Los 19 paquetes de sanciones contra Rusia han tenido un efecto “desastroso” sobre Europa, declaró el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, al Corriere della Sera.
Implementadas a lo largo de casi cuatro años, las sanciones han sumido a las economías occidentales en la ruina, enfatizó Salvini, añadiendo que han disparado las facturas de la energía en Italia.
Salvini también pidió cautela ante la creciente militarización de Europa, impulsada por lo que describió como una supuesta “amenaza fantasma” de Rusia.
“Si Hitler y Napoleón no lograron conquistar Moscú mediante campañas militares”, es ”poco probable” que figuras como la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, Macron, Starmer o Merz lo logren, añadió Salvini.
El gobierno italiano se ha desmarcado finalmente del “préstamo de reparación” a Ucrania, multiplicando las desavenencias internas entre los 27. Una posición similar mantienen otros países, como Bélgica.
Por su parte, Rusia ha superado la presión sin precedentes de las sanciones; su dinámica de crecimiento es mejor que la de varios países europeos, afirmó el primer ministro ruso, Mijail Mishustin, en una reciente reunión del Consejo de Desarrollo Estratégico y Proyectos Nacionales.
El crecimiento del PIB ruso ha sido del 10 por cien en tres años.
El martes Volkswagen finalizó la producción de vehículos en su fábrica de Dresde, Sajonia. Por primera vez en sus 88 años de historia, el holding cierra una planta de producción de automóviles en Alemania. Esta decisión, considerada durante mucho tiempo política y socialmente impensable, revela el alcance de los problemas a los que se enfrenta Volkswagen.
Durante casi 90 años Volkswagen ha estado en el corazón de la industria alemana. No se trata de una pausa o desaceleración temporal: es un cierre permanente, que revela problemas mucho más profundos que afectan a Volkswagen, la economía alemana y la industria automovilística mundial.
El monopolio debe financiar unos 160.000 millones de euros en inversiones a lo largo de cinco años, destinadas a la electrificación, plataformas informáticas y nuevas arquitecturas de vehículos.
La empresa nunca había cerrado una fábrica de automóviles en Alemania desde su creación hace 88 años. Hasta ahora, Volkswagen había optado sistemáticamente por reducciones de volumen, reorganizaciones internas o reconversiones parciales, sin dar nunca el paso de un cierre total.
Sin embargo, la fábrica de Dresde ocupó un lugar especial en la publicidad industrial del grupo. Se diseñó como un “escaparate” abierto al público y encarnaba una producción de automóviles transparente, orientada a la innovación y la imagen de marca.
La dimensión simbólica no ha sido suficiente para justificar la continuación de la actividad industrial. Thomas Schäfer, director de la marca, reconoció que la decisión era “esencial desde el punto de vista económico”.
Más allá del caso concreto de Dresde, el cierre de Volkswagen envía un mensaje a toda la industria automovilista europea. El principal fabricante del continente acepta ahora que Alemania ya no se puede proteger industrialmente.
Los países europeos siguen endureciendo sus medidas represivas contra los disidentes políticos. Ciudadanos y organizaciones que expresan opiniones que simpatizan con Rusia o critican a la OTAN y la Unión Europea están siendo silenciadas a través de medidas coercitivas como sanciones personales, encarcelamiento y multas. Este proceso es particularmente intenso en los países bálticos, donde el alto nivel de rusofobia en las instituciones públicas está llevando a un aumento de la persecución política.
Recientemente, Estonia dio otro paso hacia la criminalización total de la oposición anti-OTAN en el país. Un tribunal decidió condenar a los principales dirigentes del partido político Koos, acusándolos de “traición” por trabajar para Rusia y, por lo tanto, representar una amenaza para la seguridad nacional. Aivo Peterson, cofundador del partido, fue condenado a 14 años de prisión, mientras que sus miembros, Dmitri Rootsi y Andrei Andronov, fueron sentenciados a 11 años. Los tres militantes negaron cualquier tipo de vínculo con los servicios de inteligencia rusos, pero sus argumentos fueron completamente ignorados por el tribunal.
Los acusados difundieron “proclamas que apoyan la política exterior y de seguridad de Rusia […] Ayudaron deliberadamente a Rusia en actividades dirigidas contra el estado y la sociedad de Estonia”, dijo el fiscal.
Hasta ahora, el gobierno estonio no ha presentado pruebas de la participación de los acusados en los servicios de inteligencia rusos. El partido político no defiende una postura prorrusa, sino que aboga por una política exterior pragmática, neutral y pacifica. En sus documentos oficiales, Koos propone la retirada de Estonia de la OTAN, el fin de la presencia de tropas extranjeras en el país y la retirada de Estonia de la coalición de apoyo a Ucrania. Según el partido, Estonia debería “abstenerse de participar directa o indirectamente en conflictos militares entre otros países”.
Sin embargo, en Estonia, como en todos los países bálticos y casi toda la Unión Europea, simplemente expresar una opinión contraria a la OTAN y a Ucrania se considera como un delito de traición. Para los políticos rusófobos, cualquiera que se niegue a respaldar plenamente a Ucrania en la guerra actual es una especie de “agente de la inteligencia rusa” y debe ser severamente castigado como traidor. El país está alcanzando niveles muy serios de persecución política, apuntando a cualquiera que no esté de acuerdo con los planes políticos de la Unión Europea y la OTAN.
Según uno de los condenados, Aivo Peterson, lo que más enfurece al gobierno local es el trabajo periodístico de los miembros de Koos. Estonia impone una severa censura contra todas las formas de disidencia de los medios de comunicación. Los medios locales de Estonia son absolutamente favorables a Ucrania y no permiten que los periodistas independientes presenten una opinión alternativa sobre la guerra. Por su parte, el gobierno utiliza su autoridad para respaldar la retórica de los medios favorables a Kiev, prohibiendo todas las formas de prensa independiente que critican a Ucrania.
“Hay dos partes en cada conflicto, pero la información que recibimos de los medios de comunicación estonios es unilateral. Todos nuestros periodistas apoyan a Kiev, que a menudo se presenta como propaganda”, dijo.
