique cómo su modelo de negocio será compatible con una economía neta cero”, escribió Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, en su carta de consejero delegado para 2021. Blackrock es el mayor grupo de inversión del mundo, con más de 7 billones de dólares para invertir. Otro ejecutivo de BlackRock dijo en una reciente conferencia sobre energía que “donde vaya BlackRock, otros le seguirán”.

“Para seguir atrayendo capital, las carteras deben construirse en torno a activos centrales ventajosos: barriles de bajo coste, larga duración y bajas emisiones de carbono”, dijo Andrew Latham, vicepresidente de exploración global de WoodMac, una consultora de energía.

El gobierno de Biden ya está cumpliendo su promesa de eliminar progresivamente el petróleo y el gas al prohibir nuevos arrendamientos en tierras federales y en alta mar, así como el oleoducto Keystone XL. El sector del petróleo y el gas y sus subproductos, como los petroquímicos, están en el centro de la economía mundial. Las 50 mayores empresas petroleras y gasísticas del mundo, incluidas las estatales y las que cotizan en bolsa, obtuvieron unos ingresos de unos 5,4 billones de dólares en 2015.

A medida que el nuevo gobierno de Biden impulsa su oposición ideológica a los combustibles fósiles, el mundo verá un descenso precipitado de las inversiones en petróleo y gas. El papel de los mundialistas de Davos y de los actores financieros de la ESG es garantizarlo. Y los perdedores seremos nosotros. Los precios de la energía se dispararán, como ocurrió durante las recientes ventiscas en Texas. El coste de la electricidad en los países industriales será prohibitivo para la fabricación. Pero no se preocupe. Todo esto forma parte del Great Reset en curso y de su nueva doctrina de inversiones ESG.

En 2010, el jefe del Grupo de Trabajo 3 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, el doctor Otmar Edenhofer, dijo a un periodista: “Estamos redistribuyendo de facto la riqueza mundial a través de la política climática. Tenemos que deshacernos de la ilusión de que la política climática internacional es una política medioambiental. Ya no tiene casi nada que ver con la política medioambiental”. El Great Reset del Fondo Economico Mundial no es sólo una gran idea de Klaus Schwab que reflexiona sobre la devastación económica del coronavirus. Fue planeado hace mucho tiempo por los amos del dinero.

F. William Engdahl, https://journal-neo.org/2021/03/19/the-great-reset-is-here-follow-the-money/

23 de marzo de 2021

La vacuna de AstraZeneca tiene los días contados: otros dos muertos más en Noruega

Ayer, en un comunicado de prensa, la Agencia Noruega del Medicamento informaba de dos nuevas muertes a causa de la vacuna de AstraZeneca: “Ya se han notificado cinco pacientes con una combinación de trombosis, hemorragia y bajo recuento de plaquetas ingresados en el OUS [Hospital Universitario de Oslo] tras la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Uno murió a principios de esta semana, ahora se han reportado dos muertes más”.

Hasta la fecha el total de muertos en Noruega tras ser inoculados con la vacuna de AstraZeneca es de cuatro, todos ellos trabajadores de la sanidad, por lo que el país mantiene la suspensión con este tipo de vacunas, junto con otros países, como Suecia y Dinamarca.

La Agencia no excluye que las muertes estén relacionados con la vacuna de AstraZeneca. El Comité de Seguridad de la EMA (PRAC) ha ordenado que estos efectos adversos se discutan en las características del fármaco y en su prospecto.

El Instituto Nacional de Salud Pública y el Hospital Universitario de Oslo colaborarán en la investigación de las muertes.

Noruega vuelve a dejar en muy mal lugar a la Agencia Europea del Medicamento (EMA), sobre cuyas decisión de mantener este tipo de vacuna siguen recayendo toda clase de sospechas. A pesar de la autorización de emergencia, la EMA sigue estudiando los informes de reacciones adversas en Europa.

Naturalmente que la OMS no se queda atrás, aunque la corrupción dentro de este organismo internacional es ya legendaria, lo que le ha privado de cualquier credibilidad. Son ya varios los estudios científicos que confirman que es esta vacuna la causa las trombosis.

El 15 de marzo la vacuna de AstraZeneca fue suspendida temporalmente en la Unión Europea, aunque la EMA volvió a autorizar su uso de nuevo, a pesar de los coágulos de sangre, hemorragias y bajo recuento de plaquetas que ocasiona.

La suspensión ha multiplicado el número de personas que rechazan las vacunas, tanto la de AstraZeneca como las demás. Después de la suspensión, España reanudará mañana estas vacunaciones, pero en los países europeos no hay acuerdo sobre los tramos de edad en los que se puede administrar.

Algunos países europeos, como Francia, han decidido vacunar con AstraZeneca sólo a los mayores de 55 años, sin ningún líimite por encima de esa edad, mientras que otros, como España, vacunarán hasta los 65 años de edad a partir de mañana.

