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Los refugiados ucranianos sanean los presupuestos de un Estado ruinoso

Ucrania es un país descuartizado. Tiene el mayor número de refugiados del mundo en proporción a su población. Eso resta carne de cañón para la primera línea de frente, pero tiene sus ventajas: cada año la diáspora transfiere miles de millones de dólares al país, que contribuyen significativamente al PIB.

Hay más de 20 millones de personas de origen ucraniano repartidas en más de 50 países. Una diáspora que no surge con la guerra sino que es antigua, construida en oleadas sucesivas.

Las primeras grandes salidas, a finales del siglo XIX, fueron de agricultores pobres que se marcharon a desbrozar las praderas canadienses o las tierras de Brasil y Argentina. Después de 1945, una nueva oleada de nazis huyó de las represalias y se asentó en Norteamérica y Europa occidental.

Tras el desmantelamiento de la URSS en 1991 la emigración fue económica. Los ucranianos marcharon hacia Rusia e Italia. Finalmente, desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022, millones de refugiados han llegado a la Unión Europea.

Paradógicamente Rusia acoge al mayor número de refugiados ucranianos de la guerra y, además, hay 1,3 millones de personas de origen ucraniano en Canadá, más de un millón en Estados Unidos y más de 500.000 en Brasil.

En Polonia los emigrantes ucranianos contribuyen entre 0,5 y 2,4 puntos porcentuales al PIB, según un informe del banco público BGK (1).

La diáspora tiene un peso económico considerable para Ucrania. Antes de la guerra, las remesas se acercaban a los 16.000 millones de dólares, el 12 por cien del PIB: más que la ayuda oficial al desarrollo que Ucrania recibía en ese momento. En 2022, el Banco Mundial registró 17.000 millones de dólares en remesas a Ucrania (2).

Las remesas brindan alivio a millones de hogares y convierten a la diáspora en un estabilizador de la maltrecha economía de guerra. Si bien las cantidades han disminuido desde el comienzo de la guerra, siguen siendo considerables. Estas remesas, junto con las iniciativas de recaudación de fondos y las redes empresariales de la diáspora, alivian la miseria de los que han permanecido dentro del país.

La diáspora ucraniana está muy organizada. El fin de semana pasado se reunió en Belgrado, Serbia, donde se celebró el Congreso Europeo de la Diáspora Ucraniana (3). El objetivo era influir en la opinión pública mundial para contrarrestar la propaganda rusa.

(1) https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-wplyw-migrantow-z-ukrainy-na-polska-gospodarke-1/
(2) https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/06/13/remittances-remain-resilient-likely-to-slow
(3) https://www.ukrainianworldcongress.org/european-forum-of-the-ukrainian-diaspora-how-to-register/

Los países musulmanes se alinean con China en la campaña imperialista por los uigures

La retórica imperialista sobre Xinjiang ha fracasado. El intento de Washington de presentarse como defensor de los derechos de los musulmanes ha fracasado. 85 países rechazan sus afirmaciones y condenan la manipulación de los derechos humanos contra China.

Recientemente publicaron una “Declaración Conjunta sobre la Situación de los Derechos Humanos en China” en la ONU, a la que China respondió con su propia declaración conjunta titulada “Oposición a la Politización de los Derechos Humanos”.

Además de Estados Unidos, solo 14 países firmaron su declaración, incluido Israel, lo que demuestra el verdadero compromiso de este grupo con los derechos humanos, en particular los relativos a los musulmanes.

Los otros firmantes son siete pequeños estados europeos (Albania, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte y San Marino), además de Australia, Japón, Palaos, Paraguay, Ucrania y Reino Unido.

Estados Unidos ni siquiera ha logrado movilizar a los países que tradicionalmente se encuentran entre sus lacayos más sumisos: faltan dos miembros de la alianza de los Cinco Ojos (Canadá y Nueva Zelanda no firmaron), y cuatro miembros del G7 están ausentes (Canadá, Francia, Alemania e Italia no son signatarios).

Lo que la declaración estadounidense demuestra principalmente es que están aislados políticamente y casi nadie sigue ya sus recitales.

La respuesta de China, por otro lado, cuenta con 85 signatarios, lo que representa casi la mitad de la población mundial, en comparación con el 7 por cien de la declaración estadounidense.

La respuesta china incluye a la gran mayoría de los países musulmanes (incluidos Egipto, Arabia Saudí, Irán, Nigeria y Pakistán), mientras que el único país de mayoría musulmana en la lista estadounidense es Albania.

Es muy revelador cuando la declaración estadounidense afirma defender a los “uigures y otras minorías musulmanas”. La gran mayoría de los estados musulmanes prefieren firmar una declaración que denuncie la retórica estadounidense sobre Xinjiang como una política de doble rasero.

Si se analizan las declaraciones similares presentadas en la ONU en años anteriores, el registro de la coalición occidental se alcanzó en 2023, con 51 países firmando una declaración similar.

En ese momento, todo el G7 firmó, así como casi todos los países europeos. La respuesta china, apoyada entonces por 72 países, ya contaba con una amplia coalición.

Esto significa que los apoyos de los países occidentales han pasado de 51 a 15, mientras que los de China ha crecido de 72 a 85.

La ironía es casi perfecta: la campaña sobre Xinjiang fue diseñada para crear una brecha entre China y el mundo musulmán, y para reposicionar a Occidente como defensor de los musulmanes a través de una causa que creía que podría convertirse en un puñal contra el gobierno de Pekín.

Sin embargo, ahora ha quedado claro que esta estrategia no solo ha fracasado, sino que ha tenido un efecto contraproducente. Lejos de distanciarse de China, el mundo musulmán se está alineando con Pekín para denunciar la retórica estadounidense sobre Xinjiang como una vergonzosa manipulación de los derechos humanos y un claro ejemplo de doble rasero.

Ya es suficientemente pintoresco que una declaración que supuestamente defiende a las minorías musulmanas esté firmada por Israel.