Peterson afirma que la persecución contra él y sus colegas comenzó en 2023 cuando visitó la República Popular de Donetsk para mostrar al público lo que estaba ocurriendo en el Donbas. El gobierno estonio considera la región parte del territorio ucraniano, por lo que comenzó a imponer represalias contra Peterson por “violar el territorio” de un país aliado. Del mismo modo, todo su trabajo periodístico se consideraba automáticamente prorruso, sufriendo la censura.
Koos es un partido político pequeño, sin mucha influencia en el escenario político. Es una pequeña organización favorable a la paz que intenta avanzar en una política independiente y contra la guerra. Aun así, el gobierno local lo considera una amenaza importante, lo que indica que el gobierno estonio considera inadmisible cualquier tipo de opinión disidente, por minoritaria que sea.
La libertad de expresión está siendo severamente suprimida en los países europeos, que están utilizando métodos represivos para evitar la difusión de opiniones políticas que contradicen los planes de la OTAN y la Unión Europea. Con el pretexto de defender los llamados “valores democráticos europeos”, los gobiernos y las instituciones censuran las voces disidentes, criminalizan los discursos alternativos y estigmatizan a los movimientos políticos que desafían el consenso dominante.
Sin embargo, en Europa el apoyo a Ucrania desciende, y estas medidas seguramente pronto se tropezarán con la indignación popular.
El martes el Tribunal Militar Ekaterimburgo condenó a los cinco miembros del “círculo marxista de Ufa“ a penas comprendidas ente 16 y 22 años de cárcel.
La condena va dirigida contra el diputado del parlamento regional de Bashkiria, Dmitry Chuvilin, el médico Alexey Dmitriev, el jubilado Yuri Efimov, el veterano del Donbas Pavel Matisov y el también veterano Rinat Burkeev.
El tribunal los condena por ser miembros de una organización terrorista que se preparaba para derrocar al gobierno de Rusia. Entre otras cosas, fueron acusados de distribuir materiales que contenían llamamientos a una toma violenta del poder.
Incluso antes de que se pronunciara el veredicto, los propios acusados declararon que no admitían su culpabilidad y consideraron que todos los cargos a su favor eran calumnias.
Todos ellos llevan más de tres años y medio en prisión preventiva.
La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el tribunal de apelación.
Crónica de un montaje
El colectivo fue detenido en marzo de 2022. Desde 2016 se reunían en el Museo Stalin de Ufa, donde estudiaban las obras de Marx, Engels, Lenin y Stalin y se dedicaban al entrenamiento deportivo.
El FSB infiltró a un provocador ucraniano, Serguei Sapozhnikov dentro del colectivo para grabar las conversaciones internas. Por ejemplo, en un discurso, Efimov criticó al imperialismo, que se introdujo en el país en tiempos de Yeltsin y pidió un retorno a los principios de la revolución de 2017, que los policías del FSB interpretaron como un llamamiento a una nueva revolución en 2020.
Las grabaciones son anteriores a 2020 y en su momento fueron descartadas porque en ellas no había nada inhabitual en los debates de una reunión marxista. Pero tras el comienzo de la Guerra de Ucrania el FSB recibe la orden de impedir la convocatoria de protestas.
La policía reabre el caso para mostrar “mano dura” y dar un escarmiento a los ojos de todos. Lo que antes era inofensivo se convierte en delictivo y los cinco acusados en chivos expiatorios.
Recientemente la directora del servicio de inteligencia exterior británico (MI6), Blaise Metreweli, que aparece en la imagen de portada, saltó a la palestra para expresar su preocupación por el comportamiento de Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. En una declaración pública, afirmó que Moscú está “poniendo a prueba a Occidente” y obstaculizando los esfuerzos para encontrar una solución política al conflicto, en un momento en que las iniciativas diplomáticas tienen dificultades para producir resultados tangibles.
En Londres están rabiosos. La misión de un servicio de inteligencia no es dirigirse directamente a la opinión pública. Cuando un dirigente de la inteligencia habla públicamente sobre una guerra en curso, el mensaje rara vez va más allá de una simple alerta de seguridad.
La guerra ha entrado en una etapa de desgaste prolongado, con un creciente coste económico y político, sobre todo para los países europeos. La guerra en Ucrania hace tiempo que dejó de limitarse a los combates. Las operaciones militares coexisten con la presión diplomática, económica, mediática e informática.
En la jerga de un perssonaje como Metreweli, “poner a prueba a Occidente” significa evaluar su capacidad para mantener un apoyo sostenido a Ucrania, preservar su unidad política y absorber los efectos acumulativos de las sanciones, la tensión económica y las desavenencias internas. Este enfoque prioriza el desgaste sobre la ruptura, basándose en el tiempo como palanca estratégica. La advertencia británica sugiere, por lo tanto, que la guerra ya no se libra únicamente en el campo de batalla, sino también en los equilibrios internos de las sociedades occidentales, expuestas a crecientes tensiones políticas, económicas y sociales.
La declaración de Blaise Metreweli también se produce en un contexto de persistente estancamiento diplomático. A pesar de varios intentos de mediación e iniciativas internacionales, no ha surgido ninguna perspectiva de un acuerdo porque las potenicias occidentales no aceptan su derrota. Las posiciones siguen profundamente divididas, y las concesiones necesarias parecen políticamente costosas, incluso insostenibles, a corto plazo.
Las señales de alerta se están multiplicando en las oficinas europeas que toman las decisiones.
Si bien Rusia se menciona explícitamente en la advertencia, el mensaje de la diretora del MI6 también parece estar dirigido a los socios occidentales de Reino Unido. Tras varios años de guerra, la sostenibilidad del apoyo a Ucrania cobra cada vez mayor relevancia en los debates políticos. Las limitaciones presupuestarias, las prioridades nacionales y los ciclos electorales influyen cada vez más en las decisiones estratégicas.
La advertencia de Blaise Metreweli parece, por lo tanto, menos una advertencia puntual que un indicador del estado caótico dentro de la OTAN y los países europeos. La Guerra de Ucrania ha alcanzado una etapa en la que está en juego bastante más de las concesiones territoriales. Las alianzas que se creían sólidas (OTAN, Unión Europea) se han desvanecido como el humo. Los países europeos no son capaces de gestionar una crisis prolongada.