Otros países, como Reino Unido y Bélgica, no tienen ningún límite de edad de edad para aplicar la vacuna.

https://legemiddelverket.no/nyheter/legemiddelverket-har-mottatt-to-meldinger-om-dodsfall-hos-pasienter-pa-ous

22 de marzo de 2021

Economía política de la histeria colectiva

Hay muchos estudios sobre los efectos psicológicos adversos de la histeria colectiva, los confines impuestos por el Estado, los medios de comunicación e internet que crean ansiedad y pánico colectivos tras una amenaza, ya sea real o imaginaria. Pero ninguno ha examinado hasta ahora en qué medida las instituciones políticas individuales y los Estados contribuyen a la propagación de la histeria colectiva en un mundo digital que llega al mundo entero de manera casi instantánea.

Las pruebas empíricas de la histeria de masas, es decir, la ansiedad colectiva debida a la percepción de una amenaza, se remontan al menos a la Edad Media y persisten hasta nuestros días. Uno de los casos más conocidos de histeria colectiva se produjo tras la emisión radiofónica en 1938 de la adaptación de Orson Welles de la novela de H.G. Wells “La guerra de los mundos”, en la que la Tierra es tomada por extraterrestres. Al parecer, algunos de los asistentes entraron en pánico, pensando que realmente estaban siendo invadidos por extraterrestres.

Otro momento más reciente de histeria colectiva se produjo en las escuelas de todo Portugal, que en mayo de 2006 enviaron informes a las autoridades sobre docenas, luego cientos de casos de estudiantes que sufrían erupciones cutáneas, mareos y dificultades respiratorias. ¿Una alergia? ¿Envenenamiento? ¿Un virus? No, los estudiantes habían sido víctimas de “Morangos com Açúcar” (Fresas con azúcar), una telenovela para adolescentes cuyo episodio, justo antes del brote en las escuelas reales, relataba una enfermedad similar y potencialmente mortal que afectaba a los personajes adolescentes de su escuela ficticia.

Además del efecto placebo (una persona mejora de una enfermedad porque espera mejorar), también existe el llamado efecto «nocebo» (una persona enferma simplemente porque espera enfermar). Existe el caso de un hombre que, mientras participaba en una investigación clínica, intentó suicidarse tomando una cantidad de pastillas que no sabía que eran realmente inofensivas. Desarrolló todos los síntomas de una muerte inminente hasta que un médico que estaba al tanto de la investigación le dijo que la sustancia que había tomado era placebo: el paciente se recuperó en quince minutos.

El 3 de febrero los profesores Philipp Bagus, José Antonio Peña-Ramos y Antonio Sánchez-Bayón publicaron un artículo en la revista “International Journal of Environmental Research and Public Health” sobre la economía política de la histeria colectiva en el contexto de la pandemia (*).

Según los investigadores, “la población ha estado sometida a un enorme estrés psicológico durante la crisis. El confinamiento contribuyó a un aumento de la ansiedad y el estrés, ingredientes importantes en la propagación de la histeria colectiva”. Las encuestas muestran que la gente se siente más infeliz.

Otras pruebas anecdóticas de lo que podría llamarse histeria colectiva se observan en el acaparamiento de papel higiénico y otros artículos de primera necesidad y en el hecho de que algunas personas apenas salen de sus casas por miedo a infectarse, cuando el riesgo de infectarse fuera si se mantiene alejado es mínimo.

Otras se han asustado hasta un punto que no puede explicarse por su ínfimo riesgo de muerte en caso de infección. Mucha gente pensó que se trataba de un virus mucho más mortífero que el coronavirus en realidad, con tasas de supervivencia en Estados Unidos, por ejemplo, de más del 99,98 por ciento hasta los 50 años, del 99,5 por ciento hasta los 70 años y del 94,6 por ciento por encima de los 70 años.

Las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares crónicas matan a mucha más gente que el coronavirus en todo el mundo sin el mismo bombo mediático, el pánico y la intervención gubernamental a una escala sin precedentes.

El riesgo es la probabilidad de que se produzca un peligro. La percepción de esta probabilidad se distorsiona cuando se enfrenta a peligros desconocidos, aterradores y potencialmente devastadores que afectan a las generaciones futuras. El objetivo del estudio de los tres investigadores es examinar hasta qué punto el Estado influye en esta distorsión de la realidad y, en consecuencia, en la propagación de la histeria colectiva y el comportamiento irracional que suele acompañarla.

Un Estado omnipotente y omnisciente que se ha dotado de amplias prerrogativas para intervenir en la vida económica y social y que tiene el poder de prohibir precisamente las actividades que frenan la actividad económica, exacerba los factores que fomentan la histeria de masas, al igual que la inclinación humana al pensamiento gregario.

El pensamiento gregario y la presión social alimentan la histeria de masas por sí mismos, tanto más fácilmente cuanto que no se presentan a la población alternativas que puedan reducir la ansiedad, el miedo y el estrés, como el deporte, el entretenimiento y la socialización, imponiendo el aislamiento, soportando los dictados del Estado.

La concentración de poder impide que la información necesaria para resolver los problemas se genere de forma espontánea y descentralizada por parte de todos los interesados en todos los niveles de la sociedad.

