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Francia concede el estatuto de refugiado político a un dirigente del Califato Islámico

El año pasado la Ofpra, Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas, concedió a un dirigente yihadista del Califato Islámico, Ahmed H., el estatuto de refugiado político. En Francia Ahmed llevó una vida discreta en Normandía, hasta que el 9 de marzo le acusaron de “asesinato en relación con una empresa terrorista” y “crímenes de guerra”.

Ahmed H. es de origen irakí, tiene 33 años de edad y fue detenido en París. Llegó a Francia en el verano de 2016 y en junio de 2017 recibió el estatuto de refugiado político de la Ofpra, que le concedió un permiso de residencia de diez años. El gobierno le retiró su estatuto después de su encarcelamiento.

La fiscalía francesa sospecha que participó en la masacre de junio de 2014 en el campo militar de Speicher, en Tikrit, al norte de Bagdad, cuando provistos de armas, un grupo secuestró a cientos de jóvenes reclutas del ejército, en su mayoría chiítas, a los que ejecutaron uno por uno, matando hasta 1.700 personas en la ciudad, entonces ocupada por el Califato Islámico.

En el verano de 2017, poco después de que se le concediera el estatuto de refugiado, los servicios de inteligencia identificaron a Ahmed H. y le vigilaron, lo que el irakí denunció ante los jueces.

En noviembre, la fiscalía de París decidió abrir una investigación judicial, confiada por primera vez conjuntamente a jueces antiterroristas y a otro de la unidad de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad del tribunal de París.

El 6 de marzo, miembros de la DGSI (Dirección General de Seguridad Interior) lo detuvieron finalmente en Lisieux, en Calvados. Tras dos días de detención, el 9 de marzo fue acusado de “asesinatos relacionados con una empresa terrorista” y “crímenes de guerra”, y luego fue encarcelado preventivamente, anunció el Fiscal General de París.

A Ahmed H. también le han procesado por “asociación terrorista criminal”, “crímenes de guerra por tratos inhumanos y degradantes” y “crímenes de guerra por el uso de medios y métodos de combate prohibidos”.

El yihadista llevaba una vida discreta en Francia y ha negado tener cualquier implicación en los hechos. También está perseguido en Irak, donde las autoridades sospechan que ha dirigido la región de Samarra, al norte de Bagdad, en nombre del Califato Islámico.

https://francais.rt.com/france/51420-france-a-t-elle-donne-papiers-chef-Califato Islámico

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Tras 10 años de prisión preventiva el Tribunal Penal Internacional pone en libertad a Jean Pierre Bemba

Jean Pierre Bemba
Ayer el Tribunal Penal Internacional puso en libertad al congoleño Jean Pierre Bemba tras mantenerle 10 años en prisión preventiva, un plazo que ningún país europeo hubiera admitido jamás.

Bemba fue encarcelado por el Tribunal Penal Internacional dos años después de las elecciones en la República Democrática del Congo. La intervención del Tribunal decapitó a la oposición congoleña, dejando las manos libres a Kabila, un títere de las multinacionales occidentales, para que “limpiara” el país.

Desde 2008 Bemba ha languidecido en las cárceles de La Haya, la capital holandesa, que los africanos consideran una prisión colonial occidental. En 2016 fue condenado en primera instancia a 18 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por su milicia en la República Centroafricana en 2002 y 2003.

Sin embargo, ayer un Tribunal de apelación anuló aquel juicio y ordenó la liberación de Bemba. La Sala de Apelación admite que el Tribunal de instancia cometió graves errores, absuelve a Bemba y “elimina completamente su responsabilidad penal”, dijo la jueza Christine van den Wyngaert. “La mayoría de la Sala de Apelaciones concluyó que el Sr. Bemba no podía ser considerado penalmente responsable de los crímenes cometidos por las tropas del MLC durante la operación realizada en la República Centroafricana y que, en consecuencia, debe ser absuelto”.

De esa manera el Tribunal devuelve a la República Democrática del Congo a su oposición política que, actualmente, padece una grave crisis electoral en la que las potencias occidentales condenan constantemente lo que califican como “excesos totalitarios de Kabila”, que se niega a convocar las elecciones.

Las sentencias del Tribunal Penal Internacional no son, pues, más que otra forma más de injerencia de las grandes potencias en los asuntos internos de África.

La Federación Internacionmal de Derechos Humanos ha cuestionado las contradicciones del Tribunal de La Haya y su concepción relativista del crimen de lesa humanidad: “El Tribunal Penal Internacional ha adoptado una serie de posiciones contradictorias. Con esta sentencia, parece decir a los señores de la guerra: mientras no estén en la escena, dejen que sus tropas cometan los peores crímenes y las más graves abominaciones”, exclamó Karine Bonneau, miembro de la referida Federación.