—Arnaud Bertrand https://www.legrandsoir.info/le-vent-tourne-a-l-onu-pourquoi-le-monde-musulman-s-est-range-du-cote-de-la-chine-a-propos-du-xinjiang.html

Un avión demasiado grande (F-35) para un país demasiado pequeño (Bélgica)

En 2018 el gobierno belga compró 34 cazas F-35 por un importe de 5.600 millones de euros. La decisión generó una considerable controversia porque excluyó al Rafale francés, cuestionando la política europea de compra de equipos fabricados en el viejo continente.

En París el rechazo de su avión se percibió como un revés político más que como una decisión técnica. El debate en torno al proceso de adquisición puso de relieve la subordinación europea a Estados Unidos y que el futuro de la base industrial de defensa europea no está claro.

La controversia se reavivó con un contundente artículo de opinión de Joren Vermeersch, asesor del ministro de Defensa Theo Francken, en el periódico De Standaard. El artículo estaba a la altura de pelea de patio de vecinos. Ellasesor insultaba a Francia, de la que dijo que era una “aldea gala rodeada de romanos furiosos”. También les acusó de sobreestimar su propia industria y subestimar la importancia de la cooperación transatlántica.

Por fin, Vermeersch concluía asegurando que rechazar el armamento estadounidense equivale a una marginación estratégica. Europa no se puede alejar de sus padrino de la otra orilla del Atlántico.

Hace pocos días llegó la primera aeronave, que estuvo marcada por problemas técnicos. De los cuatro F-35 previstos para mediados de octubre, uno tuvo que hacer una escala prolongada en las Azores debido a una avería. El fabricante, Lockheed Martin, envió rápidamente un equipo para resolver el problema.

Pero eso no fue todo. El F-35 no cabe en el cielo belga. Han tenido que dejarlo en tierra porque el espacio aéreo es demasiado limitado para permitir el uso operativo de este tipo de cazas.

Bélgica padece uno de los espacios aéreos más restringidos y congestionados de Europa, fuertemente limitado no sólo por la geografía sino también por los corredores aéreos civiles.

Las necesidades de entrenamiento del F-35 (maniobras intensivas, pruebas de sigilo y ejercicios basados ​​en sensores) superan con creces la capacidad del espacio aéreo nacional. Eso supone un riesgo para la formación de pilotos y limita la capacidad del país para aprovechar las prestaciones del avión que han comprado.

Ante estas limitaciones, el ministro de Defensa, Theo Francken, ha iniciado conversaciones con varios socios europeos de la OTAN para obtener un acceso más amplio a sus zonas de entrenamiento. Se están llevando a cabo negociaciones con Italia, Noruega y Países Bajos. Revelan la dependencia de Bélgica de terceros para la preparación operativa rutinaria.

El hecho es que los F-35 se encuentran aparcados en tierra. Bélgica ha invertido mucho dinero en uno de los aviones más caros del mercado, pero su despliegue depende ahora de que otros países le dejen un trozo de cielo para echarlo a volar.

Parece ridículo, pero no es un chiste sino un reflejo fiel de la ineptitud absoluta de los militares europeos y el despilfarro que supone gastarse un céntimo en sus juguetes. ¿No sabían los militares belgas que su país era demasiado pequeño para un avión tan grande?

El gobierno de Meloni suspende su ‘ayuda’ a Ucrania

El gobierno de Meloni ha cambiado su estrategia respecto a Ucrania, en un contexto de agotamiento de los fondos, así como de tensiones dentro de la coalición gobernante.

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha dado una explicación pintoresca. Dice que, a causa de las actuales negociaciones para un acuerdo de paz, es prematuro unirse al programa PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, Lista de Peticiones Prioritarias de Ucrania), mediante el cual los aliados de la OTAN adquieren armamento de Estados Unidos para Ucrania.

“Si alcanzamos un acuerdo y cesan las hostilidades, ya no hará falta armamento”, dijo Tajani. “Se necesitarán otras medidas, como garantías de seguridad”.

Roma promete continuar con su apoyo a Kiev, aunque ha sido el primero en Europa en declarar explícitamente la inconveniencia de proporcionar ayuda militar adicional en este momento, mientras se negocia un alto el fuego.

Tras algunas dudas, Roma manifestó en octubre su disposición a unirse al llamado programa PURL de la OTAN, que se puso en marcha después de que Washington redujera los envíos de armas a Ucrania durante el verano.

Las recientes negociaciones para la paz en Ucrania no han logrado resultados significativos hasta la fecha. Las declaraciones de Tajani contrastan con las del principal grupo de presión de defensa europeo, la Asociación de Industrias Aeroespaciales, de Seguridad y de Defensa de Europa, que el ayer advirtió que el continente debería seguir incrementando su producción de defensa a pesar de la perspectiva de un alto el fuego en Ucrania.

El gobierno ucraniano ha declarado que necesitará 1.000 millones de euros adicionales en envíos de PURL para defenderse durante el invierno. Aproximadamente dos tercios de los aliados de la OTAN participan en el programa, según ha declarado el secretario general de la alianza, Mark Rutte.

El programa PURL es una iniciativa lanzada por la OTAN en julio, dentri el marco de un acuerdo entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Su objetivo principal es coordinar y financiar la adquisición de armamento y equipo militar estadounidense para apoyar a Ucrania en su guerra contra rusa, permitiendo que los países europeos (y Canadá) realicen contribuciones voluntarias de manera regular.

Los países participantes aportan dinero a un fondo común, basado en una lista prioritaria de necesidades definida por Ucrania en coordinación con Estados Unidos y la OTAN. Estos recursos se utilizan para comprar armas y tecnología directamente de proveedores estadounidenses (como misiles Patriot, municiones de artillería o sistemas de defensa aérea), que luego se transfieren a Ucrania.

El objetivo busca agilizar las entregas y evitar duplicidades, sirviendo como alternativa a las donaciones gratuitas directas de Estados Unidos, principal beneficiario del dinero. Estados Unidos pone las armas y Europa el dinero.

Hasta diciembre de este año los aliados europeos han gastado 5.000 millones de dólares en entregas mensuales a Ucrania de alrededor de 1.000 millones de dólares cada una.

Países como Alemania, Polonia, Noruega, Países Bajos, Dinamarca y Suecia han sido los mayores donantes, con paquetes recientes de 500 millones de dólares para misiles Patriot.