(*) https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1376

22 de marzo de 2021

Muere otro carabinero en Italia después de recibir la vacuna de AstraZeneca

El carabinero de 46 años, Emanuele Calligaris, falleció la semana pasada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Santa Maria della Misericordia de Udine, debido a una hemorragia cerebral, como consecuencia de la vacuna de AstraZeneca.

El pasado 4 de marzo el carabinero recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y 11 días después se sintió mal y fue trasladado a urgencias.

La empresa sanitaria universitaria Friuli Centrale, en una nota, explica que Calligaris ingresó por un estado neurológico comprometido y un escáner cerebral había mostrado una hemorragia cerebral especialmente extensa.

“El paciente fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, entubado y sometido a un tratamiento intensivo. La hemorragia cerebral es, por desgracia, un hecho bastante frecuente en los pacientes que ingresan en la UCI. También en estos días se han producido otras muertes de pacientes que sufrían la misma patología”.

La empresa confirma que Calligaris había sido vacunado el 4 de marzo con la vacuna de AstraZeneca. “Sobre la base de la información que poseen los médicos -escribe la empresa-, en la actualidad no se puede decir nada sobre una posible relación de causalidad entre ambos sucesos”.

Calligaris, que vivía con su familia en Montegnacco di Cassacco, no lejos de sus padres, deja a su mujer, un hijo, su hermana Lara, que tiene una tienda de comestibles en Cassacco, su padre Olinto y su madre Giuseppina. Gran amante de la montaña, deportista y dinámico, Calligaris es recordado por colegas y amigos como una persona reservada, siempre dispuesta a ayudar al prójimo.

La alcaldesa de Cassacco, Ornella Baiutti, dice estar triste. “Emanuele era un hombre muy discreto y humilde. Una hermosa familia, la suya. Adoraba a su mujer y a su hijo, que desgraciadamente pierden a un buen padre y a un marido cariñoso. Nuestra comunidad está muy conmocionada por lo ocurrido. Es la comidilla de la ciudad. La familia es muy conocida y respetada. Una tragedia”.

Italia interrumpió la administración de la vacuna de AstraZeneca, aunque finalmente fue la Agencia Europea del Medicamento, a pesar de los estudios existentes sobre la relación de causalidad entre la vacuna y las hemorrogias.

No obstante, al criticar un estudio del Instituto Paul Erhlich (2), el profesor Wolfgang Wodarg ya advirtió en febrero sobre la posibilidad de que las vacunas contra el coronavirus produjeran este tipo de reacciones adversas, como las trombosis (3).

La autopsia de la enfermera de 49 años fallecida en Austria confirmó que la vacuna de AstraZeneca le provocó la trombosis cerebral (4).

Un estudio del Hospital Universitario de Oslo demostró una relación causal entre la formación de coágulos de sangre y la inyección de la vacuna de AstraZeneca (5).

Por su parte, los investigadores de la Universidad alemana de Greifswald han encontrado la clave para entender las causas de las trombosis cerebrales causadas por la vacuna de AstraZeneca (6).

Listado de muertos en Italia tras recibir las vacunas:

– 14 de enero: en Frosinion, Elisabeth Durazzo, enfermera del hospital Spaziani, muere mientras duerme con 39 años de edad. Vacunado con Pfizer dos días antes
– 14 de enero: en Mantua, Enrico Patuzzo, médico de hospital, muere poco después de ser vacunado con Pfizer por complicaciones cardíacas
– 22 de enero, en el hospital Bufalini de Cesena, Miriam Gabriela Godoy, de 49 años, titular de la farmacia municipal de Porto Corsini. Había sido vacunada unos días antes con Pfizer
– 23 de enero: en el hospital de Nocera muerte de un médico de 45 años, el doctor Mauro D’Auria, del hospital local, fallecido por un infarto. El día anterior se había vacunado con Pfizer
– 24 de enero, Roma. Luigi Buttazzo murió a los 42 años. Un repentino ataque al corazón lo mató al instante. Era enfermero de quirófano en el Policlínico Tor Vergata». Había sido vacunado dos días antes con Pfizer
– 25 de enero: Forlì: en el Hospital Morganti, Maurizio Lentis, enfermero y voluntario de la Cruz Roja, que había sido vacunado dos días antes, murió repentinamente (Pfizer).
– 26 de enero: en Olbia, Jessica Flore, una joven enfermera recién licenciada y vacunada antes de incorporarse a su primer turno en el hospital, murió de un grave infarto, sin haber sufrido nunca ningún problema de salud. (Pfizer)
– 12 de febrero, Verona, Hospital de Negrar, una enfermera de 55 años, en excelente estado de salud, muere repentinamente de un ataque al corazón, dos días después de ser vacunada (Pfizer).
– 21 de febrero: en Trapani el subcomandante de la fiscalía de la capital, Giuseppe Maniscalco, murió por la mañana. Vacunado el día anterior con Astrazeneca
– 26 de febrero: en Caserta, Pietro Scardigli, trabajador sanitario, murió unas horas después de la segunda dosis de la vacuna de Astrazeneca
– 2 de marzo: en Cuneo, una enfermera de 40 años, Silvia Dellavalle, de Bra, en la provincia de Cuneo, muere repentinamente tras recibir la vacuna de Pfizer
– 4 de marzo: en Nápoles, Annamaria Mantile, una profesora de 44 años que gozaba de excelente salud, se sintió mal dos horas después de ser vacunada con Astrazeneca y murió 4 días después de un infarto intestinal
– 5 de marzo: en Perugia, Michela Foderini, se vacuna en el Hospital Silvestrini y lo anuncia en Facebook con fotos. La dosis de refuerzo es letal
– 5 de marzo: en Messina muere repentinamente Silvana Prestandrea, voluntaria de la Cruz Roja, vacunada el día anterior con Astrazeneca
– 10 de marzo: en Acerra, el enfermero Vincenzo Russo, del Instituto Viviani de Casalnuovo, falleció en Acerra tras la primera dosis de la vacuna de Astrazeneca
– 10 de marzo: en Catania, David Villa, de 50 años, agente del equipo móvil de Catania, se siente mal unas horas después de la vacunación de AstraZeneca. Hospitalizado, murió 12 días después