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El ministro del Interior de Ucrania propone privar del derecho de voto a la población del Donbas

Arsen Avakov, ministro ucraniano de Interior
El jueves el ministro de Interior de Ucrania, Arsen Avakov, propuso privar del derecho de voto en las elecciones presidenciales y legislativas “temporalmente”, durante 3 a 5 años, a la población del Donbas, incluso aunque el territorio fuera “liberado”.

El ministro lanzó la propuesta en Kiev durante el IX Foro Nacional de Expertos y los fascistas españoles son la fuente de inspiración de los nazis ucranianos, ya que el ministro puso como ejemplo al artículo 155 impuesto por el gobierno central de Madrid a Catalunya: “Cuando hablamos de desocupación, insisto en que las elecciones locales deben celebrarse inmediatamente después para que podamos establecer las autoridades legales que cooperarán con el representante central del Gobierno ucraniano. Pero debemos imponer una moratoria de 3 a 5 años a las elecciones para las autoridades centrales. No es mi imaginación ni mi rigidez, es simplemente la observación de una experiencia mundial que podemos observar, incluso en los países balcánicos o incluso en España”, dijo Avakov.

Considera que este paso debe darse para evitar una posible “recaída” en el futuro. “Debemos calmar un poco a la sociedad, dejar que las nuevas instituciones civiles, un diálogo normal, la prensa, y luego celebrar las elecciones con seguridad. De lo contrario, se exacerbarán de nuevo los conflictos y no estamos seguros del efecto que tendrá el proceso de paz”, añadió.

El párrafo sobre la moratoria de la participación de los residentes de Donbass en las elecciones presidenciales y legislativas después de la desocupación está incluido en el documento “La estrategia para restaurar la integridad de Ucrania y la desocupación del Donbas”, publicado el mismo jueves.

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La CIA instigó el terrorismo fascista en Italia durante los ‘años de plomo’

En 2001, durante un juicio en Milán contra los fascistas que bombardearon la Piazza Fontana en 1969, el general Gianadelio Maletti, jefe de contrainteligencia militar, confimó que los servicios de inteligencia estadounidenses eran quienes habían instigado el terrorismo fascista en Italia durante la década de los setenta.

En el bombardeo del banco en Milán, los fascistas asesinaron a 16 personas.

Era la primera vez que un alto funcionario de la inteligencia italiana lanzaba una acusación de este tipo ante un tribunal. El general Maletti dijo que sus hombres habían descubierto que una célula terrorista de los fascistas en la región de Venecia había sido abastecida con explosivos militares procedentes de Alemania.

Los explosivos se obtuvieron con la ayuda de miembros de la inteligencia de Estados Unidos, lo que indica que los estadounidenses habían ido más allá de la infiltración y el control de grupos fascistas para instigar el terrorismo, dijo el general.

“La CIA, siguiendo órdenes de su gobierno, quería crear un nacionalismo italiano capaz de detener lo que veía como un deslizamiento hacia la izquierda y, para ello, podría haber hecho uso del terrorismo de derechas”, dijo el general Maletti al tribunal de Milán. “Creo que esto es lo que pasó en otros países también”.

El general había vivido en Sudáfrica durante los últimos 21 años como fugitivo de la justicia italiana y fue condenado a 14 años de prisión por filtrar un documento de los servicios secretos a la prensa y en 2000 recibió una condena de 15 años por obstrucción a la justicia. Se le concedió una inmunidad especial de 15 días para poder declarar en el juicio por el atentado contra un banco en la Piazza Fontana de Milán, la atrocidad que inauguró la “estrategia de la tensión”, una serie de atentados destinados a desplazar el centro de gravedad político del país hacia la derecha.

“La impresión era que los estadounidenses harían cualquier cosa para evitar que Italia se deslizara hacia la izquierda”, dijo el general Maletti durante una entrevista en su hotel de Milán. “No olvide que Nixon estaba a cargo y que Nixon era un hombre extraño, un político muy inteligente pero un hombre de iniciativas poco ortodoxas”.

La CIA apoyó financieramente al SID, el servicio italiano de inteligencia de defensa, pero los homólogos estadounidenses del general Maletti no estaban dispuestos a compartir información. Puede que haya habido una buena razón para la cautela americana. En unas memorias póstumas publicadas en 2000, el héroe de la resistencia en tiempos de guerra, el conde Edgardo Sogno, afirmó que visitó la estación de la CIA en Roma en julio de 1974 para informarle de sus planes de un golpe anticomunista.

“Le dije que le estaba informando como aliado en la lucha por la libertad de Occidente y le pregunté cuál sería la actitud del gobierno estadounidense”, escribió Sogno. “Me respondió lo que yo ya sabía: Estados Unidos habría apoyado cualquier iniciativa que tendiera a mantener a los comunistas fuera del gobierno”.

A pesar de los contactos con sus homólogos de la CIA, no se pronunció ninguna palabra sobre el complot de Sogno. “Yo, por ejemplo, no sabía lo de Sogno. Sabía que el Sr. Sogno estaba siendo investigado por un magistrado de Turín, pero no sabía que tenía contactos tan importantes con agencias estadounidenses en Estados Unidos e Italia”, dijo el general Maletti. “Claramente, Sogno tenía gran confianza en la complicidad del servicio americano”.