—https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-03/italy-slams-brakes-on-nato-program-to-buy-us-weapons-for-ukraine

África está en medio de la batalla mundial por los minerales estratégicos

A medida que el capitalismo acelera su transición hacia las nuevas tecnologías, África se encuentra en el centro de una competencia política de una intensidad sin precedentes. Baterías eléctricas, paneles solares, turbinas eólicas, móviles, ordenadores, satélites: todas estas tecnologías dependen de minerales estratégicos: litio, cobalto, cobre, níquel, manganeso y tierras raras. El continente africano posee una parte considerable de esos recursos, lo que alimenta muchas ambiciones. Atrapada entre la promesa del desarrollo y el riesgo de una renovada dependencia, África desempeña ahora un papel central en una batalla que está redefiniendo la balanza de fuerzas internacionales.

El Continente Negro alberga algunas de las mayores reservas mundiales de minerales esenciales. Solo la República Democrática del Congo posee más del 76 por cien de la producción mundial de cobalto, un metal esencial para las baterías de iones de litio. Zimbabue alberga 480.000 toneladas de reservas de litio y produjo 22.000 toneladas el año pasado, lo que lo convierte en el cuarto mayor productor mundial. Mali también posee importantes reservas de litio, en particular a través del proyecto Goulamina, que se proyecta que producirá 142,3 millones de toneladas de óxido de litio. Gabón es uno de los principales productores mundiales de manganeso. Sudáfrica domina los mercados del platino y el cromo. Madagascar, Malawi y Tanzania son ricos en tierras raras.

Esta concentración de recursos convierte al continente en un actor clave de las nuevas tecnologías. Los compromisos de China con África en el marco de la Ruta de la Seda alcanzaron los 29.200 millones de dólares el año pasado, un aumento del 34 por cien en comparación con el año anterior, con el 17,6 por cien de las inversiones concentradas en el sector minero. China, la Unión Europea, Estados Unidos, India y varios países del Golfo buscan asegurar sus suministros, cada uno con una estrategia diferente.

Para los africanos, la situación podría representar una oportunidad sin precedentes. La competencia entre grandes potencias puede representar una oportunidad para negociar mejores condiciones, salvo que la corrupción cause estragos, como ocurre frecuentemente. Un enfoque integrado —por ejemplo, una alianza de países productores de cobalto o litio— fortalecería el poder de negociación del continente.

A pesar de su considerable riqueza mineral, las poblaciones africanas a menudo han obtenido escasos beneficios de la explotación de los recursos naturales. El riesgo de repetir errores pasados ​​(extracción sin procesamiento local, corrupción, contaminación y guerras) es real.

China es actualmente el actor dominante en el sector de minerales estratégicos de África. Pekín ha invertido mucho en la extracción, especialmente en el refinado, transporte y procesamiento, segmentos de alto valor añadido. Las empresas chinas procesan el 90 por cien de las tierras raras y el grafito, y entre el 60 por cien y el 70 por cien del litio y el cobalto. Controlan el 46 por cien del suministro mundial de cobalto extraído y tienen una presencia especialmente fuerte en la República Democrática del Congo en el caso del cobalto, en Zimbabue en el caso del litio y en Zambia en el caso del cobre.

Los capitales chinos han invertido aproximadamente 4.500 millones de dólares en proyectos relacionados con el litio en Zimbabue, la República Democrática del Congo, Mali y Namibia. En Zimbabue, varios proyectos importantes están controlados por empresas chinas, como Sinomine Resource Group, que adquirió la mina Bikita por 180 millones de dólares, y Zhejiang Huayou Cobalt, que adquirió la mina Arcadia, cerca de Harare.

La fortaleza de la estrategia china reside en su enfoque integrado: infraestructura, financiación, asociaciones público-privadas, industrialización y diplomacia económica. Esta presencia genera importantes inversiones e ingresos fiscales para los países africanos.

Conscientes de su retraso, Estados Unidos y la Unión Europea han puesto en marcha varias iniciativas para reducir su dependencia de China. El gobierno estadounidense ha comprometido más de 4.000 millones de dólares en inversiones para el Corredor de Lobito, un proyecto estratégico de infraestructura ferroviaria que une Angola, la República Democrática del Congo y Zambia para facilitar la exportación de minerales al Atlántico. Biden anunció 560 millones de dólares adicionales durante su visita a Angola en diciembre del año pasado, lo que eleva el total de compromisos internacionales a más de 6.000 millones de dólares.

La Unión Europea, por su parte, ha puesto en marcha la estrategia Global Gateway, que movilizará 150.000 millones de euros para África de aquí a 2030, así como la Ley de Materias Primas Críticas, que entró en vigor el 23 de mayo del año pasado. Esta legislación se propone garantizar que, de aquí a 2030, al menos el 10 por cien del consumo anual de la Unión Europea proceda de la extracción europea, el 40 por cien del procesamiento y el 25 por cien del reciclado, garantizando al mismo tiempo que no más del 65 por cien del suministro de materias primas estratégicas proceda de un solo tercer país.

Una oportunidad para industrializar el continente

La pregunta es: ¿Se verá África relegada de nuevo al papel de proveedor de materias primas o logrará un mayor control sobre la cadena de valor? En África la gestión de los contratos mineros sigue siendo un tema delicado. En algunos países, la debilidad de las instituciones y los acuerdos negociados en secreto resultan en la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos potenciales.

La mayoría de los países africanos aún se limitan a la exportación de minerales en bruto. Sin embargo, el verdadero valor reside en el procesado: baterías, componentes electrónicos y aleaciones industriales. Sin el desarrollo de habilidades, África seguirá dependiendo de las fluctuaciones de los precios mundiales y continuará exportando su riqueza a bajo costo.

Sin embargo, el contexto actual ofrece una oportunidad histórica. Se prevé que la demanda mundial de minerales estratégicos se dispare en los próximos veinte años. Si los países africanos adoptan estrategias coherentes, pueden convertirse en importantes centros industriales en varios sectores, como la fabricación de baterías y almacenamiento de energía.

En 2021 la República Democrática del Congo y Zambia anunciaron un proyecto conjunto para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, que se ubicará en una zona de libre comercio de 2.000 hectáreas en la frontera entre ambos países. Marruecos y Sudáfrica también podrían atraer inversiones para producir baterías para vehículos eléctricos.