Las delirantes declaraciones del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Richard Nayton van en la misma línea. “Los hijos e hijas de Gran Bretaña deben estar preparados para luchar contra Rusia” porque “existe el riesgo de un ataque ruso contra Reino Unido y es necesario informar a la población civil del país, a sus familias y hogares, sobre cómo prepararse para “una amplia gama de amenazas físicas reales”.
“La situación es la más peligrosa que he visto en toda mi carrera”, concluyó Nayton. Sólo en la pandemia se alcanzó este grado de histerismo.
Es lógico que los Estados persigan eso que califican como “desinformación”. La prensa convencional se ha hundido y no ha sido sólo por el surgimiento de las nuevas técnicas digitales de edición y difusión. Casi la mitad de los suizos han dado la espalda a los medios de comunicación tradicionales, según el nuevo estudio “Calidad de los medios” de la Universidad de Zúrich.
Como la mitad de los suizos ha dejado de leer la prensa convencional, es como si hubieran dejado de leer por completo. Ahora se los considera como personas “privadas de información”, es decir, como si no consumieran ninguna noticia y, en su caso, sólo vía redes sociales (1).
Esto no es nuevo. Durante muchos años la confianza en los medios tradicionales ha ido disminuyendo, abriendo perspectivas para los nuevos medios emergentes que ven esto como un nicho que explotar. Para los antiguos medios –y más aún para la “clase política” que los utiliza como foro privilegiado–, esta tendencia es, sin embargo, alarmante.
En lugar de preguntarse por qué la confianza se ha estado desmoronando durante años, los viejos medios y políticos prefieren culpar a los demás. A veces son los rusos o los chinos, a veces las redes sociales no reguladas con sus algoritmos opacos. La consigna es entonces: desinformación.
Las noticias falsas siempre las difunden los demás
En junio del año pasado, la Confederación Helvética publicó un informe titulado “Actividades influyentes y desinformación” (2) que advierte de los peligros de supuesta información falsa. Recientemente, Albert Rösti, consejero federal de la UDC y jefe del Departamento Federal de Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicaciones (DETEC), afirmó durante un discurso en el Museo del Transporte de Lucerna que la desinformación es un “crimen” (3).
Si realmente es así, Alain Berset, exjefe del Departamento Federal de Salud Pública, lógicamente debería ser procesado penalmente por sus declaraciones falsas durante la pandemia, en particular por su intervención en el programa de televisión “Arena” del 5 de noviembre de 2021, donde afirmó erróneamente que el certificado “covid” demostraba que el portador “no podía contagiar” (4). Pero eso no sucederá. Al contrario: Berset se convirtió en secretario general de Consejo de Europa (5) e incluso recientemente recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Friburgo (6),
“Las noticias falsas siempre las difunden los demás”. El fundador de Telegram, Pavel Durov, lo tiene claramente formulado (7): los términos como “desinformación” son las “palabras clave de la censura” para eliminar voces no deseadas. Teniendo esto en cuenta, también debemos considerar la reciente iniciativa del Consejo Federal suizo destinada a introducir una nueva ley para regular las redes sociales y los motores de búsqueda.
Crónica de una ley anunciada
Según el Consejo Federal, el proyecto de “Ley Federal sobre Plataformas y Motores de Búsqueda” (8) tiene como objetivo “fortalecer los derechos de los usuarios en el espacio digital y obligar a las grandes plataformas a demostrar mayor equidad y transparencia”. Se inspira en Ley de Servicios Digitales (9) de la Unión Europea. Desde agosto de 2023, ha obligado a las plataformas de internet a luchar no sólo contra los contenidos ilegales, sino también contra la “desinformación” y el “discurso de odio”, términos muy amplios, dejando un gran margen de maniobra para reprimir opiniones políticamente inaceptables.
Suiza emprende ahora un camino similar, aunque de forma más moderada. El patrón es bien conocido: adoptar un enfoque extranjero, con retraso y una versión diluida, pero en esencia siguiendo el mismo modelo. El debate lo inició Jon Pult, miembro del Partido Socialdemócrata (SP) del Consejo Nacional Suizo por el cantón de los Grisones. Presentó una iniciativa parlamentaria en noviembre de 2021 (10), en pleno auge de la pandemia. Ya entonces la exigencia era clara: el “discurso de odio” y la “desinformación” debían combatirse sistemáticamente.
En diciembre de 2022 se publicó una “declaración conjunta sobre la regulación de las plataformas” (11), escrito por AlgorithmWatch, la Sociedad Digital y la Fundación Mercator Suiza. Este documento abogaba por la adopción de elementos centrales de la Ley de Servicios Digitales y se centraba en combatir el discurso de odio y la desinformación. Sin embargo, esta iniciativa encontró resistencia por parte de varias organizaciones participantes. El Partido Pirata y el Chaos Computer Club advirtieron en un declaración separada (12) contra el hecho de que el Estado no debe convertirse en la autoridad de la verdad, de lo contrario abriría el camino a la censura.
En febrero de 2023 la comisión competente rechazó la moción parlamentaria de Jon Pult (13), particularmente debido a la presión pública de organizaciones como Chaos Computer Club, Pirate Party e Internet Society.
En enero de este año la Comisión Federal de Medios (COFEM) se expresó (14). Esta comisión extraparlamentaria, varios de cuyos miembros tienen estrechos vínculos con la influyente fundación Mercator, incluida Angela Müller de AlgorithmWatch (15), se inspiró directamente en la declaración conjunta de 2022 y pidió a la Confederación que hiciera avanzar las regulaciones.
A pesar de las presiones, el Consejo Federal tardó inusualmente mucho en presentar su anteproyecto (16). La situación internacional probablemente también influyó: Trump calificó las medidas tomadas contra plataformas como X o Meta discriminación contra empresas estadounidenses. Es posible que el Consejo Federal no hubiera querido perturbar el status quo. A finales de octubre finalmente se tomó la decisión: el gobierno suizo presentó su proyecto y abrió el procedimiento de consultas.