(1) https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/03/16/news/emanuele-calligars-carabiniere-di-46-anni-stroncato-da-malore-vaccinato-il-4-marzo-nessun-nesso-con-la-morte-1.40034933
(2) https://www.pei.de/DE/newsroom/pm/jahr/2021/03-gewebeschaeden-zellfusion-covid-19-rolle-spikeprotein.html
(3) https://www.wodarg.com/?cmsEdit=1
(4) https://www.wochenblick.at/obduktion-zwettler-krankenschwester-49-starb-an-impf-hirnthrombose/
(5) https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KyGv2G/professor-says-cause-of-rare-bloodclots-in-people-vaccinated-with-astrazeneca-has-been-found
(6) https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/AstraZeneca-Greifswalder-Forscher-finden-Thrombose-Ursache,coronavirus4660.html

22 de marzo de 2021

Se cumplen 81 años del atentado contra el periódico del Partido Comunista de Suecia

El 3 de marzo de 1940 tuvo lugar el atentado en la ciudad de Lulea, 900 kilómetros al norte de Estocolmo, a orillas del mar Báltico. Los explosivos de trotyl estallaron a las 3 de la madrugada. Destruyeron totalmente las instalaciones de la imprenta del “Norrskensflamma” (La Luz de la Aurora Boreal).

De la gente que estaba en las instalaciones algunos se salvaron, pero 5 personas murieron en el incendio. Las víctimas mortales fueron el miembro del comité central Arthur Hellberg y su esposa Alice con su hija de 8 años Maj. También murió la cajera de la juventud comunista Svea Granberg y su hijo de 12 años Torgny.

El esposo de Svea, Valdemar Granberg estaba en Storsien donde había un campo de trabajo forzado para presos políticos donde en esa época tenían confinados a comunistas y sindicalistas considerados un peligro para las concesiones que Suecia le daba a la Alemania nazi.

Los que hicieron el atentado fueron 5 personas, un periodista del diario de derecha Norrbottenkuriren, 3 subtenientes y un soldado, todos nazis. Luego fueron condenados a 6 y 7 años. Uno de ellos murió en la cárcel en 1941 y los otros fueron indultados en 1944 y 1945. Sin embargo, los autores intelectuales y que organizaron el atentado como el fiscal y jefe de policía de Lulea Ebbe Hallberg no fueron juzgados.

El atentado fue parte del ataque a los comunistas en Suecia en esa época. Los comunistas tenían que ser silenciados a cualquier precio. Tenían lugar persecuciones, razias y confinamientos en campos de trabajo forzado entre otras cosas. Tanto la prensa de derecha como la socialdemócrata alentaban los ataques contra los comunistas.

Incluso después del atentado se burlaron de las víctimas y un diario de derecha lo califico de auto atentado. En ese momento Finlandia era aliada a la Alemania nazi y estaba en guerra con la Unión Soviética. Finlandia tenía como presidente a Kyosti Kallio, el primer ministro era Risto Ryty y estaba bajo el mando militar del mariscal Gustav Mannerheim quien durante la guerra civil en Finlandia en 1919 asesinó a infinidad de trabajadores, comunistas y socialistas.

El 30 de noviembre de 1939 la Unión Soviética había atacado Finlandia para asegurar el área que rodeaba a Leningrado y defender así la ciudad ante el seguro ataque de la Alemania nazi. Fue lo que se llamó la guerra de invierno, vinterkrig. Duró del 30 de noviembre de 1939 al 13 de marzo de 1940. En Suecia estaba la campaña para alistar voluntarios para lucha contra la Unión Soviética en dicha guerra de invierno a la que, por supuesto, los comunistas suecos se oponían. Los autores del atentado habían sido voluntarios a la guerra contra la Unión Soviética.