En lugar de enviar litio o cobalto en bruto a Asia, varios países estudian desarrollar sus propias plantas de procesamiento. Zimbabue no otorgará nuevos permisos para explotar minas de litio sin un plan de procesamiento local aprobado.

La República Democrática del Congo ha establecido una zona económica especial piloto en las Molucas, que abarca 244 hectáreas y ofrece incentivos fiscales a los inversores, con una exención de cinco a diez años. Se espera que estas zonas atraigan a empresas tecnológicas, creen empleo e impulsen las exportaciones.

La guerra de Occidente contra Rusia se extiende más allá de los campos de batalla de Ucrania

El 17 de noviembre la policía francesa detuvo a Anna Novikova, fundadora y vicepresidenta de la asociación SOS Donbas, y a otras tres personas más. Excepto uno de ellos, los detenidos han acabado en la cárccel.

Desde 2014 SOS Donbas denuncia los miles de crímenes cometidos por los nazis ucranianos contra la población civil, castigada por haberse opuesto al Golpe de Estado.

Novikova, de 40 años de edad, nació en Rusia, pero reside en Francia desde 2010. Desde 2022 organiza regularmente manifestaciones en diversas ciudades francesas en solidaridad con la población del Donbass y contra el envío de armas a Ucrania. La manifestación más reciente tuvo lugar en París el 17 de febrero y estuvo dedicada a la memoria de los niños fallecidos durante la guerra.

La asociación se registró legalmente en septiembre de 2022 y su cuenta de Facebook tiene 8.000 seguidores. “Nuestro apoyo va directamente a los pueblos y no a sus gobiernos corruptos y a las milicias nazis de la OTAN”, se lee en sus redes sociales, junto con la “prueba en imágenes” de la existencia de “nazis en Ucrania”.

Es una actividad que merecería ser galardonada, de no ser por la complicidad del gobierno francés con los nazis ucranianos. Las líneas del frente de la guerra entre Occidente y Rusia “se extienden mucho más allá de los campos de batalla de Ucrania”, comenta una web (*).

Ahora veamos un poco más de cerca la rocambolesca historia que cuentan la policía, los fiscales y los jueces para justificar la represión política.

La fiscalía de París ha descubierto carteles “prorrusos” pegados en el Arco del Triunfo, lo cual es ya muy grave de por sí.

Como la solidaridad y la lucha contra el fascismo se han convertido en un crimen muy grave en Europa, los sospechosos estaban bajo la vigilancia de la DGSI, el espionaje interior francés, que envió un informe a la fiscalía sobre Novikova a comienzos de este año.

El juez les acusa de “colaboración con una potencia extranjera”, de “obtener información sobre los intereses de la nación para una potencia extranjera”, así como de “asociación ilícita para delinquir”.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia del Arco del Triunfo identificaron a Viacheslav Prudchenko, un ruso de 40 años, miembro de SOS Donbass, como el autor de la pegada de unos carteles que mostraban a un soldado ruso y la consigna “Den las gracias al victorioso soldado soviético”.

Le acusan de “degradación de bienes clasificados o inscritos en reunión para servir a los intereses de una potencia extranjera” y “participación en una asociación de malhechores para delinquir”. Le han metido en prisión preventiva y se enfrenta, al igual que Novikova, a quince años de reclusión por pegar carteles.

La libertad de expresión es un delito grave en Francia y si, además, va en apoyo de la población del Donbas los inquisidores lo reinterpretan como una forma de apoyo a Rusia y, en definitiva, de espionaje. Por eso interviene la DGSI y no la policía municipal, como debería ser el caso.

Ya ven: los espías rusos no se esconden y salen a la calle a pegar carteles como cualquier otro agitador de barrio.

También está implicado un miembro de la Asociación de Cosacos de Francia, Bernard F., acusado de “colaboración con una potencia extranjera” y “participación en una asociación ilícita para delinquir”, delitos castigados con diez años de prisión.

A diferencia de los otros tres, este hombre de 58 años ha evitado la prisión preventiva, pero ha tenido que entregar sus documentos de identidad y debe presentarse una vez a la semana en la comisaría. También le prohíben cualquier actividad asociativa relacionada con “la política internacional de Francia, la política de Rusia o la ayuda a las personas afectadas por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania”, ha comentado la fiscalía.

Pero hay muchas más ficciones entre los inquisidores franceses, típicas de picapleitos, como la de “prestar apoyo a grupos armados”, en referencia a la población del Donbas que se negó a someterse al Golpe de Estado fascista de 2014.

La guerra de Occidente contra Rusia se extiende más allá de los campos de batalla de Ucrania. Por Juanma Olarieta.

YouTube ha eliminado más de 700 videos que documentaban los crímenes israelíes

Cediendo a las sanciones de Trump, YouTube ha eliminado las cuentas de tres colectivos palestinos de derechos humanos. Entre ellos se encontraban un documental que mostraba a madres que sobrevivieron al genocidio perpetrado por Israel en Gaza; un video de investigación que revelaba el papel de Israel en el asesinato de un periodista palestino-estadounidense; y otro video que exponía la destrucción de hogares palestinos por parte de Israel en la Cisjordania ocupada.

YouTube borró esos videos a principios de octubre, censurando las cuentas que los habían publicado en su sitio web, así como los archivos de sus canales. Estas cuentas pertenecían a tres organizaciones palestinas de derechos humanos: Al Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos.

Esta decisión surge tras una campaña del gobierno estadounidense para silenciar los procedimientos legales relacionados con los crímenes de guerra cometidos por Israel contra los palestinos en Gaza y Cisjordania.

Los canales de YouTube de colectivos palestinos albergaron horas de material que documentaba y denunciaba las violaciones del derecho internacional por parte del gobierno israelí en Gaza y Cisjordania, incluyendo el asesinato de civiles palestinos. “Estoy realmente consternada por la falta de valentía que YouTube muestra”, declaró Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de Democracy for the Arab World Now.