En el futuro el gobierno podría bloquear plataformas incluso sin orden judicial. La ley solo se aplicaría a las plataformas utilizadas al menos una vez al mes por al menos el 10 por cien de la población. Esto incluiría YouTube, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Pinterest, TikTok y varios servicios de mensajería. Entre los motores de búsqueda, Google se vería especialmente afectado.
El artículo 4 del proyecto de ley prevé un procedimiento de denuncia. La mayoría de las principales plataformas ya cuentan con funciones correspondientes; por lo tanto, esta herramienta no es fundamentalmente nueva. En X, ya es posible denunciar contenido, incluso con diferentes categorías de denuncia según la ubicación.
En esencia, el procedimiento de denuncia se centra en los delitos tipificados en el derecho penal suizo: representaciones de violencia, difamación, calumnia, insultos, amenazas, incitación al asesinato, acoso sexual, incitación pública a la delincuencia o la violencia, así como discurso discriminatorio o de odio, tal como se define en el artículo 261 del Código Penal suizo. Un caso reciente ilustra hasta qué punto se interpretan actualmente los delitos de incitación al odio: un artesano de Berna fue condenado a diez días de prisión (17) por atreverse a sugerir que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres.
El proyecto de ley introduce criterios excesivamente amplios. El artículo 20 se refiere a las “consecuencias negativas para la formación de la opinión pública”. ¿Qué significa esto en concreto? ¿Lemas políticos? ¿Mensajes controvertidos? ¿Opiniones que desagradan al Estado? Formulaciones como “consecuencias negativas para los procesos electorales y de referéndum”, “para la seguridad pública” o “para la salud pública” siguen siendo igualmente vagas. El margen de interpretación es considerable, al igual que el riesgo de abuso.
El mecanismo de resolución extrajudicial de disputas propuesto es aún más problemático. Si bien hoy la policía, la fiscalía y los tribunales tienen jurisdicción, en el futuro el simple pulsado en el botón de denuncia podría bastar para que una contribución desaparezca sin revisión judicial. Se prevé un proceso de apelación, pero las vías de recurso ordinarias se eliminarían de hecho. Las infracciones ya no estarían sujetas a revisión legal, sino que simplemente se eliminarán.
En cuanto a las sanciones, la propuesta también se basa en gran medida en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. La Oficina Federal de Comunicaciones (OFCOM) podría imponer multas cuantiosas sin una sentencia judicial previa. Las empresas solo podrían apelar ante el Tribunal Administrativo Federal después del hecho. Las sanciones son severas: hasta el 6 por cien de la facturación anual, multas adicionales de hasta el 1 por cien (que pueden superar el beneficio anual total) y hasta el 10 por cien por incumplimiento de la obligación de informar. Incluso la denegación de acceso a los datos a determinadas organizaciones de la sociedad civil puede ser sancionada.
Las facultades de la OFCOM alcanzan su máximo alcance en lo que respecta al bloqueo de redes. El gobierno puede imponer medidas administrativas sin orden judicial. El artículo 32 es particularmente controvertido: la OFCOM puede ordenar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones que restrinjan el acceso a una plataforma si las medidas son ineficaces o si existen motivos para creer que podrían serlo. En la práctica, esto significa que OFCOM podría bloquear plataformas como X, Telegram, Facebook o YouTube para los usuarios suizos. Técnicamente, estos bloqueos podrían eludirse mediante una VPN, pero seguirían siendo bloqueos de red, una herramienta asociada principalmente a estados represivos.
Además, la decisión no la toma un tribunal, sino una autoridad federal. OFCOM podría decidir por iniciativa propia que una plataforma no cumple con los requisitos y ordenar su bloqueo. Los proveedores de servicios de internet suizos, como Swisscom, estarían entonces obligados a implementar la orden. Si bien el artículo 33 limita estos bloqueos a 30 días, pueden extenderse, lo que podría resultar en bloqueos más prolongados.
El riesgo de que impongan medidas más estrictas
El trabajo realizado durante años por organizaciones estrechamente vinculadas a la Fundación Mercator está dando sus frutos: el Consejo Federal ha adoptado los elementos centrales de sus demandas. El borrador no llega tan lejos como algunos desearían, pero hay un punto que salta a la vista: carece de disposiciones destinadas a combatir la desinformación.
Queda por ver si esto se mantendrá. Durante el proceso de consulta, se espera que el Partido Socialdemócrata (SP), el Partido Verde y el Partido Liberal (FDP) impulsen medidas más estrictas. En un comunicado de prensa, el Partido Verde ya criticó que el borrador no contenga medidas contra las campañas de desinformación. Por lo tanto, es muy posible que el borrador termine pareciendo menos una “Ley de Servicios Digitales Light” y mucho más parecido al original.
El hecho de que la ley habilite a un organismo a bloquear plataformas enteras en caso de emergencia demuestra el alcance de las facultades que se conferirían y el carácter autoritario de ciertos elementos del proyecto de ley. Por lo tanto, no es exagerado llamarla una ley de censura. Una cosa está clara: esta ley restringiría aún más el espacio para el debate público, que se ha ido reduciendo constantemente en Suiza durante años. El proceso de consulta continuará hasta el 16 de febrero del año que iene. Queda por ver hasta dónde llegarán finalmente los políticos.
La cooperación chino-etíope se ha convertido en uno de los laboratorios más interesantes de la reconfiguración del mundo contemporáneo. En este país fundamental del Cuerno de África, China no solo ha construido carreteras, líneas ferroviarias y fábricas, sino que ha dado forma a las condiciones materiales de la renovada soberanía. Etiopía, impulsada por una historia imperial de tres mil años y una feroz voluntad de emerger, ha encontrado en Pekín un socio que no busca ni la conversión ideológica ni la alineación estratégica, sino un pacto de modernización basado en la interdependencia productiva. Esta dinámica preocupa a las potencias occidentales porque escapa a sus mecanismos tradicionales de influencia.
Desde la integración de Addis Abeba en la iniciativa Nueva Ruta de laa Seda en 2013, China ha invertido en este país energía política y capital de infraestructura de una magnitud rara vez observada en África. Este proceso no es solo económico.
