“Accioné a las fuerzas federales de seguridad para desbloquear carreteras”, dijo Temer en una breve alocución desde el Palacio de Planalto en Brasilia.
“Muchos camioneros están participando [en el sabotaje a la huelga], pero desafortunadamente una minoría radical ha bloqueado carreteras impidiendo que muchos camioneros lleven adelante su deseo de atender a la población”, agregó.
El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea buscarán ante todo liberar la circulación en áreas estratégicas como refinerías, puertos y aeropuertos, precisó posteriormente el ministro de Defensa, el general Joaquim Silva e Luna.
Uno de los principales sindicatos que había rechazado el acuerdo con el gobierno, la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam), pidió levantar los bloqueos, “por razones de seguridad”, aunque sin cesar la huelga.
“Ya le hemos demostrado nuestra fuerza al gobierno, que nos trató de minoría. Conseguimos parar 25 estados brasileños con más de 504 bloqueos”, afirmó en un comunicado esa entidad, que reivindica la adhesión de 700.000 camioneros autónomos, en su mayoría propietarios de un solo vehículo y como máximo de tres.
A fines de la tarde, cuatro vehículos militares se estacionaron frente a la refinería Reduc, de Duque de Caxias, en el estado de Rio de Janeiro, con la intención de “escoltar un camión cisterna”, explicó el ministerio de Defensa.
“Hoy en día, por un flete de mil reales para ir a Sao Paulo, uno gasta 400 reales en diésel y 400 de peajes. Con los 200 que le quedan ¿cómo va a comer? ¿Qué le va a quedar para su familia?”, dijo Luciano Constant, un camionero autónomo de 43 años que participaba en un bloqueo en esa localidad.
La crisis, a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, se desencadenó por una rebelión de los camioneros contra las sucesivas alzas del precio del carburante. El acuerdo alcanzado el jueves prevé suspender por 15 días el movimiento, en contrapartida de concesiones fiscales.
En cinco días, este inmenso país carente de una red ferroviaria importante quedó al borde del colapso. El bloqueo obligó a cancelar vuelos en el aeropuerto de Brasilia, paralizó la totalidad de las cadenas de montaje de automóviles, redujo la actividad de grandes frigoríficos y provocó una subida de los precios de los carburantes y los alimentos.
La ciudad de Sao Paulo, capital económica y financiera del país, decretó el estado de emergencia, una medida que le permitirá entre otras cosas requisar o aprehender bienes privados, como el combustible almacenado en una gasolinera.
La crisis cuestiona la capacidad de articulación política del gobierno hasta el traspaso de poder en enero próximo y de dar un respaldo eficaz a su candidato, el exministro de Hacienda Henrique Meirelles.
La movilización “pone más en evidencia la debilidad de este gobierno y va a tener un impacto electoral, porque el gobierno va a ser como un leproso: cuando trate de acercarse a cualquier candidatura, todos van a huir de él”, dijo un analista político de la consultora Hold.