El general de 79 años fue condenado en rebeldía por obstruir una investigación sobre un ataque de 1973 contra el ministro del Interior al ocultar información crucial a los magistrados.

Cuatro personas murieron y 45 resultaron heridas cuando un “anarquista”, Gianfranco Bertoli, lanzó una granada contra una multitud en las afueras del cuartel general de la policía de Milán. Bertoli, según los jueces, era en realidad un hombre de simpatías fascistas y un antiguo informante del SID, llamado “Negro”. Los hombres del general Maletti fueron advertidos antes del ataque contra el ministro Mariano Rumor, pero no tomaron ninguna medida para impedirlo y no transmitieron su información sobre Bertoli incluso después de los asesinatos.

“Entre los países más grandes de Europa occidental, Italia ha sido tratada como una especie de protectorado. Me avergüenza pensar que todavía estamos sujetos a una supervisión especial”, concluía el general.

https://www.theguardian.com/world/2001/mar/26/terrorism

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Se multiplica por cuatro el número de personas afectadas por la tortura en España

1.014 personas sufrieron torturas en 2017 por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de prisiones y centros de menores en 224 situaciones, según recoge el último informe publicado (*) por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT). La cifra supone el doble de situaciones de torturas y malos tratos que se dieron en 2016, y casi cuatro veces más el número de personas afectadas. Entre 2004 —año del primer informe— y 2017, la Coordinadora ha recopilado 3.602 casos de torturas y malos tratos, y 9.085 personas afectadas.

Este aumento, según señalan desde la Coordinadora, está relacionado con la violencia policial que tuvo lugar el día 1 de octubre en Catalunya, con motivo de la celebración del referéndum. Desde la CPDT también señalan el incremento de violencia contra población migrante.

“Hemos valorado respecto al incremento dos cosas fundamentales, el 1 de octubre hubo una situación en la que más de 500 personas fueron afectadas, que son más del 50% de las personas afectadas que recoge el informe”, afirma Carlos Hernández, miembro de la Asociación Salhaketa Bizakia, una de las participantes en la CPDT, quien destaca también el aumento de agresiones sufridas por personas migrantes, sobre todo en situaciones que tuvieron lugar dentro de centros de internamiento de extranjeros.

El informe detalla que estas agresiones tuvieron lugar cuando las personas afectadas se encontraban bajo la custodia de funcionarios, ya sea en comisarías, cuarteles, prisiones y otros centros de privación de libertad, como los centros de internamiento de extranjeros, así como en el transcurso de intervenciones policiales, especialmente en manifestaciones. También advierten que, aunque son todas las que están, no están todas las que son. Como en los anteriores años, muchas de las denuncias han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectada o porque no se ha conseguido reunir información suficiente. También, y especialmente, la Coordinadora señala que la mayoría se situaciones de torturas o malos tratos no son denunciadas nunca, especialmente en el caso de las personas presas, sin hogar y migrantes, que son especialmente vulnerables.

Por territorios, la comunidad autónoma con más incidencia es Catalunya. Reúne el 61 por ciento de las personas afectadas por torturas y malos tratos y el 47,3% de las situaciones. Ceuta fue el segundo territorio en número de personas que han sufrido torturas y malos tratos —117—, seguida de Madrid —102—. “En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el elevado número de personas afectadas tiene otra explicación, que no es sino la presencia de la Frontera Sur tanto del Estado español como de la Unión Europea, con todas las cuestiones de violaciones de derechos que ello conlleva y su incidencia en el elevado número de personas afectadas por la violencia que suponen las torturas, los malos tratos y otros tratos crueles o degradantes”, explican desde la CPDT, refiriéndose al informe elaborado por Iridia.

En cuanto al tipo de funcionarios denunciados por torturas o malos tratos, los agentes de la Policía Nacional son los que acumulan más denuncias: 82 situaciones —la tercera parte de las recopiladas— y 551 personas afectadas —más de la mitad del total—. Les sigue la Guardia Civil, con 41 situaciones de torturas y malos tratos y 338 personas afectadas. Desde la Coordinadora puntualizan que en muchas de las situaciones participa más de un cuerpo de seguridad. “Prácticamente todos los cuerpos han recibido denuncias, por lo que se puede ver que la práctica de torturas y malos tratos está generalizada y además se extiende por todo el territorio”, señala Hernández.

(*) http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2018/06/Resumen-cas-2017.pdf

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La represión del reférendum catalán fue un experimento para comprobar la capacidad de aguante de una sociedad

Ayer la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que aglutina a 40 entidades, presentó su informe de 2017 en el que presta especial atención al dispositivo policial del 1-O y que considera que algunas actuaciones policiales «encajan absolutamente con la definición de tortura y maltrato».