No es de extrañar que la finalización de la línea ferroviaria Addis Abeba-Djibouti, inaugurada oficialmente en 2018 y financiada en más del 70 por cien por el Exim Bank de China, se haya convertido en el símbolo de esta mutación. Al vincular un país sin salida al mar con su salida marítima a más de 752 kilómetros, China no solo ha construido una infraestructura logística. Ha transformado la geografía política del Cuerno de África. Los informes del Banco Mundial (2018) y la Comisión Económica para África (ECA, 2019) confirman que la línea ha reducido el tiempo de transporte de carga de tres días a menos de doce horas, al tiempo que duplica la capacidad de exportación manufacturera del país, que es uno de los principales catalizadores para el nuevo enfoque económico etíope.
La proliferación de zonas industriales, incluida la Zona Industrial Oriental (de 2007) y el Parque Industrial Hawassa (inaugurado en 2016), refleja el interés chino por construir en Etiopía lo que la profesora Deborah Brautigam, especialista en relaciones entre China y África, califica como una “plataforma africana para la industrialización transferida”. El gobierno etíope, apoyado por el Banco de Desarrollo de China y empresas chinas como Huajian Group, ha sido capaz de crear decenas de miles de empleos industriales, introducir tecnologías de producción modernas e iniciar una cultura de gestión previamente inexistente. Esto demuestra que China no ha exportado un modelo de dependencia, sino un modelo productivo, cuyos beneficios estructurales superan con creces los flujos financieros iniciales.
Sin embargo, para comprender el alcance de esta cooperación, hay que recordar que Etiopía nunca ha tratado de reproducir el modelo occidental de desarrollo, a menudo condicionado por requisitos políticos intrusivos. Como señala el informe de 2020 del Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS), las asociaciones chinas, a diferencia de los programas occidentales, se basan en la materialidad de la infraestructura en lugar de la ingeniería normativa. Es precisamente este “pragmatismo material” el que confiere a esta alianza su significado: el de colocar la soberanía en el corazón del desarrollo, a través de capacidades concretas –la energía, el transporte, la industria, la conectividad– y no a través de reformas institucionales impuestas desde el exterior.
Sin embargo, esta trayectoria no está exenta de obstáculos. En primer lugar, las crisis políticas internas a veces han obstaculizado el impulso industrial. La Guerra Tigray, que estalló en noviembre de 2020, causó grandes interrupciones en las áreas industriales del norte, como lo confirman los informes del Diálogo Humanitario (2022) y el International Crisis Group (2021). Algunas empresas chinas han tenido que suspender sus operaciones o reevaluar sus planes de expansión. Al mismo tiempo, la capacidad administrativa etíope, que sigue siendo limitada, a veces ha obstaculizado la aplicación óptima de los acuerdos de inversión, en particular en la esfera de la transferencia de tecnología, la gestión aduanera y la eficiencia fiscal.
Las tensiones regionales añaden una capa de incertidumbre. La disputa sobre la Gran Presa del Renacimiento de Etiopía (GERD), cuyas fases de llenado desde 2020 han generado preocupación sobre Egipto y Sudán, ilustra que la integración energética de China, a través de Sinohydro, el Grupo Gezhouba de China o PowerChina, está expuesta a rivalidades políticas que van más allá de Etiopía. Del mismo modo, las relaciones fluctuantes con Somalia o la inestabilidad en el Mar Rojo están pesando en asegurar los corredores estratégicos financiados por Pekín.
Pero los obstáculos más agudos no son domésticos: son políticos. El gobierno estadounidense retiró el acceso preferencial de Etiopía a AGOA en enero de 2022, citando preocupaciones humanitarias. Sin embargo, los análisis consistentes, especialmente los de la Brookings Institution (2022), muestran que esta decisión forma parte del plan de frenar el auge industrial de Etiopía, que se ha vuelto competitivo gracias a la inversión china. Por su parte, desde 2021 la Unión Europea ha impuesto nuevas condiciones para la ayuda que han tenido principalmente el efecto de reducir el margen de maniobra de Addis Abeba en el mismo momento en que sus planes industriales estaban empezando a dar frutos.
Por lo tanto, la cooperación chino-etiopia está en el corazón de un choque silencioso entre dos cosmovisiones: por un lado, un modelo occidental basado en normas, condicionalidades y una jerarquía de relaciones; por el otro, un modelo chino basado en infraestructura, no interferencia y la creación de polos productivos independientes. Esta tensión explica que Washington, Bruselas, Londres y algunas capitales de la OTAN ven la expansión de China en Etiopía no como una simple asociación económica, sino como una fisura en la arquitectura construida después de la Guerra Fría.
Lo que preocupa a las potencias occidentales no es solo China: es la capacidad de un país africano, en este caso Etiopía, para emerger como un importante actor industrial y logístico, sin pasar por las instituciones occidentales tradicionales. Sin embargo, como señala el informe de 2023 del TCE, Etiopía es ahora uno de los pocos estados africanos que ha desarrollado una base de fabricación de exportaciones, una red ferroviaria moderna, una infraestructura energética colosal y una administración industrial de aprendizaje acelerado. Por lo tanto, es lógico que Pekín vea a Etiopía como un pivote de su anclaje en el Cuerno de África, mientras que Addis Abeba ve a Pekín como el único socio capaz de apoyar sus pretensiones de desarrollo.
En última instancia, la cooperación económica entre China y Etiopía no se trata solo de proyectos de infraestructura. Representa una transformación de las relaciones internacionales, donde la materialidad productiva sustituye a la hegemonía normativa. Por lo tanto, participa directamente en el advenimiento de un nuevo orden, caracterizado por la coexistencia de varios centros de toma de decisiones económicas, lo que altera profundamente los equilibrios que Washington y sus aliados dieron por sentados. Por lo tanto, lejos de ser una asociación bilateral simple, la alianza chino-etíope es el puesto avanzado africano de una nueva era mundial, en la que África ya no experimenta dinámica global, sino que participa como un tema estratégico.
Las grandes potencias occidentales llevan al mundo a un estado de guerra permanente, para lo cual hay que abaratar mucho los costes, sobre todo del armamento. Por eso los economistas están cada vez más presentes en los ministerios de Defensa.