En el centro de Lulea se inauguró en 1998, casi 60 años después del atentado, un monumento a las victimas realizado por la artista Toivo Lundmark.

https://suramericapress.com/81-anos-del-atentado-al-periodico/

22 de marzo de 2021

13 gobiernos latinoamericanos otorgaron beneficios a las farmacéuticas a cambio de vacunas

A un año de la identificación de los primeros casos de Covid-19 en América Latina, un análisis de las medidas legales publicadas por los gobiernos determina que 13 países de la región cambiaron sus leyes para comprar la vacuna contra esa enfermedad entre setiembre de 2010 y febrero de 2021.

La compra masiva de vacunas contra la Covid-19 volvió a cubrir con un manto de opacidad a América Latina. La presión de los laboratorios y la desesperación de los gobiernos por adquirir millones de dosis a contrarreloj impulsaron cambios en la legislación de casi todos los países de la región. Muchos de ellos modificaron sus leyes para darles indemnidad económica y confidencialidad a las farmacéuticas que producen la vacuna.

Al menos 13 países de América Latina cambiaron sus leyes para comprar la vacuna contra la Covid-19 entre setiembre y febrero. Una investigación de Red Palta, en alianza con la fundación Directorio Legislativo, detectó que en este tiempo se aprobaron 23 nuevas normativas entre leyes, decretos y resoluciones que afianzaron, desde distintos ángulos, la opacidad en estas adquisiciones y les dieron indemnidad económica y confidencialidad a las farmacéuticas que producen la vacuna.

Varios de estos cambios, incluyendo la confidencialidad de los contratos, fueron realizados por requerimiento de los laboratorios. Todos los contratos firmados por países latinoamericanos son confidenciales y casi ningún Estado informó a qué precio compró la vacuna.

Un escudo antidemandas

Brasil, Argentina, Colombia y Perú, entre otros países de la región, quedaron expuestos, además, a las exigencias de indemnidad económica que impusieron los laboratorios. Fueron ocho los países latinoamericanos que cambiaron sus leyes para hacerse cargo de posibles demandas que puedan enfrentar los fabricantes de las vacunas ante probables efectos adversos graves después de que se ejecuten los planes masivos de vacunación.

Colombia, por ejemplo, hizo explícita en la nueva normativa la posibilidad de contratar una “póliza de cobertura global para cubrir las posibles condenas que puedan presentarse”, uno de los requisitos que impuso Pfizer para vender su vacuna. Algo similar ocurrió en Panamá, donde se hizo referencia directamente a ese laboratorio en su normativa por su pedido de confidencialidad en la contratación. También República Dominicana firmó el “pliego de condiciones vinculantes” con Pfizer, en el que aceptó la inmunidad requerida por esta farmacéutica.

Pfizer fue cuestionada en los últimos meses por distintos gobiernos de la región, que lo acusaron de exigir condiciones inaceptables para vender vacunas. Para cubrirse ante posibles demandas, la farmacéutica llegó a pedir que los países respaldaran a la empresa poniendo como resguardo sus bienes soberanos, que son las reservas federales y los bienes militares, entre otros activos.

En Perú, por ejemplo, funcionarios del gobierno revelaron que durante el proceso de negociación, este laboratorio solicitó cláusulas que lo eximían de responsabilidad ante posibles efectos adversos del antígeno, demoras en la entrega de lotes y otro tipo de protección frente a futuras demandas. En medio de las negociaciones, el gobierno emitió un decreto supremo que expresaba el compromiso de someterse al arbitraje internacional ante eventuales controversias derivadas de la compra de vacunas.

Las negociaciones se extendieron por varios meses. Finalmente, en febrero se firmó el contrato por 20 millones de vacunas, cinco meses después de la firma de un pliego de condiciones vinculantes entre el Ministerio de Salud de Perú y Pfizer. Este primer acuerdo contemplaba el pago de 118,8 millones de dólares por inicialmente 9,9 millones de vacunas. Es decir, 12 dólares por dosis, 24 por cada vacuna completa.

El cerrojo de información se replicó también en México. Cuatro de los documentos que fueron marcados como confidenciales por el gobierno para los contratos con Pfizer, Astrazeneca y Cansinobio se llaman: “Indemnización”, “Seguros y responsabilidad”, “Exclusión de responsabilidad” y “Liberación; limitación de responsabilidad por reclamaciones distintas de indemnización de terceros, exención de garantías”.

Con distintos matices, sin embargo, todos los laboratorios exigieron que los países modifiquen sus leyes para darles indemnidad, un requisito que muchos gobiernos tuvieron que aceptar.

Felicitas Torrecilla, coordinadora de Investigación de la fundación Directorio Legislativo, explicó: “Pudimos ver que 13 gobiernos tuvieron que hacer importantes concesiones para firmar contratos, concesiones que hoy limitan ‒cuando no impiden‒ el acceso público a información crítica sobre los términos acordados y los precios que se han pagado por las vacunas en cada país. Estas cuestiones son cruciales para entender, no sólo cómo se ha conducido el proceso para acceder a las vacunas, sino también los desafíos globales vinculados a la equidad sanitaria en un mundo desigual”.

