A medida que Chile centró su atención en la pandemia de coronavirus, que puso de manifiesto las desigualdades sociales generalizadas del país, la agresión del estado hacia el pueblo mapuche continuó sin obstáculos.
En junio, el presidente Sebastián Piñera envió 80 miembros de sus fuerzas especiales a Temuco, en la región de la Araucanía, a medida que aumentaba la resistencia a la violencia estatal contra las poblaciones indígenas. A principios de ese mismo mes, un líder mapuche, Alejandro Alberto Treuquil, fue asesinado por “personas ajenas a la comunidad”, como se lee en el comunicado de la comunidad. Se dice que Treuquil recibió amenazas de muerte de la policía chilena.
Militarizar la región de la Araucanía ha sido una prioridad para Piñera. La región es rica en recursos naturales y los mapuches son un obstáculo para las políticas neoliberales que han dominado a Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet. Las leyes antiterroristas de 1984, también parte del legado de la dictadura, se han aplicado contra la población mapuche en un intento de criminalizar su resistencia a la explotación y el saqueo territorial.
Desde el brote de coronavirus en Chile, los mapuches han experimentado un rápido deterioro en sus vidas. El acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades laborales ya son escasos y la población vive en la pobreza. Los presos políticos, ya discriminados de por sí, ahora han sido aún más aislados de los miembros de la comunidad. La inexistencia de condiciones sanitarias y la prohibición de visitas han exacerbado el aislamiento político.
Piñera, en ocasiones, ha negado la existencia de presos políticos mapuches, – el argumento es la connotación política – que está en confrontación directa con la narrativa del gobierno chileno de presunto terrorismo mapuche.
En un comunicado al ministro del Interior de Chile, Víctor Pérez, el portavoz mapuche de los presos en la prisión de Temuco, Juan Pichun, declaró : “Queremos que sepa que aquí no solo hay presos políticos, también hay asesinatos y torturas contra miembros. de la comunidad mapuche ”.
Pérez, el recién nombrado ministro del Interior, tiene un historial de vínculos con la dictadura, incluida la defensa pública del criminal nazi y colaborador de la dictadura, Paul Schafer. Schafer es conocido por el culto que creó en Colonia Dignidad; el local también sirvió como centro de detención y tortura durante la dictadura de Pinochet.
Las comunidades mapuche protestaron contra la primera visita de Pérez a la región de la Araucanía, lo que provocó un aumento de las medidas de seguridad en la región luego de que Pérez declarara a los mapuches involucrados en la resistencia como “grupos organizados con financiamiento y bastante poder de fuego”, al tiempo que afirmó que el gobierno debe «aislar a la gente violenta». Varios días después de la visita, manifestantes mapuche ocuparon la alcaldía de Curacautín en protesta por el encarcelamiento de miembros de su comunidad y fueron atacados violentamente por una turba armada. El ataque provocó protestas en todo Chile, algunas de las cuales fueron violentamente dispersadas por la policía chilena.
La ONU ha instado a que se investiguen la reciente violencia estatal contra el pueblo mapuche, destacando el aumento de la violencia racial de los chilenos contra los indígenas, así como el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado chileno.
Sin embargo, los pedidos de intervención de la ONU son ineficaces. La burocracia de la institución se nutre de las violaciones de los derechos humanos para mantenerse. En lo que se considera un insulto más a la población mapuche en junio pasado, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, ahora comisionada de Derechos Humanos de la ONU, afirmó no tener conocimiento de las huelgas de hambre mapuche cuando se enfrentó a una mujer mapuche en Ginebra, Suiza. La razón aducida, por ridícula que parezca, fue que en su tiempo libre, Bachelet lee el medio de derecha El Mercurio, que dice que no publicó tal información.
Sin embargo, la propia Bachelet fue una firme defensora de las leyes antiterroristas de la era Pinochet que se utilizarían contra la población mapuche. Habiendo continuado con el legado de la dictadura durante sus dos mandatos presidenciales, a pesar de que su familia y ella fueron torturadas por la Dirección Nacional de Inteligencia de Pinochet, ¿es tan sorprendente que un gobierno de derecha siguiendo con diligencia las políticas neoliberales de la dictadura, priorizaría la criminalización de la resistencia mapuche?