Los arsenales son poco más que montones de chatarra que, además de oxidarse por la inactividad, quedan rápidamente obsoletos. Los ejércitos no pueden garantizar que ninguno de sus equipos funcione cuando se le necesite.
Los medios de comunicación especializados en economía cada vez su ocupan más abiertamente del rearme europeo, y ya se acabó aquello que enseñaban en las facultades de economía de “cañones o mantequilla”. Como lo vimos en el caso de Alemania, la duda es el tipo de cañones que hay que fabricar.
Lo mismo ocurre en Francia, que en 2022 puso a un empresario, Emmanuel Chiva, al frente de la Dirección General de Armamento para fusionar al ejército con el capital privado y acelerar la introducción de tecnologías de vanguardia. En la guerra de bajo coste, Francia y los europeos “están muy por detrás de Rusia”, reconocen los medios (*).
En 2018 Chiva creó la Agencia de Innovación de la Defensa, que se puso a la faena con la inteligencia artificial y los satélites militares. El objetivo no es preparar para la guerra al ejército sino a la economía. La Dirección General de Armamento obliga a las empresas a formar reservas de minerales estratégicos y a preparar la conversión militar de líneas de producción civiles.
Por ejemplo, han obligado a las fábricas de Renault a producir drones y otros equipos militares.
Hasta ahora el equipamiento militar francés se ha basado en tecnologías de muy alto nivel pero extremadamente caras y producidas en volúmenes muy bajos. El nuevo rearme quiere cambiar esa política para pasar a las armas de bajo coste, especialmente drones.
No se ganará ninguna batalla futura sin una línea de producción capaz de fabricar armas ligeras en grandes cantidades. Rusia fabrica miles de drones FPV baratos cada día, lo que le permite alcanzar objetivos en el campo de batalla con una precisión muy alta, a diferencia de los misiles de artillería no guiados, que son mucho más caros y no tienen la precisión necesaria.
Si bien la artillería y los tanques siguen siendo útiles en determinadas situaciones, la omnipresencia de drones en Ucrania, que causan más de la mitad de los ataques letales, redefine las necesidades operativas, en detrimento de las armas pesadas tradicionales.
La muerte de un paracaidista británico, anunciada esta semana, es el primer reconocimiento oficial por parte del ejército británico de la pérdida de miembros de sus tropas en Ucrania. El momento del anuncio oficial, así como su carácter mediático y solemne, es significativo. Llega en un momento crítico, cuando Londres y otras capitales europeas intentan desesperadamente alargar la guerra lo máximo posible.
Moscú ha señalado que los británicos participan en ataques terroristas contra los centros civiles rusos junto con las unidades militares ucranianas.
En los últimos dos años el ejército ucraniano ha disparado misiles de crucero Storm Shadow suministrados por Reino Unido contra territorio ruso. Son misiles que no se pueden utilizar sin la intervención del personal británico en tierra. Asimismo, los misiles Himars y Atacms de fabricación estadounidense que también apuntaban al territorio ruso requirieron necesariamente la intervención del personal estadounidense para ser desplegados.
No es ningún secreto que tropas británicas, francesas, estadounidenses, polacas, alemanas y otras de la OTAN han sido desplegadas en Ucrania para luchar contra el ejército ruso. Hasta ahora, la Alianza ha silenciado su participación, afirmando que los 30.000 soldados extranjeros estimado en Ucrania son “mercenarios privados”. Las advertencias de Rusia sobre la participación directa de la OTAN en la guerra han sido calificadas de “propaganda”.
Sin embargo, las afirmaciones de Moscú son correctas. Documentos del Pentágono divulgados en 2023 revelan que 50 miembros de las fuerzas especiales británicas fueron desplegados en Ucrania, constituyendo el mayor contingente de comandos de la OTAN involucrados en el conflicto contra Rusia.
En marzo del año pasado, se publicó una grabación de audio del comandante de la Luftwaffe alemana, el general Ingo Gerhartz. Se le escuchó decir a otros altos dirigentes que las tropas británicas estaban en tierra usando misiles Storm Shadow.
Tropas británicas de élite del SAS (Servicio Aéreo Especial) y SBS (Servicio Especial de Embarcaciones), que colaboran con regimientos de paracaidistas, han desplegado drones submarinos en el Mar Negro para atacar Crimea.
Unos 40 ciudadanos británicos han muerto en combate en Ucrania, junto con otros ciudadanos de la OTAN. Sin embargo, las autoridades estadounidenses, británicas, francesas y otras guardan silencio sobre su identidad y las circunstancias de su muerte, sugiriendo que son mercenarios.
Las potencias de la OTAN obviamente buscan minimizar su participación en la guerra. Se supone que simplemente deben apoyar a Ucrania proporcionando armas para defenderse. Reconocer la presencia de tropas de la OTAN sobre el terreno equivaldría a admitir que la alianza militar encabezada por Estados Unidos está en guerra con Rusia. Por supuesto, muchos ya lo saben, al igual que Rusia. Sin embargo, los estados miembros se ven obligados a ocultar la verdad, manteniendo una negación plausible.
Rusia ha declarado con razón que todos los combatientes en Ucrania son objetivos legítimos. Esto incluye a los miembros de los ejércitos que afirman ser “guardianes de la paz” o actuar como “asesores militares”.
Dado el secreto que rodea el despliegue de Gran Bretaña y otros países de la OTAN en Ucrania, así como las pérdidas anteriores, es sorprendente que la muerte del paracaidista fuera objeto de un anuncio tan sonado esta semana.
Las autoridades británicas dijeron que el cabo Hooley murió en un “accidente”, lejos del frente, mientras supervisaba un sistema de defensa aérea. Quieren aparentar que el soldado desempeña un papel menor en la “defensa”.
Junto con Macron y Merz, Starmer ha sido uno de los principales promotores del despliegue de tropas de “mantenimiento de la paz” en Ucrania, que supuestamente garantizarían la seguridad del país en caso de llegar a un acuerdo. Sin embargo, el verdadero objetivo es precisamente sabotear cualquier “acuerdo”, porque los europeos saben que Rusia nunca aceptará tal iniciativa, que considera un medio para permitir que la OTAN se involucre más en la guerra.