Si algunos países no modificaron sus leyes para darles indemnidad a los laboratorios, casi todos sí cambiaron su normativa para ofrecerles confidencialidad en el proceso de compra y, además, para asegurarse atajos en los sistemas de contratación pública. Fueron 16 los países que compraron vacunas de manera directa, es decir, sin procesos de licitación pública.

“Nada justifica el secreto en los contratos de compra de vacunas. Para poder controlar qué hace el gobierno es indispensable que se garantice el acceso a la información sobre los contratos, qué se compra, a qué precio, qué se recibe, cómo y con qué criterio se distribuyen y aplican las vacunas. El secreto abre la oportunidad para que los funcionarios abusen de su poder en su propio beneficio y el de sus familiares, amigos y seguidores políticos. Esta conducta es un claro caso de corrupción y de violación de los deberes de los funcionarios públicos y de la ley de ética pública”, aseguró Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.

Perú fue uno de los primeros países en realizar cambios en sus normativas. En setiembre de 2020, en el marco de las negociaciones con Pfizer, Sinopharm y otros laboratorios, el Ejecutivo publicó un Decreto de Urgencia que excluía a las compras de vacunas de la Ley de Contrataciones del Estado. Estas ventajas también alcanzan a los procesos de distribución, aplicación y otras contrataciones complementarias para llevar adelante el plan de vacunación.

Asimismo, en 2021, el gobierno peruano emitió otra norma que opaca el proceso de adquisición de dosis, al proteger los acuerdos y cláusulas de confidencialidad con los laboratorios. “Cuando se termine la vigencia de estas cláusulas, se darán a conocer los contratos a través de las vías de transparencia […] Esto no solamente es para Perú. Los contratos de los laboratorios, por tratarse de vacunas de emergencia y un bien escaso, contienen estas cláusulas”, dijo la primera ministra peruana, Violeta Bermúdez.

Otro caso similar es México, que incluyó en las modificaciones de su normativa la posibilidad de flexibilizar los pagos para los fabricantes de vacunas. “Se podrá otorgar pagos y anticipos necesarios que les permitan obtener mejores condiciones de oportunidad y en el menor tiempo posible”, dice la norma.

El manto de opacidad que echaron las nuevas normativas incluye, en el caso de Uruguay, esas mismas modificaciones legales. El decreto firmado por los ministros de este país fue directamente clasificado como información confidencial, es decir, no es de acceso público.

Valiéndose de normas y leyes existentes o recién creadas para marcar confidencialidad, ninguno de los países latinoamericanos hizo público los documentos vinculados a la compra de vacunas (excepto Chile, donde el capítulo de Transparencia Internacional accedió a una copia con tachaduras del contrato con el Fondo Covax) ni a las negociaciones con los laboratorios.

Algunos países, como México y Costa Rica, sí marcaron un plazo para la confidencialidad de las negociaciones y contratos para la compra de vacunas. El gobierno mexicano hizo uso de su ley de transparencia para definir el fin de la confidencialidad en cinco años, y Costa Rica la marcó en un año.

Casi ningún Estado de la región dio a conocer el precio que pagó por cada dosis. La excepción en este sentido es Honduras, que dio a conocer el precio que pagó por la vacuna que llegará a través del fondo de acceso global Covax.

En la misma línea, el ministro de Salud chileno comunicó públicamente que pagaron 12 dólares por cada dosis de Pfizer y 11,4 dólares por la Sinovac. Mientras que en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó que el país pagó 9,95 dólares por cada dosis de la vacuna Sputnik V y 4 dólares por dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Aunque el gobierno mexicano declaró como confidenciales los contratos con Pfizer, AstraZeneca/Oxford, Cansino y Gavi Alliance, el 28 de febrero de 2021 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) informó a través de un comunicado que, luego de una serie de reuniones con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud, había obtenido una versión pública mínima del acuerdo firmado con Gavi Alliance, denominado Commitment Agreement / Optional Purchase Agreement. Al cierre de este reportaje no se había hecho público el acuerdo.

En Panamá, y específicamente con las vacunas de Pfizer, el gobierno aceptó a través de dos resoluciones de gabinete el Acuerdo de Entendimiento Vinculante, el Acuerdo Definitivo y el Acuerdo de Confidencialidad; en los mismos documentos sí dio a conocer cuánto pagaría por las vacunas: hasta 48 millones de dólares por cuatro millones de vacunas, dando un anticipo de ocho millones de dólares.

En Perú, aunque también los precios finales de estos acuerdos son secretos, el ingreso de 300.000 dosis de vacunas del laboratorio chino Sinopharm registró en Aduanas un valor FOB de 600 millones de dólares, es decir, 20 dólares cada dosis, 40 dólares en total, al tratarse de una vacuna de doble dosis. Luego de que los medios difundieran esta información, las autoridades retiraron estos datos de los expedientes de importación de Aduanas para los siguientes lotes de vacunas.

La exención de impuestos

A las facilidades de confidencialidad y cláusulas antidemanda otorgadas por distintos países a los laboratorios, se suma una más: la exención de impuestos para la compra de vacunas en al menos cuatro países.

