El Tribunal Supremo, como podía esperarse, se ha lavado las manos. Con ello se trata de impedir o al menos retrasar aún más la legalización de estos partidos, entre los que está el nuestro. Los franquistas y el Gobierno se frotan las manos. Éste que prometió al rectificar con el decreto-ley de febrero la Ley de Asociación Política, la legalización para todos los partidos, muestra una vez más su posición de obstaculizar al máximo la implantación de la democracia y de llevar a término su reaccionario programa reformista.

Durante los últimos 15 años, los sucesivos Gobiernos fascistas han ido modificando la legislación sobre el derecho de asociación. Concretamente en los últimos tiempos ha habido el Estatuto de Asociaciones Políticas del Movimiento de 1974, la Ley de Asociaciones Políticas de 1976 y el decreto-ley último que modifica algunos aspectos de aquella ley. También está la Ley de Asociaciones de 1964, todavía sin derogar, para las asociaciones culturales y recreativas. Estas modificaciones han ido al compás del deterioro y descomposición del Régimen fascista, jalones en la lucha del pueblo por la libertad.

Inmediatamente de acabada la Guerra Nacional Revolucionaria, las fuerzas fascistas victoriosas imponen el Partido Único, FET y JONS, como única asociación política legal. Expresamente se promulga una Ley por la que serán objeto de represión todos los partidos, organizaciones sindicales y asociaciones que no apoyaron el “glorioso alzamiento” de Franco. No sólo era delito haber apoyado al Gobierno legal republicano, era delito lo que no constituyera apoyo entusiasta y fervoroso al “Movimiento Nacional”. El Partido Único servía de cobijo y amparo a los mayores rufianes y en los tiempos más difíciles del hambre y el estraperlo, los líderes del Partido Único cocinaron las mayores fortunas.

Sólo hay que echar una mirada a los Franco, los Girón, Serrano Súñer, Fernández Cuesta y otros de cuyo nombre no queremos acordarnos. A medida que se restablece y aumenta la lucha popular contra la tiranía del régimen fascista, la dictadura comienza a sentirse herida. Las grandes movilizaciones de metalúrgicos vizcaínos, mineros asturianos y trabajadores madrileños a principios de la década de los 60, va a producir el primer efecto en el terreno que estamos comentando. Las Cortes franquistas aprueban en 1964 una Ley de Asociaciones, que aunque está destinada a aquellas “que no tengan fines políticos”, es presentada como el primer paso hacia la libertad de asociación. Ello con el fin de engañar al pueblo haciéndole creer que el fascismo se va a acabar y por obra de los propios fascistas.

Mas tarde, cuando comienza de forma continuada y efectiva la lucha popular antifascista y se inicia la descomposición del régimen, las movilizaciones en protesta contra el juicio de Burgos de 1970, los fascistas tienen que echar marcha atrás y comienzan a reconocer que el Partido Único del “Movimiento” no les sirve. No reconocen, ni mueven un dedo siquiera para hacerlo, el derecho democrático de asociación, pero a finales de 1974 aprueban el Estatuto de Asociación Política que permite formar asociaciones políticas, pero dentro del “Movimiento”, presentándolo como el no va más para el ejercicio de este derecho elemental. La verdad es que, acogiéndose dicho Estatuto, se formaron asociaciones como las del propio Suárez, Girón, Fernández de la Mora, Cantarero del Castillo, etc., que lo único que hicieron fue llevarse varios miles de millones de pesetas del presupuesto el Estado que sufragamos todos los españoles.

Muerto Franco y coronado Juan Carlos, al iniciar la Reforma, los fascistas ven la necesidad de crear una nueva Ley de Asociaciones para tapar por ese flanco las enormes grietas que va abriendo el pueblo en el régimen. Aunque intentarán retrasarlo lo más posible, las grandes luchas comenzadas con el 11 de diciembre de 1974, continuadas con la de finales de 1975 y principios de 1976, obligan al Gobierno monárquico de Arias a presentar a las Cortes la Ley de Asociaciones Políticas actual, que es aprobada por éstas, cuando ya ha tomado posesión de su cargo el Gobierno de Suárez.

Esta Ley, que se distancia grandemente de la anterior al no obligar a jurar los Principios Fundamentales del “Movimiento”, sigue siendo sin embargo una ley antidemocrática. Deja en manos del Gobierno apreciar quién puede o no ser legalizado. Nada más ser aprobada por las Cortes, ya surgieron las protestas. La Ley de Asociaciones Políticas estaba destinada a que el Gobierno legalizara a quienes no le llevaran la contraria. Al resto se le podían aplicar varios artículos para denegarles la legalización. Tan burdo era el truco que la Ley nació muerta. Sólo se acogieron a ella las “asociaciones del Movimiento” y los “históricos” de Murillo [una escisión del PSOE]. Ningún partido u organización democrática picó el anzuelo. Tan desprestigiada estaba esta ley —y lo sigue estando— que la primera medida del Gobierno tras la Huelga General Política de finales de enero de este año [1977], fue la de su modificación en algunos aspectos. Por medio de un decreto-ley dejaba sin efecto el trámite de “la ventanilla” y para aparecer más democrático el Gobierno dejaría de decidir sobre la legalización de cualquier Partido en última instancia, pasando a la Sala IV del Tribunal Supremo tal decisión.

Así lo ha hecho con una treintena de partidos y organizaciones, precisamente los que más se han destacado en la lucha por la democracia, entre los que se encuentra la ORT. Una maniobra destinada a impedir o al menos a retrasar la legalización de todos, intentando al mismo tiempo distraer a la gente sobre la “independencia” del Gobierno, como recientemente se vanagloriaba Suárez en las declaraciones al periódico alemán “Der Spiegel”.

El Gobierno, con este nuevo trámite pasa la pelota al Tribunal Supremo, cuando lo que tenía que hacer desde el primer momento era legalizar a todos, sin restricción alguna. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo —nombrados sus componentes por el Gobierno y cúspide de la “justicia” fascista— entra en el juego de éste aparentando un enfrentamiento al no dar el visto bueno al nombramiento del Presidente de la Sala IV y al inhibirse a los 30 días de haber recibido los expedientes. ¡Si el enfrentamiento hubiera sido más real que aparente, podían haberse inhibido el primer día y no retrasar el asunto!

Al mismo tiempo, mientras los trámites estaban en el Tribunal Supremo, el Gobierno ha seguido ordenando que se detenga a militantes y dirigentes de partidos democráticos, llegando al extremo en el caso de nuestro Partido, de procesar a camaradas y a permitir el asalto a la sede central de la ORT. Actitud hacia nuestro Partido que ha motivado una carta de protesta al Presidente del Gobierno firmada por varias personalidades políticas entre las que se encuentran Ruiz Giménez, Gil Robles, Enrique Múgica, Santiago Carrillo, Fernández Ordoñez… Este comportamiento del Gobierno es intolerable. Si persiste en él nos obligará a un enfrentamiento directo con el reformismo para sustituir este Gobierno por un Gobierno Provisional Democrático.

—ORT, En Lucha, núm.145, abril de 1977