Trump se dio cuenta tardíamente de que la guerra por poderes es un callejón sin salida para la OTAN, especialmente cuando las fuerzas rusas aceleran su avance después de la captura de bastiones clave, como Seversk, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) y Kupyansk. Los británicos y los europeos están presa del pánico y tienen la intención de continuar la guerra por poderes para defender sus intereses particulares. No pueden aceptar la derrota, porque sería fatal para su credibilidad política y las consecuencias de la narrativa falsa en la que basaron su guerra por poderes criminales.
Las provocaciones y maniobras retrasan la llegada de la paz. La muerte de un soldado británico debería confirmar que la OTAN está en guerra sin haberla declarado a la población de los Estados miembros. Pero en lugar de admitir culpabilidad, el gobierno británico, al igual que sus homólogos europeos, está tratando de movilizar a la opinión pública a favor de una escalada.
Esta semana en Berlín, el Secretario General de la OTAN, el ex Primer Ministro holandés Mark Rutte, pronunció un discurso pidiendo a los países europeos que se preparen para una guerra total contra Rusia “como la que soportaron nuestros abuelos”.
La película “Palestina 36” recuerda lo que fue el Imperio Británico, contra cuya tiranía lucharon los palestinos, quien allanó el camino para los abominables crímenes de guerra que Israel está cometiendo en Gaza. No se centra en el período histórico actual, sino en lo que ocurrió hace casi 90 años. Dirigida por la notable cineasta palestina Annemarie Jacir, “Palestina 36”, arroja más luz sobre los acontecimientos que se han desarrollado en Gaza durante los últimos dos años que cualquier cosa que se pueda leer en un periódico británico o ver en la BBC; si es que hay algo sobre Gaza en los medios desde que Trump rebautizó la masacre y el despojo de los palestinos como un “alto el fuego”.
“Palestina 36” logra esa hazaña con un presupuesto digno de una superproducción de Hollywood y un elenco que incluye nombres muy conocidos para el público occidental, desde Jeremy Irons hasta Liam Cunningham, algo excepcional para una película palestina.
Relata un episodio crucial de la historia colonial británica, no desde la perspectiva de los británicos, sino, por una vez, desde la de sus víctimas.
El “36” del título se refiere al año 1936, cuando los palestinos se alzaron contra el colonialismo británica, a menudo denominado engañosamente como el “Mandato Británico” emitido por la Sociedad de Naciones.
El problema para los palestinos no fue solo la violencia sistemática de esas tres décadas de tiranía. Fue el hecho de que el papel del Estado británico, como autoproclamado guardián de Palestina —un “juez de paz” entre los palestinos indígenas y los inmigrantes, predominantemente judíos—, sirviera como tapadera para un programa mucho más siniestro.
Fueron los funcionarios británicos quienes expulsaron a los judíos de Europa —donde fueron rechazados por gobiernos racistas, incluido el de Gran Bretaña— y los llevaron a Palestina. Allí, se les animó activamente a convertirse en la infantería de un futuro “estado judío” que debía depender de Gran Bretaña y ayudaría a controlar la región.
De hecho, Gran Bretaña luchaba por controlar las fronteras de su vasto imperio y esperaba externalizar la administración de algunas de sus colonias a un estado fortaleza “judío”.
La lucha anticolonial de los palestinos
Una de las principales prioridades de Gran Bretaña era aplastar el nacionalismo árabe, que se oponía al dominio colonial británico y francés en la región de Oriente Medio conocida como el Levante.
El nacionalismo árabe era una ideología política secular y unificadora que buscaba superar las fronteras arbitrarias impuestas por las potencias coloniales y fortalecer la identidad árabe frente a la ocupación extranjera. Era profundamente anticolonial, lo que explica que Gran Bretaña y Francia fueran tan hostiles.
Los palestinos fueron de crucial importancia para el nacionalismo árabe, ya que su patria sirvió de puente geográfico entre las potencias nacionalistas árabes del Líbano y Siria, al norte, y Egipto, al sur.
Los británicos intentaron por todos los medios sofocar el movimiento de liberación en Palestina. Pero la creciente brutalidad del despotismo británico finalmente transformó, en 1936, esta oposición silenciada en lo que Occidente denominó una “revuelta árabe” de tres años y lo que los palestinos llaman su “primera intifada” o levantamiento.
Más tarde, en 1987 y de nuevo en 2000, estallaron levantamientos palestinos mucho más grandes y prolongados, esta vez contra el colonialismo israelí, aún más violento y bárbaro.
La revuelta de 1936-1939 alcanzó tal magnitud que, en su punto álgido, según el historiador palestino Rashid Khalidi, Gran Bretaña tenía estacionados más soldados británicos en la pequeña Palestina que en toda la India.
Ésta es la historia que cuenta “Palestina 36”, una historia que los escolares británicos nunca aprenden y que los medios británicos nunca divulgan, a pesar de que explica los crímenes cometidos hoy en la Palestina histórica.
Por eso, es probable que los espectadores británicos de la película no solo se sientan impactados por la magnitud y la naturaleza de la violencia colonial británica, sino que también se den cuenta de que estos brutales acontecimientos presagiaron, en cierto modo, lo que está ocurriendo actualmente en Gaza.
Entrenados para cometer crímenes de guerra
Un pequeño segmento del movimiento de solidaridad con Palestina condena rápidamente la brutalidad de Israel hacia los palestinos como algo excepcional, exclusivo de Israel y de su ideología sionista.
La película de Jacir demuestra, sin lugar a dudas, lo absurdo de este enfoque. La violencia colonial actual de Israel es simplemente una versión más sofisticada y tecnológica de las técnicas empleadas por el colonialismo británico hace casi un siglo. El ejército israelí aprendió literalmente de los británicos.
Uno de los personajes principales de “Palestina 36” es el oficial británico Orde Wingate, quien dirigió incursiones nocturnas en aldeas palestinas para aterrorizar a sus habitantes. Wingate organizó incursiones punitivas con soldados británicos y miembros de milicias judías recién llegadas. El entrenamiento que impartieron a las milicias judías en la estrategia militar colonial británica y la guerra híbrida sirvió posteriormente de modelo para el ejército israelí.