“Es realmente difícil imaginar una razón creíble por la que compartir información de estas organizaciones palestinas de derechos humanos violaría de alguna manera las sanciones. Es decepcionante y muy sorprendente que YouTube ceda ante la denuncia arbitraria de estas organizaciones palestinas y ahora opte por censurarlas”. Tras la emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (Tribunal Penal Internacional) y la imputación de crímenes de guerra en Gaza por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el gobierno de Trump intensificó su defensa de las acciones de Israel sancionando a funcionarios de la Tribunal Penal Internacional y atacando a personas y organizaciones que colaboran con la Corte.

“Es indignante que YouTube apoye los esfuerzos del gobierno de Trump por eliminar del conocimiento público pruebas de abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra”, declaró Katherine Gallagher, abogada sénior del Centro de Derechos Constitucionales. “El Congreso no pretendía permitir que el presidente cortara el flujo de información al público estadounidense ni al mundo. Al contrario, la información, incluidos documentos y vídeos, está específicamente protegida por la ley que el presidente ha invocado para justificar las sanciones contra la Tribunal Penal Internacional”. Un retroceso alarmante

YouTube, propiedad de Google, confirmó que eliminó las cuentas de los grupos tras una investigación, en respuesta directa a las sanciones impuestas por el Departamento de Estado. La administración Trump impuso estas sanciones en septiembre por la cooperación de las organizaciones con el Tribunal Penal Internacional en casos que acusaban a dirigentes israelíes de crímenes de guerra.

Según la política de cumplimiento de sanciones de Google, “los productos de Google para editores no están disponibles para entidades o personas sujetas a sanciones comerciales o leyes de cumplimiento de exportaciones”, declaró el portavoz de YouTube, Boot Bullwinkle, en un comunicado.

Al Mezan, una organización de derechos humanos de Gaza, informó que su canal de YouTube fue cerrado abruptamente el 7 de octubre sin previo aviso. “El cierre del canal nos impide alcanzar nuestro objetivo de transmitir nuestro mensaje y cumplir nuestra misión”, declaró un portavoz del grupo. “Nos impide alcanzar nuestros objetivos y limita nuestra capacidad de llegar a la audiencia con la que queremos compartir nuestro mensaje”.

El canal de Al Haq, con sede en Cisjordania, fue eliminado el 3 de octubre, según un portavoz del grupo. YouTube justificó la decisión con un mensaje que afirmaba que su “contenido violaba sus términos de servicio”.

“La eliminación por parte de YouTube de la plataforma de una organización de derechos humanos sin previo aviso constituye una grave violación de principios y un retroceso alarmante para los derechos humanos y la libertad de expresión”, declaró el portavoz de Al Haq en un comunicado. “Las sanciones estadounidenses se están utilizando para obstaculizar los esfuerzos por establecer la rendición de cuentas en Palestina y silenciar las voces y las víctimas palestinas, lo que tiene un efecto dominó en las plataformas que también actúan en el marco de estas medidas para silenciar aún más las voces palestinas”.

El Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), la organización de derechos humanos más antigua de Gaza, declaró en un comunicado que la decisión de YouTube “permite a los autores de estos actos eludir la responsabilidad”.

“La decisión de YouTube de cerrar la cuenta del Centro Palestino para los Derechos Humanos es solo una de las muchas consecuencias que nuestra organización ha enfrentado desde que el gobierno estadounidense decidió imponer sanciones a nuestro legítimo trabajo”, declaró Basel Al Surani, responsable de defensa internacional y asesor legal del grupo.

“YouTube alegó que no cumplíamos con su política de Normas de la Comunidad, a pesar de que nuestro trabajo ha consistido esencialmente en presentar informes fácticos y basados ​​en pruebas sobre los crímenes cometidos contra el pueblo palestino, especialmente desde el 7 de octubre, fecha del inicio del genocidio en curso”. “Al hacerlo, YouTube es cómplice del silencio impuesto a las víctimas palestinas”, añadió Al Surani.

En Estados Unidos y más allá

Según un recuento, la eliminación de las cuentas de tres organizaciones de derechos humanos provocó la desaparición de más de 700 vídeos, que abarcan diversos temas, desde reportajes de investigación, como un análisis del asesinato israelí de la periodista estadounidense Shireen Abu Akleh, hasta testimonios de palestinos torturados por las fuerzas israelíes y documentales como “The Beach”, que narra la historia de niños jugando en una playa y muertos en un ataque aéreo israelí.

Algunos de los vídeos aún están disponibles gracias a copias almacenadas en Internet Archive o en otras plataformas, como Facebook y Vimeo. La eliminación solo afectó a los canales oficiales del grupo. Los vídeos producidos por las organizaciones sin ánimo de lucro, pero alojados en canales alternativos, siguen activos. Sin embargo, no existe un índice acumulativo de los vídeos eliminados por YouTube, y muchos parecen ya no estar disponibles en otros sitios web.

Los colectivos temen que los vídeos publicados en otros sitios web pronto sean eliminados también, dado que la mayoría de las plataformas que los alojan también tienen su sede en Estados Unidos. El Tribunal Penal Internacional ha comenzado a explorar la posibilidad de utilizar proveedores fuera de Estados Unidos y Al Haq afirma que están buscando alternativas a las empresas estadounidenses para alojar sus publicaciones.

YouTube no es la única empresa tecnológica estadounidense que impide a los colectivos de derechos palestinos utilizar sus servicios. El portavoz de Al Haq afirmó que Mailchimp, el servidor de listas de correo, también eliminó la cuenta del grupo en septiembre.

Concesiones a las exigencias de Trump

Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Israel han eludido durante mucho tiempo al Tribunal Penal Internacional y cualquier responsabilidad por los crímenes de guerra que se les acusa de cometer. Ninguno de los dos países es signatario del Estatuto de Roma, el tratado internacional que creó el Tribunal.

En noviembre del año pasado, los fiscales de la Tribunal Penal Internacional emitieron órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, acusándolos de causar hambre intencionalmente a civiles al bloquear la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Tanto el gobierno de Biden como el de Trump rechazaron la legitimidad de esas órdenes.