En rueda de prensa, Serra, abogada de la Comisión de Defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), ha expresado que el concepto de tortura engloba el sufrimiento físico y mental, la incertidumbre y la violencia simbólica y que el 1-O tuvo como finalidad el castigo: «Fue una operación de escarmiento colectivo».

Ha detallado que en el informe se han documentado «situaciones donde se usa la porra como primer recurso y en partes del cuerpo especialmente vulnerables» y que también se hizo uso de las balas de goma pese a estar prohibidas por el Parlament.

Asimismo, ha asegurado que la Coordinadora cuenta con suficientes datos como para «poder afirmar taxativamente que el dispositivo policial que debía impedir la votación no se hizo para este objetivo».

Serra ha constatado que hubo unidades policiales que desplegaron violencia más acentuada que otros y que, en definitiva, el operativo del 1-O fue un «laboratorio represivo para ver hasta qué punto la población aguantaba» en el que, a su entender, se hizo un uso ilegítimo de la fuerza.

«La gente sufrió enormemente el componente simbólico por las vejaciones que sufrió y contempló», ha valorado Serra, y, de hecho, en el informe de la Coordinadora se constata que la extensión y la calidad de la violencia desplegada lo convierten en uno de los episodios de vulneración de los derechos humanos más relevante de los últimos años.

La Coordinadora también señala en su informe que la violencia ejercida el 1 de octubre ha causado un impacto psicosocial grave en la ciudadanía catalana y critican que no haya habido de momento ninguna investigación interna por parte de los respectivos cuerpos policiales ni la oportuna depuración de responsabilidades disciplinarias.

http://www.publico.es/sociedad/coordinadora-tortura-dice-violencia-policial-1-laboratorio-represivo-ver-limites-poblacion.html

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En preparación para la guerra Suecia moviliza a la Guardia Nacional

Por primera vez desde 1975, anoche el gobierno sueco ordenó la movilización de la Hemvärnet (Guardia Nacional) para un “ejercicio de preparación sin previo aviso”. Los 40 batallones han sido activados con efecto inmediato, según el sitio web Försvarsmakten, portavoz oficial de las Fuerzas Armadas (1).

Los numerosos signos que está enviando el gobierno a la población no pueden ser más inquietantes. Hace unos meses les dijeron que debían estar preparados para vivir al menos una semana sin ayuda del gobierno y hace tan solo una semana la Agencia Civil de Emergencias envió su folleto “Si estalla la crisis o la guerra” a más de cuatro millones de hogares suecos, mencionando la posibilidad de reinstaurar el servicio militar obligatorio y aconsejándo el almacenenamiento de agua, alimentos enlatados y alimentos secos.

El mes pasado, el país también restableció un regimiento en la isla báltica de Gotland.

Las fuerzas armadas del país escandinavo preparan a la Guardia Nacional para cualquier clase de emergencias. Las personas que formen parte de uno de los 40 batallones de reserva y que tengan la oportunidad de asistir a la noche del 5 de junio y la fiesta nacional estarán de servicio. Esta alerta fue ordenada por las Fuerzas Armadas y la participación en el ejercicio es voluntaria.

“Estamos decididos a reforzar la defensa sueca y a aumentar nuestra capacidad operativa. Esa es una forma de hacerlo. Este ejercicio es excelente en varios aspectos. Estamos probando la cadena de emergencia para casi la mitad de nuestra organización de respuesta, algo que no hemos hecho desde 1975”, dice Micael Byden, que está a cargo del comando.

La tropa se agrupará en los cuarteles y sus miembros comenzarán a resolver tareas como la protección, la guardia y las patrullas. Durante la fiesta nacional, en muchos lugares del país el personal de atención domiciliaria saldrá a la calle, plazas públicas, puertos y aeropuertos.

Como que se trata de un ejercicio voluntario, las fuerzas armadas no pueden obligar a nadie a participar, pero el comandante en jefe ha demostrado una gran confianza en sus tropas.

En Suecia la Guardia Nacional es una fuerza de reserva militar de las Fuerzas Armadas. Se estableció formalmente el 29 de mayo de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, a petición de la población. Originalmente compuesto por antiguos grupos de milicias, ahora comprende la mitad del ejército sueco, formando así la base de la defensa territorial del país escandinavo.

Se compone principalmente de unidades locales de intervención rápida, integradas por 17.000 de los 22.000 miembros de la Guardia Nacional, organizadas en 40 batallones y con 23 organizaciones auxiliares de defensa.

El sitio The Local informa de que el ejercicio es parte del esfuerzo de Suecia para reconstruir su estrategia de defensa total de la Guerra Fría para hacer frente a Rusia (2).

En caso de invasión, la Guardia Nacional Sueca es responsable de proteger las funciones básicas del gobierno sueco, supervisando las agencias oficiales, aeropuertos o puertos, con el fin de liberar al ejército profesional para tareas de primera línea.

Además de la guerra, el gobierno sueco se prepara para la represión de los levantamientos de emigrantes en áreas prohibidas. El pasado mes de enero, el Primer Ministro sueco declaró que “no excluye el uso del ejército para acabar con la violencia de las bandas”.

