La medida se ha tomado en previsión de que los Mossos d’Esquadra no dispongan de capacidad suficiente para afrontar en solitario la investigación sobre los preparativos de la consulta que les encargó la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el martes. El despliegue también tiene como objetivo garantizar que la Policía Nacional pueda asumir las pesquisas en el caso de que el cuerpo autonómico termine plegándose a las presiones del Ejecutivo de Carles Puigdemont, que ha reclamado públicamente que sus agentes no se dediquen a esa labor.
Por ahora, los Mossos solo han dado muestras de acatar las resoluciones judiciales, aunque la investigación sobre el 1-O más avanzada es la que está efectuando la Guardia Civil bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Este miércoles, el Instituto Armado clausuró la web oficial del referéndum y sigue rastreando imprentas que pudieran ser utilizadas por la Administración catalana para fabricar las papeletas de votación. También hay pesquisas sobre las urnas que se emplearían en la consulta.
La activación de agentes de Policía Judicial e Información de la Policía Nacional se suma al envío de más de un millar de agentes de las unidades antidisturbios de la propia Policía y la Guardia Civil. Los refuerzos comenzaron a llegar la semana pasada para proteger los edificios oficiales del Estado en la comunidad, como la Delegación del Gobierno, los cuarteles del Instituto Armado, las dependencias de la Policía Nacional y la delegación del Banco de España en Barcelona, ante el riesgo de que sufrieran ataques u ocupaciones con motivo de la Diada. Pero Interior contuvo el despliegue para evitar que los grupos radicales interpretaran los movimientos como una agresión y caldearan el ambiente aprovechando los actos convocados para esa jornada.
Tras la Diada, el operativo ha vuelto a retomarse y continuarán llegando agentes de forma progresiva hasta el 1-O. Están desplazándose tantos efectivos que hay problemas para poder alojarlos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado la falta de previsión de la Dirección General. Y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) critica que los funcionarios del Instituto Armado estén siendo alojados en lugares que no reúnen las condiciones que merecen y, además, se hayan cancelado permisos y vacaciones hasta después del referéndum.
En el caso de la Guardia Civil, sus Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), los agentes especializados en el mantenimiento del orden público, se están quedando incluso en cuarteles militares y pabellones deportivos. Han ido agentes de los grupos de Sevilla, Madrid y Valencia, y en los próximos días irán los de Tenerife y otros puntos de España. La Dirección General del cuerpo también ha movilizado a los Grupos de Acción Rápida (GAR), la unidad de élite especializada en la lucha antiterrorista. Han llegado esta semana a Barcelona.
En el caso de la Policía Nacional, ya hay sobre el terreno agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Madrid, Valladolid, Sevilla, Bilbao, Valencia y Zaragoza, y seguirán llegando efectivos. Aunque se ha reforzado la protección de los edificios del Estado, parte de los agentes solo están en la zona en previsión de tener que actuar. Las competencias de seguridad ciudadana están transferidas a los Mossos d’Esquadra, pero Interior ha movilizado a los antidisturbios de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante el riesgo de que se produzcan conatos violentos y movilizaciones sostenidas en el tiempo, por puntos dispersos de la geografía catalana, que obliguen a facilitar apoyo a la policía autonómica o incluso a ejercer sus funciones. La cartera que dirige Juan Ignacio Zoido contempla el envío de hasta 4.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Su presencia se irá graduando en función de cómo evolucionen los acontecimientos.