En el caso de México, se modificó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, primero en julio de 2020, para crear la tabla que marcaba 5% de impuesto de importación por kilo de vacuna y exención para las exportaciones. En febrero de 2021 se volvió a modificar para que queden libres de impuestos tanto la importación como la exportación de vacunas.

Argentina también incluyó la exención de impuestos para las vacunas en su ley creada el 29 de octubre de 2020, ex profeso para la vacunación en el país. En el Artículo 6 se estableció que no se tiene que pagar derechos de importación ni ningún otro impuesto o gravamen por las vacunas contra la Covid-19.

Bolivia es otro país que en su Ley de Emergencia Sanitaria exoneró el de pago de “tributos aduaneros” a la importación de insumos para la atención de la pandemia, incluidas las vacunas. La entrada de esos productos al país está amparada bajo la modalidad de “envíos de socorro”.

Aunque Guatemala todavía no tiene acuerdos con laboratorios, ya cuenta con un decreto para exonerar del pago de impuestos todas las importaciones de vacunas para la Covid-19, así como las donaciones relacionadas con la movilización y conservación de estas por dos años.

Qué vacunas a qué países

En marzo de este año, 17 países de América Latina tienen aseguradas vacunas para sus poblaciones, a través de acuerdos bilaterales con laboratorios o por intermedio del mecanismo multilateral Covax, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud.

A este mecanismo se han adherido 13 naciones bajo la modalidad de autofinanciadas, es decir, para ser incluidas tuvieron que realizar pagos adelantados. En el caso de Venezuela, aunque hubo una intención de participar, el país no cumplió con la cuota. Por esta razón, Venezuela no aparece en la lista de asignación de vacunas para el período febrero-mayo 2021. Otros cuatro países, Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua, recibirán las dosis de manera gratuita, al ser considerados de ingresos medianos-bajos.

El Fondo Covax cuenta actualmente con dos tipos de vacunas en su lista de uso de emergencia: las elaboradas por el laboratorio estadounidense Pfizer y por la farmacéutica británico-suiza AstraZeneca/Oxford.

En total, diez laboratorios han establecido acuerdos para suministrar vacunas para los países latinoamericanos mediante negociaciones directas. AstraZeneca es la que ha suscrito el mayor número de contratos, al haber pactado el envío de dosis con 14 gobiernos: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Bolivia y Brasil.

Pfizer/Biontech ha formalizado negociaciones con 11 países, mientras que el laboratorio ruso Gamaleya, que produce la Sputnik V, lo hizo con seis naciones. Las farmacéuticas chinas Sinovac, Sinopharm y Cansino también han tenido aceptación en América Latina, al haber suscrito contratos con seis, tres y un país, respectivamente.

La multinacional estadounidense Johnson & Johnson, que ofrece una vacuna de una sola dosis, tiene acuerdos con Colombia y Chile. De igual manera, Covishield, la vacuna producida por el Instituto Serum de India junto con AstraZeneca/Oxford, llegó a Argentina y República Dominicana. Moderna (Estados Unidos) y Bharat Biotech (India), por su parte, proporcionarán vacunas a un solo país cada una.

Nicaragua y Guatemala aún no han concretado negociaciones directas para la adquisición de dosis y, por el momento, dependen de los envíos de Covax o de donaciones. No obstante, el gobierno guatemalteco publicó en febrero una norma que otorga inmunidad de juicio a las farmacéuticas. Asimismo, modificó su legislación para exceptuar a la compra de vacunas de los requerimientos del sistema nacional de contrataciones, aunque, como una acción a favor de la transparencia, se admitió la publicación de los detalles de estas adquisiciones.

http://www.surysur.net/gobiernos-latinoamericanos-otorgaron-beneficios-a-farmaceuticas-en-compra-de-vacunas/

22 de marzo de 2021

Los sicarios del imperialismo en la Guerra de Yemen

Estados Unidos y Reino Unido han sido los principales benefactores del reino saudí en sus seis años utilizando su poderío militar para doblegar a Yemen. Los dos países han proporcionado miles de millones de dólares en armas de alta tecnología, inteligencia y formación a la monarquía más represiva de Oriente Medio. Sin embargo, según las confesiones de seis hombres detenidos el mes pasado en la actual batalla por la estratégica provincia yemení de Marib, el apoyo occidental a la coalición dirigida por Arabia Saudí va mucho más allá del apoyo militar convencional.

La CIA y el MI6, su homólogo británico, han reclutado a cientos de yemeníes para que trabajen como mercenarios y espías, recopilando información de inteligencia y coordenadas de las posiciones militares yemeníes en Marib, Al Mahrah, Saná y Sada’a, y proporcionando esta información a sus patrocinadores, según las confesiones realizadas al Servicio de Inteligencia de Seguridad de Yemen (YSIS) por al menos seis yemeníes actualmente juzgados en Saná.

Los seis hombres, que están recluidos en un centro de detención de Saná, accedieron a hablar sobre sus experiencias. Insisten en que la abyecta pobreza resultante de la guerra en curso les impulsó a participar en la operación, que, según dicen, llegó con la promesa de un pago de 300 dólares.