(1) https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2018/06/historisk-ovning-forsvarsmakten-testar-hemvarnets-beredskap/
(2) https://www.thelocal.se/20180606/sweden-mobilises-entire-home-guard-for-first-time-since-1975

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Sangrienta batalla del ejército sirio con los yihadistas en Deir Ezzor

El pasado fin de semana decenas de soldados del ejército regular sirio y terroristas del Califato Islámico murieron durante la batalla de 48 horas en el sureste de Deir Ezzor.

El ejército sirio perdió 26 soldados durante la batalla. La mayoría de las pérdidas se produjeron el primer día de la ofensiva del Califato Islámico cerca de la ciudad fronteriza de Albukamal.

El Califato Islámico sufrió más de 40 muertes en sus filas, ya que la mayoría de sus cadáveres fueron abandonados durante su abrupta retirada de las ciudades de Jalaa, Saiyal y Hasarat, en el sudeste de Deir Ezzor.

El ataque del Califato Islámico consiguió cortar la carretera Mayadin-Albukamal durante varias horas el domingo; sin embargo, una vez que llegaron los refuerzos del ejército regular, pudieron tomar la iniciativa y reabrir la carretera.

Con la amenaza de una ofensiva del ejército regular en la zona de Badiya Al-Sham, el Califato Islámico lanzó recientemente ataques desesperados en la zona de Badiya Al-Sham para retrasar la operación del gobierno.

https://www.almasdarnews.com/article/battle-for-deir-ezzor-proves-costly-for-syrian-army-isis-as-over-60-casualties-reported-map/

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60 años después

Jon Iurrebaso Atutxa
expreso político de ETA

Después de más de 60 años de una lucha heroica y desigual por parte del MLNV frente a los dos Estados que ocupan y oprimen a Euskal Herria, la fracción que se sitúa en la posición pequeño burguesa, reformista, burócrata y entreguista que hoy representa la  IA Oficial y reformista (IAO), vuelve los ojos, que realmente nunca quitó, al principal redil donde nació. Este no es otro que el PNV vasco-español de siempre y no independentista. Todo ello después de mendigar ante cierto sector de la burguesía vasco-española de un lado, y reformistas de “izquierda” no independentistas por otro. En ambos casos han sido alianzas fallidas y es de subrayar que ninguna de las dos fuerzas deseaban, ni desean, un futuro independentista y socialista para Euskal Herria.

Y este hecho de volver al redil, hubiera parecido imposible de creer a lo largo de estas largas décadas de represión, torturas, cárcel, muerte y también de ilusión y convencimiento pleno de luchar por una Euskal Herria independiente y socialista. Sin embargo, no es tan imposible de creerlo si analizamos ese periodo desde una perspectiva histórica y dialéctica, es decir desde un análisis basado en la lucha de clases.

No sabemos si todas y todos los que se identifican con la IAO (Sortu) y EHBildu lo saben, pero lo que si parece evidente es que, además de la estructura de Sortu, hay muchas personas que son conscientes de todo lo que está ocurriendo en la IAO desde el ya lejano 2009 y, algunas también desde antes de ese año. En todo caso, recordemos que se abandonaba un instrumento de lucha para siempre (un instrumento de lucha para la defensa del pueblo trabajador vasco), bajo el argumento de que la sociedad vasca ya era mayorcita y bajo la promesa de que en adelante se implementaría de una manera unilateral la DESOBEDIENCIA hasta conseguir la emancipación de los Estados ocupantes y opresores.

Y lo que está ocurriendo es una apuesta por desmantelar (además del propio MLNV), en la parte que le tocaba a la IAO, el movimiento popular, el movimiento social, el ya moribundo movimiento obrero y meter el reformismo y el pragmatismo en lo poco que su actividad abarca e implementa. Sin olvidar, claro está, la práctica parlamentarista burguesa más convencional. Una actividad parlamentaria de encefalograma plano y sin ninguna conexión con la subversión y resistencia al sistema que impone el invasor y que, evidentemente, no impulsan. Esa es la triste realidad que nos muestra EHBildu en Madrid optando por un PSOE que ya decidió antes de su congreso de Suresnes (1974) ser una pieza más del capital, y periódico recambio teatral del PP. Así ha quedado demostrado a lo largo de los años. Hoy, ante un instrumento desgastado, se coloca a otro semejante para la supervivencia del capital y de su entramado político, administrativo, económico y judicial de clase. Ante ello, EHBildu lo apoya. En concreto apoya “por higiene democrática” los presupuestos que rechazó hace unos días. En realidad, las vascas y vascos no hacemos nada en los parlamentos de los Estados que nos ocupan si no es legitimarlos. Esa debiera ser la primera cuestión que se evita plantear por todos los medios y artimañas.

Esa posición sumisa no genera contradicción insuperable alguna ni para las instituciones emanadas de la ocupación, ni para los poderes reales de los Estados que nos ocupan, ni para el resto de partidos que acatan el sistema a pies juntillas. Y eso se traduce en pactar el preámbulo de la NO independencia precisamente con los que la han rehuido y abiertamente manifestado, por activa y por pasiva. Es decir, no hay pacto con el PNV si no se acepta la partición de EH en general y de Hego EH en particular entre Vascongadas (Euskadi) y Nafarroa Garaia. No hay pacto si no se admite el estatus-quo actual de sumisión a los Estados y aceptación del sistema de libertades y prohibiciones que el capital extranjero y vasco-español nos imponen y que le son imprescindibles para su propia supervivencia, reproducción y dique contra las aguas del pueblo trabajador vasco. El PNV jamás luchará por la independencia pues lo pactado con los poderes reales del Estado, con los que están por encima de los gobiernos de turno, es únicamente la gestión del caserío vascongado y hacer de freno para el pueblo trabajador vasco que pretenda una EH independiente y socialista.

Y no nos extraña la actitud de Sortu y de EHBildu pues quien mantiene relaciones amistosas con la administración yanqui puede llegar a hacer cualquier cosa salvo luchar radicalmente a favor del pueblo trabajador vasco. ¿Como se puede tener relación con una administración imperialista manchada de sangre hasta las cejas que en el caso de Obama invadió 6 países y agredió y subyuzgó a muchísimos más, durante su mandato? ¿Por qué hay gente del entorno de la IAO y reformista que todavía no se cree que la carta de felicitación a Trump y sus ejemplares elecciones electorales es un hecho cierto y sobradamente reconocido? ¿Por qué, siendo público también, hay gente que ignora y, en todo caso, no se cree que también EHBildu felicite a las fuerzas represivas españolas por salvaguardar la democracia española?

La IAO y reformista se ha esforzado por meternos en la sangre el derecho, los valores y la democracia de nuestros enemigos nacionales y de clase. Esto es, paz a secas. Proceso de paz donde la única violencia que desaparece es la legítimamente defensiva. Logro de una “situación democrática” explicada como conquista al desaparecer la lucha armada, cuando lo único que significa es la asunción y práctica de la ley de partidos o ley de nuestro enemigo. Monopolio de la violencia para los Estados o, lo que es lo mismo, auténtica sumisión al sistema ocupante y al capital.

Cientos de actuaciones, declaraciones, mentiras y medias verdades para hacernos dudar de la justeza de la lucha de los últimos 60 años. Mientras, por aquí y por allí, se pide perdón y, a menudo, se medio dice o dice que nunca debiera haber pasado, manifestando tímidamente que los primeros que empezaron fueron otros… En definitiva, nos están intentando meter un sentimiento de culpabilidad y errónea práctica pasada, para justificar su actuación reciente, actual y futura. En este sentido, y aunque parezca mentira, todavía nos queda mucho por ver.

Así, nos martillean con mensajes y conceptos que obedecen a la filosifía burguesa y a nuestros enemigos o adversarios más directos. ¿Por qué es supuestamente democrático reivindicar todos los derechos para todas las personas sin ninguna especificación más? ¿Es que los que nos arrancan la plusvalía, los que pretenden ocuparnos para siempre, los que niegan un futuro en manos del pueblo trabajador vasco tienen los mismos derechos y obligaciones que éste? Esa y otras perlas por el estilo, como aceptar la partición para luego federarse…

Es una práctica repetitiva el hecho de que en la misma intervención pública nos muestren evidentes contradicciones sin sonrojo alguno. Se criticaba al PNV por aceptar la partición y ahora hacen un proyecto de futuro partiendo de esa misma partición. Sus antecedentes, sin ningún debate, vienen de hace unos 10 años, cuando el lobby que dio el golpe de mano en la Izquierda Abertzale comenzó a hablar de vascos y navarros preparando el terreno de su actual política. La hemeroteca esta ahí. Ya en ese tiempo ese lobby hizo suyo el discurso y concepto y términos del enemigo al hablar de Comunidad Vasca y Comunidad Navarra.

¿Qué podemos esperar de quien ante la requisa por el ocupante de bienes particulares de represaliados, en calidad de botín de guerra, manifiesta que hay que darle un nuevo empuje….?  ¿A qué? ¿Con quien? ¿Para qué? Es como si los de a pie fuéramos disminuidos mentales sin ninguna capacidad de razonamiento o de análisis. Es, sencillamente, esquizofrénico.

Es así en todos los ámbitos. En las cárceles también lo es. La vía-Sortu es aceptada al parecer por la mayoría del colectivo de presos políticos vascos con la salvedad y líneas rojas del arrepentimiento y la delación. Pues bien, no nos cansaremos de recordar que la línea político penitenciaria del Estado español requiere el arrepentimiento, pedir perdón, abandonar el colectivo de presos políticos vascos, renunciar a medios y fines, delatar y asumir en su conjunto la legislación penitenciaria vigente. No tener castigos para progresar de grado e ir avanzando hacia los permisos y más adelante poder obtener la condicional. Mirar para otro lado ante una agresión a un compañero, acarreando más represión para otros compañeros cuando algunos se pliegan a la legislación y al mandato de los
carceleros… Un largo etc. Y una situación insostenible, no ya en el tiempo, sino desde el minuto cero.

¿Cómo resuelven las presas y presos políticos vascos este dilema? ¿Cómo evitar la contradicción de no arrepentirse si así lo exige nuestro enemigo? ¿Qué ocurre? ¿Qué la vía Sortu hizo un mal cálculo? Pensamos que los que hicieron la vía Sortu tenían y tienen pleno convencimiento de lo que estaban haciendo y de la contradicción que dejaban en manos de los presos. ¿Se saltan la línea roja? ¿Y si no se la saltan? Pues si no se la saltan no hay progresión de grados. Hay quien no quiere oírlo pero tenemos que manifestar que no hay otra solución que la AMNISTIA TOTAL y la consiguiente lucha para conseguirla.

Mientras, tendremos cientos de presos (de los de hoy y de los que por desgracia e inevitablemente habrá) para el día de la independencia de Euskal Herria que en enero del pasado año dirigentes de Sortu situaron el año 2026 como una fecha “realista y viable”, “o antes, si la sociedad vasca lo desea”. Es decir, dentro de 8 años es viable y real un Estado de las Vascongadas, otro de Nafarroa Garaia y otro de Iparralde que estarán federados para luego “pelear” por el socialismo y más tarde por el feminismo y… En fin.

Con las sucesivas reformas de la LOGP española, en el mejor de los casos y si no cambia la situación, algunas presas y presos políticos vascos que hoy están encarcelados, alcanzarán el tercer grado hacia el 2043, la condicional hacia el 2048 y nunca la libertad penitenciaria definitiva pues saldrán bajo libertad vigilada. En el peor de los casos y con varias condenas importantes, su cómputo para lograr el tercer grado o la condicional no se hará sobre 40 años sino sobre el total de las penas impuestas. De esa manera cumplirán toda la condena en prisión, que en el caso que mencionamos se produciría en el año 2051.

No nos estamos inventando nada. Miles de vascos saben de qué hablamos porque han estado en las cárceles o cerca de esta realidad por ser familiar, militante, amigo, compañero de trabajo, etc. Eso es lo que marca la ley del ocupante español después de ser reformada una y otra vez para destruir a sus enemigos, en este caso la resistencia vasca que lucha por la independencia y el socialismo.

Y volviendo al comienzo del artículo, 60 años después, es evidente que si deseamos un futuro independiente y socialista, solo el pueblo trabajador vasco podrá ser sujeto y protagonista de su propio futuro. No  podemos dejarlo en manos de nadie más. Y no podemos dejar para mañana lo que es tarea de hoy. Y ese quehacer diario nos exige implementar un reflejo constante de lo que será nuestro futuro.

No hay otro modo de conducir una dinámica de liberación hacia nuestros objetivos principales. Con esas claves tan difíciles de llevar a cabo habrá que revisar o construir las estructuras acordes y las dinámicas permanentes y de futuro.

Ante el reformismo que hace bandera de lo posible calificando de quimera lo imposible, y sabiendo que lo posible es, sobre todo, lo aceptable e imprescindible para el enemigo, nosotras y nosotros haremos posible lo imposible. Es cuestión de conciencia, voluntad y tenacidad. Como muchos ya habrán dicho y hecho antes que nosotros y nosotras: “soñar es imprescindible con la condición de creer en nuestros sueños”. Y tenemos muy presente lo que en su día acuñó Jon Idígoras: “Sin el PNV será difícil conseguir la independencia,  con el PNV imposible”.

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Grande-Marlaska, de juez sicario del PP en la Audiencia Nacional a ministro del PSOE

Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) amaneció este miércoles vocal del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial y se acostó ministro de un Gobierno socialista. Pedro Sánchez ha elegido para el departamento de Interior a un juez aupado por el PP al CGPJ, que defiende que en los Centros de Internamiento de Extranjeros  “no se vulneran los derechos fundamentales” y que puso por escrito en un voto particular que apartar a Concepción Espejel de los juicios de Gürtel y caja B por su proximidad al anterior partido en el Gobierno fue fruto de una “campaña mediática”.

La consideración que el sector conservador de la judicatura y el Partido Popular tienen de Grande-Marlaska provocaron que llegara a integrar una reducida terna de candidatos valorados por Moncloa a finales de 2016 para suceder a Consuelo Madrigal al frente de la Fiscalía General del Estado, un puesto que al final ocupó José Manuel Maza.

Fernando Grande-Marlaska llegó a la Audiencia Nacional en 2004 en comisión de servicios, pero fue al año siguiente cuando se colocó bajo el foco mediático al hacerse cargo del Juzgado de Baltasar Garzón, de licencia por estudios. Garzón era ya el instructor preferido por Policía y Guardia Civil para las causas de terrorismo y Grande-Marlaska no tardó en heredar el favor de los mandos de la lucha antiterrorista, que reconocen en el magistrado un fiel colaborador en su combate a ETA. Los abogados de la izquierda abertzale señalan al juez por haber ignorado por sistema las denuncias por torturas.

El 4 de mayo de 2006, el juez Grande-Marlaska dirigió una operación policial contra una red de cobro del impuesto revolucionario entorno al bar Faisán de Irún. El operativo, dirigido contra un objetivo controlado desde hace décadas por los servicios de Información e Inteligencia, se desató sin embargo en pleno proceso de paz del Gobierno de Zapatero. El chivatazo policial a uno de los miembros de la red de extorsión originó el denominado caso Faisán, ariete con el que la oposición del Partido Popular embistió una y otra vez contra la política antiterrorista de los socialistas.

Al regresar Garzón, Grande-Marlaska quedó adscrito a la Sala de lo Penal y se encargó durante un tiempo del Juzgado Central de Instrucción número 3. Allí instruyó el caso del Yak-42, que archivó por no encontrar “responsabilidad penal relevante” en la cúpula militar del Ministerio de Defensa que dirigía Federico Trillo. La Sala de lo Penal corrigió aquella decisión y la causa llegó a juicio.

El anterior Consejo General del Poder Judicial eligió a Fernando Grande-Marlaska para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en febrero de 2012. Aquel Consejo, de mayoría progresista, estaba integrado por Margarita Robles, la que será compañera del magistrado en el próximo Consejo de Ministros como titular de Defensa y responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Dos jueces controlaran, por tanto, la actuación de policías, guardias civiles y agentes del servicio secreto.

Durante su Presidencia de la Sala de lo Penal creció el enfrentamiento sin precedentes que se vive entre sus miembros y que llega hasta el día de hoy. Ese enfrentamiento se visibilizó en la recusación de Enrique López y Concepción Espejel por su proximidad al PP.

La mayoría de los magistrados de la Sala de lo Penal votaron a favor de que se apartaran de los juicios de Gürtel y caja B, pero algunos de los que se posicionaron en sentido contrario emitieron un voto particular denunciando una “campaña mediática” para desprestigiar a esos dos jueces. El nuevo ministro del Interior del PSOE firmó aquel voto particular. El enfrentamiento encarnizado entre los jueces de la Sala de lo Penal que presidía Grande-Marlaska anuló sus posibilidades de ser elegido fiscal general del Estado, según fuentes conocedoras de aquel proceso de selección.

Grande-Marlaska dejó la Sala de lo Penal porque el Partido Popular le propuso como vocal del Consejo General del Poder Judicial.  En el nuevo modelo que inauguró Carlos Lesmes, una comisión permanente actuaría como puente de mando. Junto al presidente, siete vocales serían los únicos liberados, con asignación mensual, que tomarían decisiones sin necesidad de que se convocara el pleno. En ese núcleo duro se integró a principios de 2017 el juez Grande-Marlaska, quien tuvo que abandonar así la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En contra de acercar presos a Euskadi

Con ETA disuelta, el nuevo ministro del Interior se deberá enfrentar a la petición de acercamiento a cárceles del País Vasco a los condenados por terrorismo. En 2015, tres años después del anuncio del final de la violencia, la Audiencia Nacional avaló la decisión del juez de vigilancia penitenciaria de rechazar la petición de una veintena de presos de ETA en ese sentido. En un auto redactado por Grande-Marlaska, el juez  aseguró que la política de dispersión no conculca derechos fundamentales como los de defensa, el de comunicación o visita de sus familiares o el de asistencia médica y de acceso a la cultura.

A finales de abril de 2014 se produjeron unas votaciones trascendentales en el Poder Judicial para renovar magistrados en el Tribunal Supremo. El acuerdo entre el sector conservador y progresista se rompió por desavenencias en este último bloque y surgió un nuevo candidato para la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal. El presidente Lesmes puso encima de la mesa el nombre de José Luis Requero, un juez ultra conocido por sus declaraciones homófobas.

Grande-Marlaska, casado y quien nunca ha escondido su homosexualidad, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a favor de los derechos de la comunidad gay. En aquella votación no se desmarcó del resto de vocales conservadores y apoyó el nombramiento de Requero, quien había comparado el matrimonio gay con el de “un hombre y un animal”.

En septiembre de 2016, durante una entrevista en la cadena Cope, fue preguntado por la conveniencia de que el magistrado Cándido Conde-Pumpido instruyera en el Supremo la causa contra Rita Barberá. En lugar de defender a su compañero, el vocal conservador del CGPJ dijo que prefería no dar su opinión “para no generar desconfianza”. Jueces y Juezas para la Democracia, la asociación progresista de magistrados en la que se ha apoyado históricamente el PSOE, pidió públicamente el cese de Grande-Marlaska como vocal del Poder Judicial.

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