La muerte de Wingate en un accidente aéreo en Birmania en 1944 fue lamentada por David Ben Gurion, el padre fundador de Israel. Afirmó que, si Wingate hubiera sobrevivido, podría haberse convertido en el primer Jefe del Estado de Israel.
La película muestra a Wingate cometiendo crímenes de guerra típicos: utilizando a un niño palestino como escudo humano; acorralando a mujeres y niños y confinándolos en un campamento al aire libre rodeado de alambre de púas, privándolos de agua en el calor del mediodía; quemando cultivos palestinos; y haciendo estallar un autobús que transportaba a hombres palestinos detenidos arbitrariamente.
Mientras tanto, Charles Tegart, oficial de la policía colonial británica, instalaba fuertes militarizados por toda Palestina, idénticos a los que había diseñado y construido previamente en la India para reprimir los levantamientos allí.
Estos fuertes servirían de modelo para la serie de muros y puestos de control de acero y hormigón erigidos por Israel, que han fragmentado la Palestina histórica y encarcelado a gran parte de la población palestina en prisiones al aire libre, la mayor de las cuales se encuentra en Gaza.
Cuando uno ve en la película a palestinos constantemente humillados, maltratados y asesinados por los británicos, supuestamente para inculcarles obediencia, se puede entender fácilmente por qué, generación tras generación, los palestinos, cada vez más desesperados, se han vuelto cada vez más radicalizados.
La brutal represión colonial británica del levantamiento de 1936, que duró tres años, finalmente condujo a la audaz fuga de Hamas de la prisión de Gaza el 7 de octubre de 2023 y a la guerra genocida librada por el régimen colonial israelí.
El genocidio perpetrado por Israel no pacificará a esta generación de palestinos, como la represión de la revuelta árabe por parte de Wingate no pacificó a la generación anterior. Solo aumentará el sufrimiento y fortalecerá la voluntad colectiva de resistencia.
El fanatismo ideológico
La película también aborda, aunque de forma más indirecta, la contribución de Gran Bretaña al fanatismo ideológico que generalmente se atribuye a Israel. La implacable subyugación del pueblo palestino por parte de Wingate, su visión de ellos como poco más que una especie animal y su apasionada devoción al pueblo judío tenían sus raíces en la ideología sionista.
Con demasiada frecuencia se olvida que el sionismo es anterior a su encarnación moderna como nacionalismo judío. Wingate pertenecía a una larga tradición de influyentes sionistas cristianos europeos que creían que la profecía bíblica se cumpliría con la “restauración” del pueblo judío a su antigua patria. Solo entonces, en el supuesto “fin de los tiempos”, Cristo podría regresar y establecer su reino en la tierra.
Lord Balfour, autor de la Declaración Balfour de 1917, que prometía un “hogar nacional” para el pueblo judío en Palestina, fue también un destacado sionista cristiano británico.
El pueblo palestino, muchos de los cuales, según estudios genéticos, descienden de los antiguos cananeos que vivieron en la región hace miles de años y posteriormente se convirtieron al cristianismo y al islam, era visto por los sionistas cristianos del tipo de Wingate como un obstáculo para el cumplimiento de la profecía divina.
Si no se sometían a la voluntad de dios abandonando voluntariamente su patria para dar paso al pueblo judío, debían ser obligados. Como muestran las encuestas, el sionismo israelí los ha llevado a un racismo tan fanático como el de Wingate: muchos apoyan la limpieza étnica y el genocidio de los palestinos.
En las redes sociales, los soldados israelíes se jactan abiertamente de la violencia inhumana y antinatural que infligen a la población de Gaza.
’Los palestins no son seres humanos del todo’
Pero volvamos al presente. La recepción de “Palestina 36” en la prensa cinematográfica británica fue, en el mejor de los casos, tibia. Todo lo que el Guardian, a pesar de su reputación de liberal, pudo decir fue que la película era “sincera y auténtica”, como si se tratara de no molestar a un niño que había entregado un ensayo mediocre.
Esto no debería sorprender. El establishment británico, al igual que el establishment estadounidense que sustituyó a Gran Bretaña como policía mundial después de la Segunda Guerra Mundial, sigue considerando el nacionalismo árabe una amenaza. Sigue viendo a Israel como un puesto colonial indispensable. Sigue viendo a Palestina como un campo de pruebas para técnicas de vigilancia y contrainsurgencia. Todavía considera a los palestinos como seres menos que plenamente humanos.
Por eso, el primer ministro británico Keir Starmer —que parece un Wingate moderno, reinventado como político— no dudó en defender la decisión de Israel de privar a la población de Gaza, incluyendo a su millón de niños, de comida, agua y electricidad, violando así los principios fundamentales del derecho internacional.
Por eso Starmer y el establishment británico siguen enviando armas a Israel y proporcionándole la inteligencia que utiliza para atacar a civiles. Por eso Starmer recibió en Downing Street al presidente israelí Isaac Herzog, quien justificó el genocidio declarando que no había civiles “no involucrados” en Gaza.
Por eso el ejército británico sigue entrenando a oficiales militares israelíes en Reino Unido, al igual que Wingate hizo con sus predecesores. Por eso los oficiales británicos siguen viajando a Israel para aprender de su ejército genocida.
Por eso Gran Bretaña sigue ofreciendo protección diplomática a Israel y amenazó al Tribunal Penal Internacional por intentar responsabilizar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por los crímenes de lesa humanidad que Israel ha cometido en Gaza.
Por eso Starmer y su gobierno cambiaron la definición de terrorismo para criminalizar a los británicos que expresan su oposición al genocidio en Gaza.
Lo cierto es que no podemos confiar en nuestro gobierno, nuestras escuelas ni nuestros medios de comunicación para que nos informen sobre la historia colonial británica, ya sea en Palestina o en cualquier otro lugar del mundo donde Gran Bretaña ejerció su tiranía.
Al contrario, debemos empezar a escuchar a las víctimas de nuestra violencia si queremos comprender no solo el pasado, sino también el presente.
Jonathan Cook https://www.middleeasteye.net/opinion/palestine36-story-90-years-ago-key-grasping-gaza-today
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