La semana pasada el Tribunal de Familia prohibió, con efecto inmediato, que dos escuelas de Weimar exigieran a los alumnos que llevaran mascarillas de cualquier tipo, les impusieran ninguna distancia seguridad entre ellos y les obligaran a hacerse pruebas de coronavirus.

Al mismo tiempo, el Tribunal obligó a mantener la enseñanza presencial en las aulas.

La demandante fue una madre que exigió a los jueces que protegieran a sus dos hijos, de 14 y 8 años porque estaban sufriendo daños físicos, psicológicos y educativos, sin que eso se compensara con ningún beneficio para los niños o para terceros.

Tras examinar las pruebas, especialmente las periciales, el Tribunal le dio la razón a la madres y concluye que las restricciones sanitarias representan un peligro inmediato para el bienestar mental, físico o psicológico del niño, hasta el punto de que, si siguen desarrollándose, es casi seguro que se produzcan daños considerables.

“Tal riesgo está presente aquí. De hecho, los niños no sólo corren peligro en su bienestar mental, físico y psíquico, en particular por la obligación de llevar mascarillas durante el horario escolar y de mantener la distancia entre ellos y con otras personas, sino que también se ven perjudicados. Esto viola numerosos derechos de los niños y sus padres en virtud de la ley, la constitución y los convenios internacionales. Esto se aplica, en particular, al derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la integridad física del artículo 2 de la Ley Fundamental, así como al derecho del artículo 6 de la Ley Fundamental a la educación y al cuidado por parte de los padres”, dice la sentencia.

Los equipos directivos de las escuelas, los profesores y otras personas no se pueden amparar en las disposiciones de la ley estatal en las que se basaban las medidas, ya que eran inconstitucionales y, por tanto, nulas porque violan el principio de proporcionalidad.

Según el principio de proporcionalidad, las medidas destinadas a alcanzar un objetivo legítimo deben ser adecuadas, necesarias y proporcionadas en sentido estricto, es decir, cuando se sopesan las ventajas y los inconvenientes. Las medidas que no se basan en pruebas […] son inadecuadas para alcanzar el objetivo fundamentalmente legítimo que persiguen, a saber, evitar la sobrecarga del sistema sanitario o reducir la incidencia de la infección por el SRAS-CoV-2. Pero son desproporcionadas en el sentido estricto de la palabra, ya que las considerables molestias/daños colaterales que conllevan no se ven compensadas por ningún beneficio perceptible para los propios niños o para terceros”, añade la resolución judicial.

“Debe subrayarse que no son los interesados quienes deben justificar la inconstitucionalidad de la vulneración de sus derechos, sino que el Estado Libre de Turingia, que vulnera los derechos de los interesados mediante sus disposiciones de Derecho público, debe demostrar con las pruebas científicas necesarias que las medidas que prescribe son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos y, en su caso, proporcionadas”, concluye.

No obstante, aún más interesante que la sentencia son los informes periciales presentados en el juicio, tanto sobre las mascarillas, como sobre la distancia social o la llamada “enseñanza a distancia”, que intentaremos traducir o, al menos, resumir.

La parte más interesante de dichos informes son los relativos a la experiencia acumulada en Austria, donde los niños siguen acudiendo a clases presenciales a las escuelas sin ninguna clase de mascarillas porque, además de no servir para prevenir nada, perjudican seriamente la salud de los alumnos.

Por lo demás, las conclusiones del juez y de los peritos judiciales sobre las pruebas de coronavirus, tanto la PCR como las “rápidas”, son harto conocidas: esas pruebas no prueban nada.

—https://2020news.de/sensationsurteil-aus-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/

Ha pasado un año mamá. Pasa el tiempo pero es como si fuese ayer… Es mi tortura diaria, mi rabia, mi dolor, que el tiempo no me alivia. A veces me ronda en la cabeza que en cualquier momento me llaman para decirme que se han equivocado otra vez y que tú sigues viva. Digo esto porque el no poder despedirnos de ella, el no haber podido acreditar personalmente su fallecimiento hace que tenga dudas de su desenlace, después de las numerosísimas mentiras que nos tuvieron diciendo cada día. A mi madre no la mató el covid, a mi madre la mató el abandono, el estar más de dos semanas atada en una cama, sin los cuidados más básicos y sin un mísero vaso de agua. Si algunos auxiliares o enfermeros, dirigentes de cualquier índole, limpiadores, cocineros que estuvieron allí (en Caser, Santo Ángel), en aquellos días, tienen algo de sensibilidad humana, si alguno cree que tiene algo pendiente que le tortura, lo mejor que puede hacer es contar o denunciar lo que vio y vivió en este centro, así podrá encontrar su descanso, de lo contrario para mí personalmente, es cómplice de la crueldad en la que murieron nuestros padres y madres.

