En abril de este año el gobierno británico presentó su plan para trasladar a los inmigrantes ilegales a Ruanda, a unos 6.400 kilómetros de sus costas. En virtud del acuerdo, Ruanda tramitará las solicitudes de asilo de los inmigrantes ilegales en el Reino Unido y, si se aprueban, podrán establecerse e integrarse en Ruanda.
En virtud del acuerdo, Gran Bretaña ha pagado a Ruanda 146 millones de dólares, aunque la cantidad se ampliará a medida que aumente el número de personas deportadas al país africano.
Fue una de las medidas más controvertidas de la política migratoria de Boris Johnson. El programa fue cuestionado por organizaciones que denunciaron su ilegalidad y el incumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ante el aluvión de recursos recibidos contra las deportaciones, el primer ministro Johnson amenazó con sacar a Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Varios meses después, los tribunales británicos se han pronunciado en un sentido muy diferente. El Tribunal Superior de Londres anunció ayer que el plan de deportar a Ruanda a inmigrantes solicitantes de asilo es legal.
La respuesta de la justicia británica se ha producido tras las demandas emprendidas por varios solicitantes de asilo y un sindicato de funcionarios de fronteras. El proyecto también se enfrentó a un desafío del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La legalidad de la estrategia también fue impugnada posteriormente mediante una revisión judicial en el Tribunal Superior de Londres.
El año pasado unas 28.500 personas cruzaron el Canal de la Mancha en pequeñas lanchas.
«trasladar a los inmigrantes ilegales a Ruanda, a unos 6.400 kilómetros de sus costas…» – Ruanda no tiene salida al mar.