Desde su reelección, Trump ha adoptado una postura más agresiva para negar cualquier responsabilidad de Israel. Al comienzo de su segundo mandato, renovó las sanciones contra la Tribunal Penal Internacional y adoptó medidas nuevas y más severas contra los funcionarios de la Corte y cualquier persona acusada de colaborar con ellos en sus esfuerzos. En septiembre, en una nueva orden ejecutiva, sancionó específicamente a los tres grupos palestinos.

Las medidas adoptadas por Estados Unidos se producen tras la designación de Al Haq como “organización terrorista” por parte de Israel en 2021 y una campaña de desprestigio en línea por parte de lacayos proisraelíes que intentan vincular al Centro Palestino para los Derechos Humanos con grupos terroristas. Las sanciones consisten en congelar los activos de las organizaciones en Estados Unidos y prohibir la entrada al país a las personas sancionadas. Los jueces federales ya han emitido medidas cautelares a favor de los demandantes en dos casos, argumentando que las sanciones violan los derechos amparados por la Primera Enmienda.

“El gobierno de Trump pretende contribuir a la censura de la información relacionada con las atrocidades cometidas por Israel en Palestina, y las sanciones contra estas organizaciones están diseñadas deliberadamente para disuadir a los estadounidenses que podrían estar preocupados por las leyes de apoyo material de asociarse con ellas”, declaró Whitson, que en septiembre se unió a una coalición de organizaciones que piden al gobierno de Trump que levante las sanciones.

Al igual que muchas empresas tecnológicas, YouTube se ha mostrado dispuesta a cumplir con las exigencias tanto del gobierno de Trump como del de Israel. La plataforma colaboró ​​en una campaña organizada por trabajadores tecnológicos israelíes para eliminar de las redes sociales contenido considerado crítico con Israel. En Estados Unidos, Google, la empresa matriz de YouTube, proporcionó en secreto información personal de cuentas de Gmail al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos para facilitar la detención de un militante estudiantil propalestino.

Mucho antes de la campaña genocida de Israel en Gaza, YouTube ya había sido acusado de no aplicar equitativamente sus normas comunitarias, censurando las voces palestinas y absteniéndose de ejercer un control similar sobre el contenido proisraelí. Según un informe de Wired, esta práctica continuó durante la guerra.

A principios de este año, YouTube cerró la cuenta oficial de la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos de Addameer. Esta decisión se produjo tras la presión de Abogados por Israel de Reino Unido, que informó a YouTube por escrito de que la organización había sido sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Whitson advirtió que la capitulación de YouTube podría sentar un precedente y animar a otras empresas tecnológicas a someterse a la censura. “Están permitiendo que la administración Trump dicte la información que comparte con el público mundial”, dijo. “Esto no se detendrá en Palestina”.

Nikita Mazurov y Jonah Valdez https://theintercept.com/2025/11/04/youtube-google-israel-palestine-human-rights-censorship/

El caso del apuñalamiento de la hermana Zrno

El viernes la prensa croata llevó a la primera plana un titular sensacional, de esos capaces de atraer audiencia millonarias y crear polémicas interminables: un desconocido se había acercado a una monja de 35 años, Marija Tajana Zrno, alias “hermana Zrno”, en la zona residencial de Malesnica y la atacó con un cuchillo.

Los medios llegaron a inventar que el agresor había gritado “¡Allahu akbar!”, es decir, que era la agresión de un emigrante que, además, era un musulmán fanático (1).

A su llegada al hospital, informaron que la hermana Zrno tenía una lesión abdominal. Los médicos aseguraron que su estado era estable y que no corría peligro. Según miembro de su entorno, logró regresar caminando a su convento antes de ser trasladada a urgencias del Hospital Universitario de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

El alcalde de Zagreb, Tomislav Tomasevic, expresó su preocupación por la salud de la monja cuando fue hospitalizada. Solicitó a la policía que realizara una investigación exhaustiva y compartiera rápidamente sus hallazgos, enfatizando que la opinión pública estaba profundamente afectada por los informes iniciales.

No había mucho que investigar. La policía se enteró enseguida de que la monja había comprado ella misma el objeto punzante utilizado en el incidente en una tienda de la zona de Zagreb.

Un examen de sus lesiones determinó claramente que, ademś de superficiales, fueron autoinfligidas y la propia policía ha anunciado la presentación de una denuncia contra la hermana Zrno.

En las cámaras de videovigilancia no se veía a ningún agresor en el lugar del falso apuñalamiento, ni musulmán ni budista.

La monja impartía lecciones de religión en una escuela primaria y es muy conocida en Croacia por su pasión por el fútbol. En la cadena de televisión católica Laudato presentaba programas relacionados con el fútbol.

El fútbol, decía, es “una forma de conectar, compartir alegría y evangelizar”. ACI Prensa y la Agencia Católica de Noticias publicaron una entrevista en la que establecía paralelismos entre el deporte y la vida espiritual: “Para ser un buen futbolista, hay que entrenar todos los días. Lo mismo ocurre con la espiritualidad: si no eres perseverante y no rezas con regularidad, te volverás perezoso, tibio y tu vida no dará fruto” (2).

Es una gran admiradora del antiguo futbolista del Real Madrid Luka Modric, a quien felicitó por llevar espinilleras con la imagen de Jesucrísto. Junto con el padre Ivan Dominik Iliciv organizó la iniciativa de oración “Rosario por el Fuego” para la selección croata durante el Mundial.

La iniciativa movilizó a crotas de todas las edades.

Ahora la monja ha sido ingresada en un hospital siquiátrico para recibir tratamiento.

(1) https://narod.hr/vjera-i-kultura/tko-je-casna-marija-tatjana-zrno-koja-je-izbodena-nozem-u-zagrebu
(2) https://www.catholicnewsagency.com/news/253133/they-re-epic-battles-croatian-nun-discusses-relationship-between-spiritual-life-soccer

Bélgica: tres días de huelga y un vasto movimiento social sin perspectiva política

Los problemas se le acumulan a Bélgica. No resuelve ninguno de ellos y se van amontonando encima de la mesa, que es el peor síntoma de una crisis muy profunda. Primero, el gobierno está presionado por Europa para que se apodere del dinero que Rusia tenía guardado en un banco, lo cual es una fuente de problemas, tanto si participa en el atraco como si no lo hace.

Segundo, el gobierno es un laberinto de 5 partidos que no tienen nada en común y que se han puesto de acuerdo sólo porque alguien tiene que participar en las ceremonias oficiales y diplomáticas.

Tercero, la semana pasada los trabajadores y pensionistas salieron a la calle durante tres días seguidos. Es la mayor movilización en Bélgica desde la “huelga del siglo” en el invierno de 1960 a 1961.

Hace años que en Bélgica los sindicatos convocan huelgas y manifestaciones a regañadientes. Ellos forman parte de la crisis, una crisis dentro de otra crisis. En repetidas ocasiones las camarillas sindicales han pedido al Primer Ministro que les reciba, pero no se ha dignado a contestarles. No les queda más remedio que ponerse las pilas porque la situación laboral es cada vez más penosa.

Llueve sobre mojado. La semana pasada estalló un episodio de movilizaciones que sigue a 11 meses de luchas obreras, o sea, que los trabajadores pasan más tiempo en la calle que en el tajo, lo cual también es muy peligroso.

Todo va a más. La huelga de la semana pasada contó con mayor apoyo y fue más larga que la del 31 de marzo, tras la gran manifestación que reunió a unos 140.000 trabajadores en Bruselas el 24 de septiembre.

El gobierno aprovechó las tres jornadas para asustar a los parlamentarios, que acabaron tragando con los presupuestos. “O yo o el caos”, vino a decirles el lunes el Primer Ministro, Bart De Wever, que ha promovido un espejismo: la coalición de gobierno se consolida en medio de la tempestad.

Pero no todos pasaron por el aro, por lo que la crisis interna se ha profundizado. De Wever no se esconde y confirma que su partido NVA es “la oficina de investigación de los empresarios flamencos”. Como en los demás países europeos, en Bélgica no hay otra política que la austeridad presupuestaria, los recortes y el sacrificio de millones de trabajadores.

No obstante, las huelgas y manifestaciones no son más que un alto en el camino porque el gobierno no se da por enterado. Ya cuentan con los gritos y las pancartas en la calle. El movimiento obrero tendrá que dar un paso más, que sólo puede ser político, es decir, que tiene que tener en cuenta el contexto de guerra que vive Europa.

La huelga general en Bélgica de 1960 a 1961


Bélgica tiene una larga trayectoria de luchas obreras. Hace 65 años, más de un mes de paros y movilizaciones sacudieron al país de arriba abajo. Ha pasado a la historia como la “huelga del siglo” y no fue solo una movilización sindical. Fue una auténtica rebelión, una prueba de fuerza política, a veces insurreccional, entre la clase obrera, por un lado, y el capital, el Estado y la Iglesia católica, por el otro.

Sólo habían pasado 15 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces las huelgas generales habían estado dominadas por la adquisición o salvaguarda de los derechos y libertades democráticos (1893, 1902, 1913, 1950) o por exigencias sociales inmediatas (el verano de 1936: el día de ocho horas, vacaciones pagadas, etc.). La huelga de 1960-1961 fue mucho más allá. En un discurso pronunciado en plena batalla, el secretario general del sindicato FGTB (Federación Nacional de Trabajadores de Bélgica), André Renard, declaró que “a partir de hoy, las palabras revolución e insurgencia tendrán un sentido práctico para nosotros”.

La huelga estalló y avanzó de una manera muy espontánea y desde el principio tuvo un carácter político, que apuntaba hacia la conquista de reformas estructurales de las relaciones de producción capitalistas. Uno de los grandes pilares de la reacción era el monarca Leopoldo III, amigo de Hitler, que había encontrado una enorme oposición en el país para recuperar su cargo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Los trabajadores percibían el regreso del rey Leopoldo 3 como un intento de volver a la situación anterión a la guerra.

La Iglesia católica era otro pilar. Durante su discurso de Navidad, su máximo dirigente, el cardenal Van Roey, condenó la huelga como contraria a la “moral cristiana”. Durante la huelga, por medio de sus sindicatos amarillos, se esforzó por enfrentar a los trabajadores valones de los flamencos.

El ministro de Obras Públicas, Homer Van Odenhove, dijo por la radio: “Esta noche me limitaré a llamar su atención [a los obreros] sobre el inmenso daño que estas insensatas huelgas políticas están causando no solo al país, sino también a ustedes mismos y a sus seres queridos”. Este topo de mensajes se sucedían en los medios de comunicación.

Pero una batala no se gana con palabras. El gobierno organizo un fantástico despliegue de la gendarmería (18.000 efectivos) para proteger la centros vitales, desmantelar los piquetes y proteger a los esquiroles. El ejército movilizó de 12 a 15.000 soldados para mantener la infraestructura industrial, puentes, oficinas de correos, telégrafos, etc.

Desde las primeras semanas de huelga, el país quedó paralizado. El gobiernop erdió el control de la situación muy rápidamente. En muchos lugares, especialmente en Valonia, los comités de huelga se encargaron de organizar el transporte y regular la vida Social. Ningún coche, motocicleta o camión podía circular sin la autorización de los comités de trabajadores y de barrio.

En el apogeo de la huelga, después de dos semanas de paros, millones de trabajadores estaban en la calle. El centro de gravedad siempre estuvo en las cuencas industriales de Valonia, especialmente el Borinage que quedó aislado por las barricadas. El acceso se hizo imposible. Nuevas huelgas condujeron al cierre de las minas de carbón de Borinage (*).

Durante un corto período de tiempo, se celebraron hasta 300 manifestaciones en el país, masivas la mayor parte de ellas. Se cometieron 3.750 sabotajes, a menudo para evitar que los esquiroles reventaran los paros. En los combates contra la policía cuatro manifestantes perdieron la vida.

La huelga general cambió Bélgica para siempre. El gobierno cayó y, recientemente, no por casualidad, la prensa volvió a recordar la “batalla del siglo” para decir que más vale ceder un poco que perderlo todo. En 1960 los trabajadores belgas saltaron en contra de los planes de austeridad del gobierno (“ley única”), exactamente igual que ahora.

(*) El nombre de esta cuenca minera belga deriva de “bore”, que significa “pozo” o “yacimiento” en el dialecto local. Los habitantes de la cuenca se llaman “borains”. Formaba parte de un cinturón (“Sillon industriel”) que fue la cuna de la revolución industrial belga. Pero en 1948, la región valona, típicamente obrera, se benefició mucho menos del Plan Marshall que la flamenca. El cierre de las minas de carbón fue la puntilla para una región ahora pobre y deprimida.

Wasmes. Le drame du Borinage (documental de 1959)

El nuevo servicio militar se normaliza como si fueran cursos de ‘formación profesional’

El manual estratégico el ejército francés sugirió el 13 de julio crear un “servicio militar renovado” destinado a proporcionar a los jóvenes una formación militar básica que pudiera conducir a la captación de nuevos reclutas.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Pierre Schill, defiende este modelo. Desde el final de la Guerra Fría, “hemos pasado de un ejército de reclutas a un ejército profesional. Estoy convencido de que hoy estamos a punto de pasar de un ejército profesional a un ejército mixto, es decir, un ejército con profesionales, reservistas, pero también, quizás, voluntarios que presten servicio”, declaró en una entrevista.

Otros países europeos, como Alemania y Bélgica, han seguido el mismo camino. Alemania quiere reclutar 20.000 voluntarios a partir del año que viene.

Cuatro meses después, Macron confirmó la creación de un “servicio nacional voluntario”, o sea, algo que no es exactamente un “servicio militar” a la vieja usanza. Es más bien parecido a una “formación profesional” en un cuartel militar, a lo que se añade la transformación del “Día de la Ciudadanía y la Defensa” en un “Día de la Movilización”, que seguirá siendo obligatoria.

Su implementación, si el parlamento la aprueba, está prevista para el verano del año que viene. El “servicio nacional involucrará exclusivamente a voluntarios, principalmente jóvenes de 18 y 19 años”, declaró Macron, para quien este programa debería “fortalecer el vínculo entre nuestra nación y sus fuerzas armadas”, así como “reforzar nuestra resiliencia” y “consolidar la formación de los jóvenes”.

No obstante, si la situación lo requiere, “el Parlamento podrá autorizar el reclutamiento, más allá de los voluntarios, de aquellos cuyas competencias se hayan identificado durante la jornada [de movilización]. En tal caso, el servicio militar se convierte en obligatorio”, aclaró el presidente.

“Nuestros jóvenes en el servicio militar prestarán servicio durante 10 meses” y “llevarán a cabo las mismas misiones que los militares en activo en territorio nacional”, continuó.

“Servirán en territorio nacional y solo en territorio nacional, es decir, en la Francia metropolitana y en nuestros territorios de ultramar. El servicio militar se refiere al territorio nacional porque se trata de movilizarse para defendernos. Y quiero que este empleo en territorio nacional esté consagrado en la ley”, insistió Macron.

Los voluntarios participarán en ejercicios y misiones nacionales, como la Operación Centinela, o realizarán tareas específicas en función de su experiencia, competencias y nivel educativo (informática, logística, restauración, etc.)

Los diez meses pasados ​​en los cuarteles, que pueden considerarse como un año sabático, deben ser reconocidos. Los voluntarios recibirán una asignación mensual de aproximadamente 800 euros, sin incluir bonificaciones, y se les proporcionará alojamiento, comida y servicio de lavandería. También recibirán apoyo del ejército si buscan empleo. “Quienes lo deseen podrán unirse al ejército activo mediante el alistamiento, y se reconocerá la experiencia adquirida”, explicó Macron.

Con este nuevo servicio militar, “nuestras Fuerzas Armadas se beneficiarán de jóvenes franceses, hombres y mujeres, cuyas motivaciones han sido identificadas, su compromiso puesto a prueba y sus habilidades perfeccionadas. Es un activo fundamental: militar, moral, cívico y republicano. Es un acto de confianza en nuestra juventud”, afirmó.

El objetivo es reclutar a 3.000 voluntarios para el próximo verano. El nuevo servicio en filas aumentará gradualmente de tamaño hasta alcanzar los 10.000 reclutas de aquí a 2030. “Mi ambición para Francia es alcanzar los 50.000 jóvenes de aquí a 2035”, afirmó Macron.

Un desafío para el ejército

La decisión de aumentar el tamaño de la fuerza operativa terrestre de 66.000 a 77.000 efectivos ha requerido esfuerzos significativos en términos de equipo e infraestructura. El ejército francés lo logró mediante la “densificación” de sus regimientos, añadiendo una compañía o escuadrón adicional e instalando barracones prefabricados en los cuarteles.

El nuevo servicio generará los mismos problemas: será necesario redimensionar los servicios de apoyo (Servicio de Salud del Ejército, vestuario y alimentación) y encontrar espacio para albergar a los voluntarios, especialmente porque la reestructuración llevada a cabo en las décadas de 2000 y 2010 resultó en la venta de numerosos cuarteles. El objetivo de 50.000 reclutas para 2035 corresponde aproximadamente a unos 40 ó 50 regimientos.

La “deuda gris” del Ministerio de las Fuerzas Armadas, es decir, la cantidad necesaria para mantener los edificios, asciende a 4.400 millones de euros. Es mucho dinero porque, en materia de construcción, deben tenerse en cuenta las normas generales, que son muy costosas para los centros militares. En otras palabras, el ejército francés está pensando en volver a los vetustos e inhabitables edificios de siempre.

Pero Macron dijo otra cosa: que era necesario “comenzar a construir alojamientos y otras infraestructuras para que los jóvenes sean recibidos adecuadamente en las guarniciones y liberar gradualmente un número suficiente de oficiales para entrenar y comandar a estos jóvenes reclutas”.

Para ello tendrán que gastar más de 2.000 millones de euros en financiar la iniciativa, dentro de la actualización de la Ley de Programación Militar 2024-2020. “Es un esfuerzo significativo. Es esencial”, enfatizó Macron.

El ejército francés ya se ha puesto en marcha. En su página web de reclutamiento promociona el nuevo servicio, especificando que habrá 1.800 plazas disponibles en todo el país. El plazo de inscripción se abre el 12 de enero. “La lista de plazas disponibles se publicará próximamente”, concluye.

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