Un responsable del área de la gestión de las residencias me dijo que para la mayoría de ellos ya les había llegado su hora. Y yo le digo a este señor, ¿acaso es usted Dios que todo lo sabe? ¿La hora de morir de una persona es con dolor y sufrimiento? ¿Es estar atadas en la cama semanas sin atención, sin cambio de pañales, sin comer, sin beber? Solos. Abandonados a su suerte. ¿Esa es su hora? ¿Ese es su final? ¡Pues vaya castigo! ¿Por qué y con qué derecho?

Yo he sido su responsable hasta el 1 de marzo que fue la última vez que la vi, después ya no pudo ser por el estado de alarma, que me pareció correcto, pero hasta el día de su fallecimiento, la poquísima información que desde la residencia me llegaba, ha sido para mentir sobre el estado de mi madre. Fueron días de angustia, dolor e impotencia al no saber nada de ella.

Mi madre muere por la mala gestión de la residencia y por las Administraciones públicas que se suponen que tomaron el mando para atender a los residentes de Caser y no hicieron prácticamente nada. Allí fallecieron más de 40 residentes en esas semanas.

Y yo le digo a la justicia:

¿Responsables?… Mi madre es responsabilidad mía, así lo dictó su Señoría. Usted me dejó ese encargo, y no lo he podido cumplir… No me han dejado cumplir ese mandato que me asignó. Aparte del amor que tengo a mi madre y querer cuidarla, es mi deber vigilar para que esté donde esté, viva bien, medicada y atendida correctamente y con dignidad. No me han dejado hacer nada por ella. He pedido socorro, auxilio, he pedido que la trasladaran a un hospital, incluso después de suplicar una
videollamada para ver cómo estaba y ver el deterioro en el que se encontraba, he tenido que luchar para que le dieran agua o ponerle un suero. Son seres indefensos, totalmente dependientes, como niños. Mi deber es proteger a mi madre y como madre proteger a mis hijos y tutelados, pero no me han dejado. Señoría, esto que le expongo, sólo son matices de lo que he podido vivir durante esos días entre el 23 de marzo y el 2 de abril que fue cuando falleció.

A la Administración regional y a la dirección de Caser, le digo:

¿Quiénes son ustedes para decidir su final? ¿Para decidir que ya es su hora? Nuestros padres y madres no necesitaban paliativos para morir, necesitaban cuidados para vivir y esos cuidados son los que les negaron. Se perdió tiempo, un tiempo precioso y preciso que costó las vidas de nuestros padres y madres por la mala gestión de quien presume dirigirnos, un tiempo muy valioso para salvarles la vida. ¿Para 230 residentes no había médicos en toda nuestra Región? ¿Acaso no había suficientes hospitales donde darle una atención digna? Las familias hemos sido maltratadas, nos han mentido sobre nuestros padres y madres, sobre su estado de salud, diciendo por la mañana que estaba bien y 12 horas después habían fallecido. Todo mentiras y esto tiene que tener su condena. Se quedaron solos y esto tiene que ser investigado y condenado. Repito como tantas veces y no me canso porque no lo puedo aceptar: ¿Por qué? ¿Por qué en marzo y abril, en nuestra Región de Murcia, en nuestra queridísima Región, si no había colapso en los hospitales, había UCI, personal, material… no los atendieron con los medios necesarios? ¿Por qué? ¿Por qué se les negó esa oportunidad, ese derecho fundamental que era suyo?

¿Y qué se ha hecho? Nada… Absolutamente nada, sólo consentir y mirar a otro lado. ¡Qué perverso! ¿Es normal que una hija ruegue en repetidas ocasiones una videollamada para despedirse de su madre, para darle el último adiós y que se lo nieguen?, ¿es normal que un marido quiera dar el último “te quiero” a su mujer y se lo nieguen?

¿Pero qué somos como sociedad? ¡Vulneraron sus derechos con sus protocolos de vergüenza! ¡Fueron abandonados a su suerte y esto es maltrato! Por ello, ni olvido ni perdono. Por ello, pedimos y exigimos justicia para los que fallecieron, para los que dejaron morir de la manera más cruel. Pedimos y exigimos una ley de residencias estatal que considere un cambio de modelo como una inversión en calidad de vida y no como un gasto.

Sonia Vivo, miembro de la Plataforma Marea de Residencias, carta a su madre como un homenaje al cumplirse un año de su muerte en la residencia Caser de Santo Ángel