La operación tuvo lugar principalmente en el aeropuerto de Ghaydah, en el este de Al-Mahrah. Allí se unieron a decenas de jóvenes yemeníes reclutados por la CIA para recibir formación por parte de oficiales estadounidenses y británicos sobre cómo identificar y describir correctamente; cómo utilizar las cámaras, los sofisticados programas informáticos y los dispositivos utilizados para compartir coordenadas; cómo recopilar información; y cómo encontrar e identificar a los mandos militares y los cuarteles generales, los talleres, las fábricas, los laboratorios, los almacenes, los puestos de control y los lugares de lanzamiento de misiles y drones. Incluso trataron de localizar las residencias y los vehículos personales de los miembros de Ansarallah y de otros opositores a la intervención saudí.

Su reclutamiento fue largo y delicado, comenzando cuando los hombres fueron abordados por oficiales yemeníes que trabajaban para la Agencia de Seguridad Nacional con sede en Adén. Tras aceptar viajar a Al Mahrah para obtener más información, los hombres fueron alojados en hoteles antes de ser llevados a casas de campo especiales en el aeropuerto de Ghaydah, donde fueron interrogados por agentes de inteligencia estadounidenses y británicos. Muhammad Har, uno de los seis acusados, declaró que en un principio se puso en contacto con él Fayez Muhammad Ismail Al-Muntaser, antiguo funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional y comandante del batallón de misiones especiales de la coalición dirigida por Arabia saudí.

“Cuando me tocó el turno, entré en el [ininteligible] y me sorprendió ver que los miembros del comité eran estadounidenses. Uno de ellos hacía las preguntas, el segundo anotaba los datos, el tercero tomaba las huellas dactilares y el cuarto, de piel negra, traducía”, recordó Ali Mohammed Abdullah al-Jomani, un detenido de 34 años de Haddah. Al-Jomani, que dice que ganaba el equivalente a unos 10 dólares al día, estuvo alojado en el hotel Taj Al-Arab durante tres meses en el proceso de iniciación. “Cuando volvimos para realizar la segunda entrevista, no encontramos a los americanos, sino a oficiales británicos. Repitieron las preguntas anteriores sobre nuestra capacidad para usar mapas, conducir coches y utilizar ordenadores”. Esto concuerda con las acusaciones de la inteligencia yemení de que la CIA estaba reclutando a jóvenes yemeníes y entregándolos a oficiales británicos para su entrenamiento y manejo.

Había dos campamentos distintos en el aeropuerto, uno estadounidense y otro saudí. “Después de que nos aceptaran, nos enseñaron a describir a las personas, los coches y las casas y a compartir datos y fotos por WhatsApp”, recordó Basem Ali Ahmed al-Kharouga, un detenido de 29 años de Sanaa. “El entrenamiento incluyó ejercicios de campo dentro y fuera del aeropuerto”. Al-Kharouga había soñado durante mucho tiempo con viajar al extranjero y pensó que por fin había encontrado una forma de escapar de la violencia cuando le prometieron un pasaporte extranjero a cambio de trabajo.

Además de la pobreza y el desempleo, hay otras razones por las que los jóvenes yemeníes arriesgarían su vida y su libertad para trabajar con servicios de inteligencia extranjeros, siendo quizás la más importante el bloqueo impuesto al país por la coalición saudí desde 2015. Antes de la guerra, los yemeníes salían regularmente del país por negocios, placer y atención médica. Ahora -con los puertos marítimos y los aeropuertos, especialmente el otrora próspero aeropuerto internacional de Saná, cerrados de hecho por la coalición saudí- los yemeníes ya no pueden huir de la violencia en su país ni viajar al extranjero, lo que deja a muchos jóvenes yemeníes desesperados con pocas opciones.

Hospitales, escuelas, edificios de oficinas e infraestructuras como pozos de agua y sistemas de alcantarillado han sido destruidos tras las campañas de bombardeo saudíes, que a menudo se llevan a cabo con información de objetivos estadounidenses y británicos obtenida de su red de espías reclutados. Se han atacado funerales, bodas, hogares y otras instalaciones civiles, lo que ha provocado la muerte y lesiones de miles de civiles y ha convertido a los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos en cómplices, en el mejor de los casos, de esta violencia gratuita.

“Nos enviaron a Marib, a mí y a otro tipo llamado ‘Akram Amer’, en una misión que duró cuatro días. Nos encargó [un hombre llamado] ‘George’ que espiáramos la casa de Ali Salem al-Huraizy, cerca del parque de Al Rawda”, declaró Aymen Mujahid Qaid Muhammad Harish, uno de los seis detenidos. Una de las tareas de Harish era vigilar los lugares de la ciudad de Arhab, al norte de Sanaa, donde la coalición saudí atacó posteriormente una casa donde se celebraba un funeral. El doble ataque aéreo mató a un niño y a nueve mujeres. Harish dijo que sus superiores occidentales, encargados de proporcionar a los saudíes los datos de los objetivos, eran los responsables del ataque.

mpr21

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La CIA exigió a Yemen la liberación de un dirigente de Al-Qaeda