El caso de Catalunya demuestra por enésima vez que aunque los pacifistas se empeñen en poner de manifiesto su condición a cada momento, el esfuerzo no les rinde nada. Una persona o un colectivo no es violento por autodefinición sino porque el Estado (la policía, los fiscales, los jueces, los periodistas) así lo deciden.
El violento es el hereje de la Inquisición y el terrorista de la Audiencia Nacional: alguien le pone una etiqueta colgada del pescuezo en la que él mismo no se reconoce. En tales casos el violento patalea y protesta para defender su propia identidad, mientras el juez exhibe un sonrisa burlona porque cree que a él no le puede engañar nadie. ¿Acaso los pacifistas se creen que el juez es tonto o qué?
Las cosas no son, pues, como uno mismo dice o como uno mismo cree sino como otros “demuestran” con papeles en los juicios por medio de una nube de informes, registros, escuchas, peritos… “Dos forman la unidad”, decía Mao para explicar la dialéctica, algo que la fiscalía de la Audiencia Nacional califica como “doctrina del desdoblamiento”.
El diario Egunkaria nunca fue otra cosa que eso, el periódico de ETA en euskara, lo mismo que las “herriko tabernas”, las ikastolas y las peñas de San Fermín. “Las ‘embajadas’ de ETA”, titulaba El País un artículo hace diez años para referirse a una redada contra miembros de Askapena.
El PCE(r) no es tal sino una parte de un iceberg mucho más grande que los incautos no ven, pero la Audiencia Nacional sí: es “el brazo político” de los GRAPO (o el revés, que tanto da) porque las sentencias han demostrado que hay una gran superestructura denominada PCE(r)-GRAPO en la que cabe de todo, es decir, además de los militantes, los familiares, los amigos, los abogados, los periodistas…
Ahora la Audiencia Nacional va a crear otro tinglado para uso y consumo de Catalunya, los CDR, una organización única, férreamente dirigida en la que poco a poco tendrán cabida todos… Absolutamente todos. Lo vamos a ver muy pronto. ¿Acaso alguien creyó por un momento que todo se reducía a Puigdemont, Junqueras, los Jordis, Marta Rovira y unos pocos más? Se equivocan.
Ya ha empezado la típica operación de la Guardia Civil, denominada “Cadera” con la detención ayer de una mujer y esos famosos registros en los que no hay nada de nada, aunque se oculta con la coletilla gacetillera de la “abundante documentación”, a saber, ordenadores, móviles, memorias USB, papeles, carteles…
Si alguien mira ahora a su habitación verá eso mismo que aparece en los registros que se han hecho en Catalunya: móviles, ordenadores, memorias…
Aunque no hay armas, ni explosivos, la acusación es siempre la misma: “rebelión” y “terrorismo”. Hemos regresado a 1939 cuando los franquistas condenaron a los republicanos por rebelarse contra la República y luego por “terrorismo”.
Para crear este tipo de montajes hay que recurrir a la jurisprudencia del III Reich, a la responsabilidad colectiva. Por eso ya no hay detenciones sino redadas que no se acaban nunca: “la operación sigue abierta”, “no se descartan nuevas detenciones”…
Como su propio nombre indica, las redadas se justifican por la existencia de redes y organizaciones más o menos ocultas, clandestinas, en las que no es posible identificar el principio ni el final. Depende de lo que a la Audiencia Nacional le interese “demostrar”.
A su vez, las redadas configuran “macrosumarios” y “macrojuicios” en los que ni siquiera los propios acusados se enteran de nada. Para Catalunya ya tienen preparado un montaje contra nada menos que 390 CDR cuyo criminal objetivo es “imponer la independencia mediante el uso de la fuerza”, dicen los periódicos fascistas.
Esto funciona así: aquí cualquier lucha dirigida contra el fascismo la consideran como violencia, rebelión y